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Los dineros del Estado en emergencia: ¿cómo se están manejando?

Escrito por Ricardo Bonilla
analisis de covid19 en laboratorios

Ricardo BonillaAunque el Gobierno ha tomado algunas medidas, hay desaciertos que urge corregir, especialmente en cuanto a la financiación del sistema de salud.

Ricardo Bonilla González*

El dilema entre salud y economía

Todos sabemos que el aislamiento y el distanciamiento social son las mejores medidas para prevenir el contagio. Pero estas medidas tienen efectos colaterales, principalmente, el freno de la economía y la necesidad de redefinir prioridades.

Incluso aquellos países que ya vivieron el ciclo de la pandemia, como China y Corea del Sur, están renuentes a reactivar y abrir fronteras, ante la posibilidad de un segundo ciclo de contagio.

La prioridad inmediata es la salud, pero aun entonces el Estado debe asegurar las condiciones para el funcionamiento mínimo de la economía, esto es:

  • Garantizar el curso de la moneda, los flujos de dinero y la capacidad de compra;
  • Robustecer al máximo el sistema de salud bajo condiciones de emergencia (pruebas de laboratorio, áreas de atención, medicamentos, saneamiento básico…)
  • Fortalecer las redes de aprovisionamiento de artículos de primera necesidad (alimentos, artículos de aseo, servicios públicos, comunicaciones y medicamentos);
  • Asegurar un mínimo vital a los habitantes que deben aislarse y no disponen de poder de compra;
  • Fomentar el trabajo en casa para más y más actividades económicas.

La respuesta de Colombia

Los decretos del Gobierno nacional se debaten entre proteger la salud y proteger la economía:

  • El Decreto 417 declaró la emergencia económica, social y ecológica en Colombia;
  • El Decreto 444 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para atender las necesidades de recursos;
  • Y el Decreto 457 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de toda la población.

Al principio, el presidente Duque dudó en tomar medidas demasiado fuertes para no detener las actividades económicas: por eso, cerró tarde los colegios y los aeropuertos. Peor todavía: no se previó que esa demora resultará más costosa porque retrasará la normalización.

Colombia está en la primera fase de expansión de la pandemia -y faltarían cerca de dos meses para completar el ciclo-. Esta debe ser la base mínima para las previsiones de emergencia.

Es muy temprano para prever la profundidad de la caída económica. Por lo pronto en Colombia hay desaceleración y solo siguen funcionando las actividades esenciales que se pueden desarrollar en medio de la crisis.

Le recomendamos: COVID-19: la necesaria mirada global

Moneda, tasa de cambio y política fiscal

La primera y más importante tarea del Estado es coordinar correctamente las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. La primera corresponde al Banco de la Republica, la cambiaria es compartida con el Gobierno Nacional, y la fiscal es exclusiva del Gobierno.

Las competencias están definidas y la coordinación es importante para que funciones las instituciones:

-En cuanto a la política monetaria, el Banco de la República es quien debe dar liquidez a la economía. El Banco comenzó a hacerlo cuando puso a disposición de las entidades financieras hasta 17 billones de pesos.

Ante la magnitud de las pérdidas y la recesión que acecha al mundo en general y a Estados Unidos en particular, el Banco redujo la tasa de intervención del mercado en 50 puntos básicos (pb) hasta el 3.75%. Este es un mensaje de apoyo al proceso de recuperación económica que vendrá posteriormente.

-En materia cambiaria, el Banco ya dispuso de 2.000 millones de dólares para afrontar la creciente devaluación. Con la agudización de la crisis en Estados Unidos, el comportamiento del dólar es incierto y, por lo tanto, la medida puede ser suficiente, hasta nueva evaluación.

Medias ante la crisis

Foto: Presidencia de la República
Las medidas fuertes de Duque se tomaron tarde.

