¿Llegó la hora de acabar la corrupción en Colombia?

La alta votación de la Consulta ha movilizado –al menos en apariencia– al Gobierno y a otros grupos políticos. ¿Para qué serviría cada una de las once propuestas concretas que hoy están circulando?

Marcela Escandón Vega*

Del dicho al hecho…

Se calcula que en Colombia se pierden anualmente cerca de 50 billones de pesos del erario por cuenta de la corrupción. Con ese dinero podrían pagarse, entre otras cosas, las mesadas de los pensionados durante dos años.

En 2016 fueron impuestas 2.166 sanciones disciplinarias y 528 sanciones penales por motivos de corrupción. A las acciones castigadas deben sumarse las muchas modalidades que no han sido sancionadas, como el soborno a policías de tránsito, el cartel de la hemofilia o los escándalos tipo Odebrecht. Los ejemplos abundan, y en este contexto de corrupción extendida y creciente también aumenta la percepción de corrupción y, con ella, el rechazo ciudadano.

Pero una cosa es la percepción de corrupción y otra la participación real para acabar con ella. Colombia obtuvo una calificación de 37 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 y más del 90 por ciento de los ciudadanos afirma haber sido víctima de petición de soborno por parte de un funcionario. Sin embargo esto no implica que los ciudadanos estuvieran de acuerdo con las propuestas de la Consulta Anticorrupción, ni que quienes lo estuvieron hayan acudido masivamente a las urnas.

Por eso la Consulta no pasó el umbral, y en esta nueva situación hay dos preguntas centrales:

Por un lado es pertinente preguntarse si los principales actores políticos van a aprovechar esta poderosa pero efímera coyuntura para tomar decisiones de fondo.
Por otro lado, es importante revisar críticamente las reformas propuestas —tanto las de la Consulta como las posteriores— para saber si serían pertinentes, efectivas y suficientes.

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¿Sirvió de algo la Consulta?

Congreso de la República.
Foto: Cancillería

Los colombianos estamos cansados de la corrupción. Pocas causas crean tanto consenso entre nosotros.

Sin embargo no parece que el Gobierno y los promotores de la Consulta tengan tanto en común como para sacar adelante una agenda legislativa coherente, efectiva y oportuna al respecto.

Las reformas constitucionales deben ser tramitadas en ocho debates: dos en la comisión de cada cámara y dos en las plenarias de la Cámara y del Senado. Teniendo en cuenta que el primer período ordinario de esta legislatura termina el primero de diciembre y que ninguno de los proyectos presentados por el Gobierno se ha debatido, el tiempo será un factor en contra.

Una cosa es la percepción de corrupción y otra la participación real para acabar con ella.

Pese a que el presidente Duque ha convocado a todos los partidos a trabajar contra la corrupción y a que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lidere una mesa técnica para esto, los partidos están lejos de llegar a consensos.

Por poner un ejemplo: en el tema de los salarios de los congresistas, uno de los más sencillos, algunos hablan de reducción, otros de congelamiento, otros de pago por sesión—y no faltan quienes se opongan a todas las propuestas por considerarlas inconstitucionales—.

Así, convertir los resultados de la Consulta en hechos no es imposible, pero está difícil.

¿Se han propuesto soluciones efectivas?

Durante la campaña de la Consulta se dijo mucho a favor y en contra de las propuestas, y varias de ellas fueron criticadas por no solucionar los problemas de fondo. Después de la Consulta el Gobierno se comprometió a sacar adelante en el Congreso propuestas no muy distintas de las que había planteado la Consulta. A continuación, un breve análisis de unas y otras:

