La fe en las patentes

En la pasada edición de esta revista, mostramos que el sistema de patentes ha limitado drásticamente la distribución de las vacunas contra COVID-19 y ha creado un “apartheid” entre países ricos y países pobres.

Aunque las muertes, la pobreza, el hambre y la desigualdad aumentan con el pasar del tiempo, varios gobiernos ricos y el colombiano se oponen a levantar las patentes de las vacunas: ¿por qué toman esta posición que parece contraria a sus intereses? Mientras tanto, más de cien países apoyan la suspensión de las patentes que se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Como explica Mark Lemley, la evidencia no demuestra que el sistema de propiedad intelectual ofrezca más beneficios que perjuicios. Sin embargo, “más y más académicos han empezado a adherirse a lo que yo llamo propiedad intelectual basada en la fe, y han justificado la propiedad intelectual como un fin moral en sí mismo y no sobre la base de cómo afecta al mundo”. Una suerte de fundamentalismo de la propiedad intelectual, dado que su defensa no suele ser racional. Ni siquiera una pandemia es capaz de cambiar los cálculos tradicionales.

Ante una situación tan urgente y excepcional como la actual, no es posible responder con las herramientas de siempre. Como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, “bien sea mediante la transferencia tecnológica, el licenciamiento voluntario (…) o la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, necesitamos unir todos los esfuerzos”. ¿Si no es ahora, cuándo?

La capacidad de producir vacunas

Para oponerse a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia, las farmacéuticas y los gobiernos usan tres argumentos principales:

1. El problema de escasez de vacunas no está relacionado con la propiedad intelectual, sino con la insuficiente capacidad de producción. Por eso, a países como Colombia, que no producen vacunas, no les sirve de nada de la medida.
2. Es preferible persuadir a los dueños de las patentes de que las compartan voluntariamente.
3. El régimen de propiedad intelectual ya contiene algunas excepciones, por lo que no es necesario tomar medidas adicionales o modificar el sistema de patentes.

Estos argumentos son insuficientes y, en algunos casos, falsos. La capacidad instalada de producción global de vacunas no se está usando al máximo. Prueba de ello son los múltiples contratos de licencia que han celebrado productores locales de varios países con los dueños de las “recetas para hacer vacunas”.

Aunque grandes productores de medicamentos biotecnológicos genéricos, como Corea del Sur, ya tienen la infraestructura necesaria para producir vacunas, hoy no están usando todo su potencial. Otros países, como Brasil, México o Argentina tienen capacidad para producir vacunas, pero también están sujetos a los acuerdos de licencia con los dueños de las patentes y de las tecnologías que se están aplicando en el mundo. Las negociaciones de los contratos de licencia y transferencia de tecnología avanzan a pasos de tortuga.

Así que el problema de fondo no es la capacidad de producción de vacunas, sino el sistema de propiedad intelectual. Cada empresa interesada en producir localmente tiene que pedirle permiso al productor original de las vacunas y negociar los términos en los que podría hacerlo. Un proceso muy lento.

Además, las empresas dueñas de las patentes no pueden atender simultáneamente todas las solicitudes. Si la propiedad intelectual se libera y la información requerida para hacer las vacunas se vuelve pública, este cuello de botella se supera. Los interesados pueden empezar a producir sin barreras transaccionales y sin miedo a ser demandados.

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Las vacunas en Colombia

Colombia renunció a la capacidad de producir vacunas en la década de los noventa y, por eso, tuvo que comprar las vacunas contra COVID-19 a precios altos y aceptó el discurso de que es imposible volver a producirlas en el corto o mediano plazo. Pero el análisis no fue riguroso, pues ignoró:

• la infraestructura tecnológica de producción de vacunas veterinarias que existe en el país;
• la capacidad de producción de envases de vidrio para medicamentos inyectables; y
• las aptitudes investigativas de la comunidad farmacéutica y biotecnológica colombiana que se ha formado en las últimas décadas.

De manera completamente acrítica, Colombia aceptó que solo los países ricos pueden hacer vacunas y que involucrarse en el proceso necesita inversiones astronómicas.

Hoy, algunos congresistas, gobernantes locales y hasta el Ministerio de Salud reconocen la necesidad de empezar de nuevo y romper el círculo de dependencia que hemos sufrido en la pandemia. Es posible que, en el mediano plazo, Colombia logre entrar en algún eslabón de la cadena productiva de vacunas: esto requerirá una cuantiosa inversión y, sobre todo, voluntad y compromiso público y privado.

Sin embargo, si esto se logra, aún quedará un problema: ¿cómo acceder al conocimiento y a las tecnologías de las vacunas que se están produciendo en otros lugares para no empezar de cero? Y la respuesta vuelve a ser: el acceso libre a las patentes y a los secretos industriales, para que los esfuerzos y recursos del sector público y privado se concentren en el aprendizaje y absorción de la tecnología.

El licenciamiento voluntario es inocuo en esta emergencia

En cuanto al segundo argumento, es obvio que las medidas voluntarias siempre son preferibles.

