Cortarles el suministro de energía, hacer que la gasolina no les rinda, no venderles cemento y reducir el dinero en efectivo en las zonas productoras. ¿Qué tanto servirían estas medidas, a la luz de las cifras concretas y tangibles del negocio?
Angélica Durán Martínez*
Las propuestas
El fiscal general Néstor Humberto Martínez le propuso al presidente Iván Duque “reinventar la lucha contra las drogas”.
Concretamente, Martínez propone las siguientes medidas para complementar los programas de fumigación y de erradicación forzada:
- Reducir el suministro de energía eléctrica a los invernaderos para acabar con los cultivos hidropónicos de marihuana;
- Utilizar las nuevas tecnologías petroquímicas para que la gasolina tenga menos rendimiento en la producción de cocaína;
- Limitar el número y reducir el uso de casas de cambio y de dinero en efectivo en zonas cocaleras;
- Controlar el comercio de cemento.
A diferencia de sus propuestas anteriores, esta vez el fiscal ha acertado en el sentido de que se trata de combatir la producción de drogas, no simplemente los cultivos de coca. Pero sus propuestas tienen tres problemas:
- Que son difíciles de aplicar,
- Que algunas ya se han intentado y no han tenido éxito, y
- Que en algunas zonas podrían afectar negativamente a la población.
Control de químicos
Para empezar, no es claro cómo podría lograrse que los precursores químicos tengan menos rendimiento en la producción de cocaína y cómo lograr que este control afecte solo a las drogas ilícitas.
En Colombia y en el mundo, controlar las sustancias químicas usadas para la producción de drogas tiene al menos dos desafíos:
- Casi todos los precursores tienen varios sustitutos. Por ejemplo, si se lograra limitar el acceso a la gasolina y al cemento, estos pueden ser reemplazados con otros productos.
- Es difícil controlar el acceso para usos ilícitos sin afectar también los usos lícitos de estos productos.
Los cultivos de marihuana en un contexto internacional donde lo más racional sería moverse hacia su regulación legal.
Según cálculos de Daniel Mejía y Daniel Rico, en el 2008 la cantidad de gasolina y cemento necesaria para producir todo el clorhidrato de cocaína representaba apenas el 1,8 por ciento y el 2,5 por ciento de la demanda nacional de esos dos productos. Estos porcentajes pueden haber crecido por el aumento de la producción potencial de clorhidrato de cocaína (1053 toneladas métricas en 2017) y por cambios en la productividad, las técnicas y los rendimientos. Pero la cantidad de precursores usados para producir el total de base de cocaína difícilmente llega al cinco por ciento de la demanda nacional de estos productos. Así pues, es difícil establecer controles de precios o acceso que solo afecten a los usos ilícitos.
Como el mismo fiscal reconoce, mucha de la gasolina usada en la producción de cocaína es de contrabando. Reducir este contrabando es crucial, pero no está claro cómo hacerlo.
El 25 por ciento de cultivos de coca se ubican a menos de veinte kilómetros de una frontera terrestre, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2017. En esas fronteras se cruzan economías ilegales y legales, grupos armados y una presencia débil del Estado. El mayor desafío sigue siendo controlar esas regiones y crear incentivos para que las poblaciones crean en el Estado.
Aumentar el costo y reducir el acceso a la gasolina y a otras sustancias químicas puede ayudar a que los pequeños cultivadores procesen menos la hoja de coca para convertirla en pasta base, pero su impacto no sería decisivo sobre los productores más grandes. Hoy por hoy el 43 por ciento de los pequeños cultivadores procesan la hoja para convertirla en pasta, mientras que el 56 por ciento la venden en finca o sea que la entregan para ser procesada en laboratorios de mayor escala. Controlar los precios de los insumos seguramente reduciría el primer porcentaje, pero no afectaría mucho a los grandes productores.
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Electricidad y activos
 Laboratorio de coca Foto: Policía Nacional de Colombia |
Las propuestas de racionar la energía eléctrica y controlar los activos en ciertas zonas sufren de los mismos problemas.
La mayoría de los laboratorios de cocaína se encuentran en zonas selváticas donde el acceso a la energía ya es limitado. Limitarlo aun más empeoraría la situación de estas zonas, y no es claro qué tanto afectaría a los grandes productores que pueden encontrar formas alternas de acceder a ella.
Más todavía: la idea es anacrónica, porque enfocarse en los cultivos de marihuana en un contexto internacional donde lo más racional sería moverse hacia su regulación legal.
