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Las Fuerzas Armadas en el posconflicto

Escrito por Francisco Leal Buitrago
Francisco Leal Buitrago

Francisco Leal BuitragoExplicación histórica de la indebida politización de nuestras Fuerzas Militares, que hoy se agudiza  por la disputa Santos-Uribe. Esta disputa hará aun más difícil la nesesaria readecuación del aparato militar y policial tras la eventual desmovilizacvión de las guerrillas.   

Francisco Leal Buitrago*

El Presidente Santos nombra al General Naranjo como Ministro Consejero del Post-conflcto.

Problema de vieja data

Bajo el Frente Nacional (1958-1974) la clase política cedió el manejo del orden público a las instituciones militares, que asumieron en forma improvisada una función política que no les correspondía. Esta tarea se consolidó ante el surgimiento de las guerrillas, con el apoyo de los rezagos de “La Violencia” (1946-1965) y los estímulos de la Guerra Fría.

En virtud de la reforma constitucional de 1957, el Frente Nacional excluyó la oposición democrática. El monopolio bipartidista en el manejo del Estado facilitó la expansión de las guerrillas como oposición armada. Los contradictores de ese régimen fueron calificados como opositores a la democracia y tratados como tales. A los militares les correspondió asumir esa tarea. Al igual que el resto de la sociedad, los militares experimentaron los efectos de desideologización del bipartidismo premoderno, quedando disponibles para adoptar la ideología de la seguridad nacional estimulada por Estados Unidos.

De esta manera se independizaron de la mediación bipartidista, adquirieron autonomía política y diversificaron sus funciones en campos ajenos a su profesión, como los consejos verbales de guerra para los civiles.

Entre Turbay y Pastrana

La autonomía castrense en el manejo del orden público tuvo su momento cumbre bajo el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) con el llamado “Estatuto de Seguridad”. Expedido en virtud del “estado de sitio”,  este estatuto no fue suficiente para conjurar “la crisis de autoridad por exceso de libertades” que percibían los militares.

El gobierno Betancur (1982-1986) se ganó la animadversión de los militares con los procesos de paz y la amnistía a guerrilleros del M-19 que habían sido condenados en consejos de guerra. La situación se agravó por la falta de tacto del Presidente, los militares aprovecharon el craso error del M-19 con la toma del Palacio de Justicia para vengarse de Betancur y del grupo guerrillero  mediante la “retoma” de ese recinto a sangre y fuego.

Álvaro Uribe fue el primer presidente que asumió la dirección política de los militares. 

Con el final de la Guerra Fría (1990), el abandono de Estados Unidos de la lucha anticomunista abrió el camino para que los militares criminalizaran a las guerrillas. La guerrilla hacia el uso de medios propios de bandoleros y sus vinculaciones con el narcotráfico facilitaron el propósito castrense. La prolongada incapacidad militar para doblegar a las guerrillas se juntó con el surgimiento del paramilitarismo, alentado por terratenientes y narcotraficantes. En algunas zonas –como el Magdalena Medio– los paramilitares recibieron apoyo del Ejército, que facilitó su entrenamiento, financiación y  adquisición de armas.  

Pese al desastre del proceso de paz que adelantó Andrés Pastrana (1998-2002), la institución militar experimentó mejoras importantes. El presidente facilitó la reorganización operativa con ayuda estadounidense, y Washington concretó el ambiguo Plan Colombia que comenzó en esa época.

El expresidente Uribe acompañado del entonces Mindefensa Juan Manuel Santos y la cúpula militar en la Escuela de Cadetes José María Córdoba en el año 2008.

Soldados del Ejército Nacional durante la Toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.
Foto: Wikimedia Commons

La era Uribe

Álvaro Uribe fue el primer presidente que asumió la dirección política de los militares.

Lo hizo mediante la movilización de sentimientos y valores con el uso simbólico de la política, pero con principios negativos: mano dura y combate de la violencia con violencia. Uribe excedió sus facultades como mandatario y apeló a un caudillismo ajeno a la historia de Colombia, pero con esto logró el apoyo militar. La Política de Seguridad Democrática (PSD) –eufemismo del plan de guerra– fue el eje de la campaña presidencial de Uribe y se hizo efectiva al concentrase en una ofensiva contra las FARC, sustentada en el dispositivo militar para la guerra irregular del gobierno anterior.

Los éxitos militares derivados de la reorganización del Ejército mostraron que la fortaleza alcanzada por las FARC era producto de la debilidad política del Estado, que acarreó consigo insuficiencias en el plano militar debido a la irresponsabilidad de los gobiernos al no asumir su dirección política. Pero también por la incapacidad castrense de asimilar enseñanzas tras varias décadas de violencia. Pese al aumento de recursos y la ampliación de efectivos de la Fuerza Pública,  la persistencia en el uso de medios militares y la limitación en el empleo de recursos políticos de la PSD llevaron al estancamiento estratégico en los años finales del segundo gobierno de Uribe.   

Entretanto nuestra Fuerza Pública se convirtió en la segunda en tamaño en América Latina. En 2002, el pie de fuerza era de 313.406 efectivos, 203.283 de las Fuerzas Militares y 110.123 de la Policía Nacional;  en 2010, al finalizar el gobierno Uribe, los efectivos habían aumentado a 426.014, 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional.

En 2010, el presupuesto del ministerio de Defensa sobrepasó los 15 billones y medio de pesos. Según Planeación Nacional, en ese año se gastaron 21 billones de pesos en defensa y seguridad: 90 por ciento en funcionamiento y 10 por ciento en inversión.

