Parece un tema técnico y remoto, y sin embargo nos afecta a todos. La ley está ya cerca de aprobarse, y sin embargo es poco conocida. ¿Qué pasará con el sector TIC en Colombia?
Carolina Botero Cabrera*
El proyecto de Duque
El sector TIC debe modernizarse y hacer que un solo regulador se ocupe de los que hasta ahora han sido espacios separados, los contenidos y la infraestructura —incluyendo el espectro—.
Con esto en mente el gobierno Duque tramita en el Congreso su proyecto de ley para modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) enfocándose en la necesidad de crear las condiciones necesarias para que el sector privado invierta en ampliar cobertura porque, afirma, solo la mitad de los hogares —7,2 millones— tiene acceso a internet.
Después de unos meses de trámite legislativo estamos a dos debates de aprobar el proyecto de ley. Sin embargo, el Gobierno ha alistado unos cambios al proyecto, cambios que tampoco aplacarán las críticas del sector de contenidos.
Además, el Gobierno está haciendo caso omiso de las observaciones de organismos autorizados sobre incumplimiento de los estándares internacionales, y también de quienes anotan la estrechez de su visión en materia de infraestructura.
Tomaré como base el análisis preliminar que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al proyecto de ley aprobado por las comisiones de Cámara y Senado en diciembre de 2018 . A partir de este análisis, haré un recorrido sobre lo bueno, lo malo y lo insuficiente del proyecto y, sobre todo, de los cambios que propone el Gobierno en esta recta final.
Dos piezas desconectadas
Las tecnologías digitales nos dan a todos la posibilidad de tener voz —y esto permite un verdadero diálogo ciudadano—, para que eso suceda se requiere de una combinación de experiencias que vinculan a la infraestructura con el contenido. En las tecnologías digitales, especialmente en internet, se debe trabajar porque estas experiencias converjan.
Sin embargo, la discusión de los últimos meses muestra que, aunque el sector y la tecnología nos llevan a la convergencia, nuestra realidad no lo es, va a otra velocidad. Las personas discuten por separado, como si contenido e infraestructura siguieran siendo independientes. Lo bueno del cambio que propone el gobierno para el proyecto de ley es que reconoce esa realidad. El gobierno propone la creación de dos espacios que permitan tratar las dos experticias por aparte. Esto podría ser una buena idea si fuera una solución transitoria y, sobre todo, independiente del poder ejecutivo.
Eso es también lo malo, que la única propuesta del Gobierno después de meses de “socializaciones” consista en que la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se componga de dos juntas con facultades separadas: la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), con funciones regulatorias, pero sin poderes de vigilancia y control, y la actual Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que desde hace años solo tiene funciones de regulación.
Las tecnologías digitales nos dan a todos la posibilidad de tener voz.
De esta manera el nuevo artículo 17 mantendría separados los contenidos de la infraestructura. Las dos juntas que conformarán la nueva CRC son: la Junta Nacional de Contenidos Audiovisuales (JNCA), encargada de los contenidos; y la Sesión de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones (SCRC), que se ocupará de la infraestructura.
¿Cómo justificar la creación de un regulador “convergente” (CRC) que no tiene funciones sobre el espectro y que ahora mantendrá separados los contenidos (JNCA) de la infraestructura (SCRC)?
Como dije en Karisma, parece que se les embolató el diccionario y se les olvidó el significado de la palabra convergencia.
La ley que modernizará el sector digital se limita a la cosmética: crea dos juntas, pero no trata de integrar en forma orgánica los contenidos con la infraestructura, ni crear una entidad que se alimente de las dos experticias o saberes.
Colombia no tendrá autoridad convergente, sino divergente.
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La nueva CRC sigue sin ser independiente ni autónoma
El mecanismo de gobernanza que propone el nuevo artículo 17 no conseguirá separar lo político de lo regulatorio. Esto quiere decir sencillamente, que la composición de la nueva CRC no garantiza que el sector digital sea autónomo e independiente.
La ley no está diseñada para tramitar las tensiones entre los múltiples intereses en el sector de las TIC, intereses que van desde grandes, medianas y pequeñas empresas de telecomunicaciones, pasando por la televisión e internet, hasta llegar a las comunidades, los consumidores, los políticos, el sector público y la academia.
Foto: RTVC |
La propuesta de cambios del gobierno sigue sin asegurar la independencia del regulador, que en palabras de la OCDE es la “mayor debilidad del del proyecto de ley”. El interés del gobierno es apenas calmar las críticas del sector de contenidos, que se siente ignorado en la tramitación del proyecto.
Son varios los problemas de la nueva arquitectura. El primero es otorgar un poder excesivo a la SCRC. Por ejemplo,
- El director de la autoridad “convergente” (la CRC) no se elige entre los miembros de las dos juntas, sino apenas entre los de la SCRC.
