Pese a la distancia geográfica, la trágica historia canadiense guarda muchas similitudes con la de Colombia.
Ana María Ferreira*
Una historia trágica
Entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, los indígenas canadienses estuvieron obligados a mandar a sus hijos a internados estatales administrados por la Iglesia católica para integrarlos a la cultura occidental y blanca que predominaba y predomina en Canadá.
Casi todos los países del continente americano vivieron procesos similares al independizarse, pues las nuevas repúblicas buscaban consolidar una identidad nacional homogénea —lo cual implicaba que todos los ciudadanos hablaran el mismo idioma, profesaran la misma fe y se adhirieran a los ideales de la civilización, la modernización y la industria—. Aparentemente, el progreso no tenía —¿ni tiene? — espacio para la diversidad ni la diferencia.
En 2008, el gobierno canadiense instauró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el fin de establecer lo que ocurrió realmente en dichos internados. En 2015, la Comisión publicó un informe según el cual los niños fueron severamente maltratados y muchos no volvieron a sus comunidades.
Pues bien: en mayo de este año se encontraron 215 tumbas sin nombre en la Columbia Británica, en junio se hallaron otras 751 en la provincia de Saskatchewan y unos días después 182 en la ciudad de Cranbrook. Todas las tumbas están cerca de los internados en cuestión, por lo cual se están llevando a cabo nuevas investigaciones. La Comisión estima que alrededor de 6.000 niños murieron en esos internados, aunque algunas fuentes hablan de 4.000 fallecimientos y otros de 10.000. Seguramente, nunca sabremos la cifra exacta. Lo que sí sabemos es que estas muertes deben ser atribuidas al Estado y a la Iglesia católica, pues fueron producto del maltrato, del frío y de sistemas sanitarios precarios e insuficientes.
Para esclarecer lo sucedido, la Comisión revisó los registros de las escuelas y recogió los testimonios de algunos sobrevivientes que cargan con cicatrices visibles e invisibles que dan cuenta de los episodios de violencia psicológica, física y sexual a los que fueron sometidos en su infancia.
Además de las violencias ejercidas sobre los niños indígenas, el gobierno ha reconocido que los internados buscaban “moldearlos” para que se insertaran en una sociedad donde su cultura no tenía cabida. Por eso, los castigaban cuando hablaban en sus lenguas nativas, prohibieron sus religiones, quemaron sus trajes e impidieron que recibieran visitas de sus familiares.
Algunos de los documentos examinados mencionan que los padres no eran informados cuando los niños morían y sus restos eran enterrados en lugares cercanos a los internados. La macabra idea de que los internados fueran cementerios debería ser suficiente para despertar la indignación de cualquier ser humano. En 2015, cuando la Comisión publicó el primer informe sobre este tema, reconoció que los internados fueron una excusa para perpetrar un genocidio cultural.
Las similitudes con Colombia
A pesar de la distancia geográfica, esta historia resuena con la de nuestro país, especialmente porque hasta el día de hoy no hemos reconocido historias similares. Durante mucho tiempo, la Iglesia católica tuvo el control de la educación en Colombia porque así lo ordenaron la Constitución de 1886 y el Concordato de 1897, cuya vigencia se mantuvo hasta 1991.
El Estado pagaba los costos para que la Iglesia educara a los indígenas en los extensos territorios que por entonces se llamaban “intendencias” y “comisarías”. La Iglesia era la única institución que contaba con la infraestructura para asumir esta tarea, pero no tenía la vocación, la amabilidad ni el interés genuino en los niños y jóvenes, pues la educación que ofrecía era de pésima calidad y se concentraba en religión y actividades manuales. Así pues, formaba a los niños indígenas para ser mecánicos o carpinteros y a las niñas para ser empleadas de servicio. Como en el caso canadiense, esa “educación” procuraba borrar la identidad cultural de los niños.
Entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, los indígenas canadienses estuvieron obligados a mandar a sus hijos a internados estatales administrados por la Iglesia católica
Cuando leí la noticia de Canadá, pensé en un sinnúmero de historias similares que ocurrieron en Colombia. Historias en las que los niños fueron castigados por hablar sus lenguas, por practicar sus creencias o por el simple hecho de tener un color de piel diferente. Es probable que en Colombia también haya tumbas anónimas en los que yacen cuerpos de niños indígenas y campesinos.
Hoy en día nos jactamos de que Colombia albergue distintas lenguas, razas, culturas y tradiciones gastronómicas. Todos los folletos turísticos muestran miembros de las comunidades indígenas sonriendo junto a miembros de otros grupos étnicos. Aunque parezcan inocentes, estas celebraciones les restan visibilidad a las luchas que estos pueblos han ejercido durante años.
Para que las imágenes de los folletos y los comerciales sean honestas, es necesario reconocer las múltiples violencias a las que estos pueblos fueron y siguen siendo sometidos. No puede haber reconciliación sin reconocimiento.
La tarea de los responsables
Las tumbas sin nombre halladas en Canadá han despertado la indignación y la solidaridad del mundo entero. Como forma de protesta, varias iglesias han sido quemadas y al menos 11 han sido manchadas con pintura roja que emula el color de la sangre.
Si bien el gobierno encabezado por Justin Trudeau aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas a las comunidades indígenas, lo cierto es que ante una tragedia de esta magnitud, las palabras están lejos de ser suficientes. No obstante, son mejores que el silencio de la Iglesia católica y que las declaraciones del arzobispo de Winnipeg Richard Gagnon, quien se atrevió a afirmar que la Iglesia estaba siendo “perseguida”.
Las muertes de los niños encontrados deben ser atribuidas al Estado y a la Iglesia católica, pues fueron producto del maltrato, del frío y de sistemas sanitarios precarios e insuficientes.
Es importante recordar que cuando el informe de la Comisión salió a la luz en 2015, la Iglesia se comprometió a compensar a las víctimas y a sus comunidades con 25 millones de dólares, pero hasta ahora, solo ha pagado 4 millones. Aunque la Iglesia asegura que no tiene fondos suficientes para cumplir con lo prometido, periodistas canadienses han reportado que en los últimos años la Iglesia ha llevado a cabo obras millonarias como restaurar la Basílica de Toronto, un proyecto que costó más de 128 millones de dólares.
El descubrimiento de estas tumbas es un recordatorio de que la Iglesia católica y los gobiernos de distintas partes del mundo han maltratado a las comunidades nativas durante años. Aunque las vidas y los sueños de los niños y sus familias no podrán ser recuperados, podemos honrar su memoria exigiendo que los culpables asuman la responsabilidad de lo sucedido.
