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Las inquietudes del procurador

Escrito por Libardo Espitia
El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado.

El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado.

Libardo EspitiaAunque se lo achaca a un pacto oscuro con las FARC, el nuevo enfrentamiento entre  Ordóñez y Santos se debe a los manejos del procurador ante las altas cortes para bloquear las investigaciones por numerosos cargos en su contra. Pero hay más, aquí están los hechos.  

Libardo Espitia*

¿Ministerio de la oposición?

Detrás de la preocupación del procurador general por la demanda contra su elección que cursa en el Consejo de Estado – un proceso que podría acabar en la pérdida del cargo-; las pullas que Ordoñez ha lanzado contra el gobierno por un supuesto apoyo a la demanda; el choque sobre el proceso de paz entre la derecha que  representa  Ordóñez y el gobierno empeñado en llegar a un acuerdo con las FARC.

De fondo lo que se da es una confrontación político-económica de 2 sectores políticos: el primero de extrema derecha emergente representado por Uribe (sector que encierra el todo vale bajo el manto del estado de opinión guerrerista) y el segundo el sector de la burguesía aristocrática que representa Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y que ha venido gobernando el país.

Estas denuncias no han avanzado básicamente por los impedimentos que han presentado magistrados que tienen familiares y amigos contratados para prestar sus servicios profesionales en la Procuraduría.  

A lo largo de los tres años desde que comenzó el proceso de La Habana, las críticas del procurador han sido el pan de cada día. La de esta semana  consistió en rechazar la idea del cese bilateral del fuego, “una locura” según Ordoñez, que le merece tildar al presidente de entreguistas y timorato.

Ordóñez fue más allá y denunció que Santos y la guerrilla quieren “sacarme por razones políticas y criminales”. Por eso el gobierno habría nombrado en la Cancillería y en el Ministerio del Interior a familiares de dos magistrados del Consejo de Estado a cambio de su voto contra Ordóñez.

Pero los medios no han mostrado con igual claridad cómo el procurador ha venido nombrando familiares y amigos de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado con el fin de evitar que prosperen las quejas y denuncias interpuestas durante sus dos períodos como jefe del Ministerio Público.

Las denuncias

El Senador por el Centro democrático, Álvaro Uribe.
El Senador por el Centro democrático, Álvaro Uribe.
Foto: Congreso de la República de Colombia

El Código Único Disciplinario, en su Artículo 192, “Competencia contra altos dignatarios del Estado”, señala que la entidad competente para conocer en única instancia los procesos disciplinarios contra el procurador general de la Nación es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Plena.

El presidente de esta corporación es quien preside la Sala Plena, recibe las denuncias y las asigna a un magistrado para que las estudie y formule las decisiones correspondientes ante la misma Sala Plena.

– Para el período 2009-2013, Ordóñez fue postulado por el Consejo de Estado, del cual fue magistrado entre 2000 y 2005, de modo que su juez natural era la Corte Suprema de Justicia. Ante esta corporación se instauraron entonces 84 quejas disciplinarias, que sin embargo no dieron lugar a la apertura formal de una investigación disciplinaria. De estas denuncias, 50 están activas y a 34 se les ha dictado decisión de archivo.

Las querellas presentadas contra el jefe del Ministerio Público incluyeron cargos  como  los de extralimitación de funciones, omisión en sus funciones, desconocimiento de sentencias, y fueran asignadas a José Luis Barceló, Javier Zapata, Alfredo Gómez, José Leonidas Bustos, Ruth Marina Díaz, Yesid Ramírez y Camilo Tarquino.

Estas denuncias no han avanzado básicamente por los impedimentos que han presentado magistrados que tienen familiares y amigos contratados para prestar sus servicios profesionales en la Procuraduría.  

– Para el período 2013-2016, Ordóñez logró ser postulado por la Corte Suprema de Justicia, y su juez disciplinario pasó a ser el Consejo de Estado-Sala Plena, donde actualmente cursan 30 quejas disciplinarias. Entre estas, 26 fueron recibidas por la Corte Suprema de Justicia, que las remitió por competencia.  

Entre las conductas reprochadas en este caso están:

  • Negligencia y omisión,
  • Extralimitación y abuso de funciones,
  • Vulneración de derechos fundamentales,
  • Persecución a la comunidad LGTB,
  • Favorecimiento de decisiones a senadores vinculados a grupos paramilitares,
  • Prevaricato en sus diferentes modalidades,
  • Delegación de sus funciones,
  • Nombramiento de familiares tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado,
  • Comunicaciones intimidatorias,
  • Violación del derecho fundamental de petición,
  • Desconocimiento de los derechos e intereses colectivos.

