Ley de Víctimas y proyecto de ley de desarrollo rural: lo que va del dicho al hecho - Razón Pública
Carlos Salgado

Ley de Víctimas y proyecto de ley de desarrollo rural: lo que va del dicho al hecho

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Carlos SalgadoLa ocupación del territorio colombiano ha sido un gran relajo. El intento de ordenarlo es meritorio, pero habría que abordar la realidad de conflictos y de actores poderosos. En el propio gobierno hay un conflicto entre visiones opuestas sobre el sector rural: repartir tierra y al mismo tiempo elevar la competitividad, resarcir a las víctimas pero no pisar callos, aumentar el área para cultivos comerciales y al mismo tiempo devolverles la tierra a los pequeños campesinos.

Carlos Salgado Araméndez*

Más territorio que Estado

Colombia se fue construyendo sin tener conciencia clara de su propio territorio, siempre abierto y en continua expansión, con muy escasa presencia del Estado, usualmente ejercida más a través de mecanismos de fuerza que de derechos para la población, que ha ido ocupando el espacio a su saber y entender.

Son tantos siglos de injusticia social y cultural con los habitantes del campo, que al gobierno de por sí le resulta útil un discurso que llama la atención sobre las otras y los otros que también existen en el mundo rural.

Las ciudades colombianas han usado y abusado del campo, construyendo ciudadelas y gozando de los recursos que brinda el medio ambiente, sin sospechar siquiera los dramas que se esconde en él. Bogotá, por ejemplo, consume agua que debe atravesar 114 municipios hasta llegar a la capital y se provee de alimentos en otros 252, pero no ha aprendido a articularse mediante mecanismos simbólicos o prácticos que compensen en algo los beneficios que ha extraído de su entorno.

La lógica económica ligada a la extracción de recursos, a la renta de la tierra y a los circuitos financieros casi nunca ha servido para promover un debate o hacer un pronunciamiento sobre la conexión entre sus propias prácticas y el drama de la población desplazada.

¿Acaso el dinero de las empresas que financia a los ilegales no circula por los bancos? ¿La lógica del costo/beneficio está exenta de conflictos? ¿Un área agrícola perezosa, históricamente no mayor de 4,7 millones de hectáreas en un territorio total de 114 millones de hectáreas, no resulta un buen argumento para denunciar el uso irracional de la tierra en pastos y ganadería extensiva o la extracción minera que no respeta derechos laborales ni ecosistemas?

Suelos y conflicto armado

La política de ocupación del suelo agrario funcionó durante décadas sobre la base de lógicas contradictorias: de una parte, la promoción de islas productivas para la agricultura comercial, y de otra parte una colonización dirigida o espontánea en la frontera agrícola, que siempre ha estado abierta a la conquista de terratenientes, ganaderos, mineros, guerrillas y narcotraficantes.

Las islas productivas, relativamente protegidas, dejaron espacios abiertos entre sí en forma de corredores por donde se han movido los actores legales e ilegales, conquistando nuevos territorios e implantando estructuras sociales muy alejadas de la democracia.

En realidad, los conflictos rurales no pueden explicarse sin estas formas de ocupación del suelo agrícola, así como la realidad del agro no puede explicarse sin los conflictos.

Planeación sin realismo

Los planes de desarrollo de las últimas dos décadas ignoraron a los campesinos, aunque conservan una mirada tímida sobre lo étnico. Pero los primeros sufrieron una mutación al ser encasillados bajo la noción de “pequeños productores”, a quienes se les exige hacer el tránsito a empresarios competitivos, involucrados en las redes de la conectividad.

Con muy contadas excepciones, los planes no nombran los conflictos, mucho menos los consideran para efectos de planeación. ¿Cómo ser competitivos en un mundo de conflictos, donde el solo anuncio de la construcción de una carretera despierta apetitos por las rentas del suelo, apetitos que las más de las veces se imponen a sangre y fuego?

Son formas muy antiguas de “despojo económico”, como las ha bautizado Absalón Machado. En sus trabajos sobre la Violencia de los años cincuenta, Paul Oquist se refiere a las “guerrillas de las notarías”, que avalaron la reconfiguración territorial y productiva que acompañó a la revolución verde. Dicha institución notarial es nuevamente protagonista del despojo reciente.

Cuando no se reconocen los actores en su esencia y no se miran los conflictos, se hace imposible contener las dinámicas del despojo y de la violencia, y las instituciones tienden a volverse centros de poder de los arbitrarios.

Germán Vargas Lleras y Juan Camilo RestrepoLos Ministros del Interior y de Agricultura, Germán Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo: piezas clave para la puesta en marcha de la ley de tierras.

