Un resumen sencillo de las recomendaciones de este “club de países ricos” al cual estamos tratando de ingresar, y de por qué ni ellas ni las medidas del gobierno Santos comprenden ni resuelven los problemas económicos de fondo.
Jaime Villamil*
Minería en déficit
En su informe reciente sobre Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca la contribución de la minería y el petróleo al crecimiento del PIB de la última década, aunque indica que la productividad del sector es baja por la elevada carga tributaria sobre la inversión y el trabajo, por la infraestructura inadecuada y por el acceso limitado a la financiación.
El informe sin embargo no comenta los efectos negativos que el crecimiento basado en el sector minero-energético ha tenido sobre la industria y la competitividad colombianas, ni menciona los costos sociales o el deterioro ambiental que conlleva. Pero además, cuando las condiciones del mercado mundial han dejado de ser favorables para estos productos, no se entiende muy bien la recomendación de seguir favoreciéndolos.
Antes de la caída en los precios del petróleo se produjo un gran auge del sector externo y un ingreso de capitales que elevó el precio de los bienes transables y originó la revaluación del peso. Pero la situación se ha invertido, los términos de intercambio se han deteriorado y ha aumentado el déficit en la cuenta corriente (que hoy está cerca de 4,5 por ciento del PIB) porque las exportaciones de Colombia son poco diversificadas.
La minería genera poco empleo y que las exenciones o elusiones fiscales disminuyen su aporte a las finanzas públicas.
En 2013 la inversión extranjera directa (IED) fue de 16.400 millones de dólares, y el sector minero-energético absorbió cerca del 35 por ciento del total. Ahora surgen las presiones para que los capitales vuelvan a salir del país, para que la demanda interna se contraiga y para que la industria reduzca sus volúmenes de empleo.
Por esa razón la inversión de portafolio está tomando mayor fuerza, y en este momento alcanza aproximadamente los 17.000 millones de dólares. Esto explica el énfasis del gobierno en respetar la regla fiscal, pues entre otros efectos, esa disciplina permite mantener la calificación de grado de inversión que hace posible el ingreso de mayor inversión extranjera de portafolio. Mantener el equilibrio fiscal implica una política de austeridad por parte del gobierno.
Se sabe que la minería genera poco empleo y que las exenciones o elusiones fiscales disminuyen su aporte a las finanzas públicas. Por eso la OCDE acierta al recomendar la eliminación de esas exenciones y al sugerir la adopción del impuesto sobre los dividendos para evitar la transferencia de dinero de filiales a sus casas matrices sin pagar los impuestos. Pero este impuesto no fue aprobado en la última reforma tributaria (Ley 1739 de 2014) de modo que la revisión o supresión de las exenciones se pospuso para la futura “reforma estructural”.
 El Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, inaugura la ampliación de la planta de procesamiento de gas y Petróleo en Floreña, Casanare. Foto: Ministerio de Minas y Energía |
Recorte de las metas
En el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 el gobierno afirmó su voluntad de adoptar las mejores prácticas de política para adecuarnos a los estándares de la OCDE. Sin embargo y de manera repetida, la Organización ha señalado los problemas de Colombia en áreas como la informalidad, la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, la mala calidad de la educación o las distorsiones del sistema tributario, áreas donde el gobierno ha hecho muy poco.
Y mientras tanto el déficit fiscal se ha traducido en recortes del presupuesto y en reducción de las metas de programas sociales. Por ejemplo, el programa “De cero a siempre” – la estrategia insignia de atención integral a la primera infancia- aspiraba a cobertura universal en 2018, con 2,4 millones de niños y niñas atendidos; pero el gobierno revisó esta cifra y propuso llegar a 2 millones de niños.
También el propósito de “país más educado en 2025” se aplazó hasta 2030, y la meta del 7 por ciento del PIB en educación resulta inalcanzable bajo la nueva proyección del presupuesto nacional. Esto nos pone lejos de los 8.762 dólares por estudiante y por año en educación básica y media que tienen los países de la OCDE, cuando Colombia en 2012 invirtió apenas 2.122 dólares. En el caso de la educación terciaria, para el mismo año la OCDE reportó 11.877 dólares por estudiante, mientras que Colombia invertía el 37 por ciento de esta cifra.
