Las tarifas de energía: ¿en qué quedó la promesa?
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Las tarifas de energía: ¿en qué quedó la promesa?

Escrito por Libardo Espitia

No se ha cumplido la promesa de disminuir las tarifas y los miembros de la comisión reguladora entran y salen de sus cargos. No se ha cumplido tampoco el mandato constitucional de participación de los usuarios.

Libardo Espitia*

Una promesa incumplida

El candidato Gustavo Petro prometió rebajar las tarifas del servicio de energía eléctrica, pero esta promesa no se ha hecho realidad después de un año de gobierno.

¿Las razones? En primer lugar, el gobierno invitó a los prestadores de servicios a revisar las tarifas, pero las respuestas no fueron satisfactorias. Como consecuencia, y en segundo lugar, el gobierno expidió el Decreto 227 de 2023 mediante el cual el presidente reasumía algunas funciones generales de las comisiones de regulación (CREG Y CRA). Pero tras una demanda de nulidad, el Consejo de Estado en una decisión contradictoria suspendió los efectos del acto administrativo como medida cautelar tal como lo solicitaron los demandantes.

Independientemente de estos hechos, aprobar una modificación al Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios es una necesidad para que los usuarios tengan participación efectiva en las comisiones que regulan los servicios.

Quienes y cómo regulan los servicios

El Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) reglamentó el Capítulo V del Título XII de la Constitución de 1991, según el cual es deber del Estado asegurar la prestación de estos servicios a todos los habitantes del territorio, ora de manera directa, ora de modo indirecto, manteniendo en todo caso su regulación, control y vigilancia.

El campo de aplicación de la Ley 142 serían los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía básica conmutada y telefonía móvil en el sector rural

La ley dispuso de manera explícita que corresponde al presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios, y ejercer la inspección, vigilancia y control a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según el artículo 68, el presidente podría adelantar directamente estas tareas o delegarlas en las comisiones de regulación que se creaban.

aprobar una modificación al Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios es una necesidad para que los usuarios tengan participación efectiva en las comisiones que regulan los servicios.

Así, la misma Ley creó tres unidades administrativas especiales, dotadas de independencia administrativa, técnica y patrimonial adscrita a un ministerio según el sector:

  • Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), adscrita al Ministerio de Minas y Energía;
  • Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al entonces Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y
  • Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), adscrita al Ministerio de Comunicaciones hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y renombrada como Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC en virtud de la Ley de TICS (Ley 1341 DE 2009).

La función esencial de estas comisiones es evitar los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible y, en los demás casos, promover la competencia entre quienes presten los servicios para que sus operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

¿Y los ciudadanos?

Aunque un principio fundamental de la Constitución es la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones que la afecten para lograr el fin esencial del Estado, hoy esta norma no se cumple en materia de servicios públicos domiciliarios.

El Título V de la Ley 142 creó las comisiones, definió sus funciones y su composición:   estas unidades administrativas estarían integradas por el ministro respectivo –quien la presidiría–; el director del Departamento Nacional de Planeación y tres expertos comisionados de dedicación exclusiva designados por el presidente de la República por períodos de 3 años reelegibles.

Pero no se contempló la participación efectiva del eslabón más importante de la cadena: el usuario.

El Decreto 2696 de 2004 dio una tibia participación de los usuarios, al ordenar que la comisiones publicaran en su página web información referente a

  • La agenda anual a más tardar cada 30 de octubre, señalando los asuntos a tratar en el siguiente año,
  • Los proyectos de resolución de carácter general, exceptuando los relativos a las fórmulas tarifarias, así como los comentarios de los agentes prestadores, usuarios y superintendencias (Servicios Públicos Domiciliarios y la de Industria y Comercio).

La CREG, un primer cambio

El antecedente de la Ley 142 de 1994 fue el Proyecto 197 y 276/92 Senado, 183/93 Cámara, que presentaron los ministros de Hacienda, Minas y Energía, Comunicaciones, Obras y el director del Departamento Nacional de Planeación el   21 de octubre de 1992.

Pero entonces se discutía de manera simultánea el Proyecto 127/92 Senado, 211/92 Cámara, presentado por el Ministerio de Minas y Energía, que finalmente se aprobó el 11 de julio de 1994 como la Ley 143, conocida como Ley Eléctrica. Esta ley estableció el régimen para las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional.

