Las alcaldías locales y la promesa incumplida de la descentralización
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Las alcaldías locales y la promesa incumplida de la descentralización

Escrito por Liliana Castaneda

Foto: TIC Bogotá

Aunque la opinión se concentra en la labor del alcalde de Bogotá, las alcaldías locales son las más cercanas a la vida de la gente. Así va el proceso de designación de estos alcaldes o alcaldesas.

Liliana Castañeda Morales*

El primer canal de gobierno

Las alcaldesas y alcaldes locales son la autoridad más cercana a la vida y las necesidades de los habitantes de los barrios porque una de sus funciones principales es coordinar la oferta de servicios del gobierno distrital, complementarla con los recursos propios y territorializar la inversión pública de cada localidad.

Esa tarea no es de poca monta, menos si se le suman las de velar por la tranquilidad y la seguridad ciudadana, ejercer vigilancia y control sobre los establecimientos de comercio, cuidar del espacio público y el patrimonio, vigilar el desarrollo urbano y promover la incidencia ciudadana en ejercicios como el de los presupuestos participativos. Todo ello con apenas el 12% del total del presupuesto de la ciudad que debe distribuirse entre las 20 localidades.

El cargo funciona en la lógica de un buen vecino o vecina que vela por los intereses de su comunidad. Sin embargo, además de mostrar arraigo en la localidad, cada aspirante debe ser profesional, tener título de posgrado y cuatro años de experiencia. Todos estos son requisitos estrictos si se comparan, por ejemplo, con los necesarios para ser designado en altos cargos gubernamentales.

A pesar de todos estos requisitos, las veinte Juntas Administradoras Locales recibieron 2.644 solicitudes en tres días, todas de personas con intención de participar en el proceso de selección. La Secretaría de Gobierno informó que participaron 979 mujeres (37%) y 1.655 hombres (63%). 

Esto se traduce en que la figura del alcalde o alcaldesa local se debilita de forma considerable en la práctica, convirtiéndose en un mero administrador de “la caja menor para completar proyectos distritales” que no contribuye realmente a en el ejercicio democrático, ni garantiza mayor incidencia de la ciudadanía.

La administración local, como la política en general, aún necesita recorrer un largo camino para garantizar la participación en condiciones de paridad a las mujeres. Llama además la atención que, aunque el número de hojas de vida fue un 5% menor al de hace cuatro años, hay un interés significativo en el proceso. Por cada persona que sea designada como alcalde o alcaldesa local habrá en promedio 130 que no pasarán las fases de concurso de méritos, entrevistas y conformación de terna por parte de ediles y edilesas.

Foto: Integración Social Aunque muchos aspirantes a las alcaldías locales están motivados por el servicio a sus vecinos, otros están motivados por la posibilidad de vincular contratistas.

La descentralización truncada

Ser alcalde o alcaldesa local ha tenido el enorme reto de ser la cara visible de todo el ejercicio de gobierno en cada territorio desde que Bogotá se convirtió en Distrito y con la expedición de su estatuto orgánico (Decreto Ley 1421 de 1993). Son ellos y ellas, así como las JAL, frutos de la Constituyente de 1991 que vino con la promesa casi del todo incumplida de la descentralización y la democracia participativa en la capital.

Aunque la división administrativa de Bogotá, en localidades con administraciones propias, tenía la finalidad de dar mayor independencia y un manejo diferenciado a cada zona de la ciudad según sus particularidades y necesidades, la falta de autonomía sigue siendo patente en materias vitales como la planeación del desarrollo e incluso en la representación legal de los Fondos de Desarrollo Local, que sigue estando a cargo de la alcaldía mayor.

Esto se traduce en que la figura del alcalde o alcaldesa local se debilita de forma considerable en la práctica, convirtiéndose en un mero administrador de “la caja menor para completar proyectos distritales” que no contribuye realmente a en el ejercicio democrático, ni garantiza mayor incidencia de la ciudadanía. El ejercicio de descentralización pretendido se transforma, en el mejor de los casos, en delegación y desconcentración.

El problema de falta de atribuciones para actuar autónoma y efectivamente ante situaciones como la construcción de obras sin licencia, la actuación de actores como los “tierreros” en localidades de borde o la formulación de planes de desarrollo que no sean una plantilla definida en la Secretaría de Planeación, hacen de la relación entre ciudadanía y gobierno local algo desgastante y frustrante.

