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Licitando monopolios

Escrito por Carol Andrea Martinez - Santiago Rojas Gomez

En el contexto colombiano, donde la estricta regulación y legislación en torno a los procesos de oferta y adjudicación de contratos públicos busca identificar a aquellos que ofrecen las mejores condiciones para la provisión de bienes y servicios, se esperaría la eficiente asignación de recursos, y eventualmente, mejores resultados. Pese a la implementación de mecanismos e instituciones destinados al aseguramiento de la transparencia en los procesos licitatorios como Colombia Compra Eficiente, que actúa como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), algunos de estos procesos han estado envueltos en controversias e investigaciones debido a presuntas irregularidades, puntualmente, adjudicaciones “a dedo” o procesos licitatorios con un único proponente.

En los últimos días ha sido muy sonado el caso de la adjudicación del contrato de elaboración de pasaportes en Colombia para los próximos 36 meses, proceso que ha estado a cargo de la multinacional colombiana Thomas Greg & Sons (TGS) durante los últimos 17 años. Es importante recalcar que para la adjudicación de este nuevo contrato por un valor de $600.000 millones de pesos se postularon 11 empresas además de TGS. Sin embargo, conforme el proceso avanzaba todas las empresas (menos TGS) decidieron retirarse ante las condiciones propuestas que, al parecer, sólo favorecían al actual contratista.

Las múltiples denuncias y quejas sobre un proceso licitatorio con un oferente generaron la suspensión del Ministerio de Relaciones Exteriores en julio, reanudado días después, pues la fecha de cierre se acercaba. Aunque los procesos licitatorios tienen como objetivo asegurar la participación de múltiples oferentes, como era de esperar para este caso, únicamente la empresa TGS se presentó a la licitación en última instancia por lo que la Cancillería optó por declarar el proceso como desierto el pasado 13 de septiembre, una decisión en consonancia con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó «En mi gobierno, no permitiremos licitaciones con un solo proponente. Nuestra lucha contra la corrupción es firme y decidida«.

Ante la incertidumbre alrededor del proceso licitatorio para los pasaportes fue emitida la resolución 7541 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, declarando el estado de urgencia manifiesta –figura en la que el Gobierno podrá contratar empresas de manera directa- por un año; esto con el fin de asegurar la adjudicación del contrato antes del 2 de octubre, fecha en que vencía el plazo y así, evitar desabastecimiento del documento de viaje que le permite a los colombianos identificarse en el exterior. Es decir, se prorrogó el contrato con TGS por un año y por un monto de $198.864 millones de pesos; donde se espera en los próximos 5 meses la publicación de una nueva licitación y en los 7 meses posteriores un periodo de adecuaciones técnicas para la empresa adjudicataria, velando por un proceso con condiciones distintas que fomente una competencia más abierta y justa.

Sumado al revuelo que ha causado el tema de los pasaportes, también ha estado bajo la lupa el proceso licitatorio para mejorar los servicios tecnológicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) donde la contratación actual asciende a 1.1 billones de pesos, una cifra que ha incrementado casi 4 veces en casi una década, pues para el año 2012 se adjudicó el mismo contrato por un monto de $285.000 millones de pesos, siendo el aumento significativo de los costos uno de los principales puntos en cuestión.

Para el proceso del SENA, el actual contratista del servicio, Telefónica Colombia (unión temporal entre Movistar e Indra) participó en el proceso licitatorio junto con empresas del sector como Claro, que decidió retirarse del proceso al afirmar que hay una deficiencia en cuanto a los tiempos y garantías que permitirían hacer una correcta transición del servicio; con esto, Telefónica sería la única proponente. Este proceso licitatorio, similar al caso TGS, parece estructurado para adjudicarlo al actual contratista, por lo que, en medio de los cuestionamientos y la indagación de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades, el SENA revoca el acto administrativo el 3 de octubre e inicia de cero el proceso licitatorio.

Los recientes casos de contratación pública evidencian la preocupante improvisación que hay en el proceso para garantizar la competencia entre las empresas postulantes, además, disponer de un proceso licitatorio, público y abierto, supondría la disminución de barreras de entrada e incrementos de la competitividad entre oferentes. Para el caso colombiano, es claro que la presencia de un oferente no se debe a la escasez de proveedores capaces de prestar el servicio o la falta de medios de información oficial para la publicación de licitaciones, sino al diseño del proceso donde se beneficia al contratista actual, consolidando así su posición dominante en la licitación y ratificando una versión moderna, legítima y cada vez más común de monopolio.

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