Aunque las farmacéuticas insisten en mantener las patentes, la emergencia mundial es de tal magnitud que deberían levantarse.
Claudia Vaca y Carolina Gómez*
Patentes, ¿sí o no?
A pocos días del comienzo de la pandemia en Colombia, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, publicó en su cuenta de Twitter que “las patentes salvan vidas” y que la patente de la vacuna contra COVID-19 podría mitigar el impacto de la emergencia.
Un año después de la llegada del virus a Colombia, es evidente que existe un grave problema de disponibilidad y distribución de las vacunas. Por eso, más de cien países, sobre todo de bajos y de medios ingresos, le pidieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspender las patentes y otros derechos de propiedad intelectual durante la pandemia.
¿Por qué la propiedad intelectual podría ser la principal barrera para superar la emergencia sanitaria?
El apartheid de las vacunas
La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo ha sido tan desigual que algunos analistas la han descrito como “el apartheid del siglo XXI”.
Los países ricos compraron de forma anticipada más del 50 % de la producción de las empresas. Para comienzos de abril, Europa occidental y América del Norte habían aplicado más de 288 millones de dosis, mientras que en América Latina se habían aplicado apenas cerca de 48 millones de dosis y en Colombia no se había llegado aún a los 3 millones.
Ante ese escenario surge una pregunta: ¿esta desigual distribución se debe a las particularidades de la emergencia sanitaria o más bien al modelo imperante de investigación y promoción de la innovación médica?
La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo ha sido tan desigual que algunos analistas la han descrito como “el apartheid del siglo XXI”.
Parte de la respuesta es que la pandemia desnudó las fallas del modelo de innovación de medicamentos y vacunas. Este modelo, impulsado por la OMC, se concentra en fomentar las patentes y los secretos industriales, a través de premios de exclusividad y monopolios. Estos mecanismos hacen que el acceso y la distribución equitativa de las vacunas sean extremadamente limitados.
Si el sistema de patentes funcionara adecuadamente, no solo habría más vacunas, sino que existiría un equilibrio entre los recursos que invierten las entidades públicas para la investigación básica y los precios a los que se venden los productos finales.
Un buen funcionamiento del sistema de patentes también promovería una amplia y detallada divulgación de la información sobre la invención, para facilitar la producción en cualquier lugar del planeta. Además, los costos de producción y los precios serían transparentes, con el fin de que los gobiernos diseñaran mecanismos de coordinación para ampliar la cobertura de la vacunación. Pero ninguna de estas cosas sucede actualmente.
El secreto de los precios
La producción de las vacunas contra la COVID-19 se concentra en Norteamérica, Europa y Asia. En África y América Latina, la capacidad de producción es casi nula.
En la mayoría de los casos, los precios de las vacunas no están publicados debido a los acuerdos de confidencialidad que exigieron las farmacéuticas. Pero se sabe que los precios son tan altos que no son accesibles para la mayoría de los países. Por ejemplo, el precio de una dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer oscilaría entre 18 y 37 dólares.
Además, hay diferencias inexplicables en los precios que obtuvieron los distintos países. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la iniciativa DIME, la Unión Europea habría comprado cada dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca por 1,78 dólares, mientras que a Colombia o Uganda les habría costado cerca de 8 dólares.
Según la Universidad de Oxford, una condición para colaborar con AstraZeneca fue no establecer precios por encima de los costos de producción durante la pandemia y a perpetuidad para países de bajos y medios ingresos. Esto permitiría garantizar el acceso a la vacuna, en especial en el marco del mecanismo de colaboración global de acceso a la vacunación denominado COVAX. Pero todo indica que, en la práctica, algunos países pobres tuvieron que pagar precios más altos que los países ricos.
Los problemas de la privatización
Además de lo anterior, el aumento en la producción de vacunas ha dependido en gran parte de la cuantiosa inversión de los países.
En total se han invertido más de 10 billones de dólares de fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de las vacunas. Cinco empresas multinacionales de países ricos han recibido cada una entre 957 millones y 2 billones de dólares, principalmente del gobierno de Estados Unidos y de la Coalición para la Innovación y la Preparación para las Epidemias (CEPI). Los gobiernos de China y Rusia también han invertido grandes sumas en similares investigaciones desarrolladas por empresas privadas o estatales.
La hiperconcentración de recursos públicos, el secretismo y el monopolio de las patentes disminuyen radicalmente la oferta de vacunas. Por eso, países como Francia, España, Alemania, Holanda y Portugal han tenido retrasos en las entregas de las dosis prometidas por Oxford/AstraZeneca y BioNTech/Pfizer.
En la práctica, algunos países pobres tuvieron que pagar precios más altos que los países ricos.
En varios momentos, estos países han tenido que detener la vacunación por esta razón y han amenazado con controlar las exportaciones de las dosis. La empresa India Serum, el principal productor de vacunas en el mundo, también ha tenido retrasos y ha establecido toda clase de restricciones.
Lamentablemente el modelo de desarrollo y distribución de las vacunas dio prioridad a la privatización del conocimiento y al nacionalismo: un enfoque con el cual todos perdemos.
¿Qué hacer?
La industria farmacéutica ha vendido la idea de que esto no es un problema de patentes y secretos industriales, sino de capacidades de producción en un momento de crisis. Por eso las farmacéuticas han insistido en que levantar las patentes podría poner en riesgo la innovación médica necesaria para atender la pandemia.
Por ahora, hay un consenso en que la solución para salir de la escasez de vacunas es aumentar la capacidad de producción. Sin embargo, la producción está monopolizada en las normas y en la práctica. Un grupo muy pequeño de empresas se convirtieron en las propietarias de las “recetas” para hacer vacunas y usan todo su poder para proteger esa propiedad, es decir, presionan para que se cumplan a rajatabla las normas de protección de la propiedad intelectual que ellas mismas impulsaron ante la OMC.
A pesar de lo anterior, algunos países, como India y Sudáfrica, le han propuesto a la OMC levantar las patentes para que cualquiera pueda copiar y producir las vacunas, sin miedo a ser perseguido y demandado por los dueños de la propiedad intelectual. La propuesta se está discutiendo desde octubre de 2020 y cuenta con el apoyo de la mayoría de los países del mundo, excepto por un puñado de países desarrollados y de renta media que sienten que debe ser leales a sus “socios comerciales” ricos.
Aunque Colombia está viviendo en carne propia la escasez de vacunas, con dosis que llegan a cuentagotas y empresas que incumplen los plazos de entrega, el gobierno no se atreve a contrariar a los países ricos y no apoya la propuesta.
El debate podría tomar un nuevo rumbo si Estados Unidos cambia de postura, pues todo indica que, en un acto sin precedentes, la administración de Joe Biden está considerando seriamente no ponerse del lado de la propiedad intelectual. Esperamos que el gobierno colombiano tome en serio la propuesta y considere replantear su posición.
