Las universidades frente a la corrupción - Razón Pública
fredy cante

Las universidades frente a la corrupción

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fredy canteLos súper-educados corruptos son verdaderos súper-criminales, amparados por un espeso escudo de privilegios, contactos y protectores. Las universidades y las comunidades académicas podrían tener un papel activo en sancionar a estos “bellacos” que tanto daño le hacen al país. El autor explica por qué sus faltas son tan graves y propone cinco maneras nuevas para castigarlos.

Freddy Cante*

0156aLos super-criminales 

Los criminales de cuello blanco o super-criminales casi siempre son más peligrosos que el resto de los delincuentes, es decir, de los que delinquen a menor escala como los pobres y hambrientos minoristas del raponazo y del saqueo, los burdos y mediocres usureros, expertos en el arte de ser pedigüeños, los delincuentes comunes más organizados y sofisticados, los farsantes violentos que se enriquecen a partir del mito de una guerrilla que dice luchar por su pueblo -y más bien contribuye a acabarlo- y los mil veces más nocivos mentirosos que se autodenominan “autodefensas” del pueblo y son tenebrosos paramilitares al servicio de mafiosos y de algunos súper-ricos ­eufemísticamente bautizados como “bandas criminales” en la era de los buenos modales de la administración Santos.

Son tres los atributos de los super-criminales, a saber: 

  1. Conocimientos filosóficos y técnicos en diversas profesiones directa o indirectamente relacionadas con el arte de gobernar y de elaborar políticas públicas (economía, derecho, contaduría, administración pública, ciencias políticas, sistemas, arte dramático, etc.), conocimientos acreditados por algunas de las más prestigiosas instituciones universitarias de Colombia y del exterior, mediante diplomas profesionales y honrosos títulos de maestría y doctorado; 
  2. Información económica exclusiva, contactos que constituyen un valioso capital social y aún participación directa (asesorías, consultorías, cargos estratégicos) en la gestión de los intereses de poderosos y privilegiados grupos de presión (nacionales o extranjeros), cuyos orígenes y medios de acción pueden variar desde el capitalismo más decente y legal hasta el más aberrante, ilegal e inmoral;
  3. Información política exclusiva, contactos, y a veces pertenencia a nuestra tan cuestionada clase política. 

Son al menos cuatro las funestas consecuencias de la acción de los mencionados súper-criminales: 

  1. Contribuyen al cuantioso robo, despilfarro, destrucción o mal uso de importantes recursos públicos. Los amantes de las cifras estiman en billones de pesos el costo contable de la corrupción… aunque un prestigioso economista y el controvertido dirigente de un gremio han alegado, desde sus tribunas, que las cuentas de la corrupción son algo exageradas pues realmente no ascienden a billones sino a unos varios millones, y no hay pulpos tenebrosos de la corrupción sino unos meros tentáculos.
  2. Más allá de las cifras monetarias, los corruptos causan daños irreparables, pues generan astronómicos costos de oportunidad (los cuales pueden traducirse en oportunidades perdidas para un desarrollo equitativo y sostenible) y, por tanto, producen nuevas víctimas (más cuantiosas que las del conflicto armado), pues sin sus nocivas acciones, muy posiblemente, sería otra la situación del país; 
  3. Contribuyen a la destrucción de más vidas y más recursos naturales que las generadas por aquellos que se podrían catalogar de idiotas útiles y calanchines (guerrillas y paramilitares respectivamente) al servicio de sectores más poderosos, al afectar los derechos de millones de colombianos a la información, a la salud, a la vivienda, a la tierra cultivable, a la educación, al crédito, a las obras de infraestructura, a un medio ambiente preservado, etc. ; 
  4. Dado su liderazgo y posición social privilegiada, su visibilidad en los medios de información y en las redes virtuales, aniquilan y corrompen los valores y las creencias de millones de niños y jóvenes que podrían terminar imitando tan malos ejemplos y convertirse en seguidores de tan engañosas señales de éxito. 

Por cierto, existe una especie de súper-criminales más ocultos todavía, no detectados aún como tales y muy apreciados por amplios sectores de la opinión: se trata de los fabricantes de expectativas y de sueños relacionados con partidos políticos, perspectivas de cambio, políticas públicas y salidas negociadas o violentas al conflicto.

Dado que en el país existe una democracia formal –si acaso minimalista y electorera– por lo que aún no se ha avanzado hacia una democracia amplia, con rendición de cuentas y control ciudadano, estamos todavía a años luz de detectar a la mayoría de los bellacos mencionados. 

Pero gracias a las valientes, honestas y loables acciones de docenas de periodistas, formadores de opinión, anónimos investigadores, jueces, contralores, procuradores y fiscales ha sido posible que la justicia esté consiguiendo detectar, atrapar, juzgar y, muy posiblemente, demostrar la culpabilidad de algunos super-criminales afamados, descarados y francamente torpes. 

