Los desafíos de la justicia en 2017: entre la transición y la eficacia - Razón Pública
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Los desafíos de la justicia en 2017: entre la transición y la eficacia

Escrito por Jorge Cuervo

El gobierno Santos deberá ampliar niveles de confianza frente a la justicia.

Jorge Iván Cuervo A los serios problemas de desprestigio, lentitud y congestión en la justicia tradicional, se añade ahora el de la creación, eficacia, transparencia y coordinación debida con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por dónde y cómo empezar?  

Jorge Iván Cuervo R.*

Trabajo doble

Colombia tiene en 2017 dos grandes retos en materia de justicia:

  • Aumentar sus niveles de eficacia, seguridad jurídica y satisfacción del derecho a la justicia, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad, y
  • Contribuir a dotar de legitimidad el proceso de paz con las FARC con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el mecanismo de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final.

El primer reto le corresponde a la administración de justicia en su conjunto esto es, a las altas Cortes, los tribunales, los jueces y la Fiscalía General de la Nación. Y el segundo le corresponde al nuevo sistema de justicia transicional definido en el Acuerdo, que aún no ha sido creado, pero del cual ya se tiene el diseño institucional.

En la práctica tendremos dos sistemas de justicia:

  1. El ordinario, que se ocupará de todos los asuntos penales, civiles, laborales, contencioso administrativo, de familia y comerciales. Este sistema sigue teniendo los mismos retos que han venido acumulándose: enfrentar la congestión, mejorar el cumplimiento de los términos procesales y asegurar una mejor prestación del servicio de justicia en condiciones de igualdad.
  2. El Sistema Integral, que contendrá varios organismos, tal y como lo prevé el capítulo V del Acuerdo Final:

– Una Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

– Una Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

– La Jurisdicción Especial para la Paz (que incluye la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y Acusación, y el Tribunal para la Paz).

– Medidas de reparación integral.

– Garantías de no repetición

El Sistema Integral operará durante un máximo 10 años a partir de su creación, y uno de sus retos será definir sus líneas de articulación con la justicia ordinaria (incluida la Fiscalía) para evitar los choques de dos justicias separadas. Hay que tener en cuenta que entre los puntos renegociados luego del plebiscito del 2 de octubre se estableció, entre otras medidas, que:  

  • Será procedente la acción de tutela ante la justicia ordinaria por decisiones tomadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
  • Los conflictos de competencia se decidirán en una Sala Especial conformada por magistrados de la JEP y del Consejo Superior de la Judicatura,
  • El Consejo de Estado conserva su competencia en materia de reparación,
  • La JEP puede pedir apoyo de la Fiscalía General de la Nación,
  • El régimen disciplinario de los magistrados de la JEP es el ordinario para cualquier magistrado de las altas Cortes.

La manera como se dará esta articulación la definirá la propia JEP con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y con el concurso de la Comisión Interinstitucional de la Justicia.

Los magistrados del Tribunal Para la Paz y, en general, las personas que se vinculen al Sistema Integral, deben cumplir todos los requisitos de idoneidad e imparcialidad para que su gestión dé garantías a todos los actores del proceso. No hay que olvidar que muchos están pendientes de esto: tanto quienes firmaron el Acuerdo (gobierno y FARC) como los que se oponen a él, la ciudadanía nacional y la comunidad internacional, incluyendo a la Corte Penal Internacional, que está atenta a verificar si se cumplen los estándares internacionales de respeto a los derechos de las víctimas. Un buen desempeño de la JEP contribuirá a calmar las críticas y prevenciones que existen sobre su supuesta creación como un sistema de justicia definido por y para las FARC.

Además de lo anterior, la Fiscalía tiene un enorme reto para investigar todas aquellas conductas que se originen con ocasión del Acuerdo: desmovilizados que reincidan, guerrilleros que sigan en armas asociados al narcotráfico y la minería ilegal, o delitos de otros grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC, bandas criminales, y amenazas y homicidios a líderes sociales.

¿Una nueva reforma?

