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Los desafíos del nuevo Código de Policía

Escrito por Juliana Coronado, Carolina Ortega

Implementación del Nuevo Código Nacional de Policía.

Juliana CoronadoCarolina OrtegaAunque era bueno adaptarlo a las nuevas condiciones de la convivencia, el Código que comenzó a regir esta semana encontrará múltiples obstáculos, como la falta de capacidad institucional y la resistencia de los ciudadanos.

Juliana Coronado Neira* – Carolina Ortega Contreras**

¿En qué consiste?

Como lo indica su nombre, el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) busca garantizar las condiciones para la convivencia ciudadana mediante el  cumplimiento de deberes u obligaciones legales. Por tanto este no es, como algunos lo han sugerido, un manual de buenas maneras al estilo del Manual de Urbanidad de Carreño. Se trata de una Ley para regular y prevenir los comportamientos que perjudican la convivencia y evitar que estos se conviertan en conflictos que puedan acabar en delitos.

El nuevo Código entra en vigencia cuando la atención pública está centrada en el fin del conflicto con las FARC, el cual implica un proceso de construcción de paz que, para ser completo, debe afianzar las bases de la convivencia ciudadana. Cabe anotar que el Código derogado era de 1970 (Decreto 1355) y no se adecuaba a los nuevos desafíos de convivencia, además de que en algún modo favorecía el incumplimiento de la norma al imponer sanciones irrisorias para los infractores.

Los problemas del campo no ocupan mayor espacio en el Código. 

El nuevo Código, que entró a regir este 30 de enero, es una herramienta de derecho  de Policía que supone una estrecha relación entre la convivencia y la seguridad. El Código  define cuatro ejes centrales de la convivencia:

  • La seguridad,
  • La tranquilidad,
  • El medio ambiente,
  • La salud pública.

También regula actividades relativamente recientes, como la compra de equipos móviles robados, la explotación ilícita de minerales y el ingreso sin pagar a los sistemas de transporte colectivo.

Entre otras novedades, el Código señala la necesidad de fortalecer los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, dando así más poder a la justicia no formal. Igualmente define los “comportamientos contrarios a la convivencia” que afectan la vida e integridad de las personas. Además, en el documento se dictan:

  • Medidas correctivas iniciales consistentes en multas calculadas según el salario mínimo legal vigente (para evitar su desactualización); y
  • Medidas correctivas posteriores, como la reparación de daños materiales, la participación en programas pedagógicos y la suspensión temporal de actividades, entre otras.

Deben resaltarse dos aspectos importantes que se espera que acompañen al nuevo Código:

  1. Que se mantenga la unidad de las normas y se evite una nueva dispersión mediante leyes o decretos referentes por ejemplo a la propiedad horizontal o al medio ambiente.
  2. Que se asegure la correspondencia entre poder, función y actividad policial, un tema bastante desconocido entre las autoridades y los ciudadanos.

Con relación a este segundo punto debe aclararse que la naturaleza de “lo policial” y sus maneras de manifestarse fueron especificadas en el Código:

  • El poder policial está delimitado por las leyes expedidas por órganos con función legislativa (como el Congreso de la República)  
  • La función policial se refiere a la gestión administrativa de las autoridades nacionales o locales (presidente, alcaldes, gobernadores); y
  • La actividad de policía es la ejecución del poder por parte del cuerpo policial.

La complementariedad entre estos tres elementos permite comprender por qué la regulación de la convivencia bajo el nuevo Código requiere una intervención responsable y coordinada por parte de estos actores.

Limitaciones del Código

Sanciones en el nuevo código de policía, por afectaciones en la convivencia.
Sanciones en el nuevo código de policía, por afectaciones en la convivencia.  
Foto: Andrés Monroy Gómez

Pero el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia no está libre de limitaciones y desafíos:

●  Limitaciones territoriales. Los objetivos y las líneas de intervención de la actual Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) tienen un sesgo marcadamente urbano. Este sesgo es otro ejemplo del centralismo que ha dominado los procesos de planeación en Colombia.

Esta situación se ha replicado parcialmente en el nuevo Código de Policía, ya que muchos de los comportamientos contemplados y sus medidas correctivas se refieren a asuntos que se presentan sobre todo en las ciudades. Si se exceptúan la  explotación ilícita de minerales, los problemas de bienes inmuebles y la vulneración de normas ambientales, los problemas del campo no ocupan mayor espacio en el Código.

●  Limitaciones culturales. Aunque se supone que las normas tienen la capacidad de provocar un cambio cultural (e incluso que este es uno de sus propósitos), todo parece indicar que la sociedad colombiana no esté preparada para acatar el nuevo Código.