Las tensiones bajo Santos

El presidente Santos apostó su capital político al “proceso de La Habana”. Esto estimuló la oposición del uribismo y ha inducido respuestas defensivas –y poco constructivas- por parte del gobierno. 

Pero lo grave ha sido el apoyo subrepticio de militares activos al hoy senador Uribe, mediante la filtración de información –generalmente reservada–, que su destinatario aprovecha de manera pública, inmediata y ofensiva. El Cuerpo de Generales y Almirantes (retirados) y la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro le han servido como cajas de resonancia.

Esta coyuntura muestra los efectos acumulados de la ideología sobre la mentalidad militar, además de que su identidad esté condicionada por el “espíritu de cuerpo”, elemento conservador de cohesión necesario para lograr eficacia en la lucha armada colectiva inherente a estos cuerpos armados.

Bajo el gobierno Santos,  los militares se han convertido en una fuerza política a la deriva, como un obstáculo para el “proceso de paz”. Gobierno y uribismo se disputan la inclinación mayoritaria de los militares hacia uno u otro lado, con intervención de organizaciones de militares en retiro y forjadores de opinion. La credibilidad pública del Ejército lo blinda contra críticas provenientes de diversos sectores políticos. Además, el temor gubernamental frente a los militares ha sido permanente desde que Uribe calificó de “traidor” a Santos.

El sofisma uribista de que en La Habana se está negociando el futuro de los militares ha alimentado prevenciones en sectores castrenses. De ahí que la incorporación de militares en servicio activo en La Habana fuera un recurso oficial adicional para desmentir al uribismo.

A diferencia del pasado, hoy no existe liderazgo militar activo fuera de las jerarquías convencionales. Han entrado y salido sin problema altos comandantes de las Fuerzas Militares, pues son figuras desconocidas por la opinión pública. Sus voces se silenciaron desde el gobierno de Uribe.

Soldados del Ejército Nacional durante la Toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.
El expresidente Uribe acompañado del entonces Mindefensa Juan Manuel Santos y la
cúpula militar en la Escuela de Cadetes José María Córdoba en el año 2008.
Foto: Archivo Presidencia de la República

Disminuir el gasto militar

En los Estados democráticos, los ejércitos son garantía para la seguridad nacional y un último recurso para situaciones donde no opere la diplomacia. La misión tradicional de los ejércitos de defender la soberanía requiere de fuerzas militares modestas. Las actuales amenazas –como el narcotráfico– son trasnacionales y difíciles de ubicar en un plano nacional definido.Si se logra la desmovilización de las guerrillas, sería indispensable reducir paulatinamente las Fuerzas Militares –en efectivos y en presupuesto–, pues el ascenso de la diplomacia debilitó la tendencia a identificar como “enemigos naturales” a los Estados vecinos.

Nuestra Fuerza Pública se convirtió en la segunda en tamaño en América Latina

No obstante, los altos mandos insisten en la necesidad de mantener el pie de fuerza y su equipamiento para garantizar la seguridad de la patria en todos sus rincones. Es una forma de considerarse la esencia misma del Estado y la Nación.

En un eventual posconflicto, la reducción de las finanzas militares –cuyo gasto no tiene mucho control– sería conveniente, pues los costos en equipamiento que requiere una guerra irregular son enormes. Tampoco tendría sentido mantener la cantidad de efectivos con que cuentan las Fuerzas Militares en ausencia del conflicto armado. Ni entonces tendría sentido el servicio militar obligatorio, cuya supresión viene anunciándose desde la campaña presidencial de Uribe, en 2002.

Si el conflicto se prolonga, las dificultades serían mayores: crecerían los costos de prestaciones sociales acumuladas durante los tres lustros de aumento del número de militares –en servicio activo y en retiro–, además de los jóvenes pensionados por  lesiones causadas por las “minas quiebrapatas” que utilizan las guerrillas.

La Policía

En ese posconflicto no habría que olvidar a la Policía Nacional. Sería preciso reubicarla y fortalecerla  para garantizar la seguridad ciudadana y desmantelar las bandas criminales, con eventual apoyo militar.

La reubicación es conveniente debido a que la Policía adquirió mayor autonomía al no aplicar las reformas de control aprobadas en 1993. Además, depende del ministro de Defensa –no del Ministerio–, que desde 1991 dejó de ser un general, liberándola así de controles institucionales.

Pese a que la Policía ha sido subvalorada por los militares, ahora quieren mantenerla en su entorno como refuerzo mediático de poderío. Y la Policía encantada.

La Fuerza Pública constituye sin duda el problema central de los cambios institucionales necesarios para un eventual posconflicto. El proceso será largo y complejo, aún después de la desmovilización guerrillera.

De ahí la urgencia de que el gobierno abandone sus ambivalencias, sobre todo frente a las ONG, para que  las Fuerzas Militares tengan un norte que no sea el de los intereses corporativos predominantes.  

Parte de la urgente política de apaciguamiento debería orientarse hacia las Fuerzas Militares. Para frenar al menos las prevenciones sobre su futuro una vez solucionada la violencia política. Por eso es indispensable recordar las transformaciones que se han iniciado en su entorno profesional, como decir los cambios estratégicos por innovaciones en armamentos, la cada vez más extendida globalización y el realce de la diplomacia y los organismos multilaterales.

Sin el conflicto armado interno, la adaptación a tales cambios no sería trumática sino progresiva y fluida.

 

* Sociologo, profesor honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes.

 

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