Es el paso final y decisivo de un proceso de paz, pero no es claro cómo darlo. Un repaso autorizado de la experiencia internacional muestra los escenarios posibles para transitar con seguridad a un eventual posconflicto en Colombia.
Observatorio de Paz y Conflicto (OPC) de la Universidad Nacional de Colombia.
Desarme, desmovilización y reinserción
El desarme y el tránsito a la vida civil de excombatientes han sido elementos centrales en todos los procesos de paz del mundo, pues contribuyen a la estabilidad de un país y, en especial, a la seguridad durante el posconflicto.
Estas acciones han estado asociadas estrechamente con el momento final de un conflicto armado. Por eso Naciones Unidas, un organismo con mucha experiencia en estos temas, construyó el concepto ‘Desarme, desmovilización y reintegración’ (DDR), y formuló un conjunto de normas que se han consolidado como los estándares internacionales en la materia.
Naciones Unidas plantea el desarme como el paso inicial en un proceso de largo alcance que denomina la “construcción de la paz”. Por esa razón sus recomendaciones tienen en cuenta la necesidad de reformas el sistema de seguridad y defensa y de fortalecer el Estado de Derecho, así como de una legislación que considere el tema de los menores de edad y las cuestiones de género, entre otros asuntos.
Cualquier falla durante ese primer paso repercute directamente sobre el desarrollo posterior de los acuerdos.
Armas y combatientes
La naturaleza irregular de conflictos armados internos como el colombiano obliga a los países a adoptar medidas efectivas durante el posconflicto para evitar la circulación o permanencia de las armas en manos de la población civil. En este aspecto son especialmente preocupantes las armas cortas y ligeras, pues son las más comunes.
Los procesos de desarme incluyen un momento cuando los integrantes de la organización dejan las armas, el cual en algunos casos tiene lugar de manera simultánea con la desmovilización. En este momento se presenta la disolución formal de la organización armada y el licenciamiento oficial de sus miembros.
En el momento de la firma de un acuerdo de paz la desconfianza es un factor decisivo y ha llevado a que en algunos casos las organizaciones armadas mantengan remanentes bélicos como medida de seguridad
La cuestión de los integrantes resulta siempre compleja porque exige identificar quiénes hacen parte de la organización, contarlos e individualizarlos. Además de los combatientes, en distintas experiencias de desmovilización se han incluido a sus familiares, a sus bases de apoyo y a sus colaboradores.
En este punto se hace necesario precisar el total de entregas de armas largas, cortas y de apoyo; el material de guerra y de intendencia; los equipos y material de comunicaciones; así como los artefactos explosivos improvisados. Esto implica su ubicación, recolección, registro y destrucción.
El número de armas registradas y el de integrantes de la organización armada permiten precisar la relación hombre-arma, la cual contribuye a estimar el alcance y efectividad del desarme. En este tipo de procesos, el promedio de entrega es de un arma por cada dos combatientes.
Usualmente estas armas son destruidas. En unas ocasiones, como en Nepal, han sido almacenadas. En otras, como en los procesos de paz con las guerrillas en la década de los noventa en Colombia, fueron fundidas, arrojadas al mar o transformadas en elementos simbólicos ubicados en lugares públicos.
Es importante también definir quién puede ser el depositario de las armas: la contraparte negociadora, es decir, el Estado, o un custodio externo. En un momento preliminar suele haber un registro interno bajo el control de los comandantes de la organización, para luego dar paso al desarme formal. Es decir, primero ocurre un proceso privado y, luego, un proceso público.
En el momento de la firma de un acuerdo de paz la desconfianza es un factor decisivo y ha llevado a que en algunos casos las organizaciones armadas mantengan remanentes bélicos como medida de seguridad ante el posible incumplimiento de lo acordado o ante una reactivación del conflicto. En estos casos, buscando ocultar estos remanentes, las organizaciones presentan armas en desuso o en mal estado en el momento de la entrega oficial.
Cuando esto se da, tiene lugar un segundo momento del proceso de desarme donde la organización se desprende de ese remanente después de decidir que el proceso ha llegado a un punto de consolidación.
Sin embargo las instituciones oficiales y los verificadores del proceso de paz usualmente no han tomado en cuenta esta situación, por lo cual no se han diseñado estrategias para abordarla de modo adecuado. Ante la falta de espacios formales que atiendan este segundo momento, las armas quedan en circulación y van a otros conflictos, tal como ocurrió en la década de los noventa cuando llegaron armas de El Salvador a Colombia.