Por esta forma de planear, la tecnocracia gubernamental se constituye en uno de los obstáculos más pertinaces para resolver los conflictos y mejorar la situación rural. Aún el Plan de Desarrollo actual presenta las mismas fallas de reconocimiento y esta es la razón por la cual la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el proyecto de ley de Desarrollo Rural –en las versiones hasta ahora conocidas- cargan consigo una contradicción en el seno del gobierno: la disputa no resuelta entre una forma particular y unidireccional de entender la eficiencia, el beneficio económico y las relaciones con el mundo, y la manera limitada como se entiende la justicia distributiva.

Desarrollo rural y minería

Por supuesto que no es fácil aplicar esas leyes en medio de los cambios que se dan en el conflicto y en las maneras de entender lo rural.

La concepción del desarrollo rural cambió desde los años noventa. Antes se asimilaba a políticas de compensación y subsidios para el campesinado pobre. Hoy día, se entiende como la necesidad y posibilidad de usar todo el territorio y todos los recursos que contiene.

Hay que reconocer otra tensión causada por el gobierno. Los territorios rurales se han desconfigurado y reconfigurado de manera acelerada en los últimos diez o quince años y las locomotoras agraria y minera, más los tratados de libre comercio, tienden a acelerar estos cambios, prometiendo rentas a legales e ilegales.

Las multinacionales mineras, por ejemplo, son avezadas para manejar contextos de conflicto y el pago de rentas a ilegales es un costo más frente a utilidades promisorias. Ejemplos de ello sobran en el mundo. ¿Cómo inciden los conflictos sobre esta reconfiguración y cómo incide ésta sobre los conflictos?

Las leyes promovidas se enfrentan a barreras de entrada muy elevadas y su éxito dependerá de cómo el gobierno resuelva estas tensiones, incluso utilizando su dominio sobre el Congreso para iniciar el sacudón del mundo rural.

Empresarios o campesinos

Pero el gobierno no está pensando claramente en términos de territorios y de reconfiguraciones espaciales, así se defina el concepto en el proyecto de ley de desarrollo rural. La política rural todavía se mueve entre dicotomías muy rígidas:

  • De una parte, un reparto amplio para empresarios que podrán acceder a tierras baldías con la abolición de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) — aunque ésta siempre fue una figura retórica, pues no evitó la concentración de propiedad que estamos viendo- y la posibilidad de expandirse haciendo uso de los llamados “derechos de superficie” (una figura curiosa que viola el sacrosanto derecho de propiedad al imponer sobre él los derechos del superficiario);
  • Y de otra parte, un reparto marginal para el campesinado, tasado en 3,5 millones de hectáreas.

Por supuesto, no resulta nada fácil poner en marcha estas leyes, incluso en su versión restringida, como la Ley de Víctimas (1448 de 2011) que debe aplicarse sobre el despojo de tierras ocurrido con posterioridad a 1991, a las reconocidas como víctimas desde 1985 y sobre la cuota de 2 millones de hectáreas. 

Difícil equilibrio

restitución de tierras
El Gobierno de Santos se ha comprometido con los campesinos a devolverles las tierras usurpadas desde 1991.

Independientemente de la valoración que se haga del alcance de estas leyes, debe notarse que la política actual intenta un peligroso ejercicio de equilibrio: pagar la deuda social con el campesinado, sin perjudicar los intereses creados y estimulando la obsesión tecnocrática por la competitividad, donde caben unos pocos.

La Ley 1448 y el proyecto de desarrollo rural pueden configurar entonces un riesgo o una oportunidad:

  • El riesgo radica en que las víctimas, la población restituida y la integrada mediante distribución de la tierra, terminen siendo cooptadas y utilizadas como colchón de amortiguamiento para el conflicto creciente entre la minería, la agroindustria, los poderosos de la tierra y los actores armados. En este caso, el campesinado volverá a pagar un alto costo.
  • La oportunidad podría consistir en que la legislación promovida por el gobierno Santos estabilice una parte de la población rural y abra opciones para otra, vinculada con sistemas productivos consolidados, para lo cual se requieren políticas de transición y no obsesiones. En este caso, la política puede también demostrar la viabilidad del campesinado, ampliar la concesión de tierras y una dosis de democracia como garantía de no repetición de la barbarie que se ha vivido.

El gobierno parece interesado en la organización del campesinado, lo que recuerda la experiencia de Lleras Restrepo en los años sesenta, cuando creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Una combinación lamentable de ambigüedades estatales, la presión de los terratenientes y la sobreideologización del movimiento campesino por parte de las organizaciones de izquierda condujeron a otras cuatro décadas de arbitrariedades.

Si hoy se aspira a retomar un propósito ya ensayado en la historia, sería útil que el gobierno, los gremios y los partidos recuerden la lección de cómo los poderosos dirimieron las tensiones y los conflictos rurales en esa época.

Al campesinado hay que acompañarlo, pues al fin de cuentas ha sido vulnerado. ¿Pero, qué querrá realmente la sociedad colombiana del mundo rural?

* Director del Proyecto Planeta Paz.

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