La violencia o la intimidación parecen ensañarse una vez más contra las víctimas que intentan beneficiarse de la Ley de Víctimas. Y el supuesto extendido de que el conflicto interno ahora se reduce a Estado vs. guerrillas porque el paramilitarismo habría dado paso a bandas criminales comunes, puede muy bien dejar desprotegidas a las víctimas de la violencia nueva contra esas mismas víctimas.
Carlos Alberto Mejía Walker*
Tras la Ley, más violencia
- En el mes de enero fueron hallados los cadáveres de Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil a 15 minutos del municipio de El Líbano, en el Departamento del Tolima. Las víctimas eran miembros de la Fundación Nuevo Amanecer e integrantes de la Mesa de Concertación de Tierras de dicho departamento[1].
- El viernes 18 de marzo, una comisión integrada por los ministros de Agricultura y del Interior y de Justicia, por el superintendente de Notariado y Registro, por el gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial (INCODER) y por el Defensor del Pueblo, arribó a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en la zona del Bajo Atrato, para dar la buena nueva a los habitantes de estos territorios: “Las 25.479 hectáreas que habían sido usurpadas al territorio colectivo por particulares y empresas palmeras regresaban al haber de las comunidades negras”[2]. No obstante, el 20 de marzo Caracol Radio informó que pocas horas después de que la mencionada comisión visitara las referidas zonas humanitarias, un grupo de hombres armados incursionó en la primera de las comunidades e incendió varias hectáreas de cultivos de maíz[3].
- El martes 22 de marzo, Bernardo Ríos Londoño fue asesinado en un retén ilegal en Tierra Amarilla, en la vía hacia Apartadó. Tenía 27 años y era miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó[4].
- Un día después, David de Jesús Góez, de 70 años, cayó a tiros en una zona comercial de Medellín. Representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en el Urabá antioqueño, y había huido de la zona por amenazas de muerte[5].
- Ese mismo miércoles, Éder Verbel Rocha, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, fue asesinado cuando volvía de su finca, cerca de San Onofre en los Montes de María. “No intentaba recuperar su tierra, sino defender la que tenía”[6].
- El martes 7 de junio, Ana Fabricia Córdoba, líder de comunidades desplazadas en Medellín, y víctima de este delito desde que tuvo que huir de la zona de Urabá en el año 2001, fue asesinada en un barrio de la zona nororiental de la ciudad cuando se desplazaba en un bus[7].
Aunque muy seguramente no sean las únicas víctimas del conflicto armado en lo corrido del año, éstas sí constituyen un claro ejemplo del difícil contexto de violencia e intimidación en el que el gobierno nacional pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la recién aprobada Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también conocida como Ley de Víctimas.
Víctimas que no califican para víctimas
El día de su posesión como primer mandatario de los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos calificó la aprobación de una ley para las víctimas como “el principal paso para sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos’”[8]. Y el pasado viernes 10 de junio, mientras la sancionaba en presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó ante el Congreso que “valió la pena para ustedes haber sido electos congresistas y para mí haber llegado a la Presidencia de la República”.[9]
Paradójicamente, y a pesar de que haya “llegado la hora de las víctimas”, como lo afirmara el general Óscar Naranjo[10], algunos de los hechos de violencia y victimización anteriormente citados, y que se han presentado en contextos de reclamación surgidos precisamente en medio del conflicto interno, y en las mismas zonas donde históricamente los armados –los de antes y los de ahora– han ejercido su control, no podrían ser cobijados por las disposiciones contempladas en la Ley 1448 de 2011.
Ello se deduce, claro está, de la letra de la Ley, e incluso del espíritu del legislador, pues según la definición de víctima que se consagra en su artículo 3, “no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común (énfasis añadido)”, considerándose como tales, únicamente, a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (énfasis añadido) [11].
Por su parte, y para los efectos del Estado, y de no pocos sectores de la opinión pública y de la academia, Colombia atraviesa hoy por una violencia de nueva generación, emergente o meramente criminal, a la que o no se le nomina o se le asignan distintas calificaciones, o, simplemente, se le augura su fin o el fin de sus fines, asignándole con ello nuevos protagonistas, nuevas prácticas, nuevas intencionalidades, muy a pesar de que, en la mayoría de las veces, coincidan con las de antes.
