Casi 2000 militares y policías se han acogido al tribunal y la mayoría ha recibido beneficios. Pero las Fuerzas Militares aún tienen reservas frente a la JEP. ¿Por qué?
Juan Esteban Ugarriza*
¿Quiénes se han acogido a la JEP?
Hoy son 1.995 los militares y policías que se han acogido a la JEP para resolver sus problemas judiciales. Muchos de ellos habían sido condenados por la justicia ordinaria o tenían medidas de aseguramiento, y al acogerse a la JEP recuperaron su libertad condicionada, fueron trasladados de cárceles a guarniciones militares e incluso a uno de ellos se le autorizó para salir del país.
Casi la totalidad de estos militares y policías se acogieron a la JEP en el marco del caso 003 correspondiente a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Entre quienes firmaron actas de compromiso con ese tribunal se encuentran reconocidos nombres como:
- Rito Alejo del Río. En 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en 1997 por paramilitares. También está investigado por la Masacre de Mapiripán y los asesinatos de Jaime Garzón y Álvaro Gómez Hurtado. En el 2017 se acogió a la JEP y recuperó la libertad con la condición de reparar a las víctimas y aportar al esclarecimiento de la verdad.
- Jairo Humberto Uscátegui. Fue condenado a 37 años de prisión —de los cuales ya ha pagado 17— por la masacre de Mapiripán. También recuperó su libertad en el 2017 al acogerse a la JEP y ha dicho que defenderá su inocencia ante ese tribunal.
- Henry Torres Escalante. Tenía un proceso ante la justicia ordinaria por el homicidio de dos personas presentadas como bajas en combate en el Casanare en el 2007. Según la fiscalía, el ex–comandante fue condecorado porque su brigada llegó a las 150 bajas.
- Mario Montoya. Fue comandante del ejército y está investigado por casos de “falsos positivos” y por la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Es el militar en retiro de más alto rango que hasta el momento ha pedido acogerse a la JEP y fue la cabeza de célebres operaciones, como la Operación Jaque donde fue rescatada Ingrid Betancourt y la Operación Fénix, que concluyó con la muerte de Raúl Reyes.
Es posible que otros casos abiertos por la JEP motiven a otros soldados a acogerse a la jurisdicción especial, pero por ahora la abrumadora mayoría de ellos tiene protagonismo en la resolución de los llamados “falsos positivos”.
¿Logró Santos “venderles” la JEP a policías y militares?
Hacia 2015, el gobierno Santos y la cúpula militar iniciaron un esfuerzo para convencer a los casi 500 mil miembros activos de la Fuerza Pública —incluyendo la Policía—, y un número similar de retirados, de que la JEP resolvería la situación de quienes estaban siendo acusados de graves infracciones al DIH o violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, y de paso los blindaría frente a intentos futuros de promover juicios en su contra en el país o el exterior.
Ese esfuerzo estaba dirigido al estamento militar como un todo y no solo a los acusados de manera directa. Para quienes ya estaban en problemas con la justicia ordinaria, los beneficios inmediatos de la JEP son claros, pero dentro del estamento militar algunos segmentos resentían —y aún resienten— la idea de responder ante tribunales “como si hubiéramos perdido la guerra”, según expresiones de algunos.
El primer motivo de reserva es un aparente dilema entre los efectos individuales y los efectos institucionales de la participación de militares en ese tribunal.
Después del triunfo del “no” en el plebiscito sobre los acuerdos originales de La Habana, de la interpretación de la Corte Constitucional sobre los nuevos acuerdos, y de las objeciones presidenciales de Iván Duque en el 2019, se ha abierto la puerta a debates sobre los ajustes que podrían hacerse al funcionamiento de la JEP.
El mando militar ha evitado manifestaciones explícitas en el debate público, y los retirados, en cabeza de Acore, han participado de forma activa. Hasta hoy las cabezas visibles de activos y retirados han coincidido en apoyar a la JEP como mecanismo de cierre judicial.
Foto: CREMIL. |
Pero en efecto no existe un consenso pleno entre los militares a este respecto y entre ellos persisten ciertas reservas. Estas son las cinco grandes inquietudes.
