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Ley de acción climática

Escrito por Rodrigo Botero
Rodrigo Botero

El proyecto de ley de acción climática es un primer paso temeroso e insuficiente para alcanzar las metas nacionales de adaptación, mitigación y resiliencia, así como globales sobre cambio climático.

Rodrigo Botero*

Las metas

La semana pasada el gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley de acción climática. Se trata de una juiciosa tarea de revisión de metas intersectoriales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover un desarrollo bajo en carbono y mejorar la resiliencia climática.

La propuesta consiste en adoptar una serie de metas en materia de mitigación y adaptación de los principales sectores. Algunas de estas metas se plantearon a corto plazo, pero gran parte se refieren al periodo 2030- 2050.

Este es un primer paso para Colombia, un país que emite poco carbono en comparación con las grandes potencias. Por eso sus acciones se deben encaminar a la mitigación, la adaptación y la resiliencia climática enmarcados en lo establecido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC): reducir a un máximo de 1,5 grados el aumento de la temperatura global para 2030, debido a los efectos catastróficos e irreversibles que desencadenaría un aumento superior a esa cifra.

Colombia: un país vulnerable

El problema es averiguar cómo se aplicarán las medidas necesarias para asegurar la transición energética que permita disminuir las emisiones, usar la energía de manera eficiente y mitigar el cambio climático en Colombia, dada la alta vulnerabilidad del país frente a los eventos extremos.

Durante la última década sufrimos los efectos del fenómeno de La Niña entre 2011 y 2012, que afectó el 40% de la infraestructura vial; este desastre dio pie a la creación del Fondo de Adaptación para recuperar y reactivar las zonas afectadas.

Si bien existe un compromiso global para reducir las emisiones, Colombia necesita prioritariamente adoptar medidas eficaces de mitigación y adaptación. Para un observador desprevenido, las cifras y las prioridades son obvias: la resiliencia climática deberá ser ambiciosa, con narrativas y decisiones políticas contundentes frente a los sectores que no quieren aceptar la realidad. La historia reciente en Colombia nos muestra señales climáticas que hacen imperativas decisiones de mayor envergadura.

Hace pocos años, las precipitaciones de inusitada intensidad, los usos del suelo inadecuados y la mala ubicación de los asentamientos urbanos dieron como resultado la tragedia de Mocoa.

¡La atención por la vulnerabilidad de Colombia al Cambio Climático debe tener prioridad sobre el compromiso global de reducción de emisiones!

Cada vez que hay un fenómeno de El Niño, el ministro de Minas y Energía recomienda usar el agua de manera eficiente, pues los embalses alcanzan niveles críticos. El invierno desplaza a las familias y las avalanchas y deslizamientos en las cordilleras matan a cientos de personas.

La principal conexión de Bogotá con el oriente colombiano tiene ahora un tercio de la vía afectada de manera permanente por la sinergia entre la fragilidad geológica, los usos inadecuados de suelos y la intensidad de las lluvias. Este año nuevamente se inunda La Mojana, sostenida por macondianos diques de tierra. La lista de desastres es interminable y puede ser creciente, de nos tomar decisiones rápidas y contundentes. ¡!La atención por la vulnerabilidad de Colombia al Cambio Climático debe tener prioridad sobre el compromiso global de reducción de emisiones!!

Por ejemplo, aunque la alarma climática esta encendida, algunas personas en el sector agropecuario prefieren seguir enriqueciéndose. Se justifican diciendo que la población mundial sigue aumentando y con ella la demanda de alimentos, que la tierra improductiva es mucha y que los socios pueden ayudarlos a mejorar la infraestructura de conectividad

Foto: Flickr - Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático, y somos nosotros quienes debemos tomar cartas en el asunto.

Límites del proyecto de ley

El proyecto de ley se desdibuja cuando se trata de reducir la deforestación, incorporar los criterios de una frontera agropecuaria en las zonas productivas del país, recuperar las rondas de los ríos o incluir otras coberturas en los monocultivos tradicionales.

La propuesta de lograr que la deforestación neta sea cero apenas en el año 2030 es de verdad decepcionante. El efecto acumulativo de la deforestación es cada vez más notorio y su repercusión en la baja resiliencia a los eventos extremos, mayor.

Esto se verá reflejado en mayor estrés hídrico en el verano, potenciales desabastecimientos e incendios de coberturas vegetales cada vez más grandes, frecuentes e intensos. Durante los inviernos empeorarán las inundaciones, la infraestructura, los deslizamientos y las avalanchas; las migraciones serán más difíciles y las cosechas se verán afectadas.

El proyecto de ley también es flojo cuando trata la principal actividad de cambios de coberturas en el país y la que más emisiones produce: la ganadería.

Hay quienes piensan que el camino es hacer el “silvopastoril” sobre lo que hasta ahora era una selva. Así los sellos de ganadería sostenible se presentan públicamente sin mencionar nada sobre la prohibición de ocupar zonas deforestadas o incluir criterios de frontera agropecuaria.

Pero la euforia ganadera se mantiene. Recientemente, en el área más deforestada del país —el arco de deforestación amazónico alrededor de Chiribiquete— ingresó un nuevo hato que roza el millón de cabezas de ganado.

La propuesta de lograr que la deforestación neta sea cero apenas en el año 2030 es de verdad decepcionante.

Otros creen que la histeria ambientalista frente al crecimiento económico basado en la ampliación de la frontera sobre los bosques remanentes y las sabanas que aún no reciben la bendición palmera es injustificada. Al fin y al cabo un poco de partículas suspendidas sobre la ciudad en el verano, provenientes de los incendios forestales, no es un problema. Lo importante es mantener el negocio.

La disponibilidad de agua, las inundaciones y los veranos insufribles son cuentos lejanos que no tocan a los grandes conglomerados. Sus discusiones giran en torno a los buses eléctricos y los árboles de las avenidas, mientras las poblaciones rurales son más vulnerables al cambio climático, el conflicto armado y la inseguridad jurídica sobre la tierra.

Finalmente, no es claro como se financiarán los proyectos. Parece que la financiación dependerá en gran medida de la cooperación internacional. Pero aunque la cooperación tuvo y tendrá un papel importante en la reducción de las emisiones globales, el país no esta exento de su responsabilidad de financiar estos proyectos.

Sin lugar a dudas se hará un esfuerzo monumental para cumplir los planes de ordenación, manejo, riesgo, atención, etc. Ejércitos de abogados han sido desplegados para llenar las sentencias con la evidencia de la existencia de los dichosos planes, pero sus resultados no importan. En un país de tinterillos, lo importante es cumplir la norma y no los resultados que esto tenga. El proyecto de ley sigue esta senda.

Los cambios en usos del suelo, la planeación del territorio, la zonificación productiva, las buenas practicas sectoriales y la recuperación de los ecosistemas degradados son una responsabilidad del país. Su capacidad de transitar de manera sostenible en estos tiempos de incertidumbre climática, financiera y política esta en juego.

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