Los desaparecidos, más allá del acuerdo de La Habana - Razón Pública
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Los desaparecidos, más allá del acuerdo de La Habana

Escrito por María Victoria Uribe
El Gobierno Nacional y las FARC llegan a un acuerdo sobre las víctimas de desaparición forzada.

El Gobierno Nacional y las FARC llegan a un acuerdo sobre las víctimas de desaparición forzada.

María Victoria UribeEl acuerdo es apenas un gesto de justicia –o hasta quizá sea un acto publicitario-, pero el problema es real, extendido, complejo y doloroso. Qué se ha hecho y qué tendríamos que hacer en la vida real para atender a las víctimas de este crimen atroz.      

María Victoria Uribe*

El drama

La desaparición forzada de personas ha sido una práctica común en Colombia por parte de los grupos armados, sean estos guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado.

Aunque se trata de un fenómeno recurrente, no existen cifras confiables sobre el número de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno de Colombia. Una de las explicaciones de este estado de cosas  es el sub-registro, pues por una parte son muchos los desaparecidos que nunca fueron reportados ante las autoridades y por otra parte son incontables los cuerpos que acabaron flotando en los ríos hasta desaparecer o que fueron enterrados en fosas comunes clandestinas.

La muy precaria situación de la mayoría de las familias de los desaparecidos ha hecho difíciles tanto el recolectar información como el conseguir muestras biológicas de referencia para cotejar los perfiles de ADN obtenidos de los restos mortales de las víctimas. Además, el enorme desplazamiento de poblaciones a lo largo y ancho de Colombia o hacia países extranjeros como consecuencia del mismo conflicto ha hecho aún más difíciles la identificación y ubicación de las víctimas.

En todo caso se sabe que Colombia es uno de los países del continente con el mayor número de desaparecidos: según datos oficiales, se presume que la cifra se aproxima a las 100.000 personas, de las cuales unas 45.000 serían víctimas de desaparición forzada.

El acuerdo

Conmemoración a las víctimas de desaparición forzada en la Plaza de Bolívar.
Conmemoración a las víctimas de desaparición forzada en la Plaza de Bolívar.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

En cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en 2012 fue creada la  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se incluye por supuesto a los afectados por el delito de desaparición forzada.

Pero además, para subsanar el agujero negro de ausencia de información y de impunidad para los responsables de las desapariciones, el acuerdo anunciado el  pasado 17 de octubre entre el gobierno y las FARC prevé la creación de una nueva institución estatal o Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). La nueva agencia tendrá “autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones”.

Aunque se trata de un fenómeno recurrente, no existen cifras confiables sobre el número de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno de Colombia. 

El documento especifica que la citada entidad y sus procedimientos tendrían carácter “humanitario y extrajudicial”, lo cual implica que los actores armados (los perpetradores) que provean datos acerca de dónde reposan los restos de los desaparecidos  no solo no serán enjuiciados sino que recibirán los beneficios contemplados por el acuerdo. O al menos eso dice el texto que se conoce hasta ahora.

Los retos

Pero si Colombia de veras quiere emprender un proceso a gran escala para recuperar los restos mortales de los miles de colombianos desaparecidos, tendría que mejorar sustancialmente los medios para

  • almacenar los restos mortales,
  • dar cabal cumplimiento a los procedimientos de la cadena de custodia y,
  • ante todo mejorar la coordinación y el flujo de información dentro de la Fiscalía y entre los laboratorios involucrados.

Ante el acuerdo entre las FARC y el gobierno, debemos pues comenzar por separar las buenas intenciones y bondades de un pacto político, de las dificultades reales que entraña una empresa de tanta envergadura.  

Tanto es así que, en mi opinión, el celebrado acuerdo de estos días no deja de ser un sofisma que el gobierno y las FARC utilizan para crear un ambiente favorable a las clausulas más espinosas de su negociación en esta fase final, cuando se acerca el momento de la “refrendación popular” de todo lo acordado. Pero aun así sobra decir que resulta de justicia elemental el que el Estado colombiano y la guerrilla pongan por fin en su agenda la suerte de los miles de desaparecidos, en un gesto de buena voluntad que algunas de las víctimas han recibido con beneplácito.