En el caso de las vacunas, el sistema de licenciamiento voluntario ya existe, pero es evidente que no es suficiente. Actualmente, hay al menos dos iniciativas de licenciamiento voluntario:

• El ACT-Accelerator (en inglés, The Access to COVID-19 Tools), donde la propiedad intelectual se maneja de forma tradicional y no hay liberación o suspensión de patentes. Las empresas licencian de forma voluntaria sus patentes a través de los mecanismos tradicionales (confidencialidad, exclusividad y regalías). Este es el modelo dominante que nos tiene en el problema de la distribución discriminatoria y la escasez artificial de dosis -y que promueve la Fundación Gates-, incluso en el marco del consorcio de distribución solidaria de vacunas COVAX;
• La tercera vía de licenciamiento voluntario propuesta en febrero de este año por la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no implica levantar las patentes de las vacunas y, por lo tanto, es más de lo mismo.

Esta propuesta ignora que existe una alternativa: el C-TAP (en inglés, COVID-19 Technology Access Pool), una iniciativa de la OMS que promueve la transparencia, la transferencia de tecnología y la ampliación de producción de vacunas. Quienes voluntariamente hagan parte del C-TAP deben hacer pública la información sobre las vacunas para que cualquiera pueda producirlas.

El 9 de marzo, Colombia, Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Noruega y Turquía emitieron una comunicación en apoyo de la tercera vía propuesta por la OMC. No sorprende que Colombia apoye la ineficiente tercera vía y no el C-TAP. Tampoco sorprende que desde la semana pasada Colombia asumiera la vicepresidencia del consorcio COVAX, dado su rol en la defensa del status quo y por su alineación no solo con la postura de la Fundación Gates, sino también con el nacionalismo para acceder de forma prioritaria a las dosis de COVAX.

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Las flexibilidades del sistema de patentes para responder a problemas de salud pública no funcionan

Según el tercer argumento, no se necesita suspender la propiedad intelectual para acelerar la producción de vacunas, pues ya existen otras opciones, conocidas como flexibilidades al sistema de propiedad intelectual y que son menos drásticas. Pero esta postura ignora las enormes dificultades para aplicar las flexibilidades.

La más común se llama “licencia obligatoria” e implica que el gobierno autoriza a terceros a producir la tecnología, aunque el dueño de la patente se oponga. En Colombia, se ha intentado otorgar licencias obligatorias para la producción de:

1. Un medicamento para el VIH, del laboratorio norteamericano Abbott;
2. Un medicamento para la leucemia, del laboratorio suizo Novartis; y
3. Los antivirales de acción directa para curar la hepatitis C, que está todavía en curso.

Todos estos procesos han demorado más de tres años. En el último caso, el proceso lleva ya cinco en su primera fase, que se adelanta ante el Ministerio de Salud. Si el Ministerio aprueba la licencia, se deberá surtir una segunda fase ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que en los últimos años ha sido liderada por funcionarios que defienden el fundamentalismo de las patentes como único incentivo a la innovación biomédica.

Hay además otra complicación: habría que identificar cuáles son las patentes que cubren las vacunas. El sentido común nos dice que debería haber una patente para cada vacuna, pero no es así. La industria utiliza una estrategia de opacidad en la que fracciona el invento en diferentes partes y trata de obtener el mayor número de patentes posibles.

Ni siquiera las oficinas que conceden las patentes tienen claro cuáles son las necesarias para producir un solo medicamento. En Colombia, por ejemplo, en el proceso de licencia obligatorias para los medicamentos para la hepatitis C, el Ministerio de Salud le pidió a la SIC (quien concede las patentes en Colombia) que le dijera la lista de patentes para esos medicamentos y ésta le respondió que no estaba en capacidad de proporcionarle esa información.

En Estados Unidos, la organización Public Citizen encontró que la vacuna de Moderna tiene doce patentes y la de Pfizer trece. Por eso, si se usaran licencias obligatorias para liberalizar y acelerar la producción de vacunas, tendría que hacerse un trámite para cada patente en cada país. Es evidente que no es una solución viable.

La suspensión temporal de patentes es una solución equitativa para superar la pandemia

Mientras la pandemia avanza, las grandes empresas que producen cuatro de las vacunas que se están usando en el mundo están haciendo alianzas con otras multinacionales para ampliar su capacidad de producción. Según estas empresas, la escasez global de vacunas la resolverán ellas mismas para el segundo semestre del 2021, pero sin cambiar los precios, ni establecer compromisos ciertos de distribución.

Puede que estos acuerdos mejoren el panorama en algunos países, pero no resolverán la dependencia tecnológica y la vulnerabilidad de los países de bajo y medio ingreso en esta y las próximas pandemias.

Por eso, si se quiere resolver la inequidad en la distribución de las vacunas, es indispensable aumentar la disponibilidad de las dosis mediante un aumento en la capacidad de producción, que no dependa de las grandes farmacéuticas. Solo así, los países pobres podrán tener un papel activo en la solución de sus problemas y en la forma en que se distribuyen los bienes esenciales

Ya existe una iniciativa firmada por más de 170 personalidades mundiales, entre las que están científicos, premios nobel y expresidentes dirigida al presidente Joe Biden para que se suspendan temporalmente las patentes y así poder aumentar el suministro de vacunas para los países pobres.