Entre las reformas propuestas por el gobierno, la del sistema de regalías pone acento en un tema de compleja resolución: el fortalecimiento del poder regional y local frente al poder del Estado nacional.
César González Muñoz *
El destino fatal de los gobiernos en esta zona de confluencia intertropical es que deben llevar el sello de los reformadores. No hay gobierno nuevo que no trate de dejar, al comienzo de su periodo, profundas cicatrices en las instituciones, en el sistema de reglas, en el ambiente normativo. Con frecuencia, como le ocurre a éste, el gobierno de hoy propone tareas de reforma a las reformas hechas por el gobierno de ayer, en un evidente desperdicio de energías sociales, legislativas y gerenciales. Claro que no estoy defendiendo el statu quo ni las acciones del anterior régimen; son indispensables varias contra reformas, vueltas en U (de cosas hechas por la U), desmontes y demoliciones. Pero es claro que todo ello significa desgastes que se hubieran podido evitar si la sociedad colombiana y si el Congreso de la República hubieran sido más críticos, menos tolerantes de lo abrupto y de lo abusivo, no sólo de los últimos ocho años, sino de épocas anteriores.
Frente a la pesada carga de los propósitos reformadores del gobierno, uno tiene dificultades para saber con cuáles energías y a qué horas el ejecutivo podrá manejar la rutina, las urgencias, lo inaplazable en varios campos de la vida pública. Sin duda, las reformas anunciadas o puestas sobre la mesa son absolutamente relevantes. Nada hay de bizantino en ellas, pero los brotes verdes, los efectos reales se verán a la vuelta de por lo menos varios años. El presidente Santos tendrá que ser muy hábil en la administración de los torneos entre sus principales ministros; todos ellos, pesos pesados de la política, le han llevado al Congreso iniciativas muy relevantes. Todos ellos tendrán que pasar muchos días en el Capitolio empujando Leyes y Actos Legislativos. Mientras tanto, seguirá corriendo el agua. Hay que tener la esperanza de que, a la larga, lo importante no atropelle lo urgente. Sería grave.
Una reforma de cicatriz honda es la reforma constitucional del sistema de regalías. El gobierno ha dicho formalmente que esta iniciativa tiene cuatro principios rectores: El ahorro de recursos públicos (alcancía para días de lluvia), la equidad entre regiones, clases sociales y generaciones, la competitividad regional y el buen gobierno. El Ejecutivo tendrá oportunidad de explicar qué significa todo ello en concreto. Hay montañas de preguntas que ya han empezado a desfilar; por ejemplo, ¿Qué carácter tendría el ahorro que se propone, cuando el sistema de regalías y sus instrumentos de ahorro y gasto quedarían por fuera del Presupuesto Nacional y serían cuentas “administradas” por el Banco de la República? ¿Cómo se decide cuándo y cuánto ahorrar o girar de esas cuentas? Sin duda, el gobierno tendrá respuestas coherentes a esta y a todas las preguntas, pero la deliberación seguramente será de complejidad creciente.
Desde el andén, un ciudadano interesado en estos temas puede quedar muy inquieto. Mucha gente preguntará si acaso la primera cuestión que debemos resolver no es si vale la pena, si se puede, si es prudente aumentar la carga tributaria de las actividades generadoras de las regalías. Creo personalmente que las respuestas a todo ello son afirmativas. Que la actitud responsable del Estado y de la comunidad consiste en propiciar esta discusión. Y una parte quizás mayoritaria de la ciudadanía también dirá que el principal objetivo de una reorganización de las regalías debería ser el fortalecimiento del poder regional y local frente al poder del Estado nacional. En principio, este objetivo no se favorece con el proyecto de reforma. Temo que habrá fuerzas centralizadoras muy poderosas, inclusive en el Congreso. Y aquí está la almendra. Pero bueno, la red sólo comienza a tejerse.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
