Tanto el gobierno como las FARC están hablando de una Comisión de la Verdad. Pero el acuerdo no es fácil por las dudas sobre su alcance, integración y funciones. Un repaso de la experiencia colombiana e internacional sugiere cómo avanzar.
Víctimas y verdad
Está próximo a abordarse en La Habana el tema “victimas y verdad”, que es además antesala de la búsqueda de acuerdos en materia de justicia, reparación y garantía de no repetición.
El ambiente, que ha sido tenso en los puntos anteriores, ahora sube de temperatura pues se pondrán sobre la mesa los derechos postergados de las familias y comunidades, y se hablará de los más de 220.000 muertos, los 5,5 millones de desplazados, los 25.000 desaparecidos, las más de 10.000 victimas de ejecuciones extrajudiciales, los 20.000 secuestrados y las otras decenas de miles de torturados, mutilados por minas y otra víctimas del conflicto.
Este panorama del horror conlleva la valoración de responsabilidades por lo ocurrido en más de sesenta años de conflicto armado y violencias asociadas, e incluso obliga a traducir eso en términos penales: qué se perdona, cuánto se olvida, quién juzga a quién, qué inhabilidades políticas se imponen y (muchos le agregan) cuantas cárceles de alta seguridad se construirán y qué inhabilidades o restricciones políticas se impondrán.
Una comisión de la verdad deberá funcionar después de finalizar el conflicto armado, dijo Humberto de la Calle el 4 de abril por la mañana. Es decir, una comisión, y no dos comisiones como pretenden las FARC.
Propuestas desde La Habana
La carta pública leída el pasado 5 de abril por Iván Márquez a nombre de los voceros de las FARC, es un síntoma del ingreso a zona de turbulencia. Anticipando los problemas y un escenario donde las preguntas sean sobre la verdad de los crímenes de guerra o de lesa humanidad, la “delegación de paz de las FARC” se anticipa a proponer “una Comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto, como una condición sin la cual no podría abordarse el decisivo asunto de Víctimas y máximos responsables”.
Esta sería instalada de inmediato como condición para abordar el punto 5 del temario y no sustituye la idea de una comisión de la verdad que operaría después de firmado el acuerdo final.
El vocero del gobierno se había anticipado a la carta de las FARC con un anuncio que fue tomado como antesala de un fácil acuerdo, pero que en realidad sirvió para constatar las dificultades del diálogo: una comisión de la verdad deberá funcionar después de finalizar el conflicto armado, dijo Humberto de la Calle el 4 de abril por la mañana. Es decir, una comisión, y no dos comisiones como pretenden las FARC.
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Foto: Luis Ramos |
Entre la verdad y la justicia
La comisión que según las FARC debe funcionar antes de abordar el tema de víctimas se ocuparía de esclarecer las causas y responsabilidades del conflicto y por tanto de dilucidar “cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado”. En otro aparte las FARC hablan de establecer el origen del conflicto y proponen arrancar en 1936, cuando se expidió la Ley 200 de reforma agraria.
Es obvio que no se puede imaginar una comisión de carácter judicial, pues en la tarea de esclarecimiento y señalamiento de responsabilidades se demoraría décadas, y las investigaciones tendrían que ser individualizadas y producir sentencias sobre casos específicos, siguiendo las normas del debido proceso.
Otras comisiones no judiciales que han operado en Colombia han tenido el mandato de contribuir a explicar el origen, causas y consecuencias de situaciones de violencia o de conflicto armado, y han tenido plazos definidos para esta tarea: 4 años para el informe sobre La violencia en Colombia, entregado por académicos de la Universidad Nacional encabezados por monseñor Germán Guzmán; 6 meses para la comisión nombrada por la administración Barco en 1987 y 8 años para el informe ¡Basta Ya!, definido en la Ley 975 de 2005, dirigido (como el anterior) por Gonzalo Sánchez y entregado en 2013.
El principal informe extrajudicial no gubernamental, después de La violencia en Colombia , es Colombia: Nunca Más, realizado por 24 organizaciones defensoras de derechos humanos con un papel importante de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP) y de los jesuitas del CINEP, y sobre la base de un trabajo que exigió 4 años solo en su fase final.
Este informe se completa con los trabajos entregados en 2013 y 2014 por la Comisión Ética de la Verdad, que están concentrados en comunidades étnicas, y por la Comisión de la Verdad de las mujeres, dirigida por la Ruta Pacífica de mujeres.
Las FARC hablan de establecer el origen del conflicto y proponen arrancar en 1936, cuando se expidió la Ley 200 de reforma agraria.
