Tras la toma de Kabul por los talibanes, parece que Afganistán retrocede en materia de derechos humanos.
Lina M. Céspedes Báez* Enrique Prieto-Ríos** René Ureña***
Guerra contra el terrorismo
A pocas semanas de conmemorar los ataques terroristas de Al-Qaeda en Estados Unidos y el subsiguiente comienzo de la guerra contra el terrorismo, el mundo fue testigo de la caída del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y de la entrada de los talibanes a Kabul, la capital del país.
Una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional es la postura del gobierno talibán respecto de los derechos de las mujeres.
Durante su mandato, entre 1996 y 2001, los talibanes aplicaron versiones extremas de la sharía o códigos de conducta procedentes de los libros sagrados del islam sobre el comportamiento y el papel de las mujeres en la sociedad afgana.
Un informe de Human Rights Watch indica que las mujeres debían estar acompañadas por un hombre para poder salir al espacio público, a las niñas mayores de 8 años no se les permitía ir a la escuela, y las viudas y sus hijos menores quedaban expuestas a la pobreza debido a las restricciones laborales y de movilidad para las mujeres. El burka en Afganistán se convirtió en el símbolo de la opresión de las mujeres.
La situación mejoró con la caída del régimen talibán en 2001 —particularmente para las mujeres provenientes de la clase media y alta—. La Constitución de 2004 estableció la igualdad entre hombres y mujeres y en 2009 se aprobó la ley para eliminar la violencia contra la mujer.
Hubo dificultades en la ejecución de estas ideas. Los grupos conservadores rechazaron estas medidas y las mujeres siguieron dependiendo económicamente de los hombres. Por si fuera poco, un sistema judicial corrupto, las inconsistencias en las creencias islámicas, los bajos niveles de alfabetización y la disparidad entre la población urbana y rural se sumaron para crear un entorno adverso para las mujeres.
Una encuesta del año 2011 encontró que Afganistán era el peor país para la vida de las mujeres.
Pero promulgar la Constitución ayudó a exponer estos problemas. Además, permitió que las mujeres accedieran gradualmente a la vida pública, la salud y la educación. Como indican John R. Allen y Vanda Felbab-Brown del Brookings Institute, para el 2020 la participación de las mujeres como servidoras públicas alcanzó un 21 % y su presencia en el parlamento fue del 27 %.
Igualmente, su esperanza de vida aumentó de 56 años en el 2001 a 66 años en 2017. La proporción de niñas que asistía a la escuela primaria pasó de menos del 10 % en 2003 al 33 % en 2017 y la de quienes asistían a la secundaria pasó del 6 % en 2003 al 39 % en 2017. En el 2002 se reportaron 1746 mujeres matriculadas en la universidad, mientras que en el 2016 la cifra llegó hasta 45 000.
Conviene recordar que la represión de El Talibán contra las mujeres fue instrumentalizada por la administración de George W. Bush para justificar su cruzada en Afganistán. Bush construyó una retórica militarizada para convencer sobre la necesidad de una intervención armada en Afganistán. Después intentó construir un Estado en suelo afgano desde afuera, mediante el uso de la fuerza, y fracasó.
Toma de Kabul
La llegada de los talibanes al poder amenaza los avances realizados hasta el momento. Hoy la vida de millones de mujeres y niñas está otra vez en peligro. Y las perspectivas no son alentadoras: los talibanes han respondido a la pregunta por las mujeres de manera evasiva. Parece que únicamente intentan apaciguar a la comunidad internacional.
Por ejemplo, en la primera rueda de prensa ofrecida por los talibanes después de llegar a Kabul, Zabihullah Mujahid, portavoz del grupo, aseguró que los derechos de las mujeres serán respetados de acuerdo con los lineamientos del derecho islámico. Esta afirmación es muy ambigua.
La sharía es interpretada de muchas formas y es usada por regímenes tan diversos como el de Arabia Saudita, donde las mujeres viven una grave discriminación, o como el de Indonesia, donde sus derechos no son limitados tan drásticamente.
En los territorios que controlaban los talibanes antes de llegar a Kabul las niñas no podían asistir a la escuela y quien incumpliera sus códigos se exponía a castigos violentos.
Reportes recientes de cierres de escuelas y restricciones a la libertad de movimiento contrastan con el nuevo discurso aparentemente amable de los talibanes hacia las mujeres.
