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La violencia sicológica contra las mujeres en Colombia

Escrito por Angelica Zambrano
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A propósito del Día Internacional de la Mujer, un texto revelador de la persistente presencia de la violencia sicológica contra las mujeres en Colombia, menos obvia que la violencia física, pero igualmente enraizada en profundos moldes culturales de un tradicionalismo atávico

Texto adaptado de la Revista de Economía del Rosario. Vol. 14. No. 2. Julio – Diciembre 2011. 165 – 188

 

1 Introducción

La violencia sicológica contra la mujer constituye un serio problema, no solo por sus consecuencias sobre la salud de la víctima, sino por los costos que tiene para la sociedad. Más allá de las evidencias visibles que el maltrato físico deja, el maltrato sicológico constituye una forma de abuso más sutil y difícil de percibir, pero no por eso menos traumático para las mujeres que lo padecen.

El objetivo principal de este artículo es analizar los factores asociados a la violencia sicológica contra la mujer en las familias colombianas, e identificar cuáles de ellos muestran una mayor relevancia, relativa a la explicación del fenómeno. El tema es destacado, dado que muchas de las estadísticas existentes y de los debates sobre la violencia contra las mujeres no incluyen el tema de la violencia sicológica. El documento busca, entonces, caracterizar el fenómeno de la violencia sicológica de pareja contra la mujer, en términos de factores socio-demográficos como la composición familiar, la edad y la región, entre otros, de manera que permita informar las decisiones de política que buscan combatir el problema.

Mediante modelos de regresión de variable categórica, se estima la probabilidad de que las mujeres experimenten diferentes tipos de comportamientos clasificados como violencia sicológica. Los resultados indican que factores como la educación, la riqueza del hogar y el estar legalmente casada (factores que aumentan la independencia y el estatus de la mujer en la relación) están asociados con una menor probabilidad de que una mujer experimente violencia sicológica de pareja en su contra. Por el contrario, el hecho de haber sido víctima de violencia en la niñez está asociado con una mayor probabilidad de ser abusada sicológicamente. Los resultados también indican que existen diferencias regionales en la probabilidad de que una mujer sufra violencia sicológica.

La siguiente sección contiene literatura de la violencia de pareja desde el punto de vista económico, el cual implica la distribución de recursos al interior del hogar, al igual que los trabajos empíricos que intentan explicar el surgimiento de la violencia de pareja. En la sección tres se exponen los datos usados en el análisis de los factores asociados a la violencia sicológica de pareja en las familias colombianas, y sus ventajas frente a otras bases de datos. La sección cuatro describe el modelo econométrico, usado para medir la incidencia de la violencia sicológica de pareja en Colombia y sus regiones. La sección cinco contiene el análisis empírico de los factores asociados a la violencia sicológica de pareja en Colombia, y en la sección seis se exponen algunas reflexiones finales y recomendaciones.

2 Revisión de literatura teórica y empírica sobre la violencia de pareja

La economía de la familia, que nace con los estudios pioneros de Samuelson (1956) y Becker (1981), ayuda a entender la asignación de recursos al interior de la familia, a través de modelos cooperativos y procesos de negociación que se dan al interior de esta . Estos modelos teóricos conciben a la familia como un sujeto activo de las interacciones económicas tanto desde la producción al interior de la unidad familiar como en la manera en que se toman las decisiones intrafamiliares. Dentro de esta teoría, tienen lugar los modelos unitarios, que hacen referencia al grupo familiar como una unidad que toma decisiones de manera conjunta, y consigue acuerdos que se manifiestan en preferencias de la familia como una unidad, las cuales se encuentran restringidas por un fondo común de ingreso. Esta visión implica el diseño de un mecanismo, una función de bienestar social , en donde las preferencias de la familia sean las manifestaciones de las decisiones de grupo, y en donde se respetan las las decisiones individuales de cada miembro de la familia (Manser y Brown, 1980; McElroy y Horney, 1981).

Cabe destacar que los resultados que surgen de la acción de cooperar pueden ser mejores, en términos de bienestar, que las soluciones no cooperativas, aunque esto no necesariamente implica que la distribución sea equitativa para las partes, una vez solucionado el conflicto. También, es importante re-saltar que la cooperación no implica, necesariamente, una motivación egoísta para ser elegida como mecanismo de decisión, lo que sugiere que el comportamiento egoísta es consecuente con la cooperación. Elster (1989) señala lo siguiente: “[. . . ] la conducta egoísta orientada al resultado es una motivación suficiente para optar por cooperar en grupo”. La ventaja que ofrece el modelo de negociación y sus soluciones en el análisis económico de la familia es que permite “[. . . ] trazar el problema del conflicto de intereses al interior de las familias [. . . ] [, y] combinar los elementos del conflicto con la cooperación en una estructura que permite enfrentarlo de forma conjunta [,] y no de forma aislada como en los modelos unitarios” (Sen, 1989).

