Estas serán las cuatro prioridades para avanzar en el cumplimento del programa de gobierno durante el año que comienza.
Camilo González Vides*
Debates convertidos en agenda
El gobierno Petro comienza el año animado por su popularidad y la sólida cooperación entre las bancadas oficialistas en el Congreso, que permitieron aprobar la reforma tributaria y otras medidas referentes al medio ambiente y la seguridad ciudadana.
Estos seis meses fueron un periodo ideal para un gobierno que impulsó reformas ambiciosas, aunque estuvo rodeado de aliados volubles pertenecientes al establecimiento que criticó durante la campaña.
Bajo este impulso que suelen dar los primeros cien días, el gobierno se ha tomado la confianza de aplicar una estrategia de comunicación de sus futuros actos que ha acabado por asentar sus prioridades para el 2023. Declaraciones, tweets y decisiones de gran alcance han delineado los temas que formarán la agenda legislativa del gobierno.
Sin embargo, más que comunicar, Petro ha tanteado a la opinión con sus mensajes. Esto ha merecido tanto críticas —exponiendo la descoordinación comunicativa entre los funcionarios de gobierno— como el involucramiento activo de la población mediante un intenso intercambio de propuestas por parte de expertos y ciudadanos, especialmente en redes sociales.
Paradójicamente, la errática comunicación del gobierno ha tenido dos inesperados efectos indirectos: por un lado, ha creado un espacio de discusión extra-legislativo, donde el gobierno lanza propuestas sobre temas que defenderá este año, y aprovecha la posibilidad de recibir retroalimentación, tanto de opositores como de seguidores, para mejorar los borradores de sus futuras iniciativas legislativas.
Además, presiona al gobierno para cumplir con las promesas de campaña, obligándose a entrar en la tarea de transformar sus mensajes en hechos políticos y jurídicos concretos.
En ese sentido, serán cuatro temas los que ocuparán la conversación de los colombianos y los apoyos de los partidos políticos: Paz Total, Plan Nacional de Desarrollo, Instituciones político-electorales y Seguridad social.
Todos estos fueron temas esbozados en la campaña electoral del año pasado que se han ubicado en la agenda gracias a las coyunturas del último trimestre del 2022: los diálogos regionales, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los debates sobre el Código Electoral y los globos al aire lanzados por los funcionarios sobre el nuevo modelo de salud y pensiones, respectivamente.
Ley de Sometimiento
Colombia recibió el nuevo año con el anuncio de que el gobierno había alcanzado el cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales –ELN; Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central; Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada–, demostrando el progreso de la política de Paz Total.
Paradójicamente, la errática comunicación del gobierno ha tenido dos inesperados efectos indirectos: por un lado, ha creado un espacio de discusión extra-legislativo, donde el gobierno lanza propuestas sobre temas que defenderá este año, y aprovecha la posibilidad de recibir retroalimentación, tanto de opositores como de seguidores, para mejorar los borradores de sus futuras iniciativas legislativas.
Sin embargo, el 3 de enero el ELN desmintió dicho acuerdo, colocando a Petro en aprietos sobre el verdadero alcance de la decisión y con el riesgo de que otras organizaciones puedan desconocer el anuncio del primer mandatario.
La reacción del gobierno fue derogar los decretos que establecían el cese de las hostilidades y su verificación por parte de Naciones Unidas y la misión de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), a la vez que pidió a ese grupo una tregua, percibiéndose la flaqueza del gobierno.
Esta crisis, producto de la comunicación improvisada del gobierno, coloca a Petro con la obligación de avanzar urgentemente sobre la legislación relacionada a la Paz Total.
La Ley de Sometimiento pretende ofrecer los incentivos jurídicos para que estas organizaciones ilegales alcancen acuerdos para detener la violencia en los territorios bajo su control. No obstante, el consenso sobre esta ley será una prueba de filigrana jurídica con implicaciones políticas.
Por un lado, el gobierno deberá hacer una distinción clara de los delitos comunes y aquellos políticos, entendiendo que ciertas organizaciones –por ejemplo, el ELN o el Estado Mayor Central- no querrán que se le equiparen con el carácter criminal de otras, como las AGC.
Por otro lado, Petro y su equipo tendrán que ser creativos en el diseño de beneficios judiciales para lograr el desmantelamiento de estos grupos y evitar lesionar profundamente el actuar de los tribunales.
Estos dos asuntos serán medulares en los potenciales conflictos en el interior de la coalición de gobierno, ya que partidos como Conservador, Unidad Nacional y un sector de los Verdes pueden colocar reparos al articulado que el gobierno intente aprobar por considerarlos muy laxos.
Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la hoja de ruta legal que establece los propósitos y esboza la financiación —posteriormente con el Plan Plurianual de Inversiones— del gobierno de turno. Desde el principio, Petro anunció que la formulación del PND se daría en un espacio conocido como los Diálogos Regionales Vinculantes.
