Las reformas a la JEP: ¿verdad o impunidad para los militares? - Razón Pública
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Las reformas a la JEP: ¿verdad o impunidad para los militares?

Escrito por Francisco Leal Buitrago
Presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas de Colombia.

Presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas de Colombia.

Francisco Leal

otra violencia

Aunque los cambios que impuso el Centro Democrático hacen aún más difícil que los militares confiesen y paguen sus crímenes, muchos de ellos prefieren no esperar a las reformas. Un enredo que no puede entenderse sin repasar la historia.

Francisco Leal Buitrago*

Un pasado muy pesado

La violencia guerrillera que comenzó en los años 60 del siglo pasado -sumada a la incapacidad de sucesivos gobiernos para trazar una directriz política de las Fuerza Pública- hizo que los militares:

  • Confirmaran su autonomía en el manejo del orden público y
  • Permitieran que el concepto de “seguridad nacional” desplazara al de “defensa nacional”. Mientras que la seguridad nacional consistía en enfrentar la amenaza comunista, la defensa nacional consistía en defender la soberanía frente a otros países. La primera estrategia imperó en Colombia incluso después de la Guerra Fría, debido a que el conflicto armado interno dificultó que los militares comprendieran el nuevo orden internacional.

La relativa autonomía militar y la falta de directrices políticas condujeron a improvisaciones en el manejo del orden público. La debilidad del Estado, su ausencia en gran parte del territorio nacional, el aumento del narcotráfico, la ineficacia militar en la lucha contra la subversión y el consecuente surgimiento de paramilitares fueron los principales agravantes del conflicto.

A finales del siglo pasado e inicios del presente la situación era más crítica que nunca: el narcotráfico aumentó, la guerrilla se fortaleció y el paramilitarismo se unificó. Este panorama indujo una reforma militar exigida por Estados Unidos, país que apoyó el Plan Colombia contra el narcotráfico. Así mismo, propició un nuevo gobierno cuya bandera –la “Seguridad Democrática”– se llevó a la práctica de un modo acelerado e improvisado.

Puede leer: El “conejo” a favor de los militares en el Acuerdo Final.

Las dos políticas de Uribe

Ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.
Ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. 
Foto: Emisora Cultural del Huila 

Los dos componentes centrales de la Seguridad Democrática -ofensiva contra las FARC y “política de paz” con el paramilitarismo- no se articularon entre sí ni estuvieron exentos de problemas. En efecto:

-La aplicación del Plan Patriota, complementario del Plan Colombia, se limitó a una ofensiva militar contra las FARC. La concentración de esfuerzos ofensivos en una zona inmensa al sur del país no fue adecuada y propició el aumento desmedido del pie de fuerza y el gasto militar del país.

-Por otra parte el gobierno de Uribe inició negociaciones con los paramilitares, pero la unidad de estos fue afectada por su inclusión en la lista de terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea (los paramilitares no contaban con que Washington descubriera sus nexos con el narcotráfico y el terrorismo).

Un caudillo que seduce adeptos a costa de debilitar la democracia y menospreciar a la comunidad internacional.

En el afán de negociar con los paramilitares y resistir la solicitud de extradición hacia Estados Unidos, Uribe propuso libertad condicional para quienes se desmovilizaran y estuvieran sindicados de delitos. Esta fórmula se concretó en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometieron a desmovilizar gradualmente a sus miembros.

Pero el proyecto de alternatividad penal para paramilitares no fue suficiente, pues varias bandas se habían consolidado en otras regiones del país. La vinculación de sus jefes con la clase política se hizo ostensible. El poderío paramilitar radicaba en su vinculación con el narcotráfico y la conformación de redes mafiosas mediante la apropiación violenta de tierras, el desplazamiento de campesinos, la extorsión a comerciantes y las actividades económicas legales e ilegales. Sobre esta base se construyeron poderes políticos con pretensiones nacionales.

Entretanto, la reforma constitucional adelantada por el Gobierno y congresistas afines sacó adelante la reelección presidencial inmediata que inició su segundo mandato en 2006. 

Los militares salpicados

Al culminar la desmovilización paramilitar, quedaron por fuera grupos alimentados por desmovilizados y nuevos combatientes. Comenzó entonces un episodio imprevisto derivado de confesiones de paramilitares para salir bien librados: la llamada parapolítica.

Gracias a esas confesiones se supo de su relación con militares para combatir la subversión mediante masacres, muertes de civiles considerados auxiliadores de la guerrilla y otras violaciones de los derechos humanos. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por crímenes cometidos por agentes estatales.

Después de que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia vincularon a gran número de congresistas y políticos afines al Gobierno con la “parapolítica”, el presidente Uribe   ordenó de manera sorpresiva la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, argumentando que ellos habían seguido delinquiendo desde la cárcel. Con esto se  interrumpieron las confesiones y, con ello, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para reparar a las víctimas.

