Las revocatorias del CNE: más política que vigilancia electoral
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Las revocatorias del CNE: más política que vigilancia electoral

Escrito por Esteban Salazar

El CNE ha revocado varias campañas para alcaldías y gobernaciones. ¿Hasta dónde sus motivos son válidos y hasta dónde se trata de persecución política?

Esteban Salazar*

Elecciones en vilo

A menos de un mes de las elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto varios casos de revocatorias de avales de candidatos a alcaldías y gobernaciones que dejaron en vilo las elecciones en distintos municipios y departamentos del país.

En virtud del Acto Legislativo 01 de 2009 el CNE puede revocar los avales cuando los candidatos hayan incurrido en alguna de las inhabilidades previstas por la ley.

Para estas elecciones, sin embargo, se hicieron varias revocatorias que llamaron la atención por los argumentos del CNE, así como por el contexto político que hoy tenemos.

¿Qué tan confiables han sido estas decisiones?

El pecado original

En primer lugar, y como se ha dicho muchas veces, el pecado natural del CNE es su diseño mismo, pues el proceso de elección responde más a la politización que a la independencia.

Basta notar que la mayoría de los magistrados vienen de haberse quemado en las elecciones al Congreso y que responden a los intereses de las bancadas mayoritarias que los escogen.

Esta costumbre deja dudas razonables sobre la idoneidad y la legitimidad de las decisiones del CNE —y de silencios del CNE en casos polémicos como el de Odebrecht o la presunta financiación ilegal de campañas presidenciales durante los últimos años—.

También hubo casos de zona gris, donde la interpretación de los magistrados del CNE estaría creando precedentes sin un sustento lo suficientemente imparcial.

Foto: Facebook: Jorge Emilio Rey - Aunque el Consejo Nacional Electoral acertó con la revocatoria del hombre Marlboro, en el caso del candidato Jorge Rey puso en entredicho su imparcialidad.

A lo cual debo agregar que los nueve magistrados que conforman el CNE no tienen   capacidad suficiente para vigilar el grueso de las elecciones de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, que congregan más de cien mil candidatos en todo el país.

Por eso cada vez que este órgano toma decisiones dentro de un proceso electoral debemos poner la lupa en cada caso.

Un acierto del CNE

Este año hemos tenido candidaturas que no debían haberse presentado porque son ilegítimas y a la luz del derecho estaba comprobado que estaban inhabilitados.

Este es el caso de Samuel Santander Lopesierra, hasta hace poco candidato a la Alcaldía de Maicao, quien estuvo dos décadas extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.  Vale anotar que a su regreso en 2021 Lopesierra, mejor conocido como “El hombre Marlboro”, decidió ingresar a la contienda electoral intentando congraciarse con la campaña de Gustavo Petro. Hasta el momento se desconocen las pruebas que demuestren esta presunta relación.

Pero no hay una explicación de cómo un expresidiario en Estados Unidos tenía el capital para lanzarse a una Alcaldía. Esto porque según el Acto Legislativo 01 de 2009, nadie en Colombia puede ser candidato, elegido o nombrado en la función pública si tuvo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, una condena por narcotráfico, delitos de lesa humanidad e, incluso, delitos contra el patrimonio del Estado.

Por eso debemos celebrar la velocidad del CNE para revocar del aval de este candidato, quien después intentó postular a su hijo. Este segundo hecho fue rechazado por el registrador municipal porque el periodo de inscripción de candidaturas ya había concluido y, así se tratara de un grupo significativo de ciudadanos, Santander Lopesierra estaba advertido sobre los problemas legales de su candidatura.

Más política que derecho

Sin embargo, hay que decir que la imparcialidad del CNE queda en duda ante casos como el de Jorge Rey en Cundinamarca, presuntamente inhabilitado por doble militancia: los co-avales que recibió no provenían de bancadas en las que había estado previamente.

Aunque se presentaron pruebas sobre la supuesta militancia en Cambio Radical, (bancada que no avaló inicialmente su candidatura, aunque después lo apoyó)  el CNE concluyó que sé estaba inhabilitado porque no había notificado debidamente su desvinculación de Cambio Radical. ¿Cómo podría notificar su renuncia a un partido del cual no reconoce haber formado parte?

Zonas grises

También hubo casos de zona gris, donde la interpretación de los magistrados del CNE estaría creando precedentes sin un sustento lo suficientemente imparcial.

Se trata de los casos del candidato a la Gobernación del Valle del Cauda, Tulio Gómez, y a la Alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo:

  • En el primer caso, el CNE decidió reconocer una inhabilidad por una ficción: Gómez estaría inhabilitado por su relación con un contrato con un municipio que hace parte del departamento, así Cali funcione autónomamente. El CNE lo inhabilitó por haber sido parte de las directivas del equipo de fútbol del América de Cali.
  • Esto mismo sucedió con Patricia Caicedo, a quien se le aplicó la figura de la inhabilidad por ser hermana del gobernador Carlos Caicedo o porque su hermano es ordenador del gasto en el departamento, incluyendo a Santa Marta, donde ella pretendía presentarse como candidata. Pero la inhabilidad se aplica en primera persona, es decir, a la candidata Patricia Caicedo y no a su familiar.

Po las razones anteriores los afectados han interpuesto recursos contra la decisión del CNE que todavía no han sido resueltos y ponen aún más en vilo las elecciones locales.

¿Qué sigue?

La decisión del CNE pesa cada día más porque el material electoral ya está en imprenta y quienes no quedaron con la candidatura en firme no aparecerán en el tarjetón.

Basta notar que la mayoría de los magistrados vienen de haberse quemado en las elecciones al Congreso y que responden a los intereses de las bancadas mayoritarias que los escogen.

No obstante, cualquier candidato puede aplicar un recurso de reposición contra la la decisión del CNE y también pueden asistir ante un juez de mayor jerarquía mediante una tutela que proteja su derecho fundamental a ser elegido. En estos casos, el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para que el candidato o candidata puedan participar.

Finalmente, existe un último recurso que es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en casos donde, por ejemplo, se demuestre que el CNE y las instancias nacionales no están actuando en derecho.

Pese a todo lo anterior, es bien sabido que en algunos casos no existe ningún recurso que valga. En otros varios hay una duda razonable sobre las actuaciones de los magistrados del CNE que, como pecado original, actúan más como un tribunal político que como un tribunal administrativo-electoral.

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