Los desmovilizados en el limbo: la oportunidad que se perdió y los principios que se salvaron - Razón Pública
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Los desmovilizados en el limbo: la oportunidad que se perdió y los principios que se salvaron

Escrito por Michael Reed
Michael Reed

Michael REEDCamilo BernalEn vez de producir una emergencia, el fallo que declaró inconstitucional el principio de oportunidad para desmovilizados de las AUC restablece la posibilidad de que no haya impunidad por crímenes atroces.

Michael Reed* y Camilo Bernal**

desmovilizados

El fallo y sus alcances

Gran revuelo ha causado la decisión de la Corte Constitucional[1] de declarar  inexequible un artículo del Código de Procedimiento Penal[2] que establecía la posibilidad de conceder el principio de oportunidad a los desmovilizados de los grupos paramilitares. La decisión de la Corte impide aplicar el mecanismo procesal que permitía a la Fiscalía General de la Nación, en algunas situaciones taxativamente establecidas por la ley, suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal de los delitos cometidos por los desmovilizados.

Para ello, la ley que introdujo el mecanismo estableció unos tímidos requisitos para conceder dicho beneficio judicial que consistían en:

  1. No estar postulado al beneficio de pena alternativa establecido en la Ley de Justicia y Paz.
  2. No estar investigado por otros delitos cometidos antes o después de su desmovilización, con excepción de su pertenencia a la organización criminal, y
  3. Manifestar con actos inequívocos su propósito de reintegración a la sociedad.

Según algunos partidarios de esa alternativa, la medida declarada inexequible pretendía beneficiar a 17.000 paramilitares que no habían incurrido en crímenes de guerra ni de lesa humanidad. 

No cabe en  la justicia transicional

Mediante un comunicado de prensa[3], la Corte expresó que el principio de oportunidad no podía ser entendido como un mecanismo de justicia transicional, pues en realidad se trataba de una reforma legislativa a una institución del derecho procesal penal, que hace parte de la política criminal ordinaria del Estado, orientada a enfrentar la criminalidad ordinaria.

La justicia transicional -dice la Corte- "es una forma especial de justicia para situaciones de tránsito a la paz, pero no ha cedido a la exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban en todo caso, algún tipo de sanción".

A diferencia de la Ley de Justicia y Paz, la reforma del procedimiento penal demandada -continúa la sentencia- "autorizaba a la Fiscalía y a la Rama Judicial a renunciar  a su obligación de  investigar y juzgar a los desmovilizados por crímenes respecto de los cuales existe un imperativo internacional de investigar y juzgar, y en donde la impunidad resulta inadmisible"; todo ello sin que se establecieran claras garantías de justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Vaguedad peligrosa

Adicionalmente, la ambigüedad en cuanto a los destinatarios y en relación con las condiciones para aplicar el principio de oportunidad llevaron a la Corte a revisar la validez de la norma acusada: "el legislador incumplió su deber de establecer requisitos claros, ciertos e inequívocos, que guiaran la labor del órgano investigativo. Se trata además de un requisito que desconoce flagrantemente la exigencia de verdad y de justicia para las víctimas".

No a la impunidad por delitos de lesa humanidad

El corolario de la decisión es demoledor: la norma propiciaba un escenario de impunidad respecto de posibles perpetradores de violaciones de derechos humanos, que atenta directamente contra la Constitución de 1991 y contra las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Reacciones

No se han hecho esperar las reacciones institucionales frente a esta importante y reñida decisión de la Corte (cinco magistrados a favor y cuatro en contra):

– El Gobierno Nacional ha manifestado su preocupación por lo que entiende puede ser un llamado al rearme de los paramilitares y se ha comprometido con los desmovilizados a buscar una solución definitiva a su complicada situación jurídica.

– Luego de la sentencia, la Fiscalía General de la Nación reconoció que la alternativa prevista en la ley fue una "medida desesperada", que en su momento adoptó el Congreso de la República, con el propósito de conjurar la dificultad que se presentó en julio de 2007, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió que los paramilitares no podían ser considerados como delincuentes políticos y por ello, no podían ser amnistiados ni indultados, por haber incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado.

– Sin embargo, hay algo muy llamativo en la postura del Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago. En entrevistas concedidas a los medios de comunicación, advirtió que si el principio de oportunidad hubiera salido avante del control de constitucionalidad, la institución que dirige se habría visto desbordada para analizar cada uno de los casos a los cuales se aplicaría; no obstante lo cual se han expedido 800 órdenes de captura en contra de los desmovilizados que eventualmente se beneficiarían con la medida.

