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Las indignas presidencias del Congreso

Escrito por Esteban Salazar
Esteban Salazar

Ya es una tradición que la más alta dignidad del Legislativo sea ocupada por congresistas involucrados en casos de corrupción, narcotráfico o parapolítica.

Esteban Salazar Giraldo*

Nuevos presidentes del Congreso

El 20 de julio empezó la última legislatura de este Congreso. En las mesas directivas fueron elegidos el senador Juan Diego Gómez Jiménez, del partido Conservador, como presidente del Senado, y la representante Jennifer Arias, del partido Centro Democrático, como presidente de la Cámara de Representantes.

Sus funciones serán claves durante esta última legislatura, que estará dominada por tres factores principales:

i) la aprobación de la reforma tributaria, la reforma de la salud, la ley anti-vandalismo y la reforma de la policía;
ii) las campañas a Congreso y Presidencia en 2022, y
iii) las dificultades de gobernabilidad del presidente Duque, que va de salida.

Sin embargo, la elección del senador Gómez y la representante Arias se robó la atención general debido a los graves señalamientos que se hicieron públicos en los días previos a su elección.

Por un lado, el senador Gómez es señalado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el portal Vorágine por los nexos de su familia con la usurpación de tierras en Antioquia. Por estos hechos, su padre fue condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Gómez también fue salpicado en el caso Odebrecht, pues habría evidencia de que se reunió con el expresidente de la constructora brasilera en Colombia, Eleuberto Martorelli, aunque sobre este asunto no hay decisiones judiciales de fondo.

Otro de los señalamientos sobre el nuevo presidente del Congreso fue revelado por Pares en 2019 y se refiere al sofisticado mecanismo de corrupción en la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez.

Pares encontró que, mediante una sociedad de economía mixta denominada Valor + con aportes de capital público y privado provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y a espaldas de la Asamblea departamental, se pretendía evadir la ley 80 de contratación pública para el presunto desvío de miles de millones de pesos.

Gómez Jiménez habría sido uno de los beneficiarios principales de esta irregularidad. La entonces secretaria general de Valor +, Elizabeth Zapata Mesa, dirigente conservadora en Antioquia, es la esposa del controversial senador. De acuerdo con Pares, Zapata Mesa era la encargada de firmar las presuntas irregularidades e, incluso, aparecía como suplente en el Certificado de Existencia y Representación de la Entidad.

El senador Gómez es señalado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el portal Vorágine por los nexos de su familia con la usurpación de tierras en Antioquia

Por su parte, la representante del Meta, Jennifer Arias, quien llegó al Congreso con 31.125 votos, fue elegida presidente de la corporación, lo que la convierte en vicepresidenta natural del Congreso. La Fundación Paz y Reconciliación y el portal La Nueva Prensa publicaron una investigación donde demuestran que el hermano de la representante, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos; mientras su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, un poderoso contratista del Meta, fue condenado por homicidio en 1993.

A pesar de sus controvertidos nexos familiares, los señalamientos contra la propia representante Arias son mucho más graves: como coordinadora en el Meta de campaña presidencial de Iván Duque, Arias sirvió como lobbista de empresas de aviación en los llanos que hoy tienen problemas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. De hecho, dos pilotos de la campaña del Centro Democrático aparecieron involucrados recientemente en operaciones contra el tráfico de narcóticos: en Guatemala, donde se precipitó una aeronave con cocaína, y en la isla de Providencia, en Colombia.

Foto: Facebook Jennifer Arias la nueva presidenta de la Cámara de Representantes no tiene lo que uno podría llamar una familia ejemplar.

Una costumbre de antaño

Aunque el hecho de que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Representantes sean objeto de graves acusaciones penales parezca atípico e improbable, especialmente en una corporación de 280 congresistas, la verdad es que se volvió una constante. Durante apenas las últimas dos décadas, se cuentan diez presidentes del Senado sobre quienes pesan o pesaron graves controversias. Esto sin contar las decenas de congresistas que han ocupado otros cargos en las mesas directivas y que fueron salpicados por parapolítica, el escándalo de Odebrecht y el cartel de la toga.

