El gobierno quiere reanudar las fumigaciones con glifosato para eliminar los cultivos de coca. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta estrategia en términos económicos, de salud y afectación del medio ambiente? *
Paula Aguirre Ospina**
Adriana Muro Polo***
Regreso de las fumigaciones
Debido a la presión del presidente Donald Trump, el gobierno de Colombia pretende volver a fumigar con glifosato los cultivos de coca. En marzo de este año Trump afirmó en su reunión con Duque que “si no se fumiga, no se van a deshacer [de las drogas]”.
Pero las fumigaciones han seguido en suspenso porque el gobierno primero necesita modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), y para esto es necesario llevar a cabo audiencias con las comunidades. Sin embargo, en este año, las comunidades campesinas, indígenas y las organizaciones de la sociedad civil no han podido participar en las audiencias virtuales con el gobierno.
Además, el senador Antonio Sanguino está encabezando un proyecto de ley que frenaría las intenciones de retomar la fumigación aérea. El proyecto prohibiría el uso del glifosato y se basa en la evidencia científica sobre sus efectos negativos en la salud de las personas y en el medio ambiente.
El gobierno no ha querido responder a las demandas de las organizaciones ambientales y de derechos humanos por su afán de reiniciar las fumigaciones. Por eso, en Elementa, una organización de la sociedad civil colombo-mexicana para la defensa de los derechos humanos, creemos que es importante dar el debate sobre las consecuencias de fumigar a las comunidades del país con glifosato.
Esto implica democratizar la información y que llegue a la mayor cantidad de personas para que prohibir la fumigación con glifosato sea una exigencia de toda Colombia.
Una mala estrategia económicas
Además de no cumplir con el propósito de eliminar los cultivos de coca, el glifosato tiene un costo económico altísimo:
- Según la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, entre 2005 y 2014 cada hectárea fumigada con glifosato costó 72 millones de pesos. En total, el Estado gastó 79,9 billones de pesos.
- En cambio, para sustituir los cultivos ilícitos es necesario invertir aproximadamente 40 millones por familia y un total de 2,9 billones de pesos.
Fuente: Elementa DDHH.
Esta información nos permite concluir que la fumigación con glifosato es demasiado costosa e insostenible en el tiempo para un país que además necesita garantizar derechos económicos y sociales a lo largo del país.
Además, la fumigación no ofrece alternativas económicas a las comunidades que siembran coca ante la falta de otros mercados y la necesidad de asegurar vivienda, alimentación, salud y educación a sus familias.
La salud
El Estado está gastando cifras astronómicas para fumigar y además está sacrificando los derechos de las comunidades cultivadoras que son afectadas directamente por el glifosato.
En efecto. El glifosato es perjudicial para la salud humana, y tanto así que en 2015 fue catalogado como una sustancia probablemente cancerígena por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, un estudio reciente del Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y el Centro de Derechos Reproductivos ha puesto en evidencia que el glifosato tiene un impacto en la salud reproductiva. Los efectos del glifosato han estado involucrados en abortos involuntarios, efectos perinatales y transgeneracionales.
Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra el Estado colombiano por el caso de Yaneth Valderrama, una mujer del municipio de Solitá, Caquetá, que perdió su vida y la de su bebé después de ser fumigada con glifosato. El herbicida le causó dificultad para respirar y caminar, manchas en la piel y un intenso dolor en el cuerpo.
Gracias a esta demanda, esperamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos estudie el impacto de una política incompatible con las obligaciones de respeto y garantía de los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales hace parte el Estado colombiano.
Además, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado estima que el valor total de las demandas contra el Estado por afectaciones a la salud por la aspersión aérea entre 2013 y 2015 es de 1,7 billones de pesos.
El medioambiente
A lo anterior se suma que el glifosato puede causar enfermedades y la muerte de animales polinizadores como las abejas. Estos animales son esenciales para la nutrición y seguridad alimentaria de los seres humanos, además de que aseguran la biodiversidad de los ecosistemas.
Además, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades cultivadoras, ya que el glifosato:
- rocía también los cultivos lícitos;
- afecta negativamente los ecosistemas, sobre todo las fuentes hídricas;
- atenta contra las tradiciones culturales de las comunidades indígenas y campesinas; y
- causa desplazamiento en Colombia.
Es increíble que el Estado colombiano siga considerando la fumigación aérea como la estrategia para erradicar los cultivos de coca si tenemos en cuenta:
- los efectos negativos en la salud y el medioambiente;
- los costos sociales y económicos; y
- que 39 países del mundo han impuesto restricciones o prohibiciones para el uso del glifosato.
Vea en Razón Pública: ¿Es cancerígeno el glifosato?
La sustitución de cultivos
Es preocupante que la fumigación aérea con glifosato prime sobre los derechos de las comunidades más indefensas.
El gobierno colombiano está dejando de lado la posibilidad de sustituir los cultivos de hoja de coca por cultivos lícitos. Esta alternativa protege los derechos de las comunidades cultivadoras y les da garantía de no repetición.
En vez de rociar a las comunidades más olvidadas por el Estado, el gobierno nacional debe poner en marcha proyectos productivos comunitarios, que han demostrado un porcentaje bajo de resiembra de los cultivos ilícitos
Los próximos debates en el Congreso de la República serán fundamentales por dos motivos:
- Le pondrán freno a una política que se ha concentrado en los campesinos, que son los eslabones más vulnerables de la cadena del mercado de las drogas y,
- Serán el contrapeso de un gobierno que, contra toda evidencia, insiste en una política de drogas inefectiva que viola los derechos de las comunidades campesinas que cultivan hoja de coca.
