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La violencia política en Colombia: situación y perspectivas

Escrito por Marco Alberto Velásquez
La violencia política en Colombia: situación y perspectivas

Marco VelásquezUn informe reciente de la MOE revela cifras escandalosas sobre violencia política en Colombia. Este  artículo intenta entenderlas de cara a las coyunturas particulares que vive el país, incluyendo el proceso de paz, las elecciones venideras y la locomotora minera.

Marco Velásquez Ruiz*

Noticias contradictorias

Hay buenas noticias para la democracia en Colombia durante esta época “pre-post-conflicto”.

Después de 17 años de exilio como consecuencia de un atentado contra su vida, Aída Abella regresó al país para asistir al V Congreso de la Unión Patriótica (UP), partido que en julio pasado retomó su reconocimiento jurídico gracias a un fallo del Consejo de Estado. Abella manifestó que regresa para asumir la candidatura presidencial en representación de la UP en los comicios de 2014.

De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.

Aunque el regreso de Abella sería un indicio de que las condiciones para hacer política mejoran, hay otras realidades -y hay otras fuentes que presentan información contrastante-. De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.

De estas situaciones, el 85 por ciento fueron amenazas; el 8 por ciento, atentados; el 5 por ciento, homicidios y el 1 por ciento, secuestros. En palabras de un reconocido medio de comunicación, estas son cifras de miedo.

Para entender la real dimensión de estas cifras y tratar de explicar sus causas y su probable repercusión en la vida nacional, es preciso dar una mirada al concepto mismo de “violencia política”, y saber de qué forma se explica en el contexto colombiano.

Alexandra Barrios, directora de la Misión de
Observación Electoral.
Foto: Misión de Observación Electoral

¿Qué es la violencia política?

La violencia política puede entenderse como el conjunto de actos lesivos de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, de todas aquellas garantías relacionadas con la participación en la vida del Estado, tales como elegir y ser elegido, asociarse y manifestarse, u ocupar cargos públicos.

Si bien de la metodología empleada para el informe del MOE se infiere que este se limitó a los actos directamente relacionados con procesos electorales, la violencia política se extiende a otras situaciones donde ella se usa para lograr objetivos políticos, como decir:

– Acciones que buscan cambiar el comportamiento de ciertas personas como sujetos políticos; tal es el caso de las amenazas hacia los miembros de organizaciones sindicales para que limiten su militancia o la enfoquen de cierta forma.

-Actos de significación especial debido a estar dirigidos contra objetivos estratégicos –personas u objetos–, con el fin de truncar procesos políticos específicos o causar impacto en la opinión pública. En esta categoría podrían incluirse las acciones –atentados, secuestros, etc.– en contra de funcionarios públicos o de figuras notables de la sociedad.

En tanto detentador del poder público, el Estado ha sido identificado como el principal agente de violencia política.

En tanto detentador del poder público, el Estado ha sido identificado como el principal agente de violencia política. La razón de Estado, móvil tradicionalmente identificado como justificación  de un mal menor para evitar un mal mayor, ha sido la causa de célebres casos que van desde la comisión directa de acciones de violencia hasta el apoyo a actores ilegales para que estos las lleven a cabo.

Sin embargo, también es posible extender dicha calificación a los actos perpetrados o dispuestos por otro tipo de actores, para-legales o insurgentes, que en todo caso utilizan la violencia con el fin de producir efectos de tipo político. Estos agentes consideran que algunos tipos de violencia  no solo están justificados, sino que se necesitan para lograr objetivos políticos asociados con su existencia misma.

Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, en los departamentos con mayor presencia de actores armados ilegales se presentan con mayor frecuencia los actos de violencia política como secuestros, amenazas y otros atentados. Foto: Colombia Humanitaria

La violencia política en Colombia

Entre 2011 y 2013 el panorama político se ha visto marcado por acontecimientos y procesos profundos de transformación social. El gobierno Santos, partiendo de reconocer la existencia del “conflicto armado interno” y de sus causas estructurales, apalancó un proceso de justicia transicional que busca concretar definitivamente tras la culminación de las negociaciones con las FARC.