 El Presidente Santos confirma desmovilización de 11 guerrilleros de las FARC el pasado mes de mayo. Foto: Presidencia de la República |
Retos de un nuevo proceso
En La Habana, las FARC han declarado su disposición a “dejar de usar las armas”. Sin embargo se niegan a entregarlas. Además, como la transformación de su estructura político-militar en una organización política conlleva la supervivencia de su colectivo, rechazan una posible desmovilización y la individuación de sus integrantes. Esto plantea el reto de formular conceptos alternativos al proceso de “desarme, desmovilización y reintegración”.
La forma como se ha abordado la dejación de armas en los procesos de paz con actores ilegales en Colombia suele adquirir casi inevitablemente una connotación de sometimiento a la contraparte enemiga. Y cuando solo una de las partes implicadas en el conflicto se ve obligada al desarme, se introduce un cierto desequilibrio, una disparidad, porque ambas partes se han dispuesto para la guerra y han participado activamente en ella.
Si se trata propiamente de un proceso de paz que implica a las dos partes, el desafío es lograr que “dejar las armas” tenga el carácter de un acto de dignidad y de valor, un acto de compromiso, un camino para buscar nuevas formas simbólicas de formalizar el desistimiento de la guerra y el inicio de una transformación orientada hacia la paz.
Ante la disposición de las FARC a “dejar de usar” las armas, mas no a entregarlas, queda el reto de definir su destino, ubicación y custodia, así como las garantías que puedan ofrecerse para que los excombatientes desistan de su uso. Si se trata de su supervivencia como grupo para integrarse a la construcción de la paz, será necesario crear mecanismos que lo faciliten y acompañen.
Procesos asociados
Durante la fase de consolidacion de un proceso de paz, la seguridad a cargo del Estado tiene un papel fundamental porque permite brindar las garantías de no repeticion. En este escenario son esenciales la seguridad
- de los ex combatientes que han ingresado al proceso, incluyendo a sus mandos;
- de las comunidades que habitan las anteriores zonas de operación, y
- de otros actores que fueron objetivo de los grupos armados durante el conflicto, como sindicalistas y líderes sociales.
En este momento se reconstruye la confianza en el Estado de la sociedad en su conjunto, y también es importante considerar medidas de seguridad para los demovilizados que hicieron su salida en procesos anteriores -ya sea de guerrillas o de autodefensas- por si perviven enemistades y ánimos de retaliación hacia ellos.
Las FARC han declarado su disposición a “dejar de usar las armas”. Sin embargo se niegan a entregarlas.
Otra de las amenazas al proceso de dejación de armas son los actores armados -articulados usualmente con otras redes de la ilegalidad- que permanecen vigentes o surgen tras la firma de un acuerdo de paz. En este caso este grupo incluiría posibles disidencias de las FARC o excombatientes de esa guerrilla que retomen las armas.
La reincidencia en cuestión consistiría en el tránsito de combatientes y de armas hacia otras organizaciones, o en las acciones violentas contra quienes participan en el proceso de paz, como ha ocurrido en experiencias anteriores en Colombia.
Como las organizaciones de delincuencia común que actúan en las zonas de operación de las guerrillas son, en ocasiones, utilizadas (y al mismo tiempo, en cierta medida, contenidas por estas) un programa dirigido a las bandas delictivas ordinarias podría contribuir a un mayor control de las armas y a la seguridad de dichas zonas. Infortunadamente, los procesos de paz previamente desarrollados en Colombia no han tenido en cuenta a estos actores centrales durante el posconflicto.
 Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba. Foto: FARC-EPaz |
Politica sin armas
En un escenario de fin de conflicto, las partes han de transformar la concepción del contrario y comprender que este ya no es un enemigo. En esta nueva etapa los actores enfrentados habrán de construir nuevas formas de relacionarse entre sí.
Se hace primordial una nueva comprensión del conflicto social y político para evitar su trámite a través de la violencia. La necesidad de integrar las posiciones en conflicto es el momento para que el Estado democrático en posguerra incorpore las diferencias, de modo que puedan tramitarse a través de la política y no en el campo de las armas.
Como dice Carlos Beristain, “tras la finalización de un conflicto armado […], los conflictos del pasado no han desaparecido. Sencillamente, han tomado una nueva forma”. Por esto será necesario disponer de nuevos recursos para darles trámite.
@pazyconflictoUN
