Las dificultades para reformar a la Policía no son técnicas sino políticas. Para tener una Fuerza Pública moderna se necesita un liderazgo claro, civil y democrático.
Daniel Rubio*
Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia**
La postergada reforma a la Policía
La modernización de la Policía impulsada por la reforma de 1993 permitió que esta institución enfrentara con éxito los carteles de la droga, pero no preparó a sus miembros para afrontar fenómenos como las movilizaciones sociales. Por eso, uno de los reclamos más sonados durante las protestas que han tenido lugar durante el gobierno de Duque ha sido la necesidad de una reforma a la Policía.
Las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones pusieron en evidencia que es hora de llevar a cabo los cambios sustanciales en la organización y la formación de la Fuerza Pública que han sido postergados por varios años.
Hasta ahora, las reformas han nacido dentro de la misma institución y no han contado con la participación de otras entidades relacionadas con la seguridad, pero mientras la Policía establezca los términos y límites de las reformas, los problemas de fondo seguirán siendo aplazados.
Para entender por qué no se han logrado transformaciones de fondo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) formaron un grupo de trabajo que ha venido analizando la situación del sector de la seguridad en Colombia desde mediados del año pasado.
La semana pasada fue publicado el primer avance de esta investigación que ha encontrado patrones, factores y comportamientos que explican por qué no ha sido posible superar los principales retos que menoscaban la legitimidad de la Fuerza Pública dentro y fuera del país. A continuación, expongo las principales conclusiones.
Dirección institucional dispersa
La falta de articulación y coordinación interinstitucional es uno de los principales obstáculos para resolver los problemas de fondo de la Fuerza Pública y la seguridad en Colombia.
Hay muchas entidades encargadas de supervisar el comportamiento de la Policía —Ministerio de Defensa, del Interior, de Justicia, Consejerías Presidenciales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), alcaldías y gobernaciones—, lo que produce enorme confusión sobre las responsabilidades de cada institución. Los Ministerios y las Consejerías tienen visiones muy diferentes sobre las políticas que rigen a la Policía y, con frecuencia, los alcaldes no conocen las estrategias propuestas por el gobierno nacional sino hasta cuando ya se ponen en marcha.
Otras veces, las autoridades nacionales y locales evaden sus responsabilidades y le ceden la planeación de las estrategias de seguridad a la Fuerza Pública con el pretexto de que “ellos son los que saben.” Cuando esto sucede y la Policía asume por completo el diseño de las políticas de seguridad en una ciudad hay buenos resultados inmediatos, pero no se dejan de lado asuntos políticos, económicos y sociales a largo plazo.
En Bogotá, por ejemplo, los Centros de Traslado por Protección (CTP) son manejados por la Policía, aunque el Código Nacional de Convivencia establece que la Alcaldía es la que debería administrar estas instalaciones y garantizar los derechos de los ciudadanos que sean enviados allí. Aunque esto parezca un tecnicismo sin mayor importancia, la desatención de la Alcaldía tuvo gravísimas consecuencias durante las manifestaciones del paro nacional.
Según el informe de la CIDH la Policía abusó de la figura del “traslado por protección” cuando realizó 9.125 detenciones sin parámetros objetivos, retuvo a las personas por más tiempo del permitido y presuntamente usó los CTP para torturar y amedrentar manifestantes que fueron reportados como desaparecidos.
Además, las autoridades se han acostumbrado a delegar en la Fuerza Pública todo tipo de labores que deberían estar a cargo de otras instituciones. Como los policías no tienen el entrenamiento necesario para cumplir estas funciones tienden a cometer errores e incurrir en actos de corrupción.
Mientras persista la falta de claridad institucional, el país seguirá optando por enfrentar retos complejos como las economías ilegales, el consumo de drogas o la insatisfacción ciudadana con “fuerza bruta”, una estrategia que, en vez de resolverlos, los problemas aún más.
Liderazgo civil y democrático
La agenda de seguridad nacional siempre ha estado sometida a la orientación política de los funcionarios de turno. En este sentido es posible identificar dos corrientes ideológicas que se contraponen:
- Una que defiende el statu quo y les da primacía a los favores, las órdenes y los resultados operativos, intentando bajarle el tono a los escándalos en los que la Fuerza Pública está involucrada y tratando de resolver los problemas “de puertas para adentro.”