 

Los modelos cooperativos, como instrumentos de análisis, permiten generar interacciones entre los agentes económico -sociales, y constituyen una buena herramienta en el análisis cooperativo de los individuos. En este sentido, el modelo de negociación proporciona un avance teórico en el tema, debido a que permite la interacción y provee un mecanismo para analizar problemas que involucran decisiones conjuntas, cuando de asignar recursos se trata. También, permite observar como los problemas de elección y asignación de recursos en la familia pueden ser explicados por factores como las instituciones que afectan la distribución familiar de bienes (Sen, 1989; Folbre, 1995; Katz, 1997).

Los primeros estudios de la familia conciben el matrimonio como una institución cooperativa, en la cual ambos cónyuges actúan como si fueran altruistas; distribuyendo bienes y tiempo para satisfacer un conjunto de preferencias comunes en la familia. En contraste, los modelos de negociación desarrollados por Manser y Brown (1979, 1980) y McElroy y Horney (1981) consideran a cada cónyuge como una parte independiente, con sus preferencias. De acuerdo con esto, llegan a una función de utilidad de la familia, que incorpora las preferencias de ambos individuos. Además de que la optimización es sobre una función de utilidad cooperativa, la solución debe proporcionar a cada cónyuge un nivel de utilidad, al menos, igual al que obtendrían por fuera del matrimonio. Este nivel mínimo de utilidad constituye el punto de amenaza individual en la negociación de la pareja.

Estudios sobre la familia que no involucran modelos cooperativos han sido parcialmente ignorados, y resultan poco usuales; sin embargo, los hogares caracterizados por violencia de pareja parecen estar mejor explicados por modelos que no postulan el comportamiento cooperativo de sus miembros.

Los modelos no cooperativos de la familia son útiles para caracterizar el comportamiento de los hogares donde se presenta violencia. Tauchen et al. (1991) presentan uno de los primeros trabajos en que se modelan, explícitamente, los determinantes de la violencia al interior de la familia. En los trabajos de Tauchen et al. (1991); Tauchen y Witte (1995), y Farmer y Tiefenthaler (1997) se aborda a la familia como una interacción no cooperativa, donde cada cónyuge trata de satisfacer al máximo sus propias preferencias, con la restricción de que no se puede obligar al otro a permanecer en la familia si su bienestar dentro de ella es inferior al que alcanzaría fuera de ella.

En los modelos de estos autores, el cónyuge abusador usa la violencia para inducir ciertos comportamientos de ella y aumentar su utilidad, e incrementar directamente su propia utilidad. As ı, una parte de la violencia de pareja se consideraría racionalizable, en la medida en que cumple dos papeles para quien la ejerce: (1) instrumental, como medio para conseguir que el otro modifique su comportamiento en la dirección que el violento desea, y (2) expresivo, como medio para manifestar su estado o sus frustraciones. Ambos papeles pueden generar violencia física o sicológica.

El modelo económico supone que el cónyuge que ejerce violencia maxi-miza su propia utilidad, la cual depende, entre otros factores, de las transferencias de renta que hace a su pareja (para compensarla por el maltrato y evitar que deje el matrimonio) y el nivel de violencia sicológica que ejerce. El otro cónyuge, por su parte, solo obtiene de la relación el nivel mínimo de utilidad (punto de amenaza), ante el cual es indiferente entre estar o no estar en la relación. Factores externos como la dependencia afectiva, la independencia económica, los hijos, entre otros, afectan el punto de amenaza, y, por consiguiente, afectan el nivel de violencia que la persona abusada está dispuesta a tolerar.

