Las AGC de Colombia, grupo criminal organizado, acordaron una mesa para dialogar un proceso de paz con el gobierno y la sociedad colombiana. ¿Será, por fin, la solución para afianzar la paz en el país?

Elizabeth Dickinson*

Mesa socio-jurídica

El gobierno de Gustavo Petro llega en la mitad del mandato, con una nueva página política de diálogos con grupos armados y criminales. Anunciar un nuevo espacio de conversación “socio-jurídica” con las AGC, también conocidas como Clan del Golfo, revitaliza la idea de que, hablando con todos los actores del conflicto, se puede avanzar hacia la “Paz Total”.

Por primera vez, el gobierno tendrá a la mayoría de los grandes actores armados sentados en una mesa. El rompecabezas de la “Paz Total” siempre estuvo incompleto sin las AGC, la organización armada que más se ha expandido en los últimos años.

Después de dos años de acercamientos entre las partes, lograr un acuerdo sobre la creación de una mesa de diálogo no es cosa menor. Será el primer intento de hablar con una organización considerada por ley como un grupo criminal organizado.

Este paso abrirá la posibilidad de conocer las demandas, ambiciones y voluntad de la organización, que hoy cuenta con más de 9 mil miembros. Más importante aún, las conversaciones responderán a un reclamo de la sociedad en las zonas donde las AGC tienen presencia.

El camino está lleno de obstáculos y riesgos. El gobierno debe entrar en las conversaciones con expectativas realistas sobre lo que se puede lograr. Se requieren gestos desde el primer día por parte de las AGC que demuestren la buena fe y la integridad de mando. Hay que prevenir que las AGC se aprovechen del espacio para fortalecerse en lo táctico, lo político o lo económico.

Pero es evidente que el diálogo es necesario para salir de los largos ciclos de conflicto. En palabras de un líder social en Morales, al Sur de Bolívar, la noticia de las conversaciones llega “con mucha ilusión [pero con] mucha precaución”.

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¿Quiénes son las AGC?

Las AGC desafían las categorías que han sido empleadas a lo largo del conflicto en Colombia. Hoy son el grupo armado más grande y con la presencia más extendida en el país.

Las AGC son “la herencia de todos los procesos de desmovilización fallidos”, explicó Don Mario, uno de sus fundadores. Los primeros liderazgos de la organización tenían sus raíces en una disidencia de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), que luego hizo un acuerdo con los Castaño para montar su proyecto paramilitar. Los hermanos Fidel y Vicente Castaño tenían nexos con el mundo del narcotráfico.

Este matrimonio entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes explica el comportamiento de las AGC: una organización armada que ha absorbido todas las lecciones del conflicto. Las AGC tienen un nivel de sofisticación que las convierte en mucho más que una organización puramente criminal. En primer lugar, tienen tres brazos: el militar, el político y el económico. 

Está estructurada como una fuerza convencional. Cada nivel de la organización, con bloques, frentes y escuadrones, mantiene un jefe para cada una de las tres funciones. El jefe militar organiza las operaciones, el jefe político se relaciona con la comunidad y el jefe económico se encarga de recaudar extorsiones y otros ingresos.

En las zonas que dominan, las AGC son los árbitros de la vida cotidiana y se calcula que obtienen unos 4.400 millones de dólares al año por sus actividades en el tráfico de drogas, armas, migrantes y la minería ilegal.

Pero no dependen exclusivamente de una actividad ilícita, han perfeccionado su capacidad para monetizar el control territorial, sobre todo cerca de la costa atlántica, un punto de tránsito clave para el tráfico de cocaína. Gravan a los narcotraficantes, pero también a las compañías mineras multinacionales. Cobran a los grandes terratenientes por “protección”, mientras extorsionan a los campesinos, exigiéndoles parte de su producción.

Pero los instrumentos usados por las AGC para conquistar territorios van más allá de la violencia. Ellos centran en la conquista de la población. Las AGC ofrecen gobernanza a comunidades que padecen la falta de servicios básicos. “Llegan no como asesinos, sino ofreciendo ayudar, arreglar, regalar. Hasta que la gente dice, ‘aquí no viene el Estado, pero en cambio están los paracos haciendo todo lo que debería hacer un Estado’”, explicó un líder campesino en Cesar.