- Otra que les da más importancia a las expectativas ciudadanas y se basa en la planeación, la evidencia empírica, los indicadores y las evaluaciones periódicas. Pretende resolver los problemas de forma pública y transparente tendiendo puentes con la ciudadanía.
Si bien Colombia ha avanzado en la segunda dirección, el progreso ha estado truncado por políticos y funcionarios que se oponen. Por eso la política de seguridad todavía está muy influenciada por la primera corriente.
Por esta razón, la respuesta más común del gobierno colombiano frente a los escándalos de corrupción y las violaciones de derechos humanos que involucran a la Fuerza Pública sigue siendo el endurecimiento de los procesos disciplinarios, y la formación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. Estas estrategias han demostrado ser insuficientes para combatir la raíz de los problemas porque no buscan transformar la cultura organizacional de la Policía.
En lugar del enfoque “disciplinar”, según el cual las órdenes deben ser cumplidas para evitar el castigo, debemos promover una cultura de valores democráticos y modificar los procesos de selección, ingreso, instrucción, desempeño y ascenso de la institución para garantizar que se adhieran a estos valores.
Esta cultura democrática comienza en el trato que reciben y los principios que se deben inculcar a los integrantes de la Fuerza Pública: de respeto, justicia y coherencia. Es fundamental enseñarles que adherirse a estos valores es lo correcto desde un punto de vista ético, no por evitar un castigo.
Muchos estudios sobre “justicia procedimental” han encontrado que apelar a valores democráticos es la mejor estrategia para formar agentes autónomos, serenos responsables y sensatos. Debemos, entonces, construir una institución donde sus miembros dejen de tener relaciones tan jerárquicas y autoritarias y empiecen a ser más equitativos, respetuosos y abiertos al diálogo.
Una Policía moderna
La conclusión fundamental del informe es, probablemente, que el reto de reformar a la Policía es político, no técnico. Las reformas presentadas por el gobierno son insuficientes para superar la crisis de legitimidad y no tienen en cuenta temas de fondo como el diseño institucional, la sobrecarga de funciones, la ausencia de supervisión y la falta de incentivos para promover la transparencia e integridad en el interior de la institución.
El Estado en su conjunto debe participar en el reto de reformar la Policía y las autoridades nacionales, el Congreso y los partidos deben dejar a un lado sus intereses particulares para impulsar cambios de fondo en la Fuerza Pública que beneficien a la ciudadanía.
La iniciativa de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa —una propuesta que ha sonado mucho en los últimos meses de paro nacional— debe basarse en una estrategia con distintas fases:
- Llevar a cabo transformaciones técnicas y operativas que permitan a la Policía desempeñar sus labores de forma más efectiva.
- Hacer ajustes importantes en otras instituciones del Estado relacionadas con el sector de seguridad como el Ministerio de Defensa, de Justicia y del Interior, las alcaldías y las gobernaciones.
- Mejorar los organismos de control para que supervisen el comportamiento de la Fuerza Pública de forma eficiente.
Este último punto es crucial para que los abusos policiales sean investigados y sancionados de forma oportuna y eficaz. Sin embargo, lo principal es adoptar una perspectiva de prevención para evitar dichos abusos y recuperar la confianza ciudadana.
Para garantizar una dirección apropiada de la institución es necesario que consolidar un equipo civil, técnico, sólido y estable que lidere las transformaciones. Más aún, los cargos de dirección del sector de la seguridad deberían ser ocupados por funcionarios civiles experimentados en la materia que promuevan los valores democráticos y los derechos humanos.
Así, independientemente de las posturas particulares de cada mandatario, las diferentes instituciones locales y nacionales tendrían una visión estratégica, unificada y coordinada de la seguridad que guíe las decisiones en materia política y a largo plazo. Todos los sectores del Estado deberían comprometerse con el propósito de construir una Policía en la que todos los ciudadanos puedan confiar. Una institución que se rige por instrucciones y no por órdenes: una Policía democrática y moderna.
**Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). Les invitamos a consultar el informe “Liderazgo civil y transformación de la Policía” en el siguiente enlace.