Los súper-educados corruptos son verdaderos súper-criminales, amparados por un espeso escudo de privilegios, contactos y protectores. Las universidades y las comunidades académicas podrían tener un papel activo en sancionar a estos “bellacos” que tanto daño le hacen al país. El autor explica por qué sus faltas son tan graves y propone cinco maneras nuevas para castigarlos.
Freddy Cante*
Los super-criminales
Los criminales de cuello blanco o super-criminales casi siempre son más peligrosos que el resto de los delincuentes, es decir, de los que delinquen a menor escala como los pobres y hambrientos minoristas del raponazo y del saqueo, los burdos y mediocres usureros, expertos en el arte de ser pedigüeños, los delincuentes comunes más organizados y sofisticados, los farsantes violentos que se enriquecen a partir del mito de una guerrilla que dice luchar por su pueblo -y más bien contribuye a acabarlo- y los mil veces más nocivos mentirosos que se autodenominan “autodefensas” del pueblo y son tenebrosos paramilitares al servicio de mafiosos y de algunos súper-ricos eufemísticamente bautizados como “bandas criminales” en la era de los buenos modales de la administración Santos.
Son tres los atributos de los super-criminales, a saber:
- Conocimientos filosóficos y técnicos en diversas profesiones directa o indirectamente relacionadas con el arte de gobernar y de elaborar políticas públicas (economía, derecho, contaduría, administración pública, ciencias políticas, sistemas, arte dramático, etc.), conocimientos acreditados por algunas de las más prestigiosas instituciones universitarias de Colombia y del exterior, mediante diplomas profesionales y honrosos títulos de maestría y doctorado;
- Información económica exclusiva, contactos que constituyen un valioso capital social y aún participación directa (asesorías, consultorías, cargos estratégicos) en la gestión de los intereses de poderosos y privilegiados grupos de presión (nacionales o extranjeros), cuyos orígenes y medios de acción pueden variar desde el capitalismo más decente y legal hasta el más aberrante, ilegal e inmoral;
- Información política exclusiva, contactos, y a veces pertenencia a nuestra tan cuestionada clase política.
Son al menos cuatro las funestas consecuencias de la acción de los mencionados súper-criminales:
- Contribuyen al cuantioso robo, despilfarro, destrucción o mal uso de importantes recursos públicos. Los amantes de las cifras estiman en billones de pesos el costo contable de la corrupción… aunque un prestigioso economista y el controvertido dirigente de un gremio han alegado, desde sus tribunas, que las cuentas de la corrupción son algo exageradas pues realmente no ascienden a billones sino a unos varios millones, y no hay pulpos tenebrosos de la corrupción sino unos meros tentáculos.
- Más allá de las cifras monetarias, los corruptos causan daños irreparables, pues generan astronómicos costos de oportunidad (los cuales pueden traducirse en oportunidades perdidas para un desarrollo equitativo y sostenible) y, por tanto, producen nuevas víctimas (más cuantiosas que las del conflicto armado), pues sin sus nocivas acciones, muy posiblemente, sería otra la situación del país;
- Contribuyen a la destrucción de más vidas y más recursos naturales que las generadas por aquellos que se podrían catalogar de idiotas útiles y calanchines (guerrillas y paramilitares respectivamente) al servicio de sectores más poderosos, al afectar los derechos de millones de colombianos a la información, a la salud, a la vivienda, a la tierra cultivable, a la educación, al crédito, a las obras de infraestructura, a un medio ambiente preservado, etc. ;
- Dado su liderazgo y posición social privilegiada, su visibilidad en los medios de información y en las redes virtuales, aniquilan y corrompen los valores y las creencias de millones de niños y jóvenes que podrían terminar imitando tan malos ejemplos y convertirse en seguidores de tan engañosas señales de éxito.
Por cierto, existe una especie de súper-criminales más ocultos todavía, no detectados aún como tales y muy apreciados por amplios sectores de la opinión: se trata de los fabricantes de expectativas y de sueños relacionados con partidos políticos, perspectivas de cambio, políticas públicas y salidas negociadas o violentas al conflicto.
Dado que en el país existe una democracia formal –si acaso minimalista y electorera– por lo que aún no se ha avanzado hacia una democracia amplia, con rendición de cuentas y control ciudadano, estamos todavía a años luz de detectar a la mayoría de los bellacos mencionados.
Pero gracias a las valientes, honestas y loables acciones de docenas de periodistas, formadores de opinión, anónimos investigadores, jueces, contralores, procuradores y fiscales ha sido posible que la justicia esté consiguiendo detectar, atrapar, juzgar y, muy posiblemente, demostrar la culpabilidad de algunos super-criminales afamados, descarados y francamente torpes.
