Reseña de un encuentro organizado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde infortunadamente quedó claro el atraso de las autoridades sobre un asunto de veras decisivo para la nueva generación de colombianos.
El evento
El Seminario Internacional Desafíos del Derecho de Autor en el Entorno Digital, llevado a cabo en Bogotá el pasado 31 de octubre, sirvió para mostrar los avances y lagunas de la discusión sobre derechos de autor en el entorno digital por parte del Estado colombiano.
El ambicioso programa quedó corto debido a que la agenda del evento fue bastante apretada y no logró la participación del público asistente. Aunque intentó abrir debate, la reunión puso en evidencia la dificultad de las instituciones oficiales de Colombia para abordar un asunto importante aunque sin duda complejo y sensitivo. Y eso a pesar de que apenas en dos de las cinco mesas de trabajo se incluyó a una persona con visión opuesta a la del resto de invitados.
Avanzar hacia un sistema jurídico que no se quede en la defensa cerrada de los derechos individuales de los autores o en proveer los incentivos económicos para la creación.
El interés en el tema hizo que los cupos se agotaran con mucha anticipación, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) que organizó al evento, tuvo además el acierto de ofrecer una transmisión por streaming.
Sería deseable que en futuras ocasiones las redes sociales se utilizaran para facilitar preguntas y seguir los diálogos, con lo cual pasarían del papel de simples transmisoras de mensajes al de herramientas integrales de participación ciudadana. Y esto de paso ayudaría a que las autoridades comprendan mejor el medio que intentan regular.
Pero además de las formas, es útil repasar los contenidos de la reunión para saber dónde estamos y hacia donde nos dirigimos en Colombia.
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El mensaje oficial
El director de la DNDA, Giancarlo Marcenaro, empezó la jornada subrayando la necesidad de repensar los alcances de esta entidad, que es autoridad pública en la materia, y de avanzar hacia un sistema jurídico que no se quede en la defensa cerrada de los derechos individuales de los autores o en proveer los incentivos económicos para la creación.
Marcenaro reconoció la necesidad de balances que garanticen el bienestar general de la sociedad, haciendo un guiño a la Agenda para el Desarrollo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que ojalá sirva para vencer la histórica resistencia del gobierno colombiano.
El prometedor inicio del evento contrastó sin embargo con el panel de cierre cuando, bajo el pomposo título “Infraestructura del Derecho de Autor en el entorno digital, estado actual y perspectivas de evolución. Ventajas y Desafíos” la DNDA mostró cuál es su posición frente a los temas específicos que habían sido propuestos.
Fue evidente que la DNDA sigue aferrada a la visión tradicional o economicista de los derechos de autor, donde las nuevas tecnologías digitales se reducen a un canal de distribución, y cuya pérdida de control les causa verdadero pánico.
Fue evidente que la DNDA sigue aferrada a la visión tradicional o economicista de los derechos de autor, donde las nuevas tecnologías digitales se reducen a un canal de distribución, y cuya pérdida de control les causa verdadero pánico. No se vio entonces la actitud que pueda garantizar el “ecosistema” del cual comenzó hablando Marcenaro.
En este panel de cierre participaron, por parte de la industria, Oracle y FILAIE (cuyas tesis eran fácilmente predecibles), la Fiscalía (con un discurso sobre la necesidad de avanzar en el control de la piratería) y el abogado de Actores (sintonizado con la visión maximalista del derecho de autor). Entre todos formaron un coro para reafirmar la importancia económica de los derechos de autor, la necesidad de aumentar su protección y de encontrar mejores métodos para reprimir las prácticas sociales.
No hubo por tanto ninguna reflexión sobre los cambios saludables en las prácticas sociales ni sobre las grandes oportunidades creativas que ofrece el nuevo entorno; no se abordaron los retos de las regulaciones en el mundo, ni el fracaso de la agenda maximalista que compromete el respeto a los derechos fundamentales; mucho menos se abordaron temas como datos y privacidad.
Como exposición de la política pública colombiana sobre los derechos de autor en el entorno digital, este “debate” resultó muy pobre.
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El Tratado de Marrakesh
En el evento se habló también del Tratado de Marrakesh para facilitar el acceso a la información por parte de personas con discapacidad visual. Colombia suscribió el tratado, y aunque está pendiente su ratificación, hace poco el Congreso, por iniciativa del senador Galán, expidió una ley en el mismo sentido.
El tratado es un documento histórico porque por primera vez una convención internacional no fortalece los derechos de los autores sino que compromete a los Estados a ofrecer garantías mínimas para el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de su población.
El panel sobre licenciamiento abierto no prometía mucho porque estaba integrado por representantes de la industria musical, moderados por la DNDA. Sin embargo, Alejandro Jiménez de Sony, quien a última hora reemplazó a uno de los panelistas, resultó una sorpresa refrescante, pues ofreció puntos de reflexión desde una óptica distinta del miedo y el llamado a la criminalización.