La intención de ponerle fin a esta forma de violencia política y de admitir que los ex guerrilleros eventualmente se reincorporen a la sociedad trae una serie de reacciones predecibles –tanto inmediatas como a mediano plazo– en el volumen y la intensidad de otros actos de violencia política, tales como amenazas, atentados, homicidios y secuestros.

Es decir que aquellos 314 hechos y sus particularidades reflejan las tensiones generadas alrededor de procesos de transformación social. Vale la pena mencionar los siguientes elementos relevantes:

– El desmonte de los grupos paramilitares que se inició bajo el gobierno Uribe devino en la consolidación de organizaciones criminales (“BACRIM”), que, directa o indirectamente, han sido herramientas de violencia política.

-La polarización en la opinión alrededor del proceso de paz y la gestión del actual Gobierno en materia de seguridad, sobre la base de discursos políticos extremos y descalificadores, ha propulsado el aumento de acciones de violencia política.

-La reactivación de movimientos sociales y políticos es evidente. Acontecimientos como las luchas sindicales en la industria extractiva, el reciente paro agrario con la reinvención del campesino como sujeto político, la consolidación de la Marcha Patriótica como una plataforma política sostenible, y el mismo retorno de la UP al ruedo electoral, son muestras de nuevas o renovadas dinámicas políticas que buscan acomodarse en el escenario nacional.

El reacomodamiento de poderes y la renovada interacción entre diversos actores políticos ha tenido efectos sobre el nivel y las características de la violencia política en Colombia.​

-El reconocimiento de eventos pasados como crímenes de lesa humanidad debido a su significación política –el asesinato de líderes de distintas facciones, atentados perpetrados por el narcotráfico para causar terror, entre otros– ha abierto el panorama de las conexiones entre hechos que inicialmente no se consideraron como casos de violencia política.

-El recrudecimiento de la violencia política en ciertas zonas del país, especialmente en el ámbito rural, se da donde los actores ilegales luchan por el control tanto del territorio y las tierras como de actividades lucrativas que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal. La aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras ha exacerbado estas formas de violencia.

-El ingreso masivo de capitales extranjeros, y específicamente, de empresas multinacionales para explotar recursos naturales ubicados en zonas de conflicto, ha hecho que estas acaben convertidas en actores políticos dentro de dichos microcosmos sociales. Recordamos casos emblemáticos como el de Chiquita Brands, que poco a poco afloran y que tienen connotaciones políticas asociadas con modelos económicos.

Perspectivas de futuro

El reacomodamiento de poderes y la renovada interacción entre diversos actores políticos ha tenido efectos sobre el nivel y las características de la violencia política en Colombia. Se espera que esta tendencia se intensifique o al menos se mantenga en el corto plazo, debido a que los procesos subyacentes aún se encuentran en curso y su resultado final es incierto.

De otro lado, en el mediano plazo, y suponiendo que las negociaciones de La Habana culminen con éxito y den inicio a procesos de transformación de realidades sociales ligadas a la violencia política, deberían empezar a verse las realidades de una paz “duradera y sostenida”.

Finalmente, las posibilidades de una posible intensificación, regularización o disminución de la violencia política también dependerán de cómo evolucionen los procesos de transformación social en Colombia:

  • El surgimiento o reaparición de movimientos sociales y políticos, usualmente opuestos al  establecimiento y al interés de actores con poder económico y político, requiere toda la atención por parte de las autoridades debido a que ser un escenario propicio para actos de violencia política.
  • De la misma forma, los procesos asociados con la reparación de víctimas históricas tales como la restitución masiva de tierras o la constitución de zonas de reserva campesina conllevan  altos riesgos en este sentido.

Solo el tiempo dirá si los niveles de violencia política en Colombia bajaron y demostraron que la sociedad inició un proceso real de reconciliación, o si definitivamente la ilusión de una paz duradera no fue más que eso.

* Abogado de la Universidad Javeriana, máster en Derecho Internacional de IHEID – Suiza, candidato a Doctor en Derecho de Osgoode Hall Law School – Canadá,  investigador, consultor y profesor universitario. works.bepress.com/marco_velasquez.  

 @desmarcado1982

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