De conflicto interno a delincuencia común
La consideración anterior conlleva a suponer, además, que la violencia armada que hoy padecen, entre muchas otras regiones, la zona de Urabá, los Montes de María, los barrios y comunas de Medellín, el departamento del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, y que hoy protagonizan nuevos actores, hace parte ya no de un escenario de conflicto armado interno, donde las estructuras paramilitares, guerrilleras y las regulares del orden se disputaban el control político y territorial –y la tierra algunas de ellas–, sino que se reduce a la comisión de simples actos de delincuencia común, muy a pesar de que sea bastante organizada y de que se siga impidiendo, entre otras cosas, el acceso y la tenencia de la tierra por parte de sus antiguos titulares, el control del orden público y la seguridad por parte del Estado, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos en cabeza de los ciudadanos, o de que ahora, al igual que antes, los nuevos estén en capacidad de disputar o suplantar al Estado en el ejercicio de su “poder soberano”.
Con esto no se pretende negar la posibilidad de rupturas y transformaciones en el conflicto armado colombiano, así como tampoco el que a la vieja guerra se le inserten motivaciones nuevas. Pero sí resulta necesario plantearse serios interrogantes cuando comienza a insinuarse, por ejemplo, que de tres actores armados que otrora se disputaban el control territorial y el poder político en las regiones de Colombia y que, a la luz de la interpretación del legislador, causaron la victimización del “universo de víctimas” que se pretende reparar con la nueva norma, se haya pasado hoy a sólo dos bandos en contienda –desde la desarticulación formal de los grupos paramilitares y de autodefensa– que se disputan actualmente el control militar, político y territorial, asignando, por tanto, el carácter de mera amalgama de delincuencia común a quienes están impidiendo hoy, aunque no de manera exclusiva, la no repetición de unas conductas punibles victimizantes y el acceso a unos beneficios jurídicos para un sector de la población que ha sido y está siendo (re)victimizada.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), calificó de “lamentable” el asesinato de cerca de una veintena de líderes de las víctimas en las que llamó “zonas de alto riesgo”, que son las mismas que en el pasado estuvieron dominadas por grupos ilegales, calificando además a las llamadas bandas criminales (BACRIM), al igual que a la guerrilla, como uno de los principales obstáculos para la implementación de la nueva ley[12].
Primera iniciativa a favor de las víctimas
A pesar de los anteriores retos y dificultades, no puede desconocerse, ni mucho menos, la trascendencia e importancia histórica de la norma, así como el hecho de que la recién aprobada y sancionada Ley de Víctimas representa, al menos en términos formales, la primera iniciativa jurídica e institucional que en las últimas tres décadas se ha adelantado en función de la confrontación armada, ya no para resolver la situación jurídica de quienes dejan, han dejado o habrán de dejar las armas vía indulto, amnistía o pena alternativa, sino para atender los reclamos de quienes han sido afectadas por las mismas. Ello, claro está, no desconociendo que el camino a seguir no es nada fácil, y mucho menos en un escenario que pretende adoptar modelos e instancias de justicia transicional dentro de un contexto que, evidentemente, aún se encuentra lejos de la transición.
* Abogado e investigador asociado grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. carlosalbertomw@yahoo.com
Notas de pie de página
[1] En: Revista Semana, No cesan crímenes contra líderes de desplazados, enero 11 de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/no-cesan-crimenes-contra-lideres-desplazados/149991-3.aspx
[2] Alfredo Molano Jimeno, Regreso a la tierra prometida: Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó se enfrentan por la titulación colectiva, En: El Espectador, marzo 25 de 2011. En: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-259176-regreso-tierra-prometida?page=2
[3] Caracol Radio, Grupos ilegales quemaron tierras cerca de zonas recuperadas por el Gobierno. Marzo 20 de 2011. En: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1442120; Chocó 7 días, Queman cultivos en Curvaradó. Edición n° 803, Quibdó, marzo 25 a 31 de 2011. En: http://www.choco7dias.com/803/index.html
[4] En: Revista Semana, La tierra, a muerte, marzo 26 de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/tierra-muerte/154041-3.aspx
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7] En: El Espectador, Asesinada Ana Fabricia Córdoba, líder de desplazados en Medellín, junio 7 de 2011. En: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-275793-asesinada-ana-fabricia-cordoba-lider-de-desplazados-medellin?page=9
[8] En: Revista Semana, Presidente Santos sancionó la Ley de Víctimas, viernes 10 de junio de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/presidente-santos-sanciono-ley-victimas/158208-3.aspx
[9] Ibídem.
[10] En: Vanguardia.com, Ha llegado la hora de las víctimas: General Naranjo. Miércoles 25 de Mayo de 2011, En: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/105894-ha-llegado-la-hora-de-las-victimas-general-naranjo. 2011.
[11] Artículo 3, Ley 1448 del 10 de junio de 2011.
[12] En: Revista Semana, A HRW le preocupa la aplicación de la Ley de Víctimas, miércoles 15 de junio de 2011, En: http://www.semana.com/nacion/hrw-preocupa-aplicacion-ley-victimas/158522-3.aspx