La brecha entre las exigencias de la nueva Ley y los comportamientos de los ciudadanos que esta intenta regular es enorme, además de muy desigual a lo largo del territorio. Para que el Código se cumpla cada ciudadano tendrá que comprender que si no contribuye a la convivencia pacífica (que, finalmente, nos conviene a todos) no solo estará vulnerando los derechos de los demás, sino que a partir de ahora podrá enfrentar medidas correctivas que le afectarán el bolsillo.

¿Otra norma de papel?

Implementaciones, y explicaciones del nuevo código de policía a los ciudadanos.
Implementaciones, y explicaciones del nuevo código de policía a los ciudadanos. 
Foto: Policía Nacional de Colombia

Gran parte de las políticas diseñadas para regular la convivencia o para solucionar problemas sociales no llegan a la fase de ejecución. Esto es consecuencia, entre otras cosas, de la falta de voluntad política y de la insuficiencia de la capacidad institucional, obstáculos que también podría enfrentar el nuevo Código de Policía.

Todo parece indicar que la sociedad colombiana no esté preparada para acatar el nuevo Código.

Por una parte, el título de la Ley –Código Nacional de Policía y Convivencia–, sumado al desconocimiento generalizado del derecho y la ciencia de policía, hacen pensar que garantizar el cumplimiento de esta Ley es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.

Aunque indudablemente la Policía debe tener un papel protagónico, es importante recordar que constitucionalmente son las administraciones municipales las responsables del manejo de la seguridad y la convivencia en sus territorios. El liderazgo debe ser asumido por estas instituciones – y por lo tanto  deberíamos estar revisando si las administraciones de los más de mil municipios que tiene Colombia han tomado las medidas necesarias para la aplicación del nuevo Código-. Sobre todo si se considera la dificultad que esto podría traer en algunos territorios debido al sesgo urbano arriba señalado.

Por otra parte debe comprenderse que la capacidad institucional no se reduce a los recursos humanos y económicos, sino que abarca todas las herramientas necesarias para una aplicación adecuada. En este sentido, los retos que impone la nueva Ley incluyen la disponibilidad y la preparación (conocimiento del Código) de todos los actores estatales responsables de hacer cumplir la nueva Ley. Y esto nos lleva al tema de la coordinación, que ha sido un reto permanente en los sectores de seguridad, convivencia y justicia. 

Algunas administraciones municipales y la Policía Nacional han hecho grandes esfuerzos para difundir el nuevo Código. Además, el carácter pedagógico de las medidas correctivas se extendió durante seis meses más. Pese a esto la campaña de desinformación desplegada por redes sociales y otros medios ha llevado a que en muchos casos la ciudadanía se oponga al acatamiento de la norma.

Considerando lo anterior, es importante revisar si contamos con la capacidad institucional necesaria para hacer cumplir el nuevo Código, incluyendo el aparato de gestión y administración, los mecanismos y la logística que implicaría esta empresa de veras ambiciosa. 

El primer reto es lograr la cooperación efectiva entre las instituciones responsables sobre la base de metas compartidas, tal como ha venido ocurriendo con la planificación de la seguridad. Pero además hay que tener en cuenta que la puesta en marcha del Código aumentará las responsabilidades de muchas instituciones, entre ellas las Inspecciones de Policía y la Policía Nacional. Esto podría implicar una disminución en sus niveles de respuesta y efectividad y, por lo tanto, en su legitimidad.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo de crear un nuevo Código de Policía ha sido un gran acierto. Las críticas en el sentido de que el gobierno “se quedó en el garrote” o de que el nuevo Código se dedica exclusivamente a prohibir conductas carecen de fundamento si se entiende que una ley tiene una función regulatoria y sancionatoria, y que para las demás acciones que deben acompañarla existen otro tipo de herramientas.

El nuevo Código inicia un camino complejo con algunas barreras y desafíos cuya superación depende de las acciones que acompañen el proceso. Sin embargo, la similitud de los problemas de esta Ley con los de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) deja un sabor preocupante, pues indica que el país sigue sin  comprender de manere adecuada los asuntos de seguridad y convivencia.

 

* Politóloga y magíster en Seguridad Pública, miembro de la Asociación Colombiana de Criminología.

** Politóloga de la Universidad Nacional, especialista en Análisis de Políticas Públicas y en Gestión Territorial de la Seguridad, asesora e investigadora en seguridad y convivencia ciudadana. ​

 

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