Los agresores se comportan como si compraran mediante transferencias de renta (o cualquier otro bien marital) el “aguante” de su pareja. Se entiende este tipo de violencia expresiva como una forma barata de conseguir el comportamiento deseado del cónyuge, mucho más que las transferencias monetarias u otros recursos, como los hijos y los bienes, entre otros. Una de las implicaciones de este modelo es la existencia de una relación inversa entre el nivel de violencia y el nivel de independencia económica de la mujer (que puede ser aproximado, empíricamente, por su nivel educativo, el número de hijos, u otras variables): a mayor independencia económica, menor es el nivel de violencia que está dispuesta a soportar la parte abusada. La independencia económica obtenida por la mujer (de su trabajo, de programas de asistencia pública, de su propia familia, o de mejores condiciones por fuera de la relación) deriva, en una menor importancia, de las transferencias del abusador, lo que reduce la capacidad de este para “comprarle” tolerancia ante la violencia (Tauchen et al., 1991).

En la medida en que el umbral de tolerancia de la mujer sea desconocido para su pareja, el uso de servicios de ayuda (legal, sicológica, familiar, etc.) sirve como señal para el agresor de disminuir la violencia, o, en caso contrario, de ser abandonado. Evidencia de esto es que muchas mujeres utilizan estos servicios para luego volver al hogar, o retirar la denuncia hecha ante las autoridades.

Por su parte, un incremento en la renta de los compañeros o esposos vio-lentos tiene, teóricamente, un efecto ambiguo sobre los niveles de violencia, debido a que mayores ingresos les permiten “financiar” una mayor violencia expresiva, pero, por otro lado, reducen la violencia instrumental, al facilitarles la “compra” del comportamiento deseado en el cónyuge. Resultados empíricos sugieren que el efecto de mayores niveles de renta se traduce en mayor violencia física (y, muy probablemente, sicológica también), entre las parejas de rentas bajas, y, en un menor nivel, entre las parejas de rentas medias y altas (Tauchen et al., 1991).

El modelo propuesto por Farmer y Tiefenthaler (1997) supone que el cónyuge abusador ejerce violencia por medio de factores sicológicos, como la autoestima y la percepción de control, a través de los cuales aumenta su utilidad. También usa dicha violencia para aumentar su consumo relativo de bienes familiares. Mientras la violencia tiene un efecto positivo en la función de utilidad del abusador, la violencia influye negativamente en la utilidad del miembro de la pareja que es abusado.

En este modelo de factores, como el acceso a servicios de apoyo por parte de la abusada, mayor facilidad para obtener el divorcio, acceso a los sistemas de educación, salud y empleo se traducen en un mayor nivel de independencia de la mujer, y aumentan su capacidad de negociación, debido a que incrementan la utilidad mínima que estas aceptaran . En general, todos aquellos factores que aumenten la independencia de la mujer le permiten hacer amenazas creíbles de abandonar la relación violenta, a la vez que reducen la utilidad del hombre a través de niveles inferiores de violencia dentro de la relación. Estas implicaciones empíricas son similares a las de (Tauchen et al., 1991; Tauchen y Witte, 1995).

Farmer y Tiefenthaler (1997) presentan un modelo no-cooperativo, que predice que el ingreso de la mujer y el apoyo financiero por fuera de la relación reducen el nivel de violencia de pareja, porque estos aumentan los puntos de amenaza. En otro estudio, los mismos autores sugieren que el aumento en los servicios legales a las mujeres en relaciones abusivas, el mejoramiento de la posición de la mujer en la sociedad, y el envejecimiento de la sociedad podría explicar la reducción de las tasas de violencia domestica en los Estados Unidos durante la década de los noventa (Farmer y Tiefenthaler, 1997).

El objetivo de las aplicaciones empíricas es brindar evidencia sobre la validez de los modelos teóricos, a la vez que permitir identificar factores socio-económicos que están asociados con la violencia de pareja. En una de las aplicaciones, con una estrategia de identificación del efecto causal entre independencia de la mujer y violencia a través de un cuasi-experimento, Stevenson y Wolfers (2006) muestran evidencia de que el hecho de efectuar el divorcio unilateral, es decir, sin el requerimiento del consenso de las dos partes para obtenerlo (lo que lo hace más asequible, menos costoso y mas fácil de obtener) reduce las tasas de violencia física contra la mujer en los Estados Unidos. Esta diminución se puede atribuir, como los modelos teóricos antes mencionados postulan, a una mayor independencia de la mujer, que surge de la facilidad de abandonar la relación en caso de presentarse violencia. La posibilidad de dejar el matrimonio fácilmente envía una clara señal al potencial abusador de que, ante la existencia de violencia, la pareja puede dejar la relación; es decir, las mujeres pueden hacer amenazas creíbles de abandonar la relación violenta.

