Ya no se trata de confiscar latifundios o eliminar la propiedad privada. Las FARC de hoy defienden los derechos del pequeño campesino pero también aceptan la globalización. Por eso los acuerdos de La Habana se ciñen a la Constitución y a los principios del mercado.
Andrés Bernal Morales*
Alarmas infundadas
El próximo 18 de octubre se cumplirá el segundo aniversario del comienzo del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Esto se dio después de una fase de acercamientos que comenzó en septiembre de 2010, y puso fin al largo período sin diálogos que se produjo tras el fin del proceso del Caguán.
Uno de los puntos más importantes de las conversaciones ha sido el agrario. Después de décadas de estar por fuera de la discusión, el tema retornó al centro de la agenda nacional y, de alguna manera, ha permitido el avance de las negociaciones.
Si bien en muchos aspectos las FARC siguen siendo dogmáticas y retrógradas, en otros temas, como el agrario, es indudable que escogieron el pragmatismo.
Al mismo tiempo sin embargo han llovido acusaciones sobre los acuerdos agrarios logrados en mayo de 2013. Se ha afirmado que estos le abren paso a las expropiaciones masivas y a la confiscación de las tierras urbanas, o que impedirían los grandes desarrollos agroindustriales, como en otro tiempo planteó la insurgencia.
La reciente publicación de los textos integrales del acuerdo -que hasta ahora habían estado sujetos a reserva- permitió comprobar que aquellas afirmaciones resultaban infundadas.
No obstante, las críticas y la confusión generalizada no han dejado ver el hecho de la mayor importancia: las FARC abandonaron la idea de una reforma expropiatoria que habían acuñado los marquetalianos”, han entendido que la globalización es parte del desarrollo, y han acogido un marco de garantías que favorezca la economía familiar campesina.
Si bien en muchos aspectos las FARC siguen siendo dogmáticas y retrógradas, en otros temas, como el agrario, es indudable que escogieron el pragmatismo. A continuación presento cronológicamente las posiciones de las FARC en materia agraria y señalo sus cambios de posición más importantes.
 Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango |
De Marquetalia a La Habana
Para entender el conflicto colombiano hay que tener en cuenta el programa agrario de Marquetalia del año 1964, que según Carlos Medina Gallego, “se convirtió en la principal guía y bandera de lucha del movimiento revolucionario que surgió con profundas raíces campesinas y en el marco del problema de la lucha por la tierra que se venía agudizando desde comienzos del siglo XX”.
En efecto, la fundación de las guerrillas resultó del fracaso de la reforma agraria que había surgido de la “Revolución en Marcha” de López Pumarejo y la reforma constitucional de 1936. Por eso, además de ocuparse de la necesidad de asistencia técnica, vivienda, creación de unidades de producción y anulación de las deudas de los campesinos, el programa de Marquetalia propuso confiscar la propiedad latifundista (que incluía a compañías norteamericanas) para entregarla en forma gratuita a los campesinos.
En 1982 y a raíz de su 7ª conferencia, las FARC dieron a conocer la denominada “ley de reforma agraria”, donde incluían la abolición de todos los latifundios y expropiación de compañías extranjeras, el reconocimiento de los derechos de ocupación de los campesinos sin títulos y la asignación de “derechos de uso” sobre la tierra.
Años después, en el Caguán, las FARC ya habían matizado su posición inicial. Ahora reclamaban la recuperación de la tierra improductiva y la destinación con fines de reforma agraria de la tierra adquirida a través del narcotráfico, aunque tal punto ya estuviera contemplado en la legislación colombiana (Ley 160 de 1994.
Posteriormente, en declaraciones previas al proceso de La Habana, las FARC dieron a conocer su noción de tierra ligada al territorio, el suelo y el subsuelo, así como de las implicaciones de la minería, las multinacionales de hidrocarburos, el papel de la agroindustria y el impacto sobre el medio ambiente.
También fueron contundentes en rechazar la Ley de víctimas y de restitución de tierras, el proyecto de ley de desarrollo rural preparado por el gobierno, el programa de formalización de la propiedad, los encadenamientos productivos, los sistemas de subsidios, la empresarización y las alianzas productivas.
El siguiente cuadro resume los hitos anteriores:
Del fundamentalismo al pragmatismo
Según lo han dicho, para las FARC el proceso de paz no es una negociación o una capitulación, sino una “agenda práctica” que permite avanzar en entendimientos sobre temas específicos.
