Ley 2292 de 2023: ¿una utopía para las mujeres privadas de la libertad?
Foto: Defensoría del Pueblo.

Ley 2292 de 2023: ¿una utopía para las mujeres privadas de la libertad?

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Es necesaria la ejecución de políticas criminales diferenciales que tengan en cuenta los contextos específicos de las mujeres privadas de la libertad. La ley 2292 es una medida legislativa que abre caminos hacia la trascendencia de las penas meramente punitivas en Colombia.

María José Sotomayor M*

Las mujeres privadas de la libertad en Colombia

María, de 20 años, fue criada por una mujer campesina de escasos recursos en una vereda antioqueña. No logró terminar sus estudios de primaria ni bachillerato, ya que decidió ayudar a su madre a sacar adelante a sus hermanos, vendiendo tamales y comida en la calle. Es madre soltera de Jerónimo, un menor de cinco años, quien creció sin su padre porque que este falleció cuando su hijo tenía 10 días de nacido por hechos violentos. 

La Ley 2292 de 2023, que busca enfrentar el problema de la doble victimización a la que se encuentran expuestas muchas mujeres en Colombia.

Desde que Jerónimo tenía dos años, María se ha dedicado a conseguir recursos para el tratamiento médico de su hijo, vendiendo minutos de celular. Durante los últimos años, Jerónimo han presentado frecuentes convulsiones que los médicos aún no han logrado identificar. Le indicaron a María que es necesario realizarle un examen médico urgente para estudiar su cerebro más detalladamente, el cual tiene un costo aproximado de un millón de pesos.

Un grupo criminal del barrio se enteró de la necesidad de María y le ofrecieron ser empacadora de la droga que comercializan de manera ilegal a cambio de un pago mensual mayor a un millón de pesos. María aceptó y logró hacerle el examen médico a su hijo. A los pocos meses fue capturada junto con varios integrantes del grupo y condenada a 80 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir con fines de microtráfico. Estando privada de la libertad, solicita la aplicación del beneficio de utilidad pública, el cual es negado por un juez de ejecución de penas.

Como María, muchas mujeres en Colombia terminan privadas de la libertad por hechos cometidos en situaciones de vulnerabilidad y siendo jefas de hogar. Si bien no se pretende justificar el acto cometido (ya fue condenada), no se puede perder de vista la necesidad que pretende abordar la Ley 2292 de 2023, que busca enfrentar el problema de la doble victimización a la que se encuentran expuestas muchas mujeres en Colombia.

Según datos del gobierno nacional (2020), la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en el país son mujeres cabeza de familia que cumplen penas por temas relacionados con tráfico de estupefacientes y hurtos. Muchas se ven en la necesidad de acudir a este tipo de conductas por la falta de oportunidades dignas que satisfagan sus necesidades personales y familiares.

En este sentido, de acuerdo con una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia a 2,058 mujeres, se muestra que la edad del mayor número de detenidas oscila entre 18 y 35 años, de las cuales el 18.8% se declara como mujer negra o afrocolombiana, el 5.1% como indígena y el 0.4% como raizal o gitana. De las encuestadas, el 83% de las privadas de la libertad vivían en estratos 0, 1 y 2 y el 49.7% terminó solo la primaria.

El 90.7% de mujeres encuestadas declaró haber estado embarazada alguna vez, el 60% siendo menor de edad. Los rangos de edad en los que se presentaron más embarazos fueron, en orden de frecuencia: 14 y 17 años, con un 55 % de los casos; entre 18 y 20 años, el 26 %; de 20 a 25 años, con un 11 %; de 10 a 13 años, con un 5 %, y el 2 % mujeres mayores de 25 años.

En cuanto a la prevalencia de los delitos por los que las mujeres se encuentran en prisión, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se encuentra en el primer lugar con una participación de 45.2%. Este porcentaje es muy superior en comparación con los dos delitos que ocupan los siguientes lugares: el concierto para delinquir (28.7%) y el hurto (17.4%). (Ministerio de Justicia, 2019)

Estos datos nos indican el perfil de la mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en Colombia. Son mujeres que habitaban en estratos bajos y en más del 50% de los casos fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad. No lograron acceder a estudios superiores y se desempeñaban como trabajadoras informales, en relaciones de pareja donde la violencia afectó a más del 30%, y tenían 1 o 2 hijos a su cargo, responsabilizándose por el sostenimiento de sus hogares. En muchos casos, su trabajo informal no aportaba lo suficiente para cubrir los gastos mínimos de su familia.