El estudio de Stevenson y Wolfers refleja el uso de los modelos teóricos de violencia dentro de la pareja para analizar la evidencia empírica. Ante los temores de sectores conservadores de la sociedad, de que facilitar el divorcio podría justamente aumentar las tasas del mismo, estos autores muestran en el mismo estudio que esta política no afecta las tasas de divorcio (Stevenson y Wolfers, 2006).

El Informe Mundial Sobre La Violencia y La Salud de la Organización Panamericana de la Salud de 2004 expone las limitaciones que existen en lo que respecta a los factores que determinan la prevalencia de la violencia en la pareja. A su vez, señala que factores individuales como la edad y los bajos niveles de ingresos y de educación se relacionan, positivamente, con la probabilidad de que un hombre sea violento con su compañera. Antecedentes personales como la violencia en la familia de origen, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los hombres, trastornos de personalidad (en algunos casos), los conflictos o desavenencias matrimoniales, el conflicto verbal, entre otros, son factores que tienen una mayor incidencia en los niveles de violencia física en la pareja. Aunque menciona la violencia sicológica, esta no es abordada en profundidad. Es importante diferenciar el tipo de reportes donde se muestran correlaciones interesantes, pero que no informan sobre el efecto causal de dichas relaciones, de estudios como el de Stevenson y Wolfers (2006), que s ı estiman un efecto causal.

Card y Dahl (2011) especifican y evalúan un modelo de comportamiento para la violencia de pareja, en el que esta ocurre en episodios y representa una perdida de control que el abusador lamenta inmediatamente. Los autores sugieren que los estímulos sicológicos negativos aumentan la probabilidad de que algún miembro de la pareja “pierda el control” más fácilmente. Su evidencia empírica muestra que cuando el equipo de futbol americano pierde de local (estímulo sicológico negativo), los reportes de violencia de pareja a la policía aumentan en un 8%, aun cuando se tienen en cuenta diversos factores que podrían afectar este estimativo. Esta interpretación es interesante, dado que todos los estudios anteriormente discutidos modelan las acciones del abusador como acciones racionales que buscan maximizar su utilidad.

En Colombia, la mayor parte de la literatura existente sobre la violencia hace énfasis en la violencia homicida, mas no en otras formas de violencia, como la de pareja, medida a través de maltrato físico, sicológico y verbal hacia la pareja.

Ribero y Sánchez (2004) analizan los determinantes de la violencia de pareja en Colombia, y miden su impacto a través de variables como el ingreso, la participación laboral y las características del hogar (salud, educación, nutrición de los niños) . Estos autores encuentran que el haber sido víctima o testigo de violencia en el hogar materno, y estar casada con un hombre que consume alcohol de manera frecuente y elevada son los factores asociados más importantes a la incidencia de la violencia física intrafamiliar. A pesar de que los autores encuentran que la forma de violencia mas común contra la mujer es la violencia sicológica, seguida de la física, estos se enfocan en la violencia física. Los resultados de estos autores, sin embargo, se limitan a muestras de mujeres residentes en las ciudades de Bogotá, Barrancabermeja y Barranquilla, lo que genera ciertas dudas sobre la representatividad de la muestra para hablar de violencia en el ámbito nacional.

En una reciente investigación, Barón (2008) encuentra que para el agregado de Colombia, el hecho de haber estado expuestos a situaciones de violencia en los primeros años de vida, la riqueza y, en menor medida, el nivel de educación de ambos miembros de la pareja se asocian positivamente con la probabilidad de que las mujeres experimenten violencia física en su contra. El autor encuentra evidencia de que existen diferencias regionales respecto a los factores asociados a la violencia física de pareja (no aborda el tema del abuso sicológico de pareja).

Salas (2005), utilizando la misma encuesta de Sánchez y Ribero, estudia los mecanismos de reproducción de la violencia intrafamiliar (primordialmente la física) contra las mujeres de una generación a otra. Sus resultados sugieren que el mecanismo de transmisión de la violencia intrafamiliar es el aprendizaje, a través de experiencias vividas en la familia de origen. Con base en la metodología de Pollak (2004), la autora concluye que el mecanismo que contribuye a reducir el grado de violencia es el divorcio. Afirma, además, que el aumento en los niveles de empleo, en la afiliación a algún servicio de salud y en el nivel de educación reduce el maltrato físico severo contra las mujeres en el largo plazo. Es decir, una mayor independencia por parte de la mujer pareciera reducir la violencia física contra la misma. La autora, sin embargo, se enfoca en la violencia física, sin analizar la violencia sicológica.

