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Las preocupaciones de las víctimas sobre la JEP

Escrito por Helber Noguera - Alberto Yepes
víctimas sobre la JEP en colombia

Durante las últimas semanas, la JEP ha realizado audiencias para rendir cuentas y escuchar la opinión de víctimas y organizaciones. Este es un balance de los retos y aprendizajes que ha dejado el proceso.

Helber Noguera Sánchez* y Alberto Yepes Palacio**

Las audiencias

Mediante el Auto 007 del 19 de enero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a una serie de audiencias públicas para recibir observaciones de las víctimas en relación con la segunda ronda de “priorización de macrocasos”.

Inicialmente, la JEP abrió siete macrocasos para investigar los hechos más graves y representativos del conflicto armado. En esta segunda ronda, el tribunal abriría tres nuevos macrocasos sobre los siguientes temas:

  1. Concentración nacional de crímenes cometidos por las extintas FARC-EP.

Se investigarán la violencia sexual y basada en género, los homicidios, las masacres, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las tomas de poblaciones, el uso de armamento indiscriminado y otros crímenes no amnistiables cometidos por las FARC-EP en todo el país.

  1. Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.

Se investigarán la violencia sexual y basada en género, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras que habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. La investigación se concentrará en cinco territorios: Antioquia, Magdalena Medio, Cesar, Montes de María y la Región del Ariari (Guayabero y Guaviare), y Florencia y su área de influencia.

  1. Concentración de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos en algunos territorios ilustrativos.

Se investigarán las masacres y asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lidere e integrantes de pueblos étnicos, la destrucción de la naturaleza y el territorio, entre otros. En una primera fase, este macrocaso incluirá la Sierra Nevada de Santa Marta y la alta Guajira, la Orinoquia-Amazonía, y Buenaventura-Dagua.

Las inquietudes de las víctimas

En total, se convocaron seis audiencias territoriales, desarrolladas entre el 21 de febrero y el 9 de marzo. Las víctimas y las organizaciones manifestaron varias inquietudes durante las audiencias o mediante derechos de petición. Entre sus observaciones se destacan las siguientes:

  • No es claro cómo se llevaron a cabo las etapas de agrupación y concentración ni cómo se tuvo en cuenta la información aportada por las víctimas.
  • El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP se encarga de sistematizar y analizar los informes entregados por las víctimas y las organizaciones. Pero no se conocen cuáles han sido las conclusiones, el catálogo de informes ni los criterios que ha arrojado este ejercicio.
  • La participación de las víctimas en las audiencias es reducida (por aforo y por tiempo), y no es claro que se haya garantizado la participación de pueblos étnicos.
  • No se conoce cómo se tendrán en cuenta las observaciones de las víctimas ante una decisión ya tomada que se da a conocer en las audiencias. La JEP decidirá sobre la “priorización” de casos dentro de los 30 días siguientes a la última audiencia territorial del 9 de marzo.

Las respuestas de la JEP

La JEP respondió al derecho de petición que enviaron 70 organizaciones.

La Sala de Reconocimiento afirmó que, en las decisiones sobre los procedimientos para la instrucción de los nuevos macrocasos, “le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción”.

Sobre la necesidad de llevar a cabo una reunión con el Órgano de Gobierno para tratar estas preocupaciones, el presidente de la JEP afirmó que “…(l)a potestad de elevar solicitudes ante el OG es exclusiva de la magistratura, por expresa disposición del mismo Reglamento” y que “ante la falta de competencia del OG para ocuparse de aspectos sustantivos relacionados con la segunda ronda de priorización, (…) no le es posible a la presidencia convocar a la pretendida reunión”.

La participación de las víctimas en las audiencias es reducida (por aforo y por tiempo), y no es claro que se haya garantizado la participación de pueblos étnicos.

También fueron negativas las respuestas a las solicitudes de las víctimas sobre las siguientes preocupaciones:

  • El insuficiente abordaje de la criminalidad estatal en los procesos ante la JEP;
  • La necesidad de recibir documentos y registros que puedan explicar la manera restrictiva, asimétrica y excesivamente mesurada en que se han procesado los crímenes perpetrados por el Estado; y
  • La escasa capacidad para imputar las responsabilidades primarias de quienes ordenaron los crímenes.

La Sala de Reconocimiento expresó su voluntad de acoger las preocupaciones expresadas tanto en las audiencias como en los informes escritos de las víctimas. Sin embargo, la Sala puso de presente que la ampliación de los macrocasos ya priorizados a nuevas regiones o la apertura de nuevos macrocasos está condicionada por la capacidad humana y técnica del tribunal.

Esto significa que algunos cambios podrían exigir trasladar de una dependencia a otra a los magistrados de salas con menos carga actual; nombrar en propiedad a los magistrados suplentes o reformar la estructura de la JEP. Lo anterior con el fin de ampliar el número de magistrados de la Sala de Reconocimiento en estas primeras fases.

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Foto: Facebook: JEP - la JEP abrió siete macrocasos para investigar los hechos más graves y representativos del conflicto armado en el país.

Las preocupaciones que persisten

Las víctimas y organizaciones quisieran que la JEP abordara el espectro completo de los crímenes estatales perpetrados en las últimas seis décadas y piensan que esta justicia no debe limitarse a resolver los problemas jurídicos de los militares implicados en casos de “falsos positivos”, o de algunos mandos condenados en casos de connivencia por masacres y otros crímenes perpetrados por paramilitares.

Dado que la Sala de Reconocimiento dijo estar dispuesta a acoger las inquietudes de las organizaciones de víctimas, estas esperan que la JEP pueda esclarecer al menos los siguientes hechos:

  • la estrategia estatal para la perpetración masiva de desapariciones forzadas;
  • el uso ilegal de la inteligencia para perseguir opositores políticos y sectores catalogados como “enemigos internos”;
  • el genocidio continuado y vigente de integrantes de movimientos populares, de oposición política y liderazgos sociales; y
  • el exterminio del movimiento sindical y los movimientos de reivindicación y de lucha del campesinado, que están entre los más victimizados.

Además, diversas organizaciones expresaron inquietudes sobre la aplicación de metodologías asimétricas, que no parecen llevar a la determinación de las responsabilidades de quienes dieron las órdenes en los crímenes perpetrados por el Estado.

En el caso de los comparecientes de las FARC se aplica una metodología “de arriba hacia abajo”, es decir, se empieza por la cúpula de esta organización y se desciende a los niveles inferiores. En cambio, en el caso de los miembros de la fuerza pública, se aplica una metodología “de abajo hacia arriba”, es decir, se empieza por los militares ya condenados, con la esperanza de que el reconocimiento de verdad permita escalar hasta quienes dieron las órdenes, pero que nunca fueron investigados.

Pero, hasta el momento, esto no ha sucedido. Las presiones sobre los comparecientes que se han atrevido a contar verdades han disuadido a quienes han sido imputados por los casos más avanzados (Catatumbo y Cesar) de delatar a los responsables primarios de estos crímenes.

Por último, hay preocupaciones sobre la débil aplicación del régimen de condicionalidad. En el caso de agentes estatales, esto no ha permitido esclarecer cuál fue la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, de las cuales al menos 120.000 familias esperan respuestas. Esto es lo mínimo que cualquier víctima o familia espera que la JEP logre.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y el Espacio de Litigio Estratégico.

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