Falta de previsión e instituciones ambientales inadecuadas acentuaron un drama en parte inevitable, pero debido sobre todo a no tener una política seria de ordenamiento ambiental del territorio. Existen herramientas poderosas, como el pago por servicios ambientales.
Juan Pablo Ruiz Soto*
La ola invernal, manifestación evidente del cambio climático, afectó durante el segundo semestre de 2010 no sólo a Colombia, sino también a Venezuela, Brasil, Costa Rica y hasta Australia.
Uno de sus efectos directos menos obvios ha sido llevar al Gobierno Nacional a reconocer una realidad: de ahora en adelante, deberemos aprender a vivir con el cambio climático y será necesario considerar rangos de condiciones extremas del clima y sus impactos sobre la planificación económica, social y ambiental.
El país simplemente no estaba preparado: ni su gente ni sus instituciones. Ahora sí urge planificar el uso y ocupación del territorio, para evitar que fenómenos asociados con el cambio climático se conviertan en desastres sociales cada vez más frecuentes y más graves.
Hoy los modelos de simulación de clima permiten establecer con mayor precisión las tendencias de cambio y sus manifestaciones. Los efectos del cambio climático son desastres provocados no únicamente por dinámicas globales, sino también agudizados o atenuados por acciones humanas. En nuestro caso, se agudizaron por falta de planeación a nivel nacional, regional y local. La culpa de lo que hemos vivido y padecido no es sólo de los gringos y de los chinos. Los colombianos hemos sido actores centrales: el desorden en la ocupación del territorio y la falta de incorporación de las variables ambientales en la planeación sectorial es responsabilidad nuestra.
Hay que decirlo: Se debían y se hubieran podido evitar la pérdida de vidas humanas e importantes pérdidas económicas, desde la destrucción de infraestructura vial, inundaciones de pueblos enteros y de tierras agropecuarias, hasta la destrucción de viviendas y grandes deslizamientos en zonas urbanas y la proliferación de enfermedades tropicales como malaria y dengue.
Incorporar al Plan de Desarrollo
Este nuevo factor, sin duda, debería incorporarse en forma más explícita al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014. Al abordar el tema de cambio climático, adaptación y mitigación, el Plan menciona la necesidad de definir una política nacional de cambio climático y su implementación. Le falta establecer estrategias y prioridades e identificar oportunidades y mecanismos de financiación con metas asociadas y desde luego asignarle un presupuesto adecuado.
Se habla de la necesidad de diseñar un Plan Nacional de Adaptación, pero no se definen metas por sectores, cuando ya hay información que permite avanzar. Al referirse al impacto sobre el sector agropecuario, por ejemplo, no se proponen medidas de adaptación, ni criterios de priorización, tales como los sistemas silvo-pastoriles (SSP) en ganadería y agroecología para producción sostenible. En energía, no hay metas e incentivos para utilizar fuentes alternativas de energía sostenible. Se habla de implementar la política nacional de cambio climático con participación de los sectores, y se identifican algunas prioridades pero, de nuevo, no se definen metas, indicadores ni presupuesto u otras fuentes de financiación.
En materia educativa, todos los programas deberían incluir información teórica y práctica sobre el medio ambiente local, regional y nacional y sobre el fenómeno de cambio climático, para inducir comportamientos colectivos racionales en términos de adaptación y mitigación.
El tema de gestión de riesgo, buen gobierno y comunidades seguras ha sido abordado desde una perspectiva interesante y novedosa en el PND. Quedan por definir indicadores de gestión efectivamente asociados con el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) y con el cambio climático, que son prioridades en esta materia.
Muchas de las ideas propuestas en la sección de recomendaciones tienen como eje el tema del cambio climático y la necesidad de preparar al país para convivir con manifestaciones de climas extremos, tanto de épocas de sequía como de excesos de lluvia. Pero hace falta cuantificar y presupuestar estas acciones.