Para los residentes que no están dispuestos a dar la bienvenida a la gobernanza criminal, la amenaza de la violencia se cierne sobre el día a día. En efecto, el silencio es una característica pronunciada en las zonas consolidadas por las AGC.

Una vez instaladas en un territorio, las AGC empiezan a reclutar, no solo para sus filas militares, sino también informantes, colaboradores y líderes. Hasta las paredes parecen escuchar, tanto es su control que nadie se atreve a denunciar o cuestionar.

¿Qué esperar de las negociaciones?

Hay varias señales positivas sobre la futura negociación. Las AGC aceptaron sentarse en lo que el gobierno llama una mesa “socio-jurídica” que, a diferencia de las negociaciones “políticas” que se llevan a cabo con el ELN y otras guerrillas, se enfoca exclusivamente en las condiciones existentes en las regiones donde operan los gaitanistas y en buscar una ruta hacia el sometimiento. 

Una mesa socio-jurídica también excluye la posibilidad de acordar un modelo de justicia transicional hasta que el Congreso no emita una nueva ley para concretar los términos de una posible desmovilización. 

El Estado enfrenta varios obstáculos legales para eventualmente poder darles a las AGC, que son clasificadas como “grupo criminal de alto impacto”, una posible amnistía amplia.  Que las AGC hayan hecho esta concesión, después de haber pedido una mesa política, es significativo y reafirma la urgencia de varias propuestas pendientes de discusión en el Congreso para concretar una ruta jurídica de desmovilización. 

Otro buen indicador tiene que ver con el equipo negociador de las AGC. Por meses, el gobierno insistió en tener un canal directo a los liderazgos de la organización. Efectivamente, estarán en la mesa las seis personas más importantes en temas políticos, militares y económicos. A pesar de los rumores que circulan acerca de las tensiones entre el jefe de la organización, Chiquito Malo, y el comandante Gonzalito, ambos serán parte del equipo negociador. 

El gran desafío para el gobierno es diseñar un enfoque de diálogo escalonado, basado en la construcción progresiva de medidas de confianza y, al mismo tiempo, producir mejoras concretas en las condiciones de seguridad de las comunidades. Los negociadores deben comenzar por trabajar con el grupo para reducir los niveles de conflicto y daño humanitario. Luego, podrían procurar una desmovilización gradual más completa.

Al tratar de conseguir que el grupo haga concesiones, la secuencia en torno a las discusiones será importante. Bogotá debe adoptar un enfoque secuencial, con avances basados en reducciones cuantificables de la violencia.

El primer paso debe ser enfocarse en comprender mejor las expectativas y prioridades del grupo en relación con los diálogos. En segundo lugar, el gobierno podría pedir pruebas de su buena fe mediante gestos que supongan una mejora palpable de las condiciones de seguridad de los civiles que viven en las zonas bajo su control.

Por el momento, la presión militar y policial sobre el grupo seguirá siendo indispensable, ya que contribuirá a garantizar que las AGC sientan la necesidad de ceder, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad hacen más para garantizar que sus operaciones protejan a los civiles atrapados en el fuego cruzado.

Mientras las negociaciones avanzan, es fundamental que el Congreso apruebe legislación que establezca una ruta legal para el desarme y la desmovilización criminal de los miembros de las AGC a gran escala. 

Las conversaciones iniciales para explorar los intereses de los miembros del grupo tendrán que dar forma a estos esfuerzos, al determinar lo que ellos requerirían para considerar la desmovilización. 

Es posible que al menos una parte de las bases quiera regresar a sus familias, mientras que los altos mandos que enfrentan graves repercusiones judiciales podrían estar interesados en deponer las armas a cambio de una reducción de sus condenas. 

El gobierno debe encontrar una combinación de incentivos, incluyendo alguna forma de indulgencia judicial, lo suficientemente atractivos como para desvincular a un número significativo de combatientes del grupo y, al mismo tiempo, garantizar testimonios veraces, reparaciones por parte del grupo y sentencias judiciales aceptables para las víctimas, la opinión pública y el Congreso.

A pesar de la magnitud de los desafíos en el horizonte, los argumentos para persistir en los esfuerzos de desmovilización del grupo siguen siendo contundentes. 

Las comunidades rurales en áreas con una fuerte presencia de las AGC respaldan las conversaciones de forma abrumadora. El destino de la “Paz Total” bien puede depender actualmente de la posibilidad de un avance decisivo con el único de los principales grupos que se había pasado por alto.

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