En orden cronológico, desde presidente saliente Arturo Char, hasta Mario Uribe Escobar a principios de este milenio, estos son los señalados y sus prontuarios:

  • Arturo Char. Es la representación en el Congreso de uno de los clanes más poderosos del país, el clan Char. A pesar de su escasa trayectoria política, ocupó la presidencia del Senado entre 2020 y 2021 con el apoyo de todos los partidos tradicionales. A título propio, fue salpicado en las declaraciones de la exsenadora prófuga e integrante del mismo clan Char, Aída Merlano, quien manifestó que Arturo Char sería uno de los presuntos partícipes de la red de corrupción electoral en el Atlántico.
  • Ernesto Macías. Senador del Centro Democrático y uno de los presidentes del Congreso con menos trayectoria y preparación. Ocupó el cargo durante la primera legislatura de este Congreso y del gobierno Duque, entre 2018 y 2019. Además de torpedear varias reformas sociales y proyectos de ley claves para el desarrollo del Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación lo investiga por la famosa “jugadita” en la que saboteó a la oposición, intentado evitar que ejercieran su derecho a la réplica, justo antes de concluir su período como presidente. Según las noticias recientes, el Consejo de Estado determinó que este proceso debía surtirse en la Comisión de Ética para determinar las sanciones a las que hubiere lugar.
  • Mauricio Lizcano. El entonces senador del Partido de la U fue elegido presidente del Congreso en la legislatura de 2016 a 2017. Estuvo investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el cartel de la toga y por presuntas presiones para censurar el programa de Pirry, en el canal RCN. Al parecer, el senador trató de evitar que saliera al aire una investigación que los señalaba a él y a su padre por la irregular adquisición de tierras en Risaralda, despojadas después de la desaparición forzada de sus dueños. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el primer caso y absolverlo en el segundo.

Jennifer Arias sirvió como lobbista de empresas de aviación en los llanos que hoy tienen problemas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico

  • José David Name. Senador del partido de la U, ejerció la presidencia del Congreso entre 2014 y 2015. Actualmente está en el ojo del huracán por las declaraciones del corrupto exsenador Eduardo Pulgar, quien habría señalado a Name como partícipe en presuntos hechos de corrupción. También estuvo en el sonajero de congresistas investigados por el escándalo de Odebrecht. Hasta el momento se desconocen los avances de estas investigaciones.
  • Juan Manuel Corzo. Senador del Partido Conservador, ocupó la presidencia entre 2011 y 2012. Fue investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares, aunque la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo inhibitorio en 2013 por no haberse demostrado su responsabilidad.
  • Hernán Andrade. Presidente del Congreso de 2008 a 2009, actualmente está en el grupo de congresistas investigados por el Cartel de la Toga en la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
  • Nancy Patricia Gutiérrez. Fue presidente del Congreso de 2007 a 2008. Estuvo investigada por presuntas relaciones con la parapolítica. Sin embargo, la Corte Suprema archivó los procesos en su contra. En julio, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá solicitó analizar la posibilidad de prorrogar la investigación contra Gutiérrez, debido a los testimonios de un ex paramilitar que la vincularían con estos grupos armados; no obstante, la Corte Suprema de Justicia determinó que no reabrirá el caso.
  • Dilian Francisca Toro. La presidente del Congreso entre 2006 y 2007 es la líder del clan político que opera en el Valle del Cauca. Es objeto de más de diez procesos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. Aunque estuvo investigada por los presuntos nexos con grupos paramilitares, la Procuraduría archivó la investigación en 2017 y la Corte Suprema archivó el proceso en 2018.
  • Luis Alfredo Ramos. Ocupó la presidencia del Congreso de 2002 a 2003 y ya cumple siete años con un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en casos de parapolítica. El también exgobernador de Antioquia ha dicho que el sustento probatorio de las acusaciones son los falsos testimonios. En el expediente, la Corte señaló una supuesta reunión entre Ramos, paramilitares y otros políticos, en el 2005. Pronto se conocerá el fallo.
  • Mario Uribe Escobar. Este político de origen conservador, presidente del Senado de 2000 a 2001 y primo del expresidente Álvaro Uribe, fue el primer presidente del Congreso condenado por parapolítica. De acuerdo con el portal Verdad Abierta, la Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de alianzas con grupos paramilitares. Los principales testigos en su contra fueron el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el desmovilizado Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’.

Presidencias indignas y sin expectativas

El recuento anterior muestra cómo se ha desdibujado la que, se supone, es la más alta dignidad de la rama legislativa. Es evidente que los acuerdos políticos que determinan quién ocupa estos cargos responden a criterios muy distintos de garantizar el interés general y la democracia colombiana. No es alentador que tantos presidentes de esta corporación estén involucrados en tantos escándalos, incluso habiendo sido absueltos.

El mensaje para la ciudadanía es empezar a tener conciencia sobre la importancia de escoger un Congreso que, además de elegir presidentes decentes y honestos, permita mejorar la democracia y la transparencia legislativa.

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