Los falsos positivos

Pero con todo eso salió a la luz la participación de muchos agentes del Estado en esa “guerra sucia” que fue la guerra de Colombia.

Los informes de organismos internacionales mostraron crímenes ejecutados por miembros del Ejército (“falsos positivos”), estimulados por sus comandantes para obtener resultados medidos en muertes.

Ante el escándalo internacional, Uribe llevo a cabo una purga militar dando el mensaje de “las pocas manzanas podridas” y liberando de toda responsabilidad a quienes no fueron objeto directo de la purga. Esa respuesta fue una nueva muestra de su estrategia para mantener altos índices de popularidad: un caudillo que seduce adeptos a costa de debilitar la democracia y menospreciar a la comunidad internacional, incluyendo a mandos militares cuya consueta pública es la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (ACORE).

Le interesa leer: Justicia militar, derecho de guerra y “falsos positivos”.

Uribe expresidente

La soterrada búsqueda de una segunda reelección presidencial fracasó, pero en 2010 Juan Manuel Santos, su anterior ministro de Defensa, alcanzó la presidencia.

Al asumir el gobierno con autonomía, Santos se convirtió en el traidor del “presidente eterno”, máxime con el “destape” de sus negociaciones con las FARC. Sin embargo este proceso logró desmovilizar a la guerrilla más antigua del Continente, pese a la oposición cerrera del Centro Democrático (CD), el partido creado por Uribe para perpetuarse en la política.

Pero entretanto la autonomía de la Fuerza Pública -sumada a su crecimiento bajo los últimos gobiernos y al apoyo manifiesto de la opinión pública- sirvió para hacerla intocable por temor a no acatar decisiones del presidente Santos. Mientras que el prestigio internacional de nuestros militares posibilitó a Colombia afiliarse a la OTAN, en el país se hizo evidente su incapacidad para garantizar la seguridad en extensos territorios.

Estas medidas atentan contra la búsqueda de justicia para las víctimas, la lucha contra la impunidad y la garantía de derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.  

La innecesaria convocatoria de Santos a un plebiscito para refrendar el Acuerdos con las FARC resultó en el estrecho triunfo del No sobre el Sí. Los nuevos acuerdos con las FARC tampoco fueron del agrado del CD.

Y tras la coyuntura provocada por la confluencia de circunstancias políticas inéditas y el errado manejo de mayorías electorales de centro e izquierda frente a la derecha recalcitrante, fue elegido presidente “el que dijo Uribe”.

Impunidad para los militares

Conflicto armado.
Conflicto armado.
Foto: Centro de Memoria Histórica

El bloqueo de la aprobación de leyes sobre los acuerdos ha sido permanente. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido víctima destacada. A la oposición se sumó el oportunismo de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical.

Obstáculos a la vinculación de terceros a procedimientos, normas especiales para integrantes de la Fuerza Pública, definición exclusiva del conflicto armado y alteración de la responsabilidad de mando son algunas normas importantes al respecto.

La Corte Constitucional eliminó la comparecencia obligatoria de civiles y agentes del Estado distintos de los miembros de la Fuerza Pública, pero también negó la aspiración de la bancada uribista en el sentido de que la JEP excluyera a defensores de derechos humanos que abogaran por las víctimas.

Esta bancada también incorporó disposiciones inconstitucionales –como una sala especial para militares– y suspendió procesos contra miembros de la Fuerza Pública por violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Su comparecencia ante la JEP es voluntaria y se pretende que sea exclusiva para exintegrantes de las Farc, con impunidad para otros actores del conflicto armado, como militares y policías.

Encuentre en RP: Jurisdicción Especial para la Paz: ¿injusta con empresarios y militares?

La historia no perdona

Sin duda, estas medidas atentan contra la búsqueda de justicia para las víctimas, la lucha contra la impunidad y la garantía de derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.  Ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga, la Corte Constitucional tendrá que reconsiderar estas decisiones. 

Sin embargo, el supuesto favorecimiento normativo a la Fuerza Pública bajo la batuta del Centro Democrático no ha sido acatado por miembros procesados que buscan comparecer por conveniencia ante la JEP. El general Henry Torres Escalante fue el primero que compareció ante esta instancia, como supuesto victimario de campesinos asesinados.

El enredo jurídico provocado por los áulicos de Uribe busca entorpecer la puesta en marcha de los acuerdos. Además del caso de la JEP, existen otros como el de la Comisión de la Verdad cuya solicitud al Ministerio de Defensa de facilitar archivos reservados para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad sin restricciones desató la ira de ACORE, la cual se opuso inmediatamente apelando al argumento de la seguridad nacional.

Aunque las clases políticas tradicionales han hecho lo posible por mantener ocultas las violencias militares, la historia no perdona: muchas de ellas ya fueron reveladas y las demás saldrán a la luz tarde o temprano.

* Profesor honorario de las universidades Nacional de Colombia y Los Andes.

 

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