Nunca antes un evento de la DNDA había incluido a una organización ciudadana que fuera crítica de sus políticas. Aun así las ausencias fueron notorias: no estuvieron ni los beneficiarios del tratado, ni el sector público que vela por sus derechos. Solo pudimos constatar la presencia entre el público de organizaciones de la sociedad civil que suplen algunas necesidades de los beneficiarios.
Paulo Lanterni, representante de la OMPI, afirmó que el tratado había sido fruto de la cooperación de la industria, tesis que reiteraron los demás panelistas. No se dijo – como sabemos bien quienes seguimos el proceso- que ese tratado resultó de años de lucha y denuncia ciudadana sobre la “hambruna de libros” -especialmente en países en desarrollo-, que la resistencia de la industria editorial demoró la negociación durante años, ni que fue la industria quien consiguió que el tratado no se extienda a los audiovisuales.
Debimos haber oído las inquietudes de los autores, empresas y demás titulares de derechos, pero también las de los usuarios, los técnicos y el sector público más allá de sus instancias dedicadas a perseguir el crimen.
Así que el panel dio cuenta de los temores de la industria, y añadió la dificultad para financiar el cumplimiento del tratado (como si el ejercicio de derechos fundamentales dependiera de la sostenibilidad fiscal). Pero poco se habló de garantizar los derechos de los beneficiarios. Y, además del temor a lo desconocido, el lenguaje de los panelistas no escatimó expresiones condescendientes, políticamente incorrectas o simplemente excluyentes.
Licenciamiento abierto e intermediarios de Internet
El panel sobre licenciamiento abierto no prometía mucho porque estaba integrado por los voceros de la Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO) y de la empresa Sony, moderados por la DNDA. Sin embargo, Alejandro Jiménez, quien a última hora reemplazó al representante de Sony, resultó una sorpresa refrescante, pues ofreció puntos de reflexión desde una óptica distinta del miedo y el llamado a la criminalización.
Jiménez reflexionó sobre prácticas sociales en el uso de Internet, sobre la necesidad imperiosa de mantener los clientes en vez de estigmatizarlos, sobre el reconocimiento de que sus casas matrices “ya no son disqueras, sino que explotan derechos” y que además están aprendiendo del entorno.
Sin embargo, la discusión sobre licenciamientos abiertos, donde deberían figurar tendencias tan importantes -particularmente para el sector público- como software libre, acceso abierto o recursos educativos abiertos, brilló completamente por su ausencia.
El panel sobre intermediarios de Internet enfrentó las posiciones de titulares e intermediarios, pero no pasó de ser un abrebocas sobre un tema donde la DNDA tiene posición tomada (no hay que olvidar que este es el eje de la Ley Lleras 1 y es además una obligación pendiente bajo el TLC con Estados Unidos).
La mayoría de los asistentes quería enterarse, aprender o desahogarse al relatar sus casos particulares. La minoría eran personas dedicadas profesionalmente a este asunto.
Conclusiones
Como entidad responsable de la política de derechos de autor, la DNDA tendría que haber diseñado una ruta transparente y consultada con los sectores interesados en el tema – y así lo dijo su director al instalar el seminario-. Pero aun no lo ha hecho.
En un evento como el que comento debimos haber oído las inquietudes de los autores, empresas y demás titulares de derechos, pero también las de los usuarios, los técnicos y el sector público más allá de sus instancias dedicadas a perseguir el crimen.
El foro anual de la DNDA no puede reducirse a exhibir los temores, necesidades y peticiones de la industria. Este es el papel de congresos como el de Asociación Literaria y Artística, ALAI. Tampoco puede ser una ocasión para el lenguaje excluyente, porque el tema no importa solamente a los abogados o los especializados.
Como mostró la reunión del pasado 31 de octubre, el público ha cambiado, es amplio y es diverso. La mayoría de los asistentes quería enterarse, aprender o desahogarse al relatar sus casos particulares. La minoría eran personas dedicadas profesionalmente a este asunto.
También hay que decir que quedaron pendientes temas que importan a la OMPI, como el de las garantías legales para bibliotecas, el fortalecimiento del dominio público, el reconocimiento de licencias abiertas y otros tocantes a los tratados de radiodifusión o de conocimiento tradicional.
En resumen, el encuentro dio un paso adelante en intenciones, pero dos atrás en hechos.
* Abogada, magister en Derecho Internacional y de la Cooperación (1993, VUB – Bélgica), candidata al Doctorado (UAB – España), e investigadora sobre temas de Internet, derecho y sociedad. Miembro Fundación Karisma
@carobotero
