La baja aprobación y una coalición minoritaria han puesto en riesgo el proyecto del cambio. Esta es la nueva organización del Congreso y las posibilidades para el gobierno.
Camilo González Vides*
Aprobación en aprietos
Tras un año en el cargo, el presidente Petro enfrenta un estancamiento político. El balance de su primer año es preocupante:
- según la firma consultora Orza, la tasa de aprobación legislativa de los proyectos del gobierno fue del 33 % durante la primera legislatura;
- según la última encuesta de Invamer, tuvo una aprobación presidencial del 33 %;
- finaliza su primer año de administración con una coalición minoritaria, un escenario cuesta arriba para un gobierno que carga con las expectativas del cambio político y social.
El pasado 20 de julio comenzó la segunda legislatura. No obstante, las movidas políticas hacen suponer que el presidente y su agenda no serán los protagonistas.
Este semestre los congresistas condicionarán mucho más al Gobierno en su margen de acción. La rotación en las mesas directivas de ambas cámaras legislativas y las elecciones subnacionales de octubre aumentan los costos para el “gobierno del cambio” de aprobar sus reformas más ambiciosas.
A paso de tortuga
Tras una primera legislatura muy escueta en materia legislativa, el Gobierno regresa al escenario cargado de iniciativas. Concretamente, Petro y su gabinete buscarán aprobar cuatro proyectos de ley fundamentales de su programa: la reforma laboral, la reforma de servicios públicos, la reforma educativa y la ley de minas.
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- Reforma laboral. Después de hundirse por falta de quorum, sigue concertándose con los representantes de los sindicatos y a la espera de discutirse con los empresarios. La oposición de estos últimos a la jornada nocturna, al recargo dominical del 100 % y a que el contrato indefinido sea la norma se erigen como los puntos que moverán el debate parlamentario.
- Reforma de los servicios públicos. Aparece como otro eje de polémica tras el intento del presidente por regular las tarifas de los servicios públicos, decisión que detuvo el Consejo de Estado. Las primeras pinceladas dan a entender la intención de ofrecer un mínimo vital de servicios públicos a poblaciones vulnerables y de cambiar la normativa de los contratos de condiciones uniformes.
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Sin embargo, el principal reto de la reforma será cómo evitar que siga el alza de los precios, particularmente en el periodo de transición hacia la nueva normativa.
La rotación en las mesas directivas de ambas cámaras legislativas y las elecciones subnacionales de octubre aumentan los costos para el “gobierno del cambio” de aprobar sus reformas más ambiciosas.
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- Reforma educativa —reforma de la Ley 30—. Es otra de las metas trazadas por el actual gobierno. El objetivo de la reforma es que la educación sea un derecho fundamental y con mejores estándares de calidad.
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Pero, para materializar esta ambiciosa meta educativa, se necesitan leyes para conseguir y transferir recursos eficientemente. Estos se deben dirigir a la infraestructura, a mejorar la calidad y a dar acceso gratuito en todos los niveles educativos.
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- Ley minera. Está motivada por el persistente conflicto entre mineros artesanales y las multinacionales. En lo que se ha conocido del proyecto, el Gobierno pretende reconocer la minería ancestral involucrándola en los procesos de planificación de explotación de estos recursos.
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Asimismo, quiere armonizar las legislaciones minera y ambiental para proteger a los ecosistemas y enrutar futuros proyectos del sector hacia la transición energética. Por tanto, la preocupación que se colará en las discusiones será el equilibrio entre la titulación minera existente y los cambios propuestos por el gobierno en su apuesta ambiental.
Congreso dividido
Los votos del Congreso no están garantizados para que el Gobierno se anote victorias, al menos en este comienzo de legislatura. Concretamente, la coalición que hoy acompaña al presidente es del 37 % en Senado y 28 % en la Cámara de Representantes.
Esto complica las nuevas propuestas del gobierno, especialmente las reformas a la salud y pensional, que se salvaron de hundirse a último momento, en medio de la crisis de la coalición de gobierno.
Tampoco ha funcionado la doble estrategia del gobierno de presionar a punta de mítines en palacio o en las calles y la idea de fragmentar a los partidos para lograr apoyos de legisladores disidentes. El volumen de las manifestaciones no ha sido tan considerable como para mover la fibra de los congresistas, y los directorios de los partidos políticos han reforzado la disciplina de sus miembros con sanciones.
Nueva organización en el Congreso
Uno de los detalles más importantes de este 20 de julio fue la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara, y de sus respectivas comisiones constitucionales.