Derecho internacional
Ya sea que los Talibán se consoliden como gobierno de Afganistán, que los países del mundo los reconozcan o no, es importante resaltar que el nuevo gobierno debe respetar y cumplir con el derecho internacional.
Lejos están los años cuando afirmar que “los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos” era controversial o revolucionario. Actualmente existe un cuerpo consolidado de estándares internacionales en la materia que deben respetar los Estados y los grupos armados.
Según el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los grupos armados no estatales que cuenten con organizaciones políticas reconocibles y que controlen una parte significativa del territorio y de la población están obligados a respetar los derechos humanos de la población y, por supuesto, los de las mujeres.
Afganistán hace parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la CEDAW, instrumento clave en el reconocimiento y protección de derechos de las mujeres. El primero de estos tratados incluye un mandato específico de no discriminar por motivos de sexo y la obligación de los Estados de “garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” regulados en este.
Por su parte, la CEDAW es uno de los instrumentos internacionales fundantes en materia de derechos de las mujeres. En su texto se encuentran el mandato de no discriminación contra las mujeres y la obligación de los Estados de desarrollar medidas afirmativas que contrarresten la discriminación y violencia histórica de la que son objeto en la esfera pública y privada.
Asimismo pueden encontrarse en la CEDAW estándares obligatorios en materia de participación política, acceso a la educación, empleo, salud, crédito y cultura, garantía de capacidad jurídica, libre consentimiento para contraer matrimonio, entre otras cuestiones.
En este cuerpo de estándares internacionales también está la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expidió la Resolución 1325, para reconocer los impactos de género en los conflictos armados y reiterar la importancia de contar con la participación efectiva de las mujeres en cualquier iniciativa de construcción de paz y seguridad. Esta agenda se ha ido fortaleciendo con la expedición de otras nueve resoluciones que desarrollan temas claves como la violencia sexual, los obstáculos de implementación de la Agenda y el empoderamiento político y económico de las mujeres.
Desde 2015, Afganistán cuenta con un Plan de Acción relacionado con la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. En estos planes constan los propósitos y estrategias que usará cada país para cumplir sus compromisos en materia de derechos de las mujeres en contextos de conflicto y construcción de paz y seguridad.
Quizás una acción que podría señalar el compromiso de los talibanes de respetar los derechos de las mujeres sería apoyar este plan o adoptar uno nuevo que responda a los retos particulares del momento histórico que vive el país.
Como puede observarse, existen múltiples instrumentos y políticas diseñados para determinar y proteger los derechos de las mujeres. El problema no es la falta de estándares, sino de incentivos para el cumplimiento.
Comunidad internacional
Con Estados Unidos de salida y con poco control sobre la economía afgana, China e Irán serán los encargados de crear incentivos para mantener la estabilidad en Afganistán.
Sin embargo, poco puede esperarse de Irán en términos de la protección a los derechos de las mujeres. Por eso China será un aliado clave para ejercer presión sobre los talibanes en el cumplimiento de los estándares.
China tiene una larga tradición de apoyar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en foros internacionales (aún si su propia situación sea menos que ideal) y podría ser el aliado que balancee las cargas a favor de las mujeres.
En términos de sanciones económicas, algunos expertos indican que su efectividad puede ser baja en un país como este y surgen preguntas sobre si su ejecución puede afectar aún más los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, Graeme Smith y David Mansfield advierten que aunque el país es uno de los más pobres del mundo, existe una fuente de riqueza importante para este grupo en el control de las rutas de comercio del sur de Asia. Los donantes extranjeros sobreestiman su importancia respecto de Afganistán porque no tienen en cuenta el funcionamiento de la economía informal de este país.
Por otro lado, algunas investigaciones indican que las sanciones económicas afectan significativamente a las mujeres y otras poblaciones vulnerables. A manera de ilustración, cuando los países enfrentan choques económicos suelen recortar servicios de bienestar que benefician a mujeres y niñas. Si a esto se le suma un régimen que no respeta la autonomía de las mujeres, se tiene la receta perfecta para su empobrecimiento.
La situación de mujeres y niñas en Afganistán no es fácil y menos lo son sus soluciones. Esto pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para actuar de manera estratégica en defensa de las mujeres.
Puede ser que este sea el momento para que China juegue un papel fundamental en la consolidación de una agenda de derechos humanos de las mujeres en este contexto. Si hay algo que se debe extraer como enseñanza de la historia reciente de este país es que la agenda de los derechos de las mujeres no es ni debe ser monopolio de occidente.