Alto riesgo de impunidad
No obstante es posible que tan peligrosos delincuentes permanezcan inmunes a un castigo severo y efectivo, al menos por tres causas:
- La memoria fragmentada y de muy corto plazo de la opinión pública, que puede llevar a un leve y fugaz desprestigio y escarnio, apenas registrado en la primera página de otro periódico de ayer y que mañana será olvidado;
- Las prisiones de alta comodidad –confortables cárceles domiciliarias de estrato súper-ocho, oasis de privilegios en las cárceles públicas o en casas fiscales atendidas por militares– que ofrecen acceso a envidiables sistemas de comunicaciones con el exterior (prolongadas visitas, uso de celulares y otros artefactos informáticos), manteniendo a los super-criminales activos y altamente peligrosos para la sociedad, al lucrarse con recursos públicos y seguir conspirando desde la “cárcel”, y les permiten seguir viviendo en un paraíso relativo, en evidente contraste con los infiernos de hacinamiento de las cárceles colombianas o con el riguroso aislamiento e inclemente encierro de los presidios estadounidenses;
- La limitada capacidad de detección y expropiación de activos mal habidos y la suspensión marginal de derechos económicos y políticos que puede hacer la justicia. En el mejor de los casos es posible que algunos super-criminales sean obligados a devolver alguna porción del botín que han robado y que sus derechos a conservar formalmente su liderazgo político sean parcialmente suspendidos durante algunos lustros. Todo esto significa que luego de unas tortuosas vacaciones de meses o años saldrán a disfrutar de su fortuna, a causar nuevos y tal vez peores estragos en los sectores público y privado y, hasta podría ocurrir que sean homenajeados -¡y acaso indemnizados!- como nuevos mártires y héroes por parte de los ingenuos y estúpidos de un mañana incierto.
Uno de los costos que paga la sociedad abierta es tener que lidiar con el dinero en efectivo: un medio general e impersonal de pago, un artefacto líquido, que toma la forma de cualquier activo… “¡liquidez es libertad!”, como exclamó un gran economista. Debido al dinero se pueden encontrar la bella y la bestia. Este medio de poder adquisitivo resulta más peligroso que el precario anillo de Giges, pues mientras el fantástico y legendario utensilio permitía la invisibilidad física de su propietario… el dinero permite invisibilizar el comportamiento de su portador.
¡No en vano el temible villano Pablo Escobar decía que gracias a que sus transacciones habían sido en efectivo –en dólares o en pesos– muchos colombianos de bien y otros más anónimos aún gozaban de libertad y de prestigio!
La academia ante la corrupción
Una de las virtudes de los títulos, honores, empleos y diversos contratos académicos, radica en que no se pueden comprar ni transar directamente en el mercado. Se ganan con el esfuerzo permanente, mediante pruebas constantes y juicios públicos de la academia, desde un simple examen parcial, pasando por una monografía de pregrado o una exigente tesis doctoral, hasta un libro o un artículo juzgados rigurosamente por un comité editorial. En la universidad todos sus integrantes están bajo prueba permanente.
En el mundo de los mercados y ardides políticos proliferan las farsas, novelones, maquillajes y desmerecidos desagravios… ¡las apariencias se pueden comprar y mucha gente se contenta con que la mujer del César parezca virtuosa, así no lo sea en realidad!
Ante el embate de la corrupción, agravada por el dinero y las apariencias, los diplomas y títulos que las universidades otorgan a sus portadores e ilustres egresados deberían operar como el retrato fiel de Dorian Gray: una especie de fotografías dinámicas y fieles que, en caso de que sus fotografiados obren como peligrosos super-criminales, vayan quedando registrados en sus retratos académicos sus males y acciones oscuras.
A partir del raciocinio anterior, como uno más de los profesionales académicos bajo prueba permanente y como una de tantas víctimas de los super-criminales, me atrevo a sugerir que si la justicia nacional o internacional logra hallar serios indicios de culpabilidad y de responsabilidad de los presumibles delincuentes actualmente investigados, entonces el conjunto de estamentos de las universidades que han formado o empleado a alguno de tales personajes, deberían y podrían actuar contra los corruptos con iniciativas como las siguientes:
- Los investigadores y docentes pueden hacer estudios publicables acerca de la culpabilidad o responsabilidad de los super-criminales, con plena autonomía y para complementar o cuestionar si es del caso la tarea de periodistas y jueces.
- Las directivas y las autoridades morales de las instituciones universitarias y otros entes de formación podrían establecer tribunales de honor conformados por intelectuales honestos y representantes de diversos estamentos de las universidades, que promuevan juicios públicos de responsabilidad política a los súper-criminales, que trasciendan la justicia penal y administrativa, limitada a los comportamientos individuales, para analizar las faltas éticas, las consecuencias y responsabilidades de procesos colectivos.
- Las directivas y cuerpos colegiados de las instituciones universitarias podrían lanzar una especie de alerta roja nacional e internacional –como las Interpol– para advertir a empleadores y usuarios potenciales de los servicios profesionales o académicos de los súper-criminales, que tales individuos han defraudado y afectado el buen nombre de la institución que los ha formado o empleado.
- Los clubes, asociaciones y gremios académicos formales e informales podrían, al igual que los partidos políticos lo hacen, expulsar de sus filas a los súper-criminales.
- Los estudiantes, profesores y el público en general podrían rehusar tomar clases y negarse a asistir a conferencias impartidas por super-criminales cuestionados.
Iniciativas como las sugeridas podrían contribuir a un castigo civilizado, no violento, pero severo, de todos los super-criminales reconocidos y hallados culpables. No obstante, debido a la típica movilidad de la sociedad de mercado y a la muy previsible apertura de alguna inverosímil universidad de la corrupción, es posible que tan nocivos elementos ultra criminales sean contratados empleados y bien remunerados en toda una gama de ocupaciones alternativas…
*Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.
