Una historia de inestabilidad

Ecuador vuelve a atravesar una época de gran inestabilidad, como en la década de los noventa y comienzos de los 2000, y que hace pensar que la gobernabilidad está seriamente comprometida.

Si no hay un diálogo en el corto plazo, podría incluso considerarse la salida de Guillermo Lasso. Aunque es prematuro saltar a estas conclusiones, el país tiene una historia de volatilidad que parece respaldar la tesis que, ante cualquier estallido social, el jefe de Estado tiene pocas chances de llegar al final de su mandato.

Ahora bien, este Ecuador dista de aquel que en 1997 se deshizo de Abdalá Bucaram —tan nombrado en estos días en Colombia por los paralelos con Rodolfo Hernández—, de Jamil Mahuad en el año 2000 y del coronel Lucio Gutiérrez en 2005.

En los dos primeros casos, los indígenas fueron clave por su capacidad de movilización. En el caso de Gutiérrez, tuvieron un papel importante al adherirse a la figura de la coalición. Sin embargo, abandonaron rápidamente esa administración ante el giro inesperado liderado por el exmilitar y neoliberal que había llegado al poder en buena medida gracias al apoyo del partido indigenista, Pachakutik.

¿Es esta crisis similar a aquellas? La respuesta es ambigua porque algunas características, causas y reivindicaciones coinciden, pero el escenario político ecuatoriano actual es diferente.

Origen del estallido

La poderosa Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE), que agrupa a varias organizaciones de la Sierra, Costa y Amazonía, convocó a movilizaciones para protestar contra la degradación de la calidad de vida, los planes de extracción de hidrocarburos en determinadas zonas de mayoría indígena y la reducción de la inversión social.

Las movilizaciones, que empezaron como reclamaciones, se parecen cada vez más a un estallido social. La diferencia, valga recordar, entre estallido y protesta es que el primero ocurre de manera espontánea y comienza por un suceso que produce ira en la sociedad por lo que suele ser violento. La protesta, en cambio, se organiza y no desemboca en violencia necesariamente, sino que resulta en escenarios de negociación.

El brazo político de la CONAIE, el Pachakutik, ha sido clave para entender el origen más lejano de la crisis. En 2019, los indígenas y la derecha ecuatoriana sellaron un pacto que hoy le está costando caro a la población ecuatoriana.

Esta crisis se parece a las movilizaciones de 2019 cuando la suspensión de subsidios a la gasolina comprometió gravemente la gobernabilidad y se contempló con justa causa la salida de Lenín Moreno que jamás gozó de amplios consensos y gestionó con márgenes estrechos.

Moreno se mantuvo porque los indígenas de común acuerdo con un sector de la derecha ecuatoriana permitieron que acabara con su mandato en los dos años que restaban. Se quería evitar a toda costa el retorno del correísmo, es decir del ascenso de algún político cercano a Rafael Correa, cuya mayoría de funcionarios se encuentra en el exilio.

Se pensaba que, si caía Moreno en medio del vacío de poder, surgiría peligrosamente una suerte de nostalgia por los años de estabilidad y prosperidad en los que gobernó Correa entre 2007 y 2017. Gracias a ese pacto entre indígenas y derecha, Lenín Moreno finalizó su mandato en 2021 sin más contratiempos.

Para 2021, el candidato con mayores chances de llevarse la presidencia era Andrés Arauz, progresista y quien había sido ministro de Correa. Como se esperaba, Arauz consiguió más votos en la primera vuelta, pero no pudo imponerse con mayoría absoluta.

En los primeros resultados parciales, todo parecía indicar que se enfrentaría a Yaku Pérez de Pachakutik. No obstante, después de un sorpresivo voto finish, Lasso pasó a segunda vuelta. Aunque lo natural hubiese sido apoyar a Arauz, pues hay muchas más compatibilidades ideológicas con su progresismo que con el neoliberalismo de Lasso, Pérez dejó en libertad a sus electores para votar.

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Lasso, pragmático y errático 

Esto permitió la llegada de Lasso, dirigente neoliberal y tecnócrata de una derecha pragmática, alejada de los radicalismos y quien ha querido reconciliar a un país que enfrenta altos niveles de polarización como el resto de la región.

Al igual que ocurrió con Pedro Castillo en Perú, el descontento generalizado se explica por el alza en el precio de los alimentos, el hambre que se empieza a sentir entre los más vulnerables, en especial pueblos indígenas, y las dificultades de reactivación tras dos años de parálisis severa.

Sin embargo, hay otros factores que han causado estragos en la gobernabilidad ecuatoriana. El drama social está antecedido por coyunturas críticas en materia de seguridad por la violencia en centros penitenciarios y la expansión del narcotráfico en un país habituado a la tranquilidad.

Ante la inseguridad en las cárceles —la peor masacre de la historia ocurrió el año pasado— y la violencia inatajable en Guayas, Manabí y Esmeraldas, la militarización pareció funcionar, pero solo superficialmente. En seis provincias no se ha logrado estabilizar la situación y, por el contrario, ha agitado aún más los ánimos.

Dos personas han fallecido en las protestas, lo que deja en evidencia los abusos y excesos en el uso de la fuerza y explica por qué para los indígenas es esencial que se levante el Estado de excepción y se ordene un repliegue de los militares en las ciudades como condición previa para la negociación.

Un futuro poco prometedor

Nada parece sencillo en este Ecuador que recuerda a las épocas de volatilidad de los años noventa. Solamente una negociación antecedida por el levantamiento del Estado de excepción y con una mayor intervención del Estado en la economía pueden calmar los ánimos.

Sin embargo, esto es la antítesis del imaginario de la derecha de la que hace parte Lasso. La dificultad reside en que, no solo debe aumentar la inversión social para recuperar los equilibrios extraviados tras la pandemia, sino que está obligado a mantener en un margen estrecho, el déficit fiscal por compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional.

La situación crítica que aqueja a Ecuador representa una difícil época que enfrentará toda América Latina en los años venideros. Las condiciones que crean semejante precariedad están originadas en situaciones que escapan al control de los gobiernos. Por ende, urge que las administraciones insistan en el diálogo social como único antídoto efectivo para la superación de la polarización.