Las objeciones a la JEP socavan los cimientos de la paz y alinean los bandos como antesala de unas elecciones que necesita ganar el presidente.
William Duica*
¿Justicia genuina o justicia especial?
Ante las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a la Ley Estatutaria de la JEP, muchas personas se han preguntado: ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante esa jugada sin caer en el maniqueísmo que nos reduce a ser “los que defienden a las FARC”? ¿Cómo advertir que esa trivialización solo les sirve a las campañas electorales?
Ciertamente, la simplificación ya ha cosechado sus frutos. El triunfo del no fue, sin duda, el más notorio. Ahora, con el concepto de justicia genuina que acuñó el presidente Duque en su alocución del domingo 10 de marzo, se quiere reencauchar la polarización, dando a entender que la justicia genuina es justa y la justicia especial es impune.
El poder de la trivialización
Duque ha presentado “sus” objeciones a la Ley con un llamado a “enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Nada podría ser mejor para reiniciar la polarización pre-electoral que situarse en el lado de los que están unidos en defensa de lo “genuinamente justo”.
De ahí en adelante, siguiendo esta lógica simplista, los que no estén de su lado estarán del lado de lo injusto, que en la retórica del Centro Democrático es la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así de simple va a ser la “discusión política” entre los colombianos. Peor, así se va a reproducir en los medios de comunicación. Me puedo imaginar la pregunta del día en las urnas virtuales de los noticieros: “¿está usted de acuerdo con: (A) la justicia genuina (B) la JEP?”. Y también me puedo imaginar los resultados: (A) 62 por ciento (B) 38 por ciento.
Esta lógica simplista no responde a un afán de pedagogía política para las masas. No se trata de llegar a la gente con un lenguaje sencillo que permita comprender la compleja trama de los intereses políticos divergentes. Lejos de eso, la trivialización (hecha desde cualquier populismo) busca enmascarar la discusión política. Trata de presentarla como un enfrentamiento entre el mínimo de sensatez que uno debería tener y una concepción aberrada del mundo.
Simplificar así la discusión hace aparecer al contradictor como un necio irracional. Ese es el poder de la trivialización. Eso es lo que busca el fiscal Néstor Humberto Martínez al decir: “estamos a seis artículos de tener una Ley Estatutaria de la JEP (…) entonces no hay que ir a los organismos internacionales ni a la comunidad internacional a anunciar grandes ventarrones”.
Siguiendo esta lógica simplista, los que no estén de su lado estarán del lado de lo injusto.
Pero el contubernio entre Uribe y Martínez que engendró las objeciones “de Duque” es un ventarrón del que debemos cuidarnos. Un articulito y tuvimos reelección; seis articulitos y tendremos justicia “genuina”.
¿A cuantos articulitos estaremos de que el país vote por renegociar la paz con las FARC pero sin participación política de los exguerrilleros, sin restitución de tierras a las victimas y sin responsabilidad del Estado en la reparación?
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Los mínimos que no unen
 Foto: Consulado de Colombia en Bruselas. Firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. |
Duque propone “una paz que nos una”, basada en una genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. En su análisis, lo que le falta a la JEP para ser justicia genuina es:
- Establecer que la reparación recaiga prioritariamente en los victimarios (objeción al artículo 7).
- Determinar la autoridad del alto comisionado para verificar quiénes entran al proceso de sometimiento a la justicia (objeción al artículo 63, inciso 8).
- Precisar bajo qué circunstancias se suspenden las investigaciones de la Fiscalía en la justicia ordinaria (objeción al artículo 79, inciso 3).
- Establecer la acción penal frente a los crímenes atroces, sin restringirla a los máximos responsables (objeción al artículo 19, parágrafo 2).
- Finalmente, cuando se anuncia la reforma constitucional del Acto Legislativo 01 de 2017, se propone lo que parece indiscutible: excluir los delitos sexuales contra menores y la conexidad de los delitos políticos con el narcotráfico.
Lo dicho en las objeciones sobre los alcances de la Oficina del Alto Comisionado y la Fiscalía hace parte de lo que nos divide. Autorizar a la Fiscalía para que diga cuándo se suspenden las investigaciones de la justicia ordinaria, y al mismo tiempo al alto comisionado para escoger quién entra a la justicia especial puede ser una herramienta para tratar a algunos de los reincorporados como delincuentes comunes. Eso cambiaría las reglas establecidas en el acuerdo de paz.
Debemos darle prioridad a la unidad alcanzada en el acuerdo firmado.
Detrás de las objeciones de Uribe y Martínez se encuentra en realidad la negativa de Uribe a aceptar el conflicto armado y la búsqueda por parte del Fiscal de mecanismos legales e institucionales para tratar a los exguerrilleros como delincuentes comunes (en eso se resume el caso Santrich).
Eso también explica por qué Uribe dice que la JEP no le gusta aunque tiene que aceptarla. Pero para aceptarla necesita “mejorarla”. Y, ¿qué podría ser mejor que una JEP modificada para extraditar o mandar a la cárcel a los jefes de las FARC por tanto tiempo como lo permita la justicia ordinaria? Esta sería una forma de hacer trizas el acuerdo respaldada por las instituciones y presentada como ese “mínimo” de sensatez requerido para hablar de justicia genuina.
Decir que “no hay ideología que justifique los delitos sexuales contra niños” hace que quien pretenda negar eso ya no solo será un necio sino un monstruo. Así, la unidad con el gobierno estaría garantizada por un argumento moral.
Por esa vía, las objeciones de Duque se van a traducir en una campaña electoral que pedirá unidad en torno a “los que quieren paz sin impunidad contra los que defienden una justicia amañada para encubrir a violadores de niños”. Así también es fácil prever los resultados.
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La unidad de los contrarios
 Foto: Presidencia de la República Acuerdo de paz firmado. |
¿Qué hacer para que, al negarnos a unir fuerzas con Duque en sus fórmulas de unidad, no quedemos convertidos en monstruos morales? Mi respuesta es: mostrar que detrás de esas fórmulas hay una trivialización que oculta el hecho de que en Colombia ya existe una unidad política fundamental.
El plebiscito mostró que el país está dividido en partes técnicamente iguales (el no ganó con 6.424.385 votos, o el 50,23 por ciento; el sí perdió con 6.363.989 votos, o el 49,76 por ciento).
Podríamos decir que la Colombia civil no está de acuerdo en cómo acoger a los que vienen de la guerra. Pero el país enfrentado entre establecimiento e insurgencia, el país del conflicto armado, llegó a un acuerdo político que estableció una unidad fundamental. Se trata de la unidad pactada entre contrarios sobre cómo proceder para acabar la guerra.
Si atendemos el principio según el cual el interés general debe primar sobre el particular, debemos darle prioridad a la unidad alcanzada en el acuerdo firmado por los que estaban inmersos en el conflicto. Es mucho menos lo que se pierde con la falta de unidad entre la opinión pública y el gobierno de turno que lo que se pierde al poner en riesgo la unidad en torno a los principios para lograr una paz estable y duradera.
Al Centro Democrático no le gusta esa unidad. Como no acepta que el acuerdo puso fin a un conflicto político armado, cree que, en vez de entender la unidad del país incluyendo a los que desistieron de hacer política con las armas, hay que promover la unidad del país contra ellos.
Pero el acuerdo firmado entre el Estado y la insurgencia no solo es un hecho, sino que encarna la unidad más importante para nuestro futuro: la unidad de los contrarios.
*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.