El gobierno presentó sus proyectos de Ley Estatutaria y de reforma a la Ley 39 de 1992. Qué pretenden los proyectos, cuál ha sido el debate y cómo podríamos avanzar en estos frentes.
Jorge Hernán Cárdenas S.*
Los proyectos
La ministra Aurora Vergara ha presentado dos proyectos de Ley. Una Ley Estatutaria que define a la educación en todos los niveles como un derecho fundamental. Y una propuesta completa de reforma de la Ley 30 de 1992.
También se abona a la ministra la apertura de diálogos sobre sus proyectos en varias ciudades, incluyendo a Bogotá, Tumaco, Riohacha, Arauca, Quibdó y Barranquilla.
Son esfuerzos que merecen reconocimiento y que esperamos concluyan con ajustes a los textos al servicio de la buena educación en Colombia.
Resultados de la Ley 30
La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ha hecho observaciones a los dos proyectos, fruto del trabajo de las 94 instituciones que la integran, no menos del 90% de universidades del país, estatales y no estatales, con el 75 % de la matrícula.
ASCUN encuentra cuatro prioridades para el sistema de educación superior:
- Mejorar la cobertura, el acceso y la permanencia;
- Asegurar el financiamiento;
- Refinar el enfoque regional y de territorialización;
- Más innovación y más aportes a la transformación productiva y social del país.
Es posible que no todos estos temas sobresalgan en el proyecto de reforma a la Ley 30 que presentó la ministra.
El punto débil se encuentra en el acceso y en la permanencia, porque pese a su expansión, todavía quedan jóvenes sin acceso a este nivel educativo, sobre todo en las áreas rurales, regiones apartadas y periferias urbanas.
El balance de la Ley 30 no es nada malo. Podríamos decir que durante estos treinta años la educación superior colombiana avanzó en muchas dimensiones. Tomemos al azar cualquier institución pública o privada y seguramente es hoy mucho más fuerte de lo que era hace treinta años. La institución seguramente tiene mejores profesores, mejores servicios, mejores programas académicos, mejores laboratorios y un mejor diseño institucional.
Los avances son enormes, el ambiente regulatorio también es de mejor calidad. Sin duda la educación superior es uno de los sectores del país que mayores avances registra en las últimas décadas.
De conjunto, después de 30 años de la Ley, pude decirse que hemos progresado en términos de calidad. Es evidente que las previsiones y las normas de aseguramiento de calidad funcionaron, se avanzó en la disciplina de los registros calificados y en los procesos de acreditación. Hoy las instituciones públicas y privadas son mejores, y las administraciones universitarias son internamente más exigentes en este frente.
En segundo lugar, se mejoró en el acceso; es evidente que la educación superior avanzó en su tamaño, pero sin llegar a la cobertura esperada.
En tercer lugar, se avanzó en materia institucional, porque las entidades del sector se han especializado. Comenzando por el propio Ministerio de Educación Nacional (MEN), que apenas a partir del 2002 empezó a ocuparse de la materia al crear un viceministerio de educación superior.
El punto débil se encuentra en el acceso y en la permanencia, porque pese a su expansión, todavía quedan jóvenes sin acceso a este nivel educativo, sobre todo en las áreas rurales, regiones apartadas y periferias urbanas.
A todas estas, ¿qué piensa el presidente?
Los escritos de un presidente recién elegido suelen leerse con muchísima atención, porque sus palabras en esos primeros momentos reflejan su más genuina intención de gobierno, y claramente todavía sus ideas no vienen filtradas o sesgadas por los conceptos de sus asesores, ni los de su gabinete.
Por eso importa recordar lo que escribió el presidente Petro en junio 22 de 2022, a pocas semanas de resultar elegido, cuando dijo en su cuenta de twitter: “Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento.”
Analizando detenidamente esta afirmación, cabe indicar que al presidente le interesa mucho y por encima de todo el acceso. Seguramente vio en campaña muchos jóvenes que desperdician su talento sin esperanza de acceder a la educación postsecundaria y sin un futuro claro. También aspira el presidente a que más personas queden por dentro del circuito del conocimiento, sin exclusiones ni privilegios.
El trino del presidente tuvo varias respuestas interesantes. Una de estas se dio dos días después: “Desde @Asocapitales celebramos la intención del presidente electo @petrogustavo para construir más infraestructura educativa. Tenemos los lotes. Y estamos listos para avanzar en los diálogos regionales vinculantes.”
En la misma fecha apareció una segunda respuesta, la de la Banca Multilateral, la de Sergio Díaz-Granados, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quién contestó así al trino: “Presidente, cuente con la experiencia y la capacidad de la CAF de estructurar y financiar infraestructura. Nuestra trayectoria en Argentina y Brasil, entre otros países de América Latina, nos coloca entre los multilaterales con mayor trayectoria”.
Antecedentes que pueden ayudar
Este pedido presidencial podría relacionar con dos antecedentes colombianos:
- El aumento en más de 50.000 cupos hace unos años, sin poner un solo ladrillo, pero sí aprovechando la capacidad instalada que teníamos.
