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Las autodefensas en Michoacán

Escrito por Jorge Cadena-Roa

Jorge Cadena RoaEl estado mexicano de Michoacán es un polvorín donde confluyen mafias, corrupción y un estado débil y permeado por grupos de autodefensas. La violencia es alarmante.

Jorge Cadena-Roa*

 

Un estado crítico

La situación actual del estado de Michoacán tiene sus raíces en la controversia sobre las elecciones presidenciales de 1988.

Después de seis décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el candidato Cuauhtémoc Cárdenas -exgobernador del estado y anterior miembro del PRI- obtuvo la mayoría de votos en Michoacán en las elecciones presidenciales de 1988. Cárdenas logró una abrumadora mayoría, casi tres votos por cada uno del candidato del PRI -Carlos Salinas de Gortari-.

Finalmente en México se impuso el candidato del PRI. En Michoacán y en otras partes del país quedó la percepción de un fraude electoral, lo cual llevó a que las comunidades indígenas del estado ocuparan más de 50 palacios municipales y establecieran gobiernos paralelos. Muchos de los inconformes fueron desalojados por el Ejército, pero en los municipios de la meseta purépecha estos se negaron entregar los edificios y las tropas se retiraron.  

La situación actual del estado de Michoacán tiene sus raíces en la controversia sobre las elecciones presidenciales de 1988. 

Esa crisis dejó numerosos muertos y heridos, y la institucionalidad resquebrajada y deslegitimada. El distanciamiento entre las comunidades autónomas, el gobierno del estado y el gobierno federal se hizo más profundo. A los conflictos preexistentes entre grupos caciquiles y grupos emergentes se sumaron nuevos problemas de cohesión social y de antagonismos políticos en las comunidades.

Los siguientes gobernadores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y Leonel Godoy (2008-2012), heredaron esa situación, pero por desconocimiento, por respeto a las decisiones comunitarias o por temor a que su intervención reavivara la violencia, dejaron hacer y dejaron pasar.

Esa era la situación en la meseta purépecha y en la “tierra caliente” michoacanas durante  los años 1990, mientras el narcotráfico se expandía, el crimen organizado y sus grupos criminales de apoyo se fortalecían en todo el país.


Armas incautadas en la ciudad de Apatzingán, en
el Estado de Michoacán.
Foto:  Luis_pats

El narcotráfico   

Bajo el régimen del PRI hubo tolerancia hacia el narcotráfico, que se veía como una forma más de enriquecimiento, tolerable a condición de que no desafiara la supremacía política de la familia revolucionaria y redujera al mínimo la violencia callejera.

El proceso de democratización del país, que culminó a finales de los 90, trajo consigo la alternancia regular en los cargos de elección federal, estatal y municipal, y accedieron al poder personas que no estaban familiarizadas con los acuerdos informales con los narcotraficantes o que no estaban dispuestas a tolerarlos [1]. A la vez, el combate internacional al narcotráfico produjo un reordenamiento en las cadenas de producción y comercialización, y los carteles mexicanos ganaron importancia en el mercado norteamericano, lo cual condujo al fortalecimiento de las mafias que se sintieron con la capacidad económica, organizativa y militar suficientes para quitarse de encima a la clase política y para advertirles los riesgos que corrían si no cooperaba con ellos.

Por otro lado, la controversia sobre las elecciones presidenciales (1988 y 2006, especialmente), limitó la colaboración entre las principales fuerzas políticas y entre los distintos niveles gubernamentales. En la práctica, la democratización significó desregulación del mercado de las drogas, sin árbitros o jueces, y en donde cada quien se hace justicia por su mano. Como no hay coordinación ni acuerdos duraderos entre las organizaciones criminales, estas no han sido capaces de repartirse el negocio y llevarlo sin violencia, lo cual ha derivado en luchas por territorios de producción y comercialización, por mercados y rutas de transporte.