- La SCRC tendrá cinco miembros, pero la JNCA, sin ninguna explicación, tendrá tres. Así queda claro quién tendrá más peso en la nueva CRC.
Pasando a la calificación de los miembros de las juntas, el Gobierno propone que la SCRC esté integrada por quienes han estudiado ingeniería, derecho o economía. Con esto ignora que desplegar tecnología e infraestructuras bajo consideraciones exclusivamente “técnicas” es una fórmula peligrosa y desgastada. Hoy en el mundo el despliegue de tecnología e infraestructura requiere de estudios de impacto, necesidad y proporcionalidad o posibles afectaciones al ejercicio de derechos humanos, —pregúntenle a Facebook que por no cuidar la privacidad lleva meses de ajustes y problemas incluso en su cotización en bolsa—.
Las ciencias sociales y humanidades son saberes y destrezas que ha decidido ignorar el proyecto de ley. Les garantizo que este vacío será la gran debilidad de una autoridad convergente, porque nace tuerta.
El desdén se reafirma al no aclarar la calidades o saberes requeridos para ser parte de la JNCA (contenidos). Esto queda al capricho de las personas electoras —y con esto se confirma la apuesta por la divergencia en vez de la convergencia—.
En manos del presidente de turno
Finalmente —y contrariando los estándares internacionales— esta reforma mantiene en manos del Gobierno la elección directa o indirecta de seis de los ocho comisionados.
El ministro o ministra de las TIC tiene un asiento en la SCRC por derecho propio. El presidente de la República, sin requisito alguno, elige a otro miembro. Y los otros tres son elegidos por concurso convocado por Función Pública, una entidad que depende del presidente. También uno de los tres miembros de la JNCA es elegido mediante concurso por Función Pública.
Básicamente no hay garantía de independencia del regulador, debido al modo de seleccionar a estas seis personas. El gobierno de turno es quien decide. Y esta crítica viene siendo repetida por la OCDE desde hace años.
La composición de la nueva CRC no garantiza que el sector digital sea autónomo e independiente.
Nos quedan dos miembros, y sobre su sistema de elección también hay dudas. La versión del proyecto aprobado en diciembre por las comisiones de Cámara y Senado otorga un comisionado a los canales regionales de televisión. Ahora este comisionado será parte de la JNCA y se dice que los canales tienen total libertad para seleccionarlo.
Foto: Urna de Cristal |
Esta fórmula asegura que uno de los regulados tenga representación directa en la autoridad, y en un subsector con fuertes conexiones con el poder político. Los cuestionamientos sobre este mecanismo de selección del comisionado chocan con los estándares internacionales, tal como lo advirtió el análisis preliminar de la OCDE a la propuesta de ley el pasado diciembre.
Tan solo uno de los miembros de la JNCA se elegiría por una universidad mediante concurso público, pero los criterios y garantías para promover independencia no hacen parte de la propuesta de ley.
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El cambio que no cambia nada
El proyecto de ley tiene el propósito loable de cerrar la brecha digital para más de 20 millones de colombianos, pero tiene defectos evidentes que no han sido atendidos pese a la insistencia de organismos internacionales, la academia, la sociedad civil y algunos políticos.
A la luz de los comentarios enviados al gobierno por la OCDE, hay problemas más allá de la composición de la autoridad:
- La prioridad que se otorga la inversión privada, sin velar por la competencia o la protección de los consumidores;
- El Fondo Único sigue adscrito al ministerio de las TIC;
- Las facultades de vigilancia y control estarán en cabeza del Gobierno;
- El nuevo regulador sigue sin tener a su cargo el espectro;
- La ley levanta barreras existentes para acceder al espectro, pero eso no basta para que puedan acceder a él las redes comunitarias directamente;
- El diagnóstico del gobierno reconoce que las mujeres, sobre todo las que habitan el campo, tienen menos posibilidades de acceder a las tecnologías y, sin embargo, esta ley no aborda el problema.
Sin sonrojarse, el gobierno colombiano decide no tocar en lo sustancial su propuesta de ley. El gobierno propone una secesión, una junta de segunda para el contenido audiovisual y cruza los dedos para que esto tranquilice a los críticos del sector de contenido y les permita las mayorías en el Congreso.
Pero con ese contentillo contradice la idea central de convergencia y, por eso, al final propone un “cambio” que no cambiará nada.
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*Abogada, magister en Derecho Internacional y de la Cooperación (1993, VUB – Bélgica), candidata al Doctorado (UAB – España), e investigadora sobre temas de Internet, derecho y sociedad. Miembro Fundación Karisma.