- El Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES), liderado por el MEN, que se lanzó hace más de 15 años.
El CERES se había propuesto sumar la voluntad de alcaldes por fuera de las grandes ciudades, con el apoyo de instituciones de educación superior acreditadas y del propio MEN para aumentar los cupos en zonas periféricas. Este programa fue conocido en círculos técnicos y fue toda una estrategia que reducir las brechas de acceso y permanencia a la educación superior en las regiones, mediante programas académicos pertinentes y ajustados a las necesidades de las regiones.
Un elemento clave de los CERES era el uso de metodologías de educación a distancia y tecnologías de educación virtual, con el fin de motivar a los jóvenes a quedarse en su lugar de origen. Cada CERES contaba con traslado ocasional de profesores de las Instituciones de Educación Superior (IES) que enseñaban en las sedes habilitadas del municipio. Los municipios aportaban esta infraestructura, un conjunto de pocos salones que dieron flexibilidad al programa. Es un antecedente vivido que se debe analizar de nuevo, por su flexibilidad, su capacidad de responder con rapidez y de movilizar a los actores clave.
Sobre el proyecto de la ley Estatutaria
Algunos columnistas y expertos, entre estos Moisés Wasserman e Isabel Segovia, han criticado el proyecto de Ley Estatuaria, afirmando que no se necesita y que no aborda los problemas reales de cobertura y calidad. Por su parte Francisco Cajiao no desecha la reforma, pero insiste en que el proyecto debe ser mejor redactado y mucho mejor explicado, reconociendo que la Ministra está escuchando a todos los actores. Su conclusión: “el borrador de la reforma de la Ley 30 es pobre y el de ley estatutaria resulta irrelevante”.
¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta Ley Estatutaria, sobre todo cuando afirma que “La educación superior es un derecho fundamental de carácter progresivo inherente a los fines del Estado social de derecho”?
Este texto modifica el artículo actual de la Ley 30, según el cual “la educación superior es un servicio público inherente a la finalidad social del Estado”.
Un derecho fundamental se hace más tutelable, y esto puede ser delicado. “En el área de salud vimos decisiones de tutela que implicaron inmensos gastos públicos”, comentó un abogado muy reconocido. Las tutelas estarán siempre a la orden del día, presionando a cumplir nuevas obligaciones y exigiendo trasferencias, “drenando los recursos existentes y que se diluyen en un gasto distinto del foco en la calidad”.
También es posible que este derecho fundamental riña con la autonomía universitaria, causando nuevas dificultades para la gestión universitaria.
La principal observación al borrador consiste es que no establece nuevas rentas para las IES, o sea que no es claro cómo aumentar la cobertura sin más recursos para el sector
Por eso el proyecto de Ley Estatutaria, loable en cuanto garantía de derechos, puede acabar haciendo más compleja la gestión de las IES y por hacer más costoso el sistema.
Lo anterior implicaría —paradójicamente— que un mayor número de aspirantes se quede sin acceso por falta de recursos. Las tutelas vendrán de los estudiantes actuales, de los estudiantes expulsados y de los aspirantes que por una u otra razón no han logrado el ingreso. Pueden incluso venir de profesores que encuentren la forma de usar el derecho fundamental en su trabajo y demandar alguna actuación de la Universidad. Todo esto puede entrar en conflicto con la autonomía universitaria y conllevar nuevos costos y reprocesos.
El borrador de la reforma de la Ley 30
Este proyecto de Ley ya está en circulación, trae temas importantes, algunos relevantes y algunos acertados. Pero no podría ocuparme de sus muchos elementos, así que voy a mencionar algunos que creo más importantes.
La principal observación al borrador consiste es que no establece nuevas rentas para las IES, o sea que no es claro cómo aumentar la cobertura sin más recursos para el sector: Todo queda en cabeza de la gestión presupuestal del país, lo cual es un riesgo.
Es más. El artículo 124 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) establece la manera de distribuir recursos adicionales y excepcionales de inversión a las IES públicas “sujetos a la disponibilidad presupuestal, pero sin necesidad de generar base”. Esta previsión es muy importante en tanto que da flexibilidad y puede canalizar más recursos, sobre todos los de naturaleza excepcional. El actual proyecto desconoce esta norma, que ayuda a las instituciones a recibir aportes especiales.
De otro lado se le entregan facultades a la ministra que hasta hoy han estado en cabeza del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), como órgano principal del sector donde solían estar presentes las autoridades del Estado y la comunidad universitaria.
Podría ser que esto se diluya un poco, con la afirmación que trae el proyecto de Ley, según el cual en los órganos de dirección de cada institución de Educación Superior estarán representadas “El Estado y la Comunidad Educativa”. Es un cambio sutil, frente lo que dice hoy: “los órganos de dirección de cada institución de Educación Superior estarán representados por el Estado y la comunidad académica”, tal como está en el artículo 63 de la Ley 30.
Claramente necesitamos que las directivas trabajen en armonía con todos y cada uno de los estamentos, pero no debería cambiarse drásticamente la conformación de los consejos superiores.