Foto: Mintrabajo - Su trabajo informal no aportaba lo suficiente para cubrir los gastos mínimos de su familia.

Ley 2292 de 2023

Sin duda, es viable constitucionalmente la adopción de acciones afirmativas en favor de las mujeres con las características anteriormente enunciadas, como así lo ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-256 de 2022. Por ello, la importancia de la Ley 2292 de 2023, que para algunos ha sido un acierto como respuesta a la realidad de muchas mujeres en Colombia, pero para otros una vulneración al derecho a la igualdad e, incluso, para muchos jueces una alcahuetería a la delincuencia. No obstante, conviene conocer la ley y el propósito que trae desde una política criminal con enfoque de género.

La ley busca que mujeres con determinadas características puedan cumplir su condena a través del servicio de utilidad pública, que consiste en la realización de labores de carácter comunitario no remuneradas, que deben cumplirse en entidades sin ánimo de lucro o en instituciones públicas. 

Es momento de adoptar miradas de la justicia que trasciendan lo meramente punitivo, hacia una idea de justicia que valore, no solo el sentir de las víctimas, sino también las circunstancias que rodearon al sujeto responsable.

Así, la evaluación de los requisitos para acceder a este mecanismo sustitutivo de la prisión debe alinearse con el carácter constitucional de la medida, pero también con las directrices internacionales sobre la necesidad de materializar el principio de mínima intervención, teniendo en cuenta la historia de cada una de las mujeres. En todo caso, cada uno de sus requisitos exigidos tiene un propósito:

  • Ser mujer: Se busca reconocer como un aspecto que merece especial atención y protección (ya constitucionalmente reconocida) por la condición de vulnerabilidad que viven las mujeres en Colombia por el solo hecho de ser mujer.
  • Ser cabeza de hogar: Reconoce la jefatura de hogar como aquellas labores de cuidado que históricamente han asumido las mujeres con sus hijos, padres, hermanos, amigos y familia en general. No exclusivamente desde un rol de madre, que implica cargas que son invisibles o no reconocidas socialmente.
  • Haber cometido el hecho en condiciones de marginalidad: Reconoce la necesidad de analizar aquellos casos donde las mujeres, siendo cabezas de hogar, se encontraban en una situación de marginalidad o escasez, que finalmente las llevó a incurrir en el hecho.
  • Mujeres que no cuentan con antecedentes penales o, de contar con ellos, se trate de hechos enmarcados en situaciones similares a los delitos consagrados en la ley, como es el tráfico de estupefacientes, hurto y demás delitos que no superen los ocho años de condena.

Es importante que en países donde las desigualdades sociales son tan marcadas (como es el caso de Colombia), no extrañe el hecho de que jurídicamente se adopten caminos hacia la racionalización del uso del encarcelamiento, a través de la adopción de alternativas penitenciarias que representen una respuesta más idónea para reducir la delincuencia y garantizar al mismo tiempo el respeto por los derechos humanos y el fin resocializador de la pena. Más aún cuando se trata de acciones afirmativas dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Es momento de adoptar miradas de la justicia que trasciendan lo meramente punitivo, hacia una idea de justicia que valore, no solo el sentir de las víctimas, sino también las circunstancias que rodearon al sujeto responsable.

Sin duda, la Ley 2292 pretende la adopción de una nueva mirada del castigo y una política criminal más humana, ya que crea un primer camino hacia este objetivo, cuya efectividad va a depender del debido ejercicio de los operadores de justicia, pues de nada sirve que existan leyes que logren una mirada alternativa sin ciudadanos comprometidos en su impulso y, sobre todo, en su correcta aplicación.

Por María y muchas otras mujeres a las que, teniendo derecho a ser beneficiarias de esta ley, se les ha negado la oportunidad de cumplir su pena en libertad.

*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

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Maria Jose Sotomayor

Escrito por:

Maria Jose Sotomayor

* Abogada y psicóloga. Especialista en Derecho Penal. Consultora de la iniciativa de seguridad y justicia del Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT.

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