Las organizaciones criminales crearon ejércitos fuertemente armados para protegerse de los competidores y de las autoridades, y para garantizar la producción, el transporte, almacenamiento y distribución de las drogas ilícitas, de las armas y grandes cantidades de dinero en efectivo. La violencia aumentó [2].


El Estado de Michoacán fue militarizado por orden
del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Foto: jpazkual

Entrecruce de problemas

La crisis política en Michoacán, el proceso de democratización nacional y la prosperidad del crimen organizado en México se entrecruzan en esta historia. El mapa de la crisis política de 1988 coincide con el de las actividades de las autodefensas del 2013-2014.

Las comunidades autónomas, desafectas de las autoridades locales y federales y divididas internamente, recibieron de las organizaciones criminales diversos recursos (obras, empleo, algunos servicios) así como sistemas de vigilancia, castigo y de justicia familiar, entre particulares y entre grupos rivales. Sin embargo, al carecer de contrapesos, sistemas de rendición de cuentas y de responsabilidad ante la población, empezaron a abusar de su posición y de su papel intermediador.

Por otra parte, algunos éxitos gubernamentales en el combate al narcotráfico empujaron a algunos grupos a diversificar sus actividades y a compensar las pérdidas  con ingresos provenientes del abigeato, el secuestro, la extorsión, la venta de protección, el cobro de cuotas, el manejo de la prostitución y el tráfico de personas. Las actividades que empezaban a ser perseguidas con éxito expulsaban a los criminales hacia las actividades que permanecían impunes.

A lo anterior se suma el enfrentamiento entre grupos mafiosos, entre “Los caballeros templarios” y el “Cartel de Jalisco, Nueva Generación[JC1] .”.  Los primeros están defendiendo sus zonas de influencia, los segundos se las quieren arrebatar por la fuerza. Michoacán es muy atractivo para el narcotráfico por su prolongada costa que permite embarques y desembarques furtivos, por su puerto internacional que permite la entrada y salida de contendores, por conectar a la frontera norte, el centro y el Golfo, por su zona montañosa donde se pueden esconder cultivos, laboratorios, almacenes y refugios. Además, como ocurre en otras latitudes, el crimen organizado florece porque las autoridades encargadas de combatirlo no hacen su trabajo por incapacidad, por negligencia, temor o corrupción, ya sea porque participan de las ganancias o porque son ellos mismos quienes las reparten.

Las organizaciones criminales crearon ejércitos fuertemente armados para protegerse de los competidores y de las autoridades.

Los actores de la violencia

Michoacán es hoy un escenario de violencia donde se pueden distinguir cinco actores:

· Los grupos de autodefensa que responden a las comunidades que los respaldan y sostienen. Actúan a nombre de las comunidades y llenan el vacío dejado por  las policías y el ejército frente al crimen organizado. La comunidad de Cherán es un ejemplo de este tipo de sustitución de roles de la coacción del Estado.

· Los grupos de autodefensa de comunidades en las que algún grupo criminal tiene influencia. Estos grupos cuentan con la simpatía de la población y las autoridades locales que han quedado inermes frente a organizaciones criminales que disponen de cuantiosos recursos y mejores armas.

· Los ejércitos privados de los “Caballeros templarios” y del “Cartel Jalisco”, al servicio de estas organizaciones criminales que se están disputando el territorio y el negocio del narcotráfico en la región. Con una mano enfrentan al Estado y con la otra a su competidor y enemigo.

· Las fuerzas del estado y de los municipios de Michoacán. Además de su debilidad, han sido infiltradas o no tienen con qué ni cómo combatir a un enemigo que, además de plata y plomo en abundancia, cuenta con legitimidad social.

· Las fuerzas federales, el ejército, la marina y la policía. Por lo menos desde el 2006 están buscando recuperar el control territorial sin mucho éxito. Carecen de aliados locales (los federales son vistos como fuerzas de ocupación) y no tienen legitimidad.