Cambio climático e infraestructura
Una última consideración con respecto a la influencia del cambio climático en materia de infraestructura: como las especificaciones técnicas de puentes y carreteras han sido tradicionalmente definidas por los ingenieros bajo condiciones climáticas normales, será necesario hacer énfasis en desarrollar y adaptar un nuevo tipo de infraestructura vial y de telecomunicaciones- que garantice confiabilidad, movilidad y conectividad.
El manejo de las franjas de terreno a lo largo de las carreteras, por ejemplo, y la recuperación de los bosques en las laderas de las carreteras, especialmente en las de alta pendiente podrían evitar deslizamientos. Parte del presupuesto de diseño debería asignarse a inversiones para hacer efectivo el OAT en las áreas de influencia de las vías de comunicación, donde las compensaciones por cambio de uso del suelo podrían utilizar el sistema de pago por servicios ambientales (PSA) para financiar el mantenimiento de las vías y para conservar la base natural. El ferrocarril debería impulsarse como estrategia de mitigación de cambio climático.
Herramienta disuasiva
La principal herramienta para minimizar los efectos negativos asociados con el cambio climático es el ordenamiento ambiental territorial, que desde ya debe pasar a ser una tarea asumida y vigilada por todos: gobierno central, autoridades locales y sociedad civil.
Los delitos contra el OAT deben pasar a tener pesadas sanciones, incluso cárcel, pues el daño social y económico inducido por acción u omisión en esta materia puede ser aún más grave que, por ejemplo, la evasión de impuestos. Si hay funcionarios corruptos, que permiten o autorizan procesos de ocupación inadecuados, deben ser enjuiciados, pues atentan directamente contra muchas vidas humanas, presentes y futuras.
Desde la sociedad civil detectamos falta de criterio ciudadano y de voluntad pública para ejercer el severo control indispensable para que el OAT se convierta en una herramienta eficiente en manos de las oficinas de planeación municipal y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Es indispensable apoyar con crecientes recursos económicos y técnicos el desarrollo institucional ambiental, para atender de manera adecuada las demandas que surgen por el cambio climático. Para que el Sistema Nacional Ambiental (SINA) interactúe adecuadamente con los demás sectores económicos en la ineludible adaptación al cambio climático, el gobierno central debe liderar el proceso, reasignando competencias entre el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, los institutos de investigación, las CARs, y las gobernaciones y alcaldías.
Todo empieza y termina en el territorio
Un acierto indudable del PND es el nuevo enfoque centrado en la convergencia regional y en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo económico a lo largo y ancho del país, fortaleciendo los entes territoriales.
Entre los retos más urgentes que enfrenta el actual gobierno están: aplicar efectivamente los principios del OAT, adaptando sus políticas a cada región; recuperar ciénagas y humedales como sistemas de regulación hídrica natural; definir una estrategia nacional de pago por servicios ambientales, para la reconversión en el uso del suelo en las microcuencas; proteger la infraestructura vial con medidas de planificación territorial, e introducir la gestión ambiental en los currículos escolares.
Veamos los casos de algunas regiones:
• Amazonas
Sus bosques retienen la mayor cantidad de carbono por hectárea y, con 34 millones de hectáreas, representan el 56 por ciento de la superficie de bosques naturales del país. En el corto plazo, este carbón retenido constituye su mejor herramienta para conseguir recursos que financien una estrategia de etnodesarrollo, basada sobre su diversidad y su riqueza cultural y natural.
El Programa de Naciones Unidas de compensación por reducción de emisiones por degradación y deforestación de bosques naturales y por el carbón retenido en los bosques en pie (REDD+) puede generar recursos de compensación por servicios ambientales de los bosques naturales, que podrían invertirse en educación, salud, desarrollo del biocomercio, gobernabilidad indígena y gestión de recursos naturales renovables.
Por ejemplo, entre los vecinos, Brasil ya obtiene mil millones de dólares por REDD+ y Guyana 300 millones negociados con Noruega. Las compensaciones por servicios ambientales asociados con los ecosistemas naturales se hacen aún más importantes ahora que el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund) fue aprobado en Cancún (México).