El control de activos podría reducir el flujo de dinero hacia grupos criminales, pero una vez más el dilema es cómo reducir ese flujo sin afectar la economía local. Según los cálculos de UNODC, el valor del mercado de la coca en los diez municipios que concentran el 44 por ciento de la producción (809 millones de pesos) representa casi el doble de los presupuestos de los mismos municipios (577 millones).
En muchos municipios el flujo de dinero de la coca sostiene a las economías locales; y las fronteras entre lo legal y lo ilegal son difusas en zonas donde la presencia de actores armados, la represión estatal y la marginalidad han sido constantes históricas.
Por ejemplo, mientras estuvo funcionando la pirámide financiera de David Murcia Guzmán (DMG) en el Putumayo, entre 2003 y 2007 los pobladores aceptaron y legitimaron ese sistema, que veían como una forma de democratizar su acceso al crédito. Por eso interpretaron su desmantelamiento como una conspiración del sector financiero contra los pobres y protestaron por el cierre de la empresa. Este caso mostró que los esfuerzos para erradicar sistemas de financiación y cortar flujos de efectivo en zonas cocaleras deben ser pensados con cuidado para no crear más incentivos hacia la ilegalización de las economías campesinas, y para que su fe en el Estado no se siga debilitando.
Una alarma exagerada
 Cultivos ilícitos. Foto: Senado de la República de Colombia |
La propuesta del fiscal y las reacciones del gobierno Duque siguen estando condicionadas por los altos niveles de producción de coca en el país. El propio presidente ha hablado del incremento exponencial de cultivos.
Pero aunque nadie dude de que hoy tengamos un número récord de hectáreas cultivadas, el último reporte de UNODC publicado en septiembre muestra que el crecimiento de cultivos se desaceleró en el 2017. O sea que no hay tal “crecimiento exponencial”.
Los cultivos aumentaron un 16 por ciento entre 2016 y 2017, mientras que entre 2015 y 2016 el crecimiento había sido de 52 por ciento. En total 45 municipios reportaron un descenso de cultivos en 2017. Obviamente, la situación es preocupante porque en 131 municipios estos aumentaron, pero en 118 de ellos el aumento fue menor que en 2016. También hubo un aumento de productividad de cultivos del 33 por ciento, lo cual refleja la maduración de nuevas plantas sembradas en 2016 (aunque este aumento es igual al de 2015-2016).
El fiscal parece haber reconocido que insistir en la fumigación no tiene sentido, y eso es un avance.
UNODC señala que las áreas donde hubo reducción son aquellas donde se reiniciaron las erradicaciones forzadas, y donde avanzó más el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El informe se concentra en la erradicación, pero reconoce que todas las zonas donde ha habido aumento de cultivos han sido zonas fumigadas y de erradicación forzada en el pasado. En otras palabras, los efectos de la fumigación y erradicación forzada no son sostenibles en el tiempo, y es claro que la erradicación manual tiene menos efectos adversos que la fumigación.
El PNIS, a pesar de sus serios problemas y de la falta de apoyo político, ha mostrado algunos resultados que sugieren que con coordinación, condiciones de seguridad y garantías los proyectos productivos pueden dar resultados sostenibles.
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¿Qué hacer?
El fiscal parece haber reconocido que insistir en la fumigación no tiene sentido, y eso es un avance. Su propuesta va en la dirección adecuada, pero no es radical, ni nueva, ni viable.
Según el fiscal la coca aumenta la violencia en las regiones, alimenta a las disidencias de las FARC, al ELN y ayuda a consolidar otros grupos criminales. Pero la relación es de doble vía, y hoy es claro que la presencia de grupos armados y criminales aumenta la producción de drogas. Muchos campesinos tendrían más incentivos para desarrollar otras economías si no recibieran presiones armadas o incentivos económicos de grupos criminales.
Para empezar a innovar en la política antidrogas se necesitan por lo menos tres cosas:
- Reconocer que los esfuerzos de corto plazo seguirán siendo inútiles mientras el mercado de drogas siga siendo tan atractivo. El objetivo principal debe ser reducir los efectos dañinos tanto del narcotráfico como de las políticas antidrogas.
- Racionalizar el gasto de la lucha contra la drogas, coordinar sus componentes hoy fragmentados entre muchas agencias y programas, y crear una verdadera política integral, que responda además a los acuerdos de La Habana.
- Reconocer que los actores armados, la ineficiente presencia del Estado, su falta de legitimidad y la compleja relación de los ciudadanos con la ilegalidad en las zonas más afectadas por el narcotráfico siguen siendo el desafío principal.
*Doctora en Ciencia Política de Brown University y profesora de Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts-Lowell.