En resumen, en Colombia las investigaciones se concentran en la violencia física, y, en otros casos, en muestras no representativas de Colombia, dejando de lado el análisis de la violencia sicológica contra la mujer. La presente investigación pretende llenar este vacío en el estudio de la violencia contra la mujer, al aportar nuevos indicios sobre las características del problema en el ámbito sicológico.

3 Datos

En este estudio se utiliza la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 (ENDS 2005) elaborada por PROFAMILIA, para analizar las variables relacionadas con la violencia sicológica. La ENDS ofrece información valiosa sobre los temas de salud de las mujeres en Colombia. Esta encuesta constituye la mejor fuente de información de violencia de pareja en Colombia, debido a la representatividad de la muestra,1 lo que es una ventaja para la presente investigación, puesto que permite generalizar los resultados de la muestra a la población de mujeres en el rango de edad establecido por la encuesta. Es un estudio de cobertura nacional; ofrece información sobre el estado de la vivienda y los hogares, así como información sobre las mujeres entre quince y cuarenta y nueve años, que fueron entrevistadas, sus esposos o compañeros, y sus hijos menores de cinco años. El universo de estudio comprende el 99% de la población femenina, urbana y rural, de los treinta y tres departamentos, excepto la población rural de la Amazonia y Orinoquia, debido a “los altos costos de cubrimiento [que implican], y porque representan menos del 1% de la población total”.2 La tabla 1 muestra el universo de estudio de la ENDS 2005 por regiones, subregiones y departamentos.

Table 1. Universo de estudio de la ENDS 2005 por regiones, subregiones y departamentos

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En un primer nivel, la encuesta recolecta información sobre las condiciones de la vivienda y los hogares; se encuestaron 37.211 hogares, y se obtuvo información de 117.000 personas. Comparada con la del año 2000, la ENDS 2005 introdujo cambios importantes, entre los que se encuentran la ampliación de la muestra, que se traduce en una mayor representatividad de cada uno de los departamentos del país, y la recolección de información sobre niñas de trece y catorce años. Con el objetivo de mantener la comparabilidad con las encuestas anteriores, los resultados de esta se presentan para las mujeres entre quince y cuarenta y nueve años.

Una desventaja para el presente estudio es la falta de una variable de ingresos preguntada directamente. Los administradores de la encuesta (PRO-FAMILIA), sin embargo, proporcionan una variable construida a partir de los activos fijos y las características físicas de la vivienda, que combinan a través del método de componentes principales, para dar una idea de la riqueza de las familias.

El análisis se concentra tanto en aquellas mujeres en matrimonios legales, que reportaron algún tipo de violencia en su contra durante los doce meses anteriores a la entrevista, como en aquellas que no. Se excluyen de la muestra a las mujeres que reportaron algún tipo de violencia en un periodo anterior al año previo a la entrevista, debido a que la encuesta no recoge dicha información.

En cuanto a la violencia sicológica contra las mujeres, la encuesta indaga por situaciones en las que el esposo o compañero ejercía presión sobre ellas, o le hacía acusaciones relacionadas con la vida de pareja. Se indagó, además, por situaciones desobligantes ejercidas sobre ellas; situaciones de control y amenazas por parte del esposo, como abandonarla, quitarle los hijos o el apoyo económico. Estas constituirán nuestras medidas de violencia sicológica de pareja.

Específicamente, se preguntó a las mujeres si alguna vez su esposo o compañero actual: (a) ¿la ha acusado de infidelidad?; (b) ¿le ha impedido el contacto con amigos o amigas?; (c) ¿le ha limitado el contacto con miembros de su familia?; (d) ¿ha insistido en saber siempre donde está?; (e) ¿ha vigilado cómo gasta el dinero?; (f) ¿la ha ignorado?; (g) ¿no ha contado con usted para reuniones?, (h) ¿no le ha consultado para tomar decisiones?; (i) ¿la ha amenazado con abandonarla?; (j) ¿con quitarle los hijos?; o (k) ¿la ha amenazado con quitarle el apoyo económico?

Cada uno de estos once comportamientos representa una variable dependiente, que toma el valor de 1 si la mujer respondió afirmativamente a cada pregunta, o 0, en caso contrario. Adicional-mente, se calcula una variable adicional, que toma el valor de 1 si, al menos, uno los comportamientos sucedió, y de 0, en otro caso.