En este escenario de múltiples actores con capacidad de ejercer violencias se ha presentado la intervención del Estado, con desafortunados resultados. Al “Operativo Michoacán” -iniciado por el presidente Calderón en diciembre de 2006- y a la detención de 37 presidentes municipales y funcionarios del gobierno Michoacano en 2009, se les atribuyeron motivaciones políticas. Muchas de las medidas de combate al crimen organizado tomadas por el gobierno anterior fueron mal concebidas y peor ejecutadas (los 37 detenidos de 2009 fueron puestos en libertad por falta de pruebas). Para muchos analistas y para la oposición política, el problema de crimen organizado y de las organizaciones que se sustraían a la soberanía del Estado se convirtió en pretexto para sacar al ejército a las calles por motivos estrictamente políticos. Se proponían intimidar a la oposición y legitimar al presidente.

Además de los problemas de diseño y ejecución en las políticas estatales, hay problemas de desconfianza hacia el Estado que hacen que la población no coopere con las autoridades. De hecho, el Partido Acción Nacional (PAN) no sabe cómo acercarse ni como apoyarse en los grupos organizados de la población, y sus voceros insisten en que el gobierno debe desarmar a las autodefensas para “restablecer el estado de derecho”, sin antes desarmar a los criminales. Por su parte, las autodefensas piden que primero se desarme a los criminales y se establezca una policía confiable y enseguida entregan las armas y vuelven gustosos a sus actividades habituales.

En estas condiciones, estaríamos presenciando un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. Hay indicios de que las fuerzas locales son impotentes y sucumbieron ante el crimen organizado y las fuerzas federales están buscando la colaboración de la población local, lo que, dicho sea de paso, ha disminuido los niveles de delincuencia en otros lugares, en Ciudad Juárez, por ejemplo. Autodefensas y fuerzas federales se necesitan mutuamente para desplazar a las organizaciones criminales, depurar a las fuerzas locales, restablecer el orden, la confianza y la legitimidad perdidas.

Captura e infiltración de Estado

El otro asunto es la penetración de las organizaciones criminales en el Estado. Aunque no se trata de un “estado nacional fallido”, si hay que reconocer que algunos de los estados de la república, algunos municipios y algunas policías fueron infiltrados, dan protección o están asociados de algún modo con el crimen organizado. Es un hecho que están infiltrados y no se sabe hasta dónde, aunque también hay sectores en el gobierno federal, en otros estados de la República y en las policías y fuerzas armadas que están combatiendo de manera decidida a las mafias.

En este escenario de múltiples actores con capacidad de ejercer violencias se ha presentado la intervención del Estado, con desafortunados resultados.

Distinguir cuáles son las fuerzas federales y los estados que estarían dispuestos a establecer una alianza duradera de combate al crimen organizado y con cuáles no se cuenta, es una tarea que solo puede hacerse in situ, a partir de comportamientos presentes. Son temas sobre los cuales no puede hacerse ninguna generalización porque la situación es cambiante. Es además una carrera contra el tiempo, porque si fuera cierto que Michoacán es un estado fallido, o que algunos de sus municipios pueden considerarse fallidos, esa situación podría extenderse a otros lugares. A fin de cuentas, la competencia se está dando como una guerra de posiciones, de control territorial y ha dejado de ser un asunto de combate a actividades criminales para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

 

* Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (http://unam.academia.edu/JorgeCadenaRoa) y Coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS) http://laoms.org  

@cadenaroa

 


 [JC1]Asi se hacen llamar: Cartel Jalisco, Nueva Generación. 

Referencias

[1] Labastida, Julio y López Leyva, Miguel (2004) México: una transición prolongada. 1988-1997/97, Revista Mexicana de Sociología 64 (4): 749-806.

[2] Cadena-Roa, Jorge (2012) “The Mexican Political-Security crisis: Implications for the North American Community”, pp.112-142, in North America Question: Regional Integration in an Era of Economic Turbulence, edited by J. Ayres and L. Macdonald. Toronto University Press.

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