Al respecto, la exalcaldesa Claudia López tuvo, como congresista y luego como mandataria de la capital, la iniciativa de reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá, algo así como el manual del funcionamiento que le dice al distrito qué puede y qué no puede hacer. El resultado de ese esfuerzo fue la Ley 2116 de 2021 que adiciona algunas obligaciones en materia de rendición de cuentas y crea algunas instancias valiosas para la planeación, pero se quedó corta en la profundización de la democracia local.

El atractivo del gobierno local

La tarea de las autoridades locales es maratónica porque les corresponde a las juntas administradoras locales verificar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las personas aspirantes, para definir quién puede presentar el examen de conocimientos. Posteriormente, las JAL entrevistan a quienes hayan obtenido la puntuación suficiente para continuar en el proceso, realizan audiencias públicas y, posteriormente, votan para conformar una terna que debieron haber enviado el 8 de marzo según el lineamiento distrital.

El procedimiento parece largo y dominado por el mérito, la hoja de vida o la propuesta estratégica que cada candidato y candidata debe elaborar, pero a la final no está exento de ser influenciado por lobby, cercanías o malquerencias políticas y, en últimas, por la afinidad de las y los aspirantes con el alcalde de turno. No es posible saber qué pesa más porque no existe un sistema de puntos después del examen.

El cargo tiene para unos el atractivo de ser una posibilidad de servir a sus vecinos y vecinas y aprender a trabajar en la solución de necesidades concretas de la comunidad, mientras que para otros la ventaja está en las decenas (o centenares según el caso) de contratistas que puede vincular cada alcalde o alcaldesa local y pueden representar un botín de clientela nada despreciable.

Las alcaldías llaman la atención de caciques de distintos sectores políticos que buscan tener una parte de la participación e incluso se habla de cuotas de concejales en la planta y la nómina de contratistas de las localidades. 

El esperpento de la planeación local 

Después de este mes, al alcalde Galán le corresponderá evaluar las ternas de cada localidad y hacer las respectivas designaciones de alcaldes y alcaldesas, hay gran apremio en ello, en parte porque el gobierno debió haber integrado ternas antes del ocho de marzo, pero los exámenes de conocimiento apenas se llevaron a cabo el nueve de este mes.

Surtido el proceso, Galán no tiene tiempos perentorios para hacer la designación de autoridades en las localidades, pero existe también afán de que quienes se pongan a la cabeza de la formulación y concertación de los planes de desarrollo local sean las mismas personas que tengan que ejecutarlos, honrando los compromisos acordados con la ciudadanía y las JAL.

En ese proceso existe el reto de armonizar todo el sistema de encuentros ciudadanos, sectoriales y territoriales con el mandato de implementar presupuestos participativos en la ciudad. Mientras los unos buscan para deliberar y recoger insumos para el Plan de Desarrollo, los otros imponen que algunos temas se sometan a votación.

Esa tarea no es de poca monta, menos si se le suman las de velar por la tranquilidad y la seguridad ciudadana, ejercer vigilancia y control sobre los establecimientos de comercio, cuidar del espacio público y el patrimonio, vigilar el desarrollo urbano y promover la incidencia ciudadana en ejercicios como el de los presupuestos participativos.

La pregunta que rondó la participación ciudadana durante la pasada administración aún no es resuelta y se complejiza en la medida en que las edilesas y ediles tienen cada vez menos margen de intervención en la definición de prioridades de inversión para cada cuatrienio. La reciente reforma al sistema de participación (Acuerdo 878 de 2023) ni siquiera reconoce a las JAL como autoridades sino como instancias de planeación y eso les quita aún más incidencia.

En medio del choque normativo están los sistemas de definición de prioridades en inversión. El reto de las alcaldías locales es crear confianza y lograr que la gente se anime a participar de procesos en los que tal vez no verá reflejada su voluntad ni su iniciativa. 

Aún está por verse si la administración de Galán hará esfuerzos por profundizar en la autonomía local y si los alcaldes y alcaldesas designadas responderán a las lógicas y demandas particulares de cada territorio, yendo más allá de un mandato emanado desde las oficinas de planeación y gobierno que seguramente no le haría justicia a la complejidad y diversidad de las localidades.

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