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Las cinco inquietudes internas
-El primer motivo de reserva es un aparente dilema entre los efectos individuales y los efectos institucionales de la participación de militares en ese tribunal.
Por un lado, están los directamente acusados de violaciones a los Derechos Humanos, y por el otro quienes perciben las acusaciones a militares como un daño a la institución y a su legitimidad. Los segundos tienen razón en tanto existen incentivos para que algunos militares acogidos a la JEP deleguen en la institución responsabilidades de hechos graves con el propósito de aligerar la carga que de otro modo deberían asumir ellos mismos. De igual manera, quienes defienden a la institución como un todo preferirían que los individuos asuman la culpa sin manchar la legitimidad de las Fuerzas Militares, lo cual nos lleva al siguiente punto.
Las generaciones más antiguas tienen menos incentivos para apoyar la JEP.
-El segundo motivo tiene que ver con diferencias generacionales entre distintos segmentos de las fuerzas militares. Debido a que el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional fue firmado apenas en 1998, la amenaza de un eventual llamado de ese tribunal a colombianos acusados por graves violaciones a los derechos humanos recae principalmente sobre mandos militares activos desde 1998 en adelante.
Por esta razón las generaciones más antiguas tienen menos incentivos para apoyar la JEP que los más jóvenes, quienes pueden estar interesados en resolver su situación particular. La generación anterior al Estatuto de Roma no tiene tanto que perder en caso de que la JEP fracase en lograr el cierre judicial, y en cambio puede estar más interesada en proteger a la institución y a todos sus miembros de cualquier revés jurídico.
-Esta incertidumbre jurídica es la tercera inquietud de los militares frente a la JEP. Ya han pasado casi tres años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, y el problema aún no acaba de aclararse en términos jurídicos. Esto alimenta la idea entre algunos militares de que es posible que todo el Sistema Integral para la Paz se descarrile.
Más allá de si eso es posible, el prolongado debate político y jurídico que aún envuelve a la JEP envía señales equívocas, particularmente a aquellos que no tienen mucho que perder al oponerse a este mecanismo. Además, el futuro de las Fuerzas Armadas es un tema jugoso para los candidatos y agrupaciones políticas que, en épocas electorales, usan el tema y a los soldados para ganar votos, así en realidad eso implique poner en riesgo su futuro jurídico.
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– Otro punto que está en debate es el del tratamiento diferenciado. La ley se ha encargado de darle contenido a esta expresión y ha establecido que en la JEP debe haber una sala especial y magistrados designados para casos militares. Sin embargo, el reclamo de algunos militares en el fondo resulta de sentir que se les dará un trato de igual a igual con los exguerrilleros. Por eso están pendientes de la forma final que tome el tratamiento diferenciado, luego de las decisiones que deberá tomar la Corte Constitucional.
– Finalmente está el tema de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad (CEV). La Corte Constitucional reafirmó en 2018 que los resultados de las investigaciones de la CEV no podrán ser usados por la JEP para hacer imputaciones a individuos, sino únicamente para dar contexto a sus fallos. De esta manera se busca estimular la participación en la búsqueda de verdades no judiciales sin implicar consecuencias penales para los involucrados.
Foto: Presidencia de la República. |
Sin embargo, el muro tiene una puerta de una sola vía: los procesos de la JEP sí podrán ilustrar la construcción de verdades no judiciales. A largo plazo, la verdad no judicial de la CEV y otros esfuerzos similares resultarán más decisivos que los resultados de la JEP para la imagen de las Fuerzas Militares en la reconstrucción histórica del conflicto y sus responsables.
Por tanto, la inquietud sobre la CEV comparte en el fondo las razones de las otras cuatro, pues parece que en últimas lo que está en juego es la imagen y la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Una vez más, los intereses de individuos por resolver su situación personal no necesariamente coincidirán con el interés institucional, y es justamente allí donde la JEP aún no convence.
* Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna, Suiza y Mágister en Historia en la Universidad de Carolina del Norte. Entre 2013 y 2017 fue delegado asesor del gobierno colombiano para los diálogos con el ELN en Venezuela y Ecuador. Actualmente es Profesor Asociado e Investigador en la Universidad del Rosario (Bogotá). juan.ugarriza@urosario.edu.co