El gobierno Santos deberá ampliar niveles de confianza frente a la justicia.
El gobierno Santos deberá ampliar niveles de confianza frente a la justicia.  
Foto: Presidencia de la República

Después del bloqueo a otra reforma a la justicia, esta vez por parte de la Corte Constitucional, que declaró inexequible buena parte de la llamada “reforma de equilibrio de poderes” en el componente de justicia (Sentencia C- 285/16), el Consejo de Estado y algunos congresistas vienen promoviendo una nueva reforma con el proyecto “misión justicia”.

No es posible sacar adelante una reforma sin el apoyo y concurso de la propia administración de justicia. 

Como se pudo comprobar con las dos reformas fallidas de los gobiernos de Santos, no es posible sacar adelante una reforma sin el apoyo y concurso de la propia administración de justicia. El poder de cabildeo y de opinión que tienen las altas Cortes, el poder de veto que tiene la Corte Constitucional y el poder de presión que tienen los sindicatos de jueces hacen prácticamente imposible una reforma sin su apoyo.  Por esta razón, uno de los retos de 2017 será que la administración de justicia le presente al país una reforma que le devuelva la credibilidad perdida. Además, debe imponerse el principio de autonomía e independencia de la rama Judicial más allá de la defensa de intereses corporativos.

Menos reformas y más políticas

A la par que avanza la “misión justicia”, el Ministerio de Justicia y del Derecho viene liderando el Plan Decenal de Justicia, para cumplir lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Este será el marco que define las políticas, planes y programas de la administración de justicia en los próximos diez años, como ya ha pasado con la educación y la salud, y que ha permitido la continuidad de algunos programas más allá de los cambios de gobierno.

Como esta es una iniciativa de carácter gubernamental, el Plan Decenal ha encontrado poco eco en la rama Judicial, donde consideran que este tipo de iniciativas son de su competencia exclusiva. Por eso otro reto para 2017 será alinear las agendas de la “misión justicia” con las del Plan Decenal, teniendo en cuenta que las políticas judiciales deben ser políticas de Estado y que su definición trasciende a la propia rama Judicial.

Recuperar la confianza

Desarrollo del Plan Decenal de Justicia.
Desarrollo del Plan Decenal de Justicia.  
Foto: Ministerio de Justicia

Por último, la administración de justicia en su conjunto debe recuperar la confianza de la ciudadanía. Es una tragedia para cualquier democracia que sus instituciones de justicia tengan tan poca credibilidad entre la ciudadanía.

Un Estado de derecho no puede darse el lujo de tener una justicia en permanente crisis.

La última encuesta de Gallup en diciembre de 2016 mostró que los colombianos tienen una opinión desfavorable del sistema de justicia del 79 por ciento, un porcentaje de desaprobación similar al de las FARC, y que está por encima de la desconfianza en el Congreso de la República (74 por ciento) y en los partidos políticos (77 por ciento). Por eso no solo se debe asegurar la prestación del servicio de justicia con celeridad, transparencia, seguridad jurídica, eficacia e imparcialidad en las decisiones, sino también la integridad de todos los jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

  • Para ello es fundamental que el nuevo órgano aprobado en la reforma de equilibrio de poderes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cumpla el papel que no cumplió a cabalidad la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
  • También sigue pendiente la creación de un código disciplinario especial para jueces, magistrados de tribunales y funcionarios judiciales y procedimientos abreviados de investigación y sanción.
  • No menos podrían contribuir a la recuperación del prestigio perdido una política definida desde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el castigo severo al incumplimiento de los términos y a casos de corrupción (todo esto manteniendo el principio de carga razonable, es decir, no exceder el número de expedientes que puede tramitar un despacho judicial cumpliendo los términos procesales).

Un Estado de derecho no puede darse el lujo de tener una justicia en permanente crisis y en un nivel tan alto de desprestigio. 2017 debe ser el año para retomar el camino de la buena administración en los distintos estrados, desde el juzgado más pequeño hasta la Corte más prestigiosa. Puede sonar a cliché pero sin justicia no hay paz, y esta última no solo depende de la justicia transicional sino de todo el conjunto judicial. Máxime cuando este es un año de renovación de al menos 4 magistrados más en la Corte Constitucional, y quienes los postulan y eligen (Consejo de a Estado, Corte Suprema, Presidente y Senado) tienen un gran reto de preservar el equilibrio necesario en la composición de la Corte para preservar el carácter liberal y garantía de la Constitución de 1991.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

 

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