Pero en la vida real, insisto, las dificultades y los costos de semejante tarea son enormes y las incertidumbres son casi insuperables. Para ilustrar el punto baste con mencionar dos casos ejemplares:

  • el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuyos familiares tuvieron que esperar 30 años (de hecho, hasta esta misma semana ) para conocer el paradero de tres de ellos; o
  • el de La Escombrera en Medellín, un proyecto que busca rescatar e identificar a las victimas desaparecidas durante la Operación Orión, con las implicaciones y alcances que hace dos meses exploré en esta revista.     

El proyecto La Escombrera ha contado con recursos de la Fiscalía, ha tenido el apoyo de la Alcaldía de Medellín, ha estado acompañada de manera permanente por los familiares de las víctimas y, sin embargo, no ha rendido ningún fruto hasta el momento. Y eso que se trata de un sitio urbano, debidamente acotado, accesible y con la maquinaria necesaria para exhumar restos sepultados bajo montañas de tierra y basura. 

Pero esta infraestructura estará ausente cuando se trate de encontrar restos humanos en lugares apartados donde hay fosas comunes, cementerios clandestinos o botaderos de cuerpos. Y no hablemos de los ríos a los cuales han ido a parar los restos de miles de colombianos que fueron asesinados y de quienes no se volvió a saber nada.

Los trabajo adelantados

Familiares de víctimas de desaparición forzada en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Familiares de víctimas de desaparición forzada en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Los gobiernos colombianos han sido negligentes – más todavía: negacionistas- cuando se han visto interpelados por el fenómeno de los desaparecidos. Sin embargo, el gobierno actual parece estar interesado, aunque de forma tardía, porque desde hace décadas existen varias entidades dedicadas a reclamar atención y correctivos.  

Una de ellas es la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES), una organización no gubernamental dedicada desde hace muchos años a acompañar a los familiares de los desaparecidos y a seguirle la pista a las víctimas de desaparición forzada por parte de agentes del Estado.

Los integrantes de ASFADDES han sido víctimas de amenazas, persecución y tratamientos despectivos por parte de los gobiernos sucesivos, de la opinión pública y de la gran prensa que siempre han negado que en Colombia hubiera víctimas de crímenes de Estado.

El celebrado acuerdo de estos días no deja de ser un sofisma que el gobierno y las FARC utilizan para crear un ambiente favorable

En septiembre de 2007, siguiendo una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación invitó a la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) a realizar un estudio sobre el estado del asunto en Colombia.  

La ICMP identificó entonces varios problemas, algunos de los cuales fueron superados mediante dispositivos de la Ley 975 de Justicia y Paz.  Pero entre los problemas que siguen existiendo cabría destacar:

  • La duplicación de trabajo y la coordinación insuficiente entre las instituciones involucradas en el proceso;
  • Los escasos esfuerzos del Estado para establecer la magnitud o escala del problema;
  • La falta de participación de la sociedad civil, atribuible al temor y falta de confianza en las instituciones o en el proceso mismo, y
  • La incapacidad de las víctimas para reclamar y acceder a sus derechos.

La Ley 975 aceleró el proceso de localización y recuperación de los restos mortales de desaparecidos en lugares de entierros clandestinos, pero no creó mecanismos viables para identificar los cuerpos, lo cual hizo que grandes cantidades de restos no identificados se almacenaran sin más en una gran variedad de locaciones.

Además, son numerosos los casos de búsqueda infructuosa y dolorosa que no llegaron a buen término y que forzaron a los familiares a revivir sus pesadillas y a intensificar sus incertidumbres y temores.

Actualmente varias instituciones trabajan en la Guía Interinstitucional para la Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada e Identificación de Cadáveres, una iniciativa a cargo de funcionarios del Grupo Nacional de Patología Forense y de las diferentes oficinas de la Red Nacional de N.N y Búsqueda de Personas Desaparecidas que lidera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De esta iniciativa hacen parte también funcionarios del Centro Único Virtual de Identificación (CUVI) y del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía.

Sería recomendable que en vez de crear una nueva institución, el acuerdo pactado en La Habana dotara de mayores recursos y personal al esfuerzo interinstitucional encabezado por el Instituto de Medicina Legal que busca dar con los restos de los desaparecidos en Colombia.

 

* Antropóloga e historiadora.

 

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