El Capítulo IV de la Ley Eléctrica estableció los requisitos para ser comisionados y a la vez disposiciones distintas de las de la Ley 142 en lo tocante a la conformación de la CREG y el período de los expertos:

Conformación:

  • El ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
  • El ministro de Hacienda y Crédito Público;
  • El director del Departamento Nacional de Planeación, y
  • Seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva designados por el presidente de la República para períodos de 4 años

Requisitos para ser experto:

  • Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.
  • Tener título universitario en Ingeniería, Economía, Administración de Empresas o similares, Derecho y estudios de posgrado.
  • Experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas en el sector por un período superior a 6 años; o haber sido asesor o consultor por un período igual o superior.

Los expertos podrán ser reelegidos una sola vez.

Foto: YouTube: Captura de pantalla @superintendenciaSIC - El expresidente Iván Duque nombró a Andrés Barreto como experto comisionado en la CREG, pero su nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado, al igual que el de Sara Vélez y Natasha Avendaño.

Las comisiones tampoco han consultado la capacidad de pago de los usuarios, sino que han dado prioridad a la suficiencia financiera de las empresas prestadoras desconociendo sentencias de la Corte Constitucional

La CREG, un segundo cambio

El Decreto 1260 de 2013  volvió a cambiar la estructura de la CREG:

  • mantuvo a los integrantes de las entidades públicas;
  • aumentó el número de expertos designados por el presidente de 6 a 8 por períodos de 4 años con la posibilidad de ser reelegidos, y
  • ordenó las funciones regulatorias en tres sectores a) funciones generales, b) energía eléctrica y gas combustible y c) combustibles líquidos derivados del petróleo.

Una cascada de nombramientos irregulares

En la recta final del gobierno de Iván Duque y con ocasión del final de los períodos, se hicieron tres nombramientos de expertos comisionados en la CREG:

  1. El Decreto 1423 del 29 de julio de 2022 nombró a Andrés Barreto González, exsuperintendente de Industria y Comercio;
  2. El Decreto 1424 del mismo 29 de julio nombró a Natasha Avendaño, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y
  3. El Decreto 1555 del 05 de agosto de 2022 nombró a Sara Vélez Cuartas, ex directora de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Pero cada uno de estos nombramientos fue anulado por el Consejo de Estado:

  • El 11 de noviembre de 2022 anuló el de Sara Vélez por ser miembro de la Junta Directiva de la Electrificadora del Meta, lo cual la inhabilitaba. Además, no cumplía con el requisito de experiencia.
  • El nombramiento de Andrés Barreto González fue anulado el 2 de febrero de 2023 porque no cumplía los requisitos de experiencia en el sector.
  • El 29 de abril de 2023 se anuló el de la exsuperintendente Natasha Avendaño porque no había acreditado la experiencia requerida.

El bolsillo de las empresas primero

La regulación expedida hasta el momento por las comisiones no ha tenido en cuenta una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones tal como lo dispone la Carta Magna.

Las comisiones tampoco han consultado la capacidad de pago de los usuarios, sino que han dado prioridad a la suficiencia financiera de las empresas prestadoras desconociendo sentencias de la Corte Constitucional que señalan lo contrario.

Igualmente surge el válido cuestionamiento de la experiencia requerida para ser experto comisionado fijada en la Ley Eléctrica.  En muchos casos, el experto ha hecho carrera en empresas prestadoras y al pasar al ente regulador la independencia y autonomía en la toma de decisiones y la objetividad se pierde, incurriendo con ello en un evidente conflicto de intereses y, es ahí donde ganan los agentes prestadores pero pierde el eslabón más importante de la cadena: los usuarios.

Finalmente, si la regulación expedida ha estado dirigida a lograr la eficiencia en las operaciones económicas de los agentes, cabe preguntarse cuáles han sido las causas para que esto no se hubiese trasladado a los usuarios en rebajas efectivas de sus facturas, inclusive el usuario no entiende cómo es que en época de lluvias y con embalses llenos el costo de la prestación sube y sube.

Por lo anterior no queda duda de que después de 30 años de vigencia de las Leyes 142 y 143 de 1994 son varios los asuntos que se deben modificar de fondo.

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