Propuesta	¿Es una solución de fondo?	¿Por qué?
1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado	NO	Le ahorra plata al Estado, pero no garantiza que el corrupto deje de robar. Hace menos atractivo el sector público para personas calificadas. Es difícil de implementar porque vulnera derechos adquiridos.
2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan reclusión especial mientras pagan su condena, así como permitir que el Estado termine los contratos con ellos sin indemnizar y sin que puedan volver a contratar.	DEPENDE	Se refiere principalmente a los ya condenados. Puede tener un efecto disuasivo, pero si no se reduce la impunidad no sirve de nada porque los corruptos sabrán que, sin importar los delitos ni las penas para ellos, probablemente no serán procesados. Prohibir la contratación con el Estado a los condenados por corrupción es una medida preventiva adecuada, pero su efectividad depende de la capacidad del sistema de justicia.
3. Pliegos tipo obligatorios para celebrar todo tipo de contratos.	SÍ, PERO…	Elimina los contratos a dedo. Facilita la transparencia y el seguimiento de contratos. Tal como está planteado, puede ser muy costoso e ineficiente para el Estado.
4. Obligación de realizar audiencias públicas para decidir sobre el presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.	DEPENDE	Las audiencias públicas aumentan la transparencia y facilitan la participación ciudadana. Exigen acceso a la información y mucha preparación por parte de la ciudadanía. No garantizan que las decisiones tomadas sean las más adecuadas. Pueden ser monopolizadas por grupos con intereses privados. Como están planteadas, pueden ser costosas e ineficientes.
5. Que los congresistas y demás miembros de corporaciones rindan cuentas anuales sobre su participación y gestión.	NO	No sirve para prevenir la corrupción, pero sí para hacer seguimiento a promesas de campaña. Aumenta la información disponible para la ciudadanía. Deja por fuera a funcionarios que también deberían rendir cuentas.
6. Que todos los funcionarios elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para posesionarse y ejercer en un cargo.	SÍ	Facilita la veeduría ciudadana y la intervención de los entes de control. Aumenta la información disponible para la ciudadanía. Permite identificar a tiempo conflictos de interés. * Requiere reforma constitucional.
7. Límite máximo de tres períodos para ser elegido en una misma corporación de elección popular.	NO	No tiene ningún efecto directo sobre la corrupción. Entorpece la labor de representación en las corporaciones porque impide el uso del voto como premio a quienes realizan un buen trabajo. Va en contra del principio de antigüedad, que señala que quien tiene más experiencia realiza mejor una labor. No impide que los corruptos sigan teniendo poder a través de otras personas. * Requiere reforma constitucional.

Puede leer: La consulta anticorrupción: una derrota con sabor a victoria.

En cuanto a las propuestas presentadas por el gobierno Duque, el balance es el siguiente:

Propuesta	¿Es una solución de fondo?	¿Por qué?
1. Proyecto del gobierno Duque en alianza con la Procuraduría que propone: a) Aumentar el tiempo de prescripción de la acción disciplinaria de cinco a veinte años para sancionar a funcionarios corruptos; b) Endurecer sanciones como la extinción de dominio exprés; c) Acción penal para las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción.	DEPENDE	Puede ser una medida útil, pero depende completamente de fortalecer el aparato judicial.
2. Congelar –no reducir– los salarios de los congresistas.	NO	Tiene las mismas desventajas que la primera propuesta de la Consulta y menos beneficios porque le ahorra mucho menos dinero al Estado.
3. Pliego tipo obligatorio para las licitaciones en todas las entidades territoriales, de modo que el Estado determine los requisitos generales que los contratistas deben cumplir.	SÍ	Elimina los contratos a dedo. Facilita la transparencia y el seguimiento de contratos. No se haría en todos los casos, lo cual puede reducir los costos y la ineficiencia.
4. Obligación de publicar la declaración de renta como condición para que los servidores públicos asuman sus cargos.	SÍ	Facilita la veeduría ciudadana y la intervención de los entes de control. Aumenta la información disponible para la ciudadanía. Permite identificar a tiempo conflictos de intereses. * Requiere reforma constitucional. * Fue retirada para realizar ajustes antes de presentarla nuevamente al Congreso.

Los retos que vienen

Presidente de la República, Iván Duque.
Foto: Presidencia de la República

Aunque puede haber oportunismo entre algunos de los defensores de las medidas anticorrupción, sin duda estamos ante una coyuntura de voluntad política generalizada para actuar contra ella.

Estamos ante una coyuntura de voluntad política generalizada para actuar contra ella.

Ojalá el Gobierno y los partidos tuvieran en cuenta que para esto es necesario:

Fortalecer la rama Judicial, porque luchar contra la corrupción es luchar contra la impunidad;
Trascender el fetichismo de la norma y trabajar desde otros frentes, por ejemplo aumentando el poder del ciudadano y educándolo para el cuidado de lo público;
Atacar la corrupción en lo local, donde es menos visible pero más común;
Crear una cultura de rendición de cuentas y acceso a la información;
Estrechar lazos entre los ciudadanos y sus representantes. La comunicación directa facilita el control y promueve el voto como premio y castigo, y
Asumir responsabilidad como individuos y no solo quejarnos como grupo; si no se facilita la denuncia y se fomenta la participación la corrupción jamás acabará.

* Historiadora y politóloga, máster en Ciencia Política, gestora de prueba de Competencias Ciudadanas del ICFES, docente de cátedra de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.