Aunque este mecanismo de democracia deliberativa ya había sido adoptado por Duque, con los nueve Pactos regionales por Colombia, Petro ha querido enviar un mensaje de mayor apertura hacia la sociedad civil dentro de la formulación del PND, con la celebración de 47 diálogos en varias subregiones del país.
No obstante, este ejercicio participativo puede convertirse en una piedra en el zapato: muchas propuestas han sido aportadas en estos foros, pero no necesariamente serán las mismas que los senadores y representantes estarán de acuerdo en aprobar.
Petro deberá balancear las expectativas de los ciudadanos —muchos de ellos sus electores— con los intereses políticos y electorales de los legisladores, incluyendo aquellos de su propia coalición de gobierno, en un año electoral.
Reforma electoral
Este año la reforma política comienza el segundo round para su aprobación y constituye la prueba ácida de la gobernabilidad para Petro. Recordemos que, en este caso, son legisladores —en su mayoría de la coalición de gobierno— quienes están negociando y acordando las reglas de juego para ellos y para sus aliados, especialmente si contextualizamos esta reforma como la previa a las regionales de 2023.
En 2022 han quedado aprobados asuntos esenciales dentro la propuesta de Petro, como la paridad de género en las listas, financiación estatal, la eliminación de la prerrogativa de la Procuraduría para suspender a funcionarios de elección popular o la posibilidad de que los congresistas renuncien para ser alcaldes o gobernadores.
Sin embargo, el gobierno no pudo convencer de aprobar la obligatoriedad del voto ni el límite de tres periodos consecutivos para cuerpos colegiados. Además, persiste la tensión dentro de la coalición de gobierno desde ciertas voces del Partido Verde por el articulado que establece la lista cerrada y aquel que permitiría que los congresistas pudieran ser ministros.
Seguridad y programas sociales como bienes públicos serán abordados en este segundo semestre de la legislatura con la mira en las elecciones regionales, que serán un termómetro para medir la confianza ciudadana en el gobierno.
Mientras que esta última propuesta es vista por los críticos como una fragante violación de la separación de poderes, la lista cerrada aparece como la institucionalización de la “dictadura del bolígrafo” que ejercen los jefes de los partidos, unido a una profunda personalización de la oferta electoral que giraría en torno a las figuras carismáticas y postergaría la aparición de nuevos prospectos políticos.
Salud y pensiones
Finalmente, un último tema importante en esta legislatura que cursa su último semestre tiene que ver con las reformas de salud y pensional. Ambas propuestas se han ido perfilando dentro del debate público gracias a las declaraciones de la ministra de salud, Carolina Corcho, y del propio presidente Petro.
Respecto de la salud, Corcho demostró su intención de eliminar la intermediación que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ejercen, con la justificación de su baja eficiencia, pese a contar con una de las tasas más amplias de cobertura a nivel latinoamericano.
Si aquello va o no en la propuesta inicial del gobierno depende de las reuniones con sujetos claves como los partidos políticos y expertos del sector, e incluso de la opinión, que según las últimas encuestas no está muy convencida del radical giro.
Además, es posible esperar que el gobierno introduzca la figura inaugurada en Aracataca de los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales (EMIT) para apoyar el enfoque preventivo en zonas rurales junto con el mejoramiento de la red pública de hospitales.
Otra cara de la moneda es el debate alrededor de las pensiones. El presidente apostará por un sistema de tres pilares (solidario, contributivo, y ahorro individual) para permitir que los actuales fondos privados complementen y contribuyan el régimen de prima media.
En ese sentido, los pilares contributivo y de ahorro individual serían sostenibles mediante aportes obligatorios y voluntarios, respectivamente. Con ello, Petro pretende que el Estado se descargue de la pesada obligación de subsidiar las pensiones que supera la cifra 1,8 billones de pesos.
Sin embargo, tanto la propuesta como las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, han movido el debate sobre la posible apropiación del Estado de los stocks de los ahorros privados para financiar el nuevo modelo pensional y de otros proyectos.
En ese sentido, el debate sobre las pensiones está abierto, ya que lo que se apruebe tiene profundas implicaciones en la futura popularidad de Petro y la credibilidad de sus electores sobre la agenda social.
La importancia de los 4 puntos
En suma, estas propuestas resultan muy importantes en tanto que afectan el bienestar del ciudadano común como por las expectativas mismas que hay sobre Petro.
Seguridad y programas sociales como bienes públicos serán abordados en este segundo semestre de la legislatura con la mira en las elecciones regionales, que serán un termómetro para medir la confianza ciudadana en el gobierno.
Pero también será una prueba para observar si la luna de miel de Petro con su coalición sigue intacta o, por el contrario, veremos reacomodos que minen la eficacia del gobierno para cumplir sus ambiciosas promesas.
