El Gran Acuerdo Nacional

Muchos quedamos con la boca abierta con la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Este encuentro parecía imposible, pero ocurrió el 29 de junio y duró alrededor de tres horas. Los dos jefes conversaron sobre sus visiones de país, y sobre el papel de la oposición frente el actual gobierno.

El día anterior, Petro ya había sorprendido al país cuando se reunió con Rodolfo Hernández, su contendor en segunda vuelta, y quien, por poco, le arrebata la Presidencia.

Siguiendo esta línea, Petro se ha reunido con las figuras más importantes de la política colombiana, como César Gaviria, jefe del Partido Liberal; Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, y Carlos Andrés Trujillo, el nuevo jefe de la bancada conservadora.

Estos encuentros hacen parte de lo que Petro denominó el “Gran Acuerdo Nacional”: una propuesta de diálogo y conciliación que pretende unir los distintos sectores de la sociedad. Todo esto, sobre la base del respeto, la democracia y, por supuesto, la gobernabilidad.

La nueva aplanadora

Lo que empezó a manera de conversaciones aisladas, se fue convirtiendo en nuevos apoyos o adherencias al proyecto del Pacto Histórico. El Partido Comunes, la Alianza Verde – Centro Esperanza, el Partido de U, el Partido Liberal, y la mayoría del Partido Conversador, se fueron sumando, uno a uno, al mandatario electo.

La coalición de gobierno se fue ampliando, hasta que la oposición quedó decimada. Tan solo el Centro Democrático se ha declarado como oposición, lo cual es un número mínimo frente a la abrupta coalición de gobierno que cuenta con más de 200 congresistas.

La eficacia del Gran Acuerdo Nacional quedó bien demostrada en la elección del nuevo Contralor General de la República. Hasta hace unos días la elegida iba a ser María Fernanda Rangel, quien ya había recibido el apoyo de una mayoría del Congreso. Pero el lobby del gobierno logró elegir a Carlos Hernán Rodríguez en un abrir y cerrar de ojos.

Rodríguez no tenía la mínima posibilidad de ser elegido, pero Petro lo escogió. Aunque su reconocimiento inicial había sido mínimo, los voceros del gobierno lograron sumar 260 de los 288 votos posibles en favor de Rodríguez—muchos más que los 203 obtenidos por su antecesor, Felipe Córdoba—.

El Gran Acuerdo Nacional llegó para quedarse, y es la plataforma social y política que definirá el curso del gobierno Petro, por eso importa analizar lo bueno, lo malo y lo feo de este sistema.

Lo bueno

Lo primero que se debe señalar es el espíritu de reconciliación e inclusión que promueve esta propuesta política.

En el discurso de posesión, el nuevo presidente dijo: “vamos a construir un Gran Acuerdo Nacional para fijar la hoja de ruta de Colombia en los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo”. Hasta el momento ha cumplido su promesa al pie de la letra.

El presidente se reunió con quienes fueron sus más férreos contradictores, y abrió puertas de diálogo que estuvieron cerradas durante años. Por ejemplo, retomó las conversaciones con el ELN en Cuba —suspendidas tras el atentado a la Escuela General Santander—. Así mismo, normalizó las relaciones diplomáticas con Venezuela, que se habían fracturado en 2019.

Estas acciones demuestran que el Pacto Histórico sí procura el respeto y la interlocución entre distintas ideas políticas, para reducir la polarización entre los colombianos.

Lo segundo, el Gran Acuerdo Nacional ha permitido concertar acciones sobre las prioridades actuales de Colombia. En su primer día en la presidencia, Gustavo Petro envió al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, a radicar una ambiciosa reforma tributaria ante el Congreso.

Este proyecto tributario ha estado abierto a la discusión y concertación por parte de distintos sectores sociales. Por ejemplo, el 11 de agosto el ministro presentó la propuesta ante el Congreso Empresarial Colombiano. Allí Ocampo respondió preguntas sobre los puntos más espinosos de la propuesta, como los impuestos a las bebidas azucaradas y los hidrocarburos. Esto demuestra la voluntad del gobierno por concertar sus ideas y ponerlas en la discusión pública, muy distinto a lo experimentado durante el gobierno Duque.