Alto riesgo de impunidad 

No obstante es posible que tan peligrosos delincuentes permanezcan inmunes a un castigo severo y efectivo, al menos por tres causas: 

  1. La memoria fragmentada y de muy corto plazo de la opinión pública, que puede llevar a un leve y fugaz desprestigio y escarnio, apenas registrado en la primera página de otro periódico de ayer y que mañana será olvidado; 
  2. Las prisiones de alta comodidad –confortables cárceles domiciliarias de estrato súper-ocho, oasis de privilegios en las cárceles públicas o en casas fiscales atendidas por militares– que ofrecen acceso a envidiables sistemas de comunicaciones con el exterior (prolongadas visitas, uso de celulares y otros artefactos informáticos), manteniendo a los super-criminales activos y altamente peligrosos para la sociedad, al lucrarse con recursos públicos y seguir conspirando desde la “cárcel”, y les permiten seguir viviendo en un paraíso relativo, en evidente contraste con los infiernos de hacinamiento de las cárceles colombianas o con el riguroso aislamiento e inclemente encierro de los presidios estadounidenses; 
  3. La limitada capacidad de detección y expropiación de activos mal habidos y la suspensión marginal de derechos económicos y políticos que puede hacer la justicia. En el mejor de los casos es posible que algunos super-criminales sean obligados a devolver alguna porción del botín que han robado y que sus derechos a conservar formalmente su liderazgo político sean parcialmente suspendidos durante algunos lustros. Todo esto significa que luego de unas tortuosas vacaciones de meses o años saldrán a disfrutar de su fortuna, a causar nuevos y tal vez peores estragos en los sectores público y privado y, hasta podría ocurrir que sean homenajeados -¡y acaso indemnizados!- como nuevos mártires y héroes por parte de los ingenuos y estúpidos de un mañana incierto. 

Uno de los costos que paga la sociedad abierta es tener que lidiar con el dinero en efectivo: un medio general e impersonal de pago, un artefacto líquido, que toma la forma de cualquier activo… “¡liquidez es libertad!”, como exclamó un gran economista. Debido al dinero se pueden encontrar la bella y la bestia. Este medio de poder adquisitivo resulta más peligroso que el precario anillo de Giges, pues mientras el fantástico y legendario utensilio permitía la invisibilidad física de su propietario… el dinero permite invisibilizar el comportamiento de su portador.

¡No en vano el temible villano Pablo Escobar decía que gracias a que sus transacciones habían sido en efectivo –en dólares o en pesos– muchos colombianos de bien y otros más anónimos aún gozaban de libertad y de prestigio!

La academia ante la corrupción

Una de las virtudes de los títulos, honores, empleos y diversos contratos académicos, radica en que no se pueden comprar ni transar directamente en el mercado. Se ganan con el esfuerzo permanente, mediante pruebas constantes y juicios públicos de la academia, desde un simple examen parcial, pasando por una monografía de pregrado o una exigente tesis doctoral, hasta un libro o un artículo juzgados rigurosamente por un comité editorial. En la universidad todos sus integrantes están bajo prueba permanente.

En el mundo de los mercados y ardides políticos proliferan las farsas, novelones, maquillajes y desmerecidos desagravios… ¡las apariencias se pueden comprar y mucha gente se contenta con que la mujer del César parezca virtuosa, así no lo sea en realidad!

Ante el embate de la corrupción, agravada por el dinero y las apariencias, los diplomas y títulos que las universidades otorgan a sus portadores e ilustres egresados deberían operar como el retrato fiel de Dorian Gray: una especie de fotografías dinámicas y fieles que, en caso de que sus fotografiados obren como peligrosos super-criminales, vayan quedando registrados en sus retratos académicos sus males y acciones oscuras.

A partir del raciocinio anterior, como uno más de los profesionales académicos bajo prueba permanente y como una de tantas víctimas de los super-criminales, me atrevo a sugerir que si la justicia nacional o internacional logra hallar serios indicios de culpabilidad y de responsabilidad de los presumibles delincuentes actualmente investigados, entonces el conjunto de estamentos de las universidades que han formado o empleado a alguno de tales personajes, deberían y podrían actuar contra los corruptos con iniciativas como las siguientes:

  • Los investigadores y docentes pueden hacer estudios publicables acerca de la culpabilidad o responsabilidad de los super-criminales, con plena autonomía y para complementar o cuestionar si es del caso la tarea de periodistas y jueces.
  • Las directivas y las autoridades morales de las instituciones universitarias y otros entes de formación podrían establecer tribunales de honor conformados por intelectuales honestos y representantes de diversos estamentos de las universidades, que promuevan juicios públicos de responsabilidad política a los súper-criminales, que trasciendan la justicia penal y administrativa, limitada a los comportamientos individuales, para analizar las faltas éticas, las consecuencias y responsabilidades de procesos colectivos.
  • Las directivas y cuerpos colegiados de las instituciones universitarias podrían lanzar una especie de alerta roja nacional e internacional –como las Interpol– para advertir a empleadores y usuarios potenciales de los servicios profesionales o académicos de los súper-criminales, que tales individuos han defraudado y afectado el buen nombre de la institución que los ha formado o empleado.
  • Los clubes, asociaciones y gremios académicos formales e informales podrían, al igual que los partidos políticos lo hacen, expulsar de sus filas a los súper-criminales.
  • Los estudiantes, profesores y el público en general podrían rehusar tomar clases y negarse a asistir a conferencias impartidas por super-criminales cuestionados.

Iniciativas como las sugeridas podrían contribuir a un castigo civilizado, no violento, pero severo, de todos los super-criminales reconocidos y hallados culpables. No obstante, debido a la típica movilidad de la sociedad de mercado y a la muy previsible apertura de alguna inverosímil universidad de la corrupción, es posible que tan nocivos elementos ultra criminales sean contratados empleados y bien remunerados en toda una gama de ocupaciones alternativas…

*Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.

 

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