Es desconcertante que siendo la Sala Plena de la Corte Suprema el juez natural del procurador y teniendo conocimiento de las 84 quejas disciplinarias instauradas contra él, la Corte hubiese procedido el 30 de agosto de 2012 (Acta No. 29 sesión ordinaria), de manera rápida y sin ningún tipo de convocatoria pública, a postular a quienes debían estar investigando. Y esto a pesar de que los magistrados María del Rosario González, Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten insistieron en que el proceso debió haberse efectuado mediante convocatoria pública.

En la referida sesión, los magistrados Javier Zapata, Ruth Marina Díaz y Jorge Mauricio Burgos solicitaron a la plenaria que les aceptaran los impedimentos para votar por la postulación de Ordóñez por tener familiares al servicio de la Procuraduría, pero la plenaria no aceptó los impedimentos y las tres Salas de Casación lo postularon con 17 votos.

Otro proceso que no ha dejado dormir en paz a Ordóñez ha sido una demanda presentada en 2013 ante el Consejo de Estado que busca anular su elección como procurador por recibir el voto de senadores beneficiados con nombramientos en la entidad. Esta demanda particular no ha prosperado a causa de recusaciones y recursos que han dilatado la decisión de fondo.

Cabe indicar, como bien señaló la Corte Constitucional — Sentencia C- 594-96 —, que la competencia atribuida a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, según sea el caso, es de naturaleza netamente judicial, y por ello la intervención de la Sala Plena de uno de los órganos judiciales es prenda de garantía, no solo en los derechos del procurador investigado sino también de los quejosos. Nada de esto se ha visto en ninguna de las dos corporaciones.

La necesaria reforma de las Cortes

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema de Justicia 

Este año quedarán 25 vacantes en las altas Cortes, de las cuales 10 son del Consejo de Estado por el retiro de amigos de Ordóñez por tiempo cumplido.

El regreso a estas altas corporaciones de académicos sin tacha no solo corregiría el desprestigio de las cabezas de la Rama Judicial, sino que en el Consejo de Estado se podría resolver, por fin, la demanda presentada contra la reelección del procurador. Este tema no ha sido ajeno a la atención de Ordóñez, y por eso ahora busca que se nombren amigos suyos en tales corporaciones.

Ya se sabe que una reforma a la justicia es imperiosa, pero mientras el Acto Legislativo 02 de 2015 se lleva a la práctica, a las Cortes les vendría muy bien la llegada de personas connotadas que recuperen el prestigio perdido. Y el presidente de la República tiene la posibilidad de promover estos cambios.

Las críticas al proceso de paz

Aunque la búsqueda de la paz es un deber constitucional del presidente, el procurador (cuya función esencial es  vigilar el cumplimiento de las funciones administrativas de los servidores públicos), se convirtió en el más acérrimo contradictor del proceso de La Habana, acompañado por los miembros del Centro Democrático.

Aunque el proceso de paz comenzó hace varios años, ni la guerrilla ni las Fuerzas Militares, comandadas por el presidente de la República, cesaron en sus confrontaciones. Los más recientes actos terroristas de las FARC reiteran la magnitud del daño que ha ocasionado el conflicto; por ejemplo, según la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (CAMPETROL), en lo corrido de 2015 se han registrado 51 ataques a los oleoductos, y los costos asociados con su reparación ascienden a 102 mil millones de pesos.  El daño al medio ambiente es incalculable: tan solo el atentado contra el oleoducto Trasandino provocó el derrame de 410 mil galones de crudo y dejó sin agua potable a más de 160 mil habitantes de Tumaco.

Este año quedarán 25 vacantes en las altas Cortes, de las cuales 10 son del Consejo de Estado por el retiro de amigos de Ordóñez por tiempo cumplido.

Y estos apenas son algunos de los episodios de las pasadas semanas, una pequeña parte de la larga y dolorosa cadena de masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, violaciones, desplazamientos y daños materiales que ha causado el conflicto y justifican con creces la decisión presidencial de cumplir la obligación constitucional de trabajar por la paz.

Por eso además de la ineficiencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para atender las denuncias presentadas y abrir las investigaciones disciplinarias contra el procurador Ordoñez, parecería que la gran batalla sigue siendo el pulso entre quienes se oponen a buscar la paz por vía negociada y quienes prefieren continuar el conflicto armado, con todas sus consecuencias.

No obstante, lo que realmente se da es una confrontación política económica de 2 sectores políticos: el primero de extrema derecha emergente representado por Uribe y el sector de la burguesía aristocrática que representa Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y que ha venido gobernando el país.

El pulso por la paz está encabezado por Alejando Ordóñez y Álvaro Uribe como protagonistas de la  extrema derecha y, del otro por el clamor de miles de colombianos que desean la paz para el país.
 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en servicios públicos domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

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