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Lo que viene en la agenda legislativa

Escrito por Pablo Convers

La nueva legislatura empezó a tramitar los proyectos fundamentales del gobierno Santos: el marco jurídico para la paz, reformas a la justicia, a la educación, a la salud, a la política… ¿Cuáles alcanzarán a ver la luz y cuáles se hundirán en el Congreso? 

Pablo Convers*

Necesidad de cambio

Oyendo las historias de mis padres, tíos y profesores, constato que el sentido de urgencia sobre un “cambio profundo” que hoy se siente se respiraba también en 1990 ante la oportunidad de la paz, especialmente entre los movimientos estudiantiles que surgieron y fueron decisivos  para convocar la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el proceso que condujo a la Constitución de 1991 fue todo menos un cuento de hadas. Este estatuto nació en medio de la violencia narcotraficante y de las tensiones locales que  se habían agudizado con la elección popular de alcaldes y gobernadores desde comienzos de los 80, sumadas a los  diálogos entre el gobierno y las guerrillas a finales de esa década.

Esa fue la antesala de un episodio fatídico: el asesinato de cuatro candidatos presidenciales en menos de cuatro años, así como de un sinnúmero de líderes sociales y políticos. Colombia asistía perpleja al magnicidio de mujeres y hombres que hoy hacen más faltan que nunca. Era “un país a pesar de sí mismo”, en uno de los puntos más álgidos del conflicto armado y la narco-violencia, que para ese entonces ya eran difíciles de distinguir.

La pregunta no es qué hacer si se firman los acuerdos de paz. La pregunta es cómo le abrimos caminos a la paz en Colombia, ahora.

El conflicto no acabó con la Constitución de 1991, y muchos se sintieron defraudados al ver cómo la sombra del narcotráfico había permeado la constituyente. El proceso tampoco  logró convocar a las FARC ni al ELN, quizá porque consideraban posible una victoria militar y porque habían asistido al exterminio de la Unión Patriótica.

Sin duda se perdió una oportunidad. Pero –también si duda- la Constitución de 1991 produjo frutos y hoy vivimos en un país muy distinto. Por eso el sentido de urgencia sobre un “cambio profundo” es relevante aun si no se firman los acuerdos formales entre el gobierno y las guerrillas. La pregunta no es qué hacer si se firman los acuerdos de paz. La pregunta es cómo le abrimos caminos a la paz en Colombia, ahora.

Como dirían los curas, se necesitan entonces la contrición de corazón y el propósito de  enmienda de los congresistas, pues no hay que esperar a los violentos para empezar a hacer los cambios.

Y en efecto: a la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio se le presentan oportunidades claras para el análisis juicioso y para decisiones sobre temas fundamentales. Antes que la usual reformitis -enfermedad propia de nuestra cultura política- vale la pena hacer un balance de lo que se tiene: qué funciona y que no, sopesar los costos y los beneficios de reformar, de modo que no pase que cambiemos todo para que todo siga igual.

Por ejemplo, es necesario que el Congreso deje de hacer reformas constitucionales fragmentadas y de carácter procedimental, pues agrava la colcha de retazos y distorsiona los equilibrios del sistema político.

Por otra parte y al margen de los acuerdos de La Habana, es necesario discutir proyectos como el estatuto de desarrollo rural, la reforma a la salud o a la educación, la reforma tributaria, el presupuesto, la regulación del Marco Jurídico para la Paz, la ley de baldíos y altillanura.


Protestas contra la reforma a la salud en Medellín a
finales del año 2012.
Foto: Colectivo desde el 12

Estatuto de desarrollo rural

Después de surtir el trámite de la consulta previa, vuelve al Congreso el estatuto de desarrollo rural, una de las locomotoras de Santos que se encuentra varada no solo por la ausencia  de garantías mínimas para la producción y comercialización de los productos,  sino  por la falta de instituciones fuertes y eficientes que apoyen a los productores y atiendan  de verdad las peticiones de los distintos paros campesinos.