Desde luego, toda negociación debe ser realizada con el consentimiento libre e informado y mediante procesos nítidos de consulta con las comunidades indígenas y afrodescendientes, que habitan las zonas de bosques tropicales de nuestro país.
• Pacífico
El 83 por ciento está cubierto de bosques y los territorios de comunidades afrodescendientes representan 60 por ciento del territorio. Además hay dos millones de hectáreas en resguardos indígenas. Constituye el bosque que más carbón retiene después de la región amazónica, un 70 por ciento de la tasa por hectárea de ésta última, con un potencial importante para REDD+.
• Zona Nororiental
Incluye los Llanos Orientales. Una aplicación estricta del Ordenamiento Ambiental Territorial protegerá su estructura ecológica principal, sus humedales, bosques de galería y los bosques naturales de la vertiente oriental de la cordillera. De esta franja boscosa depende la conservación de las cuencas y la navegabilidad de los ríos y es la zona de mayor riqueza en biodiversidad, con alto potencial de aplicar también a recursos REDD+.
• Zona Sur
El Macizo Colombiano, estrella hídrica del país, necesita que se reoriente su desarrollo hacia el pago y conservación de los servicios ambientales asociados, que debe ser adelantado por actores locales, regionales y nacionales. La regulación hídrica es en buena parte de este territorio fuente de beneficios económicos. El OAT, como estrategia de previsión de riesgo, debe ser piloto en esta área.
• Zona Caribe e Insular
Con alto riesgo de inundaciones asociadas con el cambio climático, es necesario repensar el manejo del caudal de los ríos y su relación con la recuperación de las ciénagas, además de reparar y posiblemente construir algunas obras de infraestructura.
La actividad ganadera ofrece una gran oportunidad de adoptar estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, si se impulsan los sistemas silvo-pastoriles intensivos, ya probados, que garantizan la recuperación en la base de recursos naturales (suelos, biodiversidad, agua) y permiten incrementos en la capacidad de carga y en la rentabilidad de la industria ganadera.
Los SSP constituyen una doble estrategia frente al cambio climático: de adaptación
–árboles, retención de humedad, temperatura del suelo y barreras rompe-vientos– y de mitigación
–mejor dieta para los animales y disminución de emisiones de metano por unidad producida.
• Zona Central
La desidia en aplicar la legislación referida al OAT se puso en evidencia a raíz de la crisis invernal, con manifestaciones tan dramáticas como la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, el deterioro de las cuencas hidrográficas o la destrucción de los páramos.
Los servicios ambientales hídricos prestados por los ecosistemas naturales en los páramos exigen en contrapartida su conservación absoluta, y su recuperación puede apoyarse con el pago por servicios ambientales. El uso de esta herramienta facilita y hace más efectivo el OAT, que en muchos casos exige cambios de uso del suelo.
En la zona andina de pendientes pronunciadas, el uso indebido de zonas de vocación forestal para la explotación agropecuaria es otro factor generador de desastres naturales, que se acentúan con los climas extremos.
En fin, es difícil calcular qué tan severo será el ajuste del presupuesto del PND, por efecto directo de la ola invernal y es difícil también prever hasta qué punto el gobierno central asumirá la responsabilidad de darle prioridad al tema de la dinámica ambiental de largo plazo, asociada al cambio climático y su impacto económico y social.
Eso sí, el costo será menor, si invertimos en términos preventivos y no solo remediales, lo que hasta ahora se ha hecho. Sabemos que la redacción del PND se está afinando; falta por ver cómo se reasignará el presupuesto, reflejo claro de las prioridades de gestión. Si no hay presupuesto para ordenamiento ambiental territorial, todo es cuento chino.
* Economista. Gerente Desarrollo Organizacional en Epopeya Colombia. Representante Ambiental al Consejo Nacional de Planeación.