5 Resultados

La tabla 2 muestra las características socioeconómicas y demográficas de todas las mujeres entrevistadas, de aquellas que no reportaron violencia sicológica, y de las mujeres con, al menos, un reporte de este tipo de violencia por parte de sus compañeros o esposos actuales (al menos uno de los once comportamientos de violencia sicológica descritos en la muestra).

Respecto al nivel de educación, se observa que casi el 60% del total de mujeres entrevistadas tienen educación secundaria o técnica, mientras que las universitarias representan solo el 10%. Cabe destacar la importante proporción de mujeres que sufrieron violencia cuando niñas en sus hogares: 34%. En cuanto al estado civil, se encontró que las mujeres en primera unión representan el 82% de las entrevistadas, mientras que las legalmente casadas representan solo la mitad. Según la región del país, la mitad de las entrevistadas reside en la región Caribe y Central. El 50% de ellas tienen esposos o compañeros bachilleres o técnicos, y el 11%, esposos con estudios universitarios. La proporción de mujeres con esposos maltratados por sus padres cuando niños es de 32%. Según el nivel de riqueza del hogar, las mujeres en hogares pobres representan el 24%, seguido de aquellas en hogares con un nivel de riqueza medio (23%).

La desventaja de dichos cálculos es que incluyen a todas las mujeres, tanto las que sufren violencia como aquellas que no. Por eso, en la tabla 2 las columnas dos y tres muestran los dos grupos en los que se divide la muestra (mujeres sin reporte y mujeres con, al menos, un reporte de violencia sicológica). Esto permitirá saber cuáles son las diferencias en las características socioeconómicas entre estos dos grupos.

Del total de mujeres encuestadas, el 25.3% reportó violencia sicológica en los últimos doce meses (Tabla 2), cifra que representa casi el doble de las tasas de violencia física reportadas para la misma muestra por (Baron, 2008). En esta tabla, se observan diferencias, en varias características, entre aquellas mujeres que sufrieron violencia sicológica y aquellas que no. Se observa, por ejemplo, que el porcentaje de mujeres que han sufrido, al menos, un tipo de violencia sicológica disminuye conforme aumenta el nivel de educación de la mujer. En cuanto al nivel de educación del compañero actual de las entrevistadas, se encontró una diferencia de cinco puntos porcentuales, al comparar las mujeres con esposos universitarios sin reporte de violencia, con aquel-las que tuvieron, al menos, un reporte de violencia sicológica en su contra. También es claro en la tabla que la violencia experimentada durante la infancia juega un papel importante en las experiencias de las mujeres cuando adultas.

La tabla 2 también permite ver las diferencias, respecto a las características, entre las mujeres abusadas y no abusadas sicológicamente. Entre las características que se consideraron para el modelo, se encuentran el nivel de riqueza del hogar, la región de residencia y el estado civil. Estas variables, mas las discutidas anteriormente (nivel de educación y violencia durante la niñez, para ambos miembros de la pareja) constituyen las variables independientes del modelo.4

La tabla 3 muestra los resultados del modelo econométrico, usando cada uno de los once comportamientos considerados como violencia sicológica, mas una variable adicional, que indica si la mujer sufrió, al menos, uno de estos comportamientos. Estas variables indicadoras toman el valor de 1, si existe violencia sicológica, y de 0, si no. La tabla 3 muestra los efectos marginales de los modelos Probit; cada columna representa un modelo Probit. En la última, se presenta el modelo que resume los once comportamientos de violencia sicológica contra la mujer. La variable dependiente, denotada como y12 en este modelo, representa la probabilidad de la mujer de experimentar, al menos, uno de los comportamientos violentos en su contra.

A partir de estos resultados, se busca analizar si las características socioeconómicas de la mujer se asocian con la mayor probabilidad de reportar algún tipo de violencia sicológica por parte de sus compañeros o esposos. Entre las variables incluidas, se encuentran también variables que pueden interpretarse como proxy de la independencia de la mujer, tal como su nivel educativo. Asimismo, se presentan variables demográficas que permiten identificar diferencias en la intensidad del fenómeno de la violencia sicológica contra la mujer en diferentes grupos demográficos.

La ventaja de los modelos multivariados, presentados en la Tabla 3, es que permiten calcular el efecto parcial de cada una de esas características. Se espera encontrar que factores como la riqueza, el nivel de educación y, en gen-eral, aquellos factores que aumenten la utilidad de la mujer y le permitan hacer amenazas mas creíbles de abandonar la relación violenta, estén correlacionados, negativamente, con la incidencia en la violencia de pareja. Las variables usadas en el análisis se describen en la tabla 4 y tabla 5 del anexo.