Este proyecto debe garantizar los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo rural y permitir el goce efectivo de los derechos fundamentales. Este es  uno de los proyectos más importantes en materia de paz, pues busca llevar el Estado, de forma integral, a las zonas rurales  donde tiene su asiento las principales causas y consecuencias de la violencia.

Habrá que repetirlo muchas veces: los acuerdos de paz no tienen sentido si no se crean las condiciones para el desarrollo integral y sostenible del campo, que además es condición para disminuir la pobreza, la desigualdad y la marginalidad que afectan a Colombia.  

De otra forma, los acuerdos serán documentos inocuos y los grupos que se desmovilicen efectivamente serán reemplazados por otros actores armados, tal como ha sucedido en cada uno de los procesos de amnistía, indulto y alternatividad penal en Colombia.

También han de abordarse discusiones “como para  alquilar balcón”, y entre ellas la de las zonas de reserva campesina y otros modelos de autonomía territorial para dirimir conflictos sobre el uso del suelo, con voces como las de Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo frente a Álvaro Uribe.

Educación y salud

Tras cuatro años de la fallida reforma a la educación, mal haría el gobierno al presentar el mismo proyecto sin tener en cuenta las propuestas de las universidades y movimientos  estudiantiles.

En este proyecto serán interesantes las discusiones sobre gratuidad, el acceso a créditos, y la finalidad de lucro de las instituciones privadas que presten el servicio. De no incluir a los estudiantes en la deliberación se estaría convocando a otro paro, y el Mundial de Futbol ya no está para salvar el gobierno.

De igual manera, la reforma a la salud debe partir de una análisis de lo que se ha logrado, como el aumento de afiliaciones al sistema y también el largo camino que hace falta, por ejemplo en la sostenibilidad financiera, la cobertura de servicios médicos de calidad en términos de acceso físico y económico, la unificación de los planes obligatorios, el cubrimiento de los costos de enfermedades catastróficas, o los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA). Esta reforma no puede reducirse a un simple ,cambio de nombre de las entidades promotoras y prestadoras.


Cumbre Agraria realizada a inicios de este año.
Foto: Agencia Prensa Rural

Reforma política y de la justicia

En materia política se estarían discutiendo dos asuntos clave:

  • Eliminar la reelección, con un posible aumento del periodo presidencial y otros cargos de elección popular, y
  • Eliminar el voto preferente, lo cual implica abordar el tema de la democracia interna de los partidos;  el Congreso actual se dio cuenta de que el “articulito” era un completo dolor de cabeza.

Por otra parte y  tras el fiasco de la anterior reforma, varios temas de justicia fueron tramitados de modo independiente y se perdió la oportunidad de una reforma integral y coherente.

Para esta legislatura se contemplan:  (1) eliminar o regular del poder nominativo de las altas cortes y (2) un tribunal de justicia militar, propuesto por la bancada del Centro Democrático, para que asuma el conocimiento de los casos en curso contra militares e incluso revisar condenas.

Es necesario que el Congreso deje de hacer reformas constitucionales fragmentadas y de carácter procedimental.

Esta segunda iniciativa cursará al mismo tiempo que la regulación del Marco Jurídico para la Paz y guarda estrecha relación con este, pues no se sabe aún si los militares serán o no cobijados por la justicia transicional que habrá de definirse para la desmovilización de las guerrillas.

Marco jurídico para la paz

La regulación de este acto legislativo debe incluir el mecanismo que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación. También debe ser compatible con los tratados de DIH y de derechos humanos que ha suscrito Colombia.

Algunos de los puntos álgidos serán encontrar el modo de cumplir los acuerdos de participación política de desmovilizados, la justicia en su componente de pena de cárcel efectiva, y el acceso a penas alternativas teniendo la verdad como requisito. Y existe por supuesto el riesgo de que los debates no avancen al mismo ritmo que las negociaciones de paz o interfieran y compliquen el proceso.

Hay motivos de esperanza si sobre estos temas se adelanta una discusión de fondo. De lo contrario no es posible el cambio. Como ciudadanos nos queda el deber de mantener la lupa sobre este Congreso, porque la esperanza no se espera: se construye.

 

* Abogado. 
twitter1-1@PabloConvers

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