-Pero el verdadero problema de Colombia es fiscal. El presupuesto de 2020 no está adecuadamente financiado y no hay margen para recomponer la estructura tributaria. Solamente quedan dos alternativas, de muy corto plazo:

  1. Trasladar recursos del presupuesto hacia las prioridades inmediatas -salud pública y protección de los hogares vulnerables-;
  2. Extraer recursos de otras fuentes de ahorro administradas por la Nación, que no estén incorporadas en el presupuesto nacional o territorial.

Con la extensión de la crisis, será necesario optar por medidas de mayor calado, endeudarse y recaudar más impuestos (Ferrari y González lo explican en esta misma edición de la revista).

Los dineros del Fondo de Emergencia

Justamente, el objetivo del decreto 444 es disponer de más recursos en el corto plazo. Este decreto crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) trasladándole dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET).

Esas dos fuentes tienen objetivos específicos, no van a usarse en el corto plazo y no están incorporadas en ningún presupuesto. Por lo tanto, es razonable prestarlas al Estado para financiar la “cuota inicial” de la pandemia.

Sin embargo, la medida produjo controversia en el mundo político. Varios alcaldes y gobernadores afirmaron que el decreto tomó abusivamente recursos de los entes territoriales para financiar a los bancos. Pero el Ministerio de Hacienda desmintió que fuera así.

En realidad, el propósito del FAE es compensar la inestabilidad en los precios de los hidrocarburos y el consiguiente valor de las regalías para las regiones. Seguramente por la caída abrupta de los precios del carbón y del petróleo, será necesario usarlas en la definición del próximo presupuesto de regalías. Pero hoy pueden servir para financiar la contención del virus.

Por su parte, el FONPET no es un fondo de pensiones financiado por cotizantes. Se trata de un fondo creado para atender los pasivos pensionales de los territorios que no tienen reservas ni se financiaron adecuadamente. Tampoco se prevé usar los recursos de este fondo en el corto o mediano plazo.

Las EPS y el Estado

Pero el Decreto 444 tiene serias limitaciones. Con un sistema de salud tan precario y unas condiciones laborales deplorables, es difícil que esos recursos sean bien destinados.

Lo urgente en este momento es contener el contagio. Pero para eso, nuestro sistema de salud depende de la Ley 100 de 1993. Hasta ahora, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han limitado la aplicación de las pruebas para COVID-19 y no han creado más Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Por eso, la idea del Gobierno de ponerle punto final a las deudas de las EPS es errónea e irreal.

En un momento tan crítico como el actual, el Gobierno debería pasar por encima de las EPS y trabajar en los siguientes frentes:

  • Aplicar masivamente pruebas, por grupos distribuidos en el territorio, y analizarlas en cadenas de laboratorios descentralizados;
  • Crear centros de atención intermedio de urgencias en hoteles y campamentos, con técnicas de aislamiento y tratamiento especializado;
  • Y ampliar la red de UCI en áreas hospitalarias con dotación básica, recuperando clínicas y hospitales cerrados.
Decreto 444

Foto: Presidencia de la República
El decreto 444 tiene varias limitaciones y con el sistema de salud precario y la situación fiscal, es difícil que pueda destinarse

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Los subsidios

Paralelamente, el Gobierno debe darles a los ciudadanos las condiciones de vida necesarias para poder aislarse en cuarentena. Incluso antes de la pandemia, la informalidad, la precariedad laboral y las altas tasas de desempleo eran graves. La cuarentena agudiza estos problemas.

Colombia no tiene un seguro de desempleo ni un programa de ingreso básico para población informal y de ingresos inestables. En este momento, el país no dispone de ahorro para cubrir la contingencia. Ante la inexistencia de un seguro de desempleo efectivo, el Gobierno autorizó el uso de las cesantías, pero a ella solamente acceden los trabajadores formales.

Los empresarios de todo tamaño deben entender que este es un traspiés de dos o tres meses, y que después vendrá la recuperación económica. No pueden repartir licencias no remuneradas y otros artificios legales para “librarse del problema”. Es hora de que los señores ejecutivos y los altos funcionarios se bajen el sueldo, y que la contingencia no sea solo a costa de los más débiles.

* Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia.

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