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 3, se observa que entre las variables económicas un mayor nivel de educación está, positivamente, asociado a una menor violencia sicológica contra las mujeres. Se encontró, por ejemplo, que una mujer universitaria, comparada con una mujer que no ha cursado educación secundaria, tiene 4,5 p.p. menos probabilidad de reportar ser acusada de ser infiel; 4,5 p.p. menos probabilidad de que su compañero le limite el contacto con la familia; 6,2 p.p. menos probabilidad de que no cuenten con ella para reuniones sociales; 4,2 p.p. menos de que no la incluyan en decisiones importantes. Asimismo, estas mujeres sufren menos amenazas de abandono por parte del marido (3,9 p.p.) y de que le quiten el apoyo económico (4,0 p.p.).

Tomado todos los comportamientos de forma agregada, las mujeres universitarias, comparadas con las que no han cursado bachillerato tienen una probabilidad de 4,7 p.p. menor de sufrir algún comportamiento considerado como violencia sicológica de pareja. En general, un mayor nivel de educación, y, por ende, una mayor independencia, están asociados con una menor incidencia de violencia sicológica, como lo señalan los modelos teóricos discutidos en este documento.

En el aspecto educativo, también es relevante señalar que aquellas mujeres que tienen esposos universitarios tienen una menor tendencia a reportar comportamientos de violencia sicológica por parte de sus parejas, que aquellas mujeres con esposos o compañeros con menores niveles de educación. La educación de la mujer, sin embargo, muestra una asociación más importante que la del marido en la ocurrencia de la violencia sicológica, como puede verse al comparar los coeficientes de mujeres universitarias con esposos universitarios a través de las diferentes columnas de la tabla 3.

El nivel de riqueza del hogar también aparece como un factor importante, asociado a la gran mayoría de comportamientos violentos.5 En general, a mayor riqueza en el hogar, menor prevalencia de violencia sicológica (como puede verse a través de las columnas, el grupo de comparación son los hogares muy pobres). Es necesario enfatizar que esto no quiere decir que en las familias ricas la violencia no ocurra, sino, más bien, que presenta menores tasas. Las mujeres pertenecientes a familias más ricas, comparadas con las más pobres, tienen una probabilidad de 7,3 p.p. menor de reportar algún comportamiento de violencia sicológica en su contra, por parte de sus compañeros .

Entre las variables independientes en cada modelo, la que muestra una mayor asociación con la incidencia de violencia sicológica contra la mujer es la del maltrato recibido por el esposo, por parte de sus padres, durante la infancia (Tabla 3, col. 1-12). Para comportamientos menos violentos, o que sugieren un menor control, como el hecho de que el esposo no cuente con ella para reuniones, o que no le consulte decisiones importantes, la asociación también es significativa, pero la probabilidad de reportar violencia es menor (3 p.p.). La última columna de la tabla 3 muestra la probabilidad de reportar, al menos, un comportamiento violento de tipo sicológico: esta es 16 p.p. mas alta en hogares donde el esposo fue víctima de violencia durante su niñez .

Dichos resultados son acordes con los encontrados en la revisión de literatura, específicamente con los resultados del trabajo de Salas (2005), en el que encontró, usando un modelo probabilístico, que la violencia intrafamiliar se transmite de padres a hijos, por aprendizaje o por imitación. El hecho de que la mujer haya observado violencia de pareja en su hogar cuando niña también se asocia, positivamente, con la probabilidad de sufrir, al menos, un comportamiento violento por parte de su compañero/esposo en 7 puntos porcentuales (Salas, 2005; Baron, 2008).

Como indican los resultados en la tabla 3, en donde el grupo de comparación es Bogotá, todas las demás regiones, para la gran mayoría de comportamientos, presentan una incidencia menor (el coeficiente estimado es negativo y significativo) o igual a la de Bogotá (la correspondiente rummy es no significativa). Esta incidencia es menor que en Bogotá, entre 3,0 y 4,8 p.p. Estos resultados son consistentes con los encontrados por Baron (2008) para violencia física.