La evidencia de ese nuevo pragmatismo se encuentra en las posturas distantes del agrarismo fundamentalista de los años sesenta. Y sin embargo buena parte de las críticas al proceso de paz se fundan en la creencia de que las FARC mantienen todavía unas ideas que ellas mismas consideran obsoletas.
Pero en la realidad lo pactado en La Habana se refiere a temas puntuales y precisos. El acuerdo indica que las partes reconocen la necesidad de permitir la coexistencia de la economía campesina, familiar y comunitaria con otras formas de producción agropecuaria. Además asegura que la “reforma rural integral” prevista en el acuerdo “se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria”.
No existen antecedentes de que un movimiento insurgente como las FARC reconozca sin ambages el fenómeno de la globalización.
No existen antecedentes de que un movimiento insurgente como las FARC reconozca sin ambages el fenómeno de la globalización, contra el cual han luchado desde sus orígenes. Este aspecto no es menor, pero ha pasado de agache entre los analistas y la opinión.
Otro tanto dice el informe en materia de formalización masiva de la propiedad, que en estricto sentido no es solo el saneamiento de los títulos de propiedad, sino una forma de acceso a ese derecho. Para este propósito, desde el 2010 el Ministerio de Agricultura inició un programa con metodologías probadas en otras latitudes que contribuye a avanzar en la seguridad de los derechos sobre la tierra.
Con anterioridad a la instalación de los diálogos en Cuba, las FARC habían señalado que tal proceso contribuía al “despojo legal” de las tierras en manos de los campesinos. Sin embargo, al hablar de formalización, las partes acordaron formalizar (titular) “progresivamente (…) todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia”. Esto no es otra cosa que el reconocimiento del derecho de propiedad privada que establece la Constitución.
Pero los detractores históricos de la reforma agraria han dirigido sus ataques contra el “fondo de tierras” que se acordó en La Habana. Cabe recordar que el fondo se alimentará de tierras indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente..
Tanto la extinción judicial como la extinción administrativa del dominio existen desde hace varias décadas en la legislación agraria y no son resultado de los acuerdos de La Habana, como lo han presentado interesadamente algunos líderes gremiales del sector agropecuario. Dicho de otra manera: el movimiento insurgente acepta crear un fondo de tierras bajo el marco de la legislación vigente.
Y una fórmula similar se acogió para promover y apoyar las Zonas de Reserva Campesina, las cuales, según se ha venido insistiendo, se sujetarán a las normas vigentes, es decir, sin la figura autonómica que reclamaron las FARC ante los micrófonos de la prensa internacional.
A la luz de lo anterior resulta obvio el tejido de falacias realmente inverosímiles contra el acuerdo agrario. Los mínimos pactados en La Habana benefician a los campesinos que no tienen tierra o que la tienen en cantidad insuficiente, pero todo se hace dentro del marco del Estado de derecho, con respeto a los derechos legítimos de las personas y con un reconocimiento de la guerrilla del poder del Estado. Por eso, quienes estén usufructuando la tierra de manera legítima no tienen nada que temer del acuerdo para el fin del conflicto.
 Luciano Marín alias “Iván Márquez”, negociador de las Farc. Foto: Delegación de paz de las Farc |
Los verdaderos retos
Es evidente que hay una relación profunda entre el punto agrario y los demás puntos de la agenda. El tema del narcotráfico, por ejemplo, se ha considerado como una especie de derivación del desarrollo agrario integral, pues requiere del trabajo, la concertación y la participación de las comunidades con una mirada territorial, para construir desde la base los programas de desarrollo que permitirán sustituir cultivos de manera voluntaria (a pesar de que el Estado no renunció en el acuerdo a la erradicación forzada en las comunidades que se nieguen a ingresar a ese nuevo pacto).
En este aspecto se medirá la voluntad de paz de la insurgencia, al diseñar y aplicar la forma como abandonarán su estrecha relación con la narco-economía que tanto perjuicio le ha hecho y le sigue haciendo a Colombia.
Lo acordado no tiene sorpresas y muestra que la negociación es seria. Las glosas que tienen los textos del acuerdo revelan que hay problemas específicos con miradas divergentes, pero que son coincidentes en lo fundamental.
La ejecución del acuerdo requerirá de la sincera voluntad de cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano y que es necesario aceptar las responsabilidades de las partes y superar los fantasmas que desinforman. Ante ello urge una actitud constructiva que permita conocer cómo aportará cada quien , dentro y fuera de la mesa, a este propósito.
* Abogado, Coautor de La Cuestión Agraria de Ramdom House Mondadori.
@AndresBernalMor