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Lo malo

Toda democracia necesita una oposición sólida y el Gran Acuerdo Nacional atenta contra este equilibrio.

La oposición quedó limitada, casi exclusivamente, a la bancada del Centro Democrático. Este partido cuenta con 13 de 108 sillas en el Senado, y 15 de 188 en la Cámara de Representantes, entre las cuales destacan figuras como Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

En pocas palabras: la coalición de gobierno es siete veces más grande que la bancada de oposición. Esto es una desventaja compleja de sanar, e incluso con el Estatuto de la Oposición, podrían verse suprimidos en el Congreso.

Además, la oposición no tiene la fuerza y el conocimiento para realizar un verdadero control político. Es tal la debilidad, que son los gremios y los medios quienes han tenido que asumir exclusivamente la tarea del control político.

Un buen ejemplo de esta debilidad fue la interrupción del nombramiento de Mery Gutiérrez —ministra designada de las TIC y cuota del Partido de la U—.  La oposición no hizo nada ante los artículos publicados por Daniel Coronell que demostraban un conflicto de intereses en su nombramiento.

Muy distinta fue la oposición durante el gobierno de Iván Duque. Aunque fue virtual durante más de un año, esta realizó debates de control político en varias ocasiones, lo cual puso en jaque al gobierno, e incluso hizo que dos ministros renunciaran.

Lo feo

Lo feo, y lo de siempre, es la mermelada. Esta sigue siendo la forma como el gobierno negocia con las bancadas en el Congreso.

Aunque Gustavo Petro dijo que se apartaría de las malas prácticas clientelares de sus antecesores, sus acciones parecen estar demostrando lo contrario. La repartija de puestos para asegurar apoyo político quedó plasmada durante la asignación de Ministerios:

• el Ministerio de las TIC se le entregó al Partido de la U,
• el Ministerio de Vivienda y el de Justicia al Partido Liberal, y
• el Ministerio de Transporte, uno de los más cotizados, para el Partido Conservador.

Como se pudo apreciar, los frutos de la mermelada surtieron efecto en la elección del Contralor. Aunque prometió lo contrario, el gobierno ya cuenta con su elegido en este organismo de control.

Estas acciones son dañinas para la política colombiana, ponen en desventaja a los opositores, atentan contra el principio de la meritocracia, y demuestran que las bancadas políticas no se apoyan sobre una base programática.

El ejemplo más obvio de los estragos de la mermelada se ha visto en la conducta del Partido Conservador. Muchos esperaban que el conservatismo se comportara como un partido de oposición ante el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, lo cual era lógico siguiendo sus principios y campañas. Pero no fue así y lograron torcer lo suficiente sus ideales con tal de seguir su racha en el poder.

Su premio fue el Ministerio de Transporte, cuyo sector cuenta con un presupuesto superior a los 15 billones de pesos. Este fue entregado a Guillermo Reyes, quien, en uno de sus primeros actos, se reunió con la bancada conservadora. Una acción que demuestra privilegio del presupuesto público en favor de un grupo político específico.

Con esto, el Partido Conservador demuestra el poder y los estragos de la mermelada, y cómo los puestos en el gobierno pesan más que cualquier ideal.

Más poder, más responsabilidad

Gustavo Petro, a través del Gran Acuerdo Nacional, ostenta un poder mucho más grande que el esperado.

Estas mayorías recuerdan a los mejores tiempos de los gobiernos de Uribe y Santos, quienes lograron imponer varios proyectos de ley sin casi ninguna concertación.

Con un gran poder viene una gran responsabilidad, y es importante que el gobierno tome las medidas necesarias para:

• evitar que los congresistas se apropien de recursos públicos,
• mantener la transparencia sobre los presupuestos, y
• permitir la vigilancia por parte de los organismos de control.

Está en manos del ejecutivo usar de forma responsable el poder que el pueblo colombiano le concedió al primer gobierno de izquierda alternativa en el país.