Por su parte, entre las características socio-demográficas, la asociación entre la edad de la mujer y la incidencia de violencia sicológica de pareja es significativa para nueve de los once comportamientos de violencia sicológica contra la mujer. Esta característica está asociada, positivamente, con la probabilidad de reportar, al menos, un tipo de comportamiento sicológico violento contra la mujer en 1,3 p.p. (por cada año adicional de edad, manteniendo constante la edad del esposo). Por su parte, la edad del esposo no tiene un efecto significativo en la probabilidad de que la mujer experimente violencia, y es irrelevante a diferentes niveles de significancia en la mayoría de comportamientos violentos contra la mujer. Según el estado civil, las mujeres legalmente casadas están en menos riesgo (5,2 p.p.) de reportar algún comportamiento de violencia sicológica por parte de su esposo, comparadas con aquellas en uniones de hecho (columna 12). Estos resultados son consistentes con los de Kenney y McLanahan (2006).

6 Reflexiones finales y recomendaciones

La violencia sicológica contra la mujer, sin duda, constituye un serio problema no solo para las mujeres víctimas, sino para la sociedad, y puede, además, transformarse en una barrera para el desarrollo socioeconómico. Se estimó que cerca del 25% de las mujeres en Colombia experimentó algún tipo de violencia sicológica por parte de su pareja, durante los doce meses anteriores a la realización de la encuesta.

No se pueden negar los avances que se han hecho en el país al respecto, por lo menos en términos de campanas de prevención que buscan concientizar a las personas sobre la importancia de denunciar y combatir el fenómeno de la violencia contra la mujer. En el ámbito internacional se han hecho acuerdos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en la última década. Pero, si bien muchos países han formulado legislaciones y políticas para enfrentarla, en algunos de ellos las políticas, instrumentos y recursos no son concretos, ni garantizan la efectividad de tales medidas. Asimismo, en términos de la legislación nacional, se han adoptado leyes que protegen a las mujeres y ponen rigor a las penas para los abusadores. Sin embargo, la violencia contra la mujer, en todas sus formas, persiste y es una realidad. Es importante concientizar a la sociedad de que no solo la violencia física contra la mujer debe erradicarse, sino también la violencia sicológica. Esta concientización debe dirigirse tanto a hombres como a mujeres, de tal manera que les permita saber a estas cuando están siendo víctimas de abusos que no deben ser tolerados.

Este trabajo constituye un esfuerzo por contribuir al análisis de la incidencia de la violencia sicológica de pareja contra la mujer en las familias colombianas, un tema de interés y relevancia desde el punto de vista económico, social y político, pero que ha sido escasamente tratado, a pesar de que afecta el bienestar de las mujeres y los hijos que crecen en estas familias.

Los resultados sugieren que factores como la educación, la riqueza del hogar y el estar legalmente casada (factores que aumentan la independencia y el estatus de la mujer en la relación) están asociados a una menor posibilidad de que una mujer experimente violencia sicológica de pareja en su contra. Por el contrario, el hecho de haber sido víctima de violencia en la niñez aumenta la probabilidad de ser abusada sicológicamente, de manera significativa, lo que constituye un reto de política pública para frenar la transmisión de este tipo de violencia de generación en generación.

De acuerdo con la revisión de literatura, el modelo teórico y la aplicación empírica, mayores niveles de educación generan, a través de diferentes mecanismos, una mayor independencia económica, lo cual, probablemente, tiene un efecto positivo en la reducción de la violencia contra la mujer. Los programas de ayuda del Estado a la mujer víctima de abuso, y la existencia de leyes mas flexibles que faciliten el divorcio permiten a las mujeres enviar una clara señal a los hombres de que la violencia en su contra no será tolerada.

La violencia contra la mujer es un problema social y complejo; por lo tanto, requiere, para su solución, de la acción intersectorial, conjunta y coordinada tanto del Estado como de la sociedad civil. En este sentido, desde las instituciones del sector Salud, Educativo, Judicial y Policial se deben asumir medidas encaminadas a la prevención, identificación, atención, sanción y erradicación de la violencia. Las políticas públicas deben ir acompañadas de una asignación específica de recursos en los presupuestos del Gobierno central y local para enfrentar el problema. Asimismo, los organismos de cooperación internacional deberán apoyar iniciativas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, y dotar de recursos a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por esta causa, brindando apoyo y atención a las mujeres víctimas de violencia.

Es pertinente e indispensable la creación de espacios que fomenten el debate nacional en torno a la problemática y sus causas, además del desarrollo de campañas de sensibilización, locales y nacionales, y la difusion de los derechos de la mujer. Asimismo, es fundamental la orientación sobre servicios y recursos a las mujeres afectadas, que buscan apoyo y respuestas ante su situación de vulnerabilidad como víctimas de violencia.

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Laura Rueda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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