El liderazgo en cada una de estas corporaciones es estratégico: incluye el poder de agenda —es decir, de ordenar los temas que deben discutirse en la corporación a su cargo—. Para el gobierno es importante tenerlos de su lado, puesto que, como ha aprendido, el tiempo no fue su mejor aliado en la legislatura pasada.
La presidencia del Senado —por tanto, del Congreso— se disputaba entre un aliado fracturado: Alianza Verde. Dentro de la formación política, cuatro candidatos luchaban por el puesto: Angélica Lozano, Iván Name, Ariel Ávila e Inti Asprilla.
Los dos últimos parlamentarios son más afines al gobierno, aunque Asprilla contaba con un respaldo más decidido. Lozano y Name han procurado que el partido se declare independiente del gobierno. Y, aunque el gobierno decidió apoyar a Lozano, la oposición y los partidos independientes se unieron para el triunfo de Name.
los candidatos de distintas tendencias políticas usarán las erradas decisiones del presidente como justificación para disminuir el margen de acción del gobierno.
En la Cámara de Representantes, el gobierno apostó por la candidatura del liberal Andrés Calle y ganó. Pero desde el Partido Liberal también se perfilaban las candidaturas de Julián Peinado y Carlos Ardila, que parecen más allegadas a los intereses liberales que a los del Pacto Histórico, como se ha acusado a la candidatura de Calle. Estas dos últimas candidaturas sostenían la idea de que, cada vez más, el liberalismo se distanciaría del gobierno hasta, probablemente, declararse independiente.
Un escenario distinto aparece en las presidencias de comisión.
En el Senado, se distribuirán así:
- Pacto Histórico: dos comisiones (I y VII);
- Partido Liberal: dos comisiones (II y V);
- Partido Conservador: una comisión (III)
- Partido Verde: una comisión (VI).
Por el contrario, en la Cámara de Representantes:
- Cambio Radical: dos comisiones (II y III);
- Partido Liberal: dos comisiones (I y VII);
- Partido Conservador: una comisión (IV);
- Unión por la Gente (Partido de la U): una comisión (V);
- Pacto Histórico: una comisión (VI).
Esta reconfiguración del Congreso revela lo difícil que será para el gobierno Petro sacar adelante sus iniciativas al comienzo de esta legislatura.
Por un lado, tiene muy pocas posibilidades de que los presidentes de Cámara y Senado aceleren la aprobación de los proyectos de ley. Particularmente, esta disputa entre verdes y liberales es el efecto colateral de la estrategia del gobierno de negociar con cada congresista, uno a uno. Esto ha debilitado poco el poder de las cúpulas partidistas, pero sí ha exacerbado la hostilidad de sus antiguos socios de coalición.
Por otro lado, hay comisiones bajo control de los partidos declarados en independencia (o con intenciones de hacerlo) y de uno en oposición. Esto hace pensar que los proyectos pueden hundirse prematuramente en comisiones o, probablemente, cuando lleguen a plenaria.
Es peligroso que el gobierno se enfrente a este dilema para solucionar la pobre gobernabilidad de la legislatura pasada: abandonar ciertas banderas de pureza ideológica o no cumplir las expectativas de sus electores por insistir en su dogmatismo.
Puede que lo primero suscite inconformismo en sus bases; pero lo segundo ya es algo muy notorio en las encuestas y amenaza con complicarse.
Perder, una cuestión de organización
El gobierno Petro puede tener malos resultados en las elecciones subnacionales, debido a la poca organización del Pacto Histórico para elegir a sus candidatos para los cargos locales y regionales.
El comienzo de la segunda legislatura demuestra lo importante que son las elecciones subnacionales para la aprobación del gobierno: los candidatos de distintas tendencias políticas usarán las erradas decisiones del presidente como justificación para disminuir el margen de acción del gobierno.
Un resultado hasta ahora claro es que el gobierno no controlará al menos la mitad de esos cargos, como se había propuesto. La descoordinación de esta combinación de movimientos y pequeños partidos que es el Pacto Histórico y la aparente apatía de Petro para controlar la situación anticipan una derrota del partido de gobierno desde el 20 de julio.
Desde ya, eso complica el panorama de gobernabilidad para el presidente Petro. No cuenta con la “aplanadora legislativa” ni parece sentirse respaldado por la fuerza de las calles. Con ello, aparece el riesgo de que el entusiasmo de hace un año se vaya desvaneciendo rápidamente para situarlo al lado de sus predecesores más impopulares.
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