Ganaron las víctimas, la sociedad y la institucionalidad

En el marco de esta compleja coyuntura es necesario evaluar qué se perdió y qué se ganó con la decisión de la Corte.

-Sin lugar a dudas, se ganó en la seriedad que deben tener los diseños instituciones que pretendan contribuir de manera sólida y consistente a la construcción de un posconflicto y a la ampliación de la democracia.

La reivindicación que hizo la Corte del principio de legalidad constitucional y de la necesidad de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos armados al margen de la ley, plantea una reflexión profunda acerca de los contenidos de la política gubernamental de paz, en el sentido de limitar -con racionalidad y justicia- las ofertas de beneficios jurídicos que pueden hacerse a los actores armados a cambio de su desmovilización.

-Ganaron a su vez las víctimas y la sociedad en su conjunto, al plantear la Corte la necesidad de respetar el derecho a la verdad, evitando así que la información que estos desmovilizados tienen acerca del funcionamiento de los actores armados, de las relaciones con el Estado y de los financiadores de la guerra se pierda detrás de una amnistía velada y colectiva.

Los procesos penales de Justicia y Paz han puesto en evidencia que los grupos paramilitares ejercían un control en todas las esferas del poder, incluyendo el sector judicial, lo que les facilitó un escenario propicio para el desarrollo de su actividad delictiva, amparada en la impunidad.

En línea con la doctrina internacional

Es valiosa por tanto la decisión de la Corte Constitucional, máxime cuando acoge los lineamientos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido en el caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia: "realizar con especial diligencia, en la indagación por la interacción del grupo ilegal con agentes estatales y autoridades civiles, la investigación exhaustiva de todas las personas vinculadas con instituciones estatales y de miembros de grupos paramilitares que pudieron estar involucrados. Así, la aplicación del principio de oportunidad o la concesión de cualquier otro beneficio administrativo o penal no debe generar ningún tipo de obstáculo para una debida diligencia en las investigaciones de criminalidad asociada a la comisión de violaciones graves de derechos humanos" [4].

Queda la vía de la justicia ordinaria

El fallo de la Corte impide usar una figura compleja en un contexto equivocado y altamente politizado. Sin obstar las presiones de los beneficiarios eventuales, hay que tener en cuenta el hecho de que la sociedad no debe renunciar a investigar y a sancionar a muchos de los actores del conflicto armado.

Sólo una investigación integral de la actuación delictiva de los miembros de grupos armados al margen de la ley por la justicia ordinaria puede entregar elementos ciertos para que los órganos encargados de la justicia penal puedan ofrecer beneficios jurídicos a cada uno de estos excombatientes.

  • Si como resultado de esta labor se comprueba que el excombatiente no cometió delitos atroces, nada se opone para que pueda ser beneficiario de rebajas de pena por su colaboración con la justicia.
  • Por el contrario, si el desmovilizado resulta involucrado en crímenes reprobados por el derecho internacional, deberá ser investigado, juzgado y sancionado de acuerdo con la gravedad de sus delitos.
  • Comisión de la verdad

    Finalmente, los medios de comunicación han registrado que el Ministro de Interior y de Justicia radicará este lunes una iniciativa legislativa con el fin de enfrentar el desafío de darle seguridad jurídica a los desmovilizados que aparentemente siguen comprometidos con su reintegración social.

    Después de estudiar varias alternativas, se está empezando a propagar la idea de una "Comisión de la verdad para los reinsertados",  mediante la cual se pretende que "así como los ex Auc y algunos ex Farc que están en Justicia y Paz cumplen con versiones libres, los reinsertados cuenten la verdad de lo que fue el paso por los grupos ilegales. Así, cumplen con los lineamientos de la Corte de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas"[5].

    Habrá que esperar hasta la versión definitiva de esta idea que ojalá tome en cuenta los ya reconocidos errores en materia de amnistías de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica y aproveche la oportunidad para reforzar los principios de nuestro Estado de derecho.
     

    * Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia,   consultor en derechos humanos y asuntos humanitarios en América Latina, Asia y África.

    ** Coordinador del área de Justicia, ICTJ Colombia. 
     

    Notas de pie de página 


    [1] Corte Constitucional, Sentencia C-936/10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Comunicado de prensa  No. 59.  23 de noviembre de 2010.

    [2] Numeral 17 de la Ley 1312 de 2009, que modificó el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

    [3] Corte Constitucional, Sentencia C-936/10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Comunicado de prensa No. 59. 23 de noviembre de 2010.

    [4] Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213.

    [5] Gobierno crearía Comisión de la Verdad para desmovilizados. Redacción eltiempo.com, 26 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/gobierno-crearia-comision-de-la-verdad-para-desmovilizados_8460043-4.  

     

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