Una situación hipotética

Imagine que usted y su familia han vivido en el mismo barrio durante varios años. Además de habitar allí, tienen una panadería que es su principal fuente de ingresos y envían a los niños al colegio de la localidad. Lo mismo ocurre con la mayoría de sus vecinos.

Un día llega una empresa y compra varias casas y locales del sector, los tumba y empieza a construir un edificio de 30 pisos. Lo único que pueden ver los residentes es el número de la licencia otorgada por la curaduría del lugar y una valla que muestra cómo quedará el edificio cuando esté terminado. La empresa usa las retroexcavadoras que demolieron las casas para hacer una perforación profunda y al toparse con algunas rocas grandes, opta por dinamitarlas.

El barrio se llena de máquinas amarillas, volquetas, mezcladoras de concreto y gente desconocida. El ruido permanente dificulta la actividad del colegio e impide que los residentes trabajen en sus negocios y descansen en sus casas con tranquilidad. Además cada vez es más difícil entrar y salir del barrio porque la constructora ha roto varias vías para “modernizar” las redes de acueducto y alcantarillado. Debido a las obras de “modernización”, los servicios se suspenden con frecuencia, pero los recibos siguen llegando de manera puntual.

Muchas casas se han agrietado debido a las explosiones y las vibraciones producidas por los camiones que todos los días entran y salen del barrio. Las aves que cantaban en los árboles huyen por el ruido y la contaminación, y cada vez más residentes padecen enfermedades respiratorias y de eso que llaman stress. Un día la loza del piso más alto colapsa súbitamente y aparecen varias grietas en el edificio. Si el edificio se hubiera desplomado, los residentes del barrio no habrían podido escapar.

La Curaduría ordena detener la construcción al descubrir que los constructores habían alterado las especificaciones y el diseño contemplados por la licencia de construcción. Sin embargo, los constructores apuntalan el edificio, reconstruyen la loza colapsada, repararan la loza de abajo y siguen construyendo como si nada.

Las entidades que invirtieron recursos en la obra demandan a los constructores y a la empresa aseguradora. El banco que les prestaba plata advierte que no les vuelve a prestar. En respuesta, las autoridades municipales, los gremios económicos y algunos sectores políticos y medios de comunicación, expresan su preocupación y solidaridad con los constructores demandados.

Los residentes del barrio se siguen preguntando por qué la amenaza permanente a la que están expuestos no despierta la misma preocupación en esos sectores. En últimas, son ellos quienes enfrentan los riesgos físicos, económicos y sociales provocados por esa construcción. ¿Qué pasará con ellos si el edificio colapsa? ¿Quién responderá?

Un proyecto desastroso

Una situación similar pero en escala mayor, viven las comunidades de la zona de influencia del proyecto Hidroituango en el Bajo Cauca Antioqueño y más allá, aguas abajo.

En 1997, un par de meses antes de constituirse la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero, comenzaron las masacres en la zona. Para cuando ocurrió la emergencia en mayo 2018 ya habían ocurrido 62 masacres en la región.

Dicha emergencia de 2018 le dio visibilidad nacional a un desastre que venía afectando a las comunidades desde más de 20 años atrás. Las alteraciones provocadas por Hidroituango privaron a las comunidades pesqueras y barequeras de sus fuentes de subsistencia, y por esa y otras formas de violencia, muchas familias debieron abandonar su territorio.

A raíz de esa emergencia, mediante la Resolución 820/2018 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse. Posteriormente, la Contraloría General llevó a cabo una auditoría forense que reveló los errores técnicos que provocaron la emergencia y señaló a los responsables. Sin embargo, la obra continuó.

Tres años después, quedan grandes interrogantes sin respuesta, que se resumen así:

• ¿Cuál es el estado actual del macizo rocoso en el que está anclado el muro de la represa y cómo lo afectaron las obras que fue necesario realizar para evitar que la emergencia de 2018 se saliera de control?

¿La presa y el macizo rocoso que la sostiene serán capaces de aguantar la presión del río Cauca y de los caudales que confluyen en el sector en caso de un sismo, de una agudización de las dinámicas hidrometeorológicas o de ambas cosas a la vez?

Puede leer: Hidroituango: las implicaciones patrimoniales del detrimento patrimonial

¿Y las autoridades competentes?

Pese a su importancia, estas preguntas no parecen formar parte de la lista de prioridades de los tomadores decisiones ni de muchos medios de comunicación. De hecho, el presidente  Duque y una Comisión de Congresistas de Antioquia hicieron un llamado a los sectores involucrados para “unir esfuerzos y adoptar las decisiones necesarias para que la obra empiece a generar energía en 2022, tal como estaba proyectado originalmente”. Según ellos, “solo así será posible evitar riesgos de desabastecimiento energético, pérdida de empleos, cierre de empresas y crisis sociales.”

Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las entidades financiadoras del proyecto, aprovechó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP  26) para expresar su preocupación por los constantes cambios de condiciones y exigir certezas sobre la viabilidad del proyecto como requisito para seguir apoyándolo.

En respuesta el presidente Duque manifestó que hay un avance de más del 85% y que la participación del BID ha permitido supervisar la obra y atraer otras fuentes de financiación. Lo cierto es que la megaobra continúa y que no hay quien les de respuestas concretas a las preguntas que siguen sin contestar.

Ultima hora: “Ituango: un proyecto siniestrado”

Para mayor incertidumbre de todos los actores sociales e institucionales interesados en el tema, y especialmente de las comunidades víctimas del desastre actual (y potenciales afectadas por el que podría ocurrir), en la edición de las 8 de la noche del Noticiero CM& del 5 de Noviembre, el Gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, dio esta declaración textual:

“El seguro todo riesgo del contrato vencía en marzo 31 de 2021. Debo recordar que Ituango es un proyecto que está siniestrado. Y un proyecto siniestrado es igual a como cuando uno estrella un carro, que cada vez es más difícil o más costoso volver a conseguir la póliza. Hay muchos temas que ya se construyeron. Entonces nosotros tenemos coberturas para desastres naturales, para sismos, para montajes. Esa cobertura de todo riesgo constructor por el hecho del siniestro -porque también el mercado de seguros cambió durante la pandemia- ha hecho más difícil volver a conseguir esa cobertura”.

Tras oír eso, sólo pueden quedar mayores interrogantes y más preocupaciones como conclusión.