Competitividad e informalidad
A los bajos niveles de cobertura y calidad se suma la baja escasa inversión en ciencia, tecnología e invocación, que apenas llega al 0,2 por ciento del PIB, mientras que países como Brasil invierten alrededor del 1,2 por ciento de su PIB en este rubro y los miembros de la OCDE destinan a este rubro 12 veces más que Colombia.
La OCDE atribute la competitividad insuficiente de Colombia a la extendida informalidad laboral, que a su vez resultaría de un salario mínimo excesivamente alto, y por eso recomienda que “su incremento se limite a la inflación durante un tiempo”.
Esta propuesta sin embargo desconoce el efecto positivo que un reajuste del salario mínimo que además de la inflación reconozca las mejoras en productividad, tendría sobre el crecimiento del PIB y sobre la reducción de la desigualdad, puesto que aumentaría la capacidad de compra de los trabajadores.
Por lo demás, la OECD no reconoce que la informalidad es ante todo el resultado acumulado de la poca importancia que se ha prestado a la educación y a la inversión en ciencia, tecnología e innovación para fortalecer la competitividad, y a la ausencia de una política consistente de creación de empleo formal.
El fracaso de quienes diseñan la política económica en Colombia quiere ocultarse ahora con la pretensión de pertenecer al club de los países más ricos y así legitimar medidas tan nocivas como la reducción del salario mínimo.
 Trabajadores informales de la tercera edad en el centro de Medellín. Foto: Colores Mari |
El sistema pensional
El informe de la OCDE también culpa a la informalidad laboral por la baja cobertura del sistema pensional – sin ahondar, como dije, sobre las causas de una informalidad que en nuestro caso supera al 50 por ciento de la fuerza de trabajo-.
Además de su poca cobertura, el sistema pensional de Colombia es profundamente desigual: el 90 por ciento de los pensionados pertenece al 30 por ciento más rico de la población, solo una de cada tres personas tiene acceso a pensión en su vejez, apenas uno de cada cinco trabajadores independientes cotiza al sistema y solo lo hace una de cada diez personas que gana un salario mínimo.
La OCDE propone (1) unificar los regímenes de prima media y ahorro individual bajo la lógica de este último (esto es, que en lugar de la solidaridad social e inter-generacional, cada trabajador financie su propia pensión), (2) elevar las edades de jubilación, y (3) expandir la cobertura de los beneficios económicos periódicos (BEPS) y del programa Colombia Mayor.
Las reformas deberían apuntar a la expansión masiva del empleo en condiciones de formalidad.
Las dos primeras recomendaciones beneficiarían a los fondos privados de pensiones, que hoy manejan más de 110 billones de pesos provenientes de las cotizaciones obligatorias de los colombianos y en un 85 por ciento son administrados por dos empresas: Porvenir y Protección. Con la tercera recomendación se estaría tratando de mitigar los problemas de baja cobertura y desigualdad mediante la expansión de los beneficiarios de subsidios de muy bajo valor unitario.
En vez de lo anterior, las reformas deberían apuntar a la expansión masiva del empleo en condiciones de formalidad para que no sean necesarios los subsidios, así como a fortalecer la actividad productiva de Colombia más allá de las industrias extractivas, a diversificar la canasta exportadora, y a tomar en serio la meta del “país más educada” que el gobierno reconoce como un mecanismo poderoso de movilidad social.
Un poco de su propia medicina
Las formulas presentadas por la OCDE y acogidas por el gobierno nacional son paliativos que por ende no resuelven nuestros problemas de fondo.
Antes de emitir sus conceptos, la OCDE y el gobierno deberían recordar el consejo del economista Nassim Taleb, cuando sugiere que los expertos arriesguen algo de su propio pellejo al formular recomendaciones, para asegurarse de si ellas funcionan en la vida real. Según él, las estadísticas de accidentalidad aérea son bajas porque un piloto se está jugando su propia vida cuando aborda un avión. Si el bienestar de los investigadores de la OCDE y de los diseñadores de política colombianos estuviera en juego en sus recomendaciones, probablemente tendríamos otro tipo de iniciativas.
Economista y magister en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Fundación de Investigaciones y Estudios en Economía, Cultura, Ecología y Ambiente (FIECCE).
@javillamilt