Si se escogiera el camino de una comisión extrajudicial, la dificultad del tiempo mínimo exigido para sus trabajos tendría que ver con el mandato que se le otorgue. El que proponen las FARC es más ambicioso que cualquiera de los realizados en el pasado en Colombia.
Además, según las FARC, el mandato tendría la evidente intención de encontrar un respaldo a su interpretación de responsabilidades por los horrores de más de sesenta años de violencias. Como pretende la carta del 5 de abril, la responsabilidad es de todos, comenzando por los grandes poderes del Estado y la economía, e incluye a la guerrilla solo por abusos colaterales en la respuesta obligada a la violencia desde arriba.
Ayudarse de ejemplos exitosos
Dejando de lado la discusión sobre la visión histórica que anticipan las FARC, es también evidente que el mandato de esa “comisión de esclarecimiento” es parte esencial de lo que sería el mandato de una comisión de la verdad que funcione después de firmarse los acuerdos de terminación del conflicto armado.
Las experiencias en Latinoamérica muestran mandatos muy similares, realizados durante el llamado “postconflicto”. Además de la función general de esclarecimiento, estas comisiones de la verdad tuvieron entre sus objetivos contribuir a la labor de los órganos judiciales, presentar recomendaciones para la reparación de las víctimas, y proponer reformas institucionales, políticas, educativas y otras de orden constitucional, legal o administrativa orientadas a la no repetición.
No se conocen las propuestas de mandato para una eventual comisión de la verdad en Colombia que se han comenzado a barajar en las conversaciones de La Habana, pero es probable que incluyan fórmulas similares a las acogidas en El Salvador y Perú.
Igualmente, esta perspectiva para el final de los acuerdos no excluye que durante las conversaciones se tengan en cuenta los importantes aportes que se han hecho en Colombia para el esclarecimiento de las causas y responsabilidades en el conflicto, pues además de los informes oficiales y no estatales en el país se cuenta con un voluminoso acervo de investigaciones y sentencias judiciales.
 Delegación de paz de las Farc. Foto: Delegación de paz Farc-EP |
La verdad, invitada a la mesa
La premisa de las FARC de que se necesita una comisión de esclarecimiento como condición para tratar el punto 5 relativo a las víctimas, sería válida si el alcance de las conclusiones esperadas fuera un detallado plan de reparación con respuesta a las situaciones y casos de violencia ocurridos en 70 años de historia, así como una definición de responsabilidades por los crímenes atroces de los diversos protagonistas de la historia de violencia y conflictos armados en Colombia desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.
Pero teniendo en cuenta la dificultad para lograr un acuerdo de mandato de dos comisiones o integrar una que entregue resultados en corto plazo como insumo para las conversaciones en la mesa, el camino adecuado para facilitar el acuerdo de paz es incluir en el pacto del punto 5 las características de la comisión de la verdad (mandato, objetivos, período a considerar, plazo de funcionamiento, instrumentos legales, metodologías y protocolos de investigación y entrevistas, acceso a archivos, composición, organismos auxiliares, participación, divulgación, etc.).
Esto incluye que se asuman como insumos todos los aportados por los informes ya existentes, más los que entreguen las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Puede afirmarse que no le corresponde a la mesa de negociaciones de La Habana convertirse en tribunal de la verdad, ni llegar al esclarecimiento de los orígenes, causas, consecuencias y responsabilidades de más de seis décadas de violencia, pero sí llegar a unos consensos mínimos hacia la reparación integral a las víctimas y a la sociedad por los impactos destructivos, e identificar los grandes retos transformadores para que opere la justicia transicional y la no repetición.
Para esa tarea en la mesa de La Habana podrían invitar a una o varias rondas de conversaciones, en calidad de expertos o relatores, a representantes de cada uno de los colectivos que elaboraron los mencionados documentos y la misma mesa se encargaría de constatar acuerdos y desacuerdos en los temas clave.
La responsabilidad es de todos, comenzando por los grandes poderes del Estado y la economía, e incluye a la guerrilla solo por abusos colaterales en la respuesta obligada a la violencia desde arriba.
El Grupo de Memoria Histórica, hoy integrado al Centro Nacional de Memoria Histórica, los relatores de los foros realizados por las comisiones de paz del Congreso de la Republica y los del Foro Nacional sobre derechos de las victimas convocado desde La Habana, junto con los colectivos no oficiales que han presentado informes de gran alcance nacional, podrían colaborar con informes que ayuden a los acuerdos en este tema de la agenda de paz y al diseño de la comisión de la verdad.
Con este procedimiento expedito se le daría respuesta a la alerta temprana de las FARC, sin entrar en las discusiones sobre otra comisión para la verdad histórica, y se tendrían los elementos suficientes para que se logre un acuerdo en este tema que significa tanto para las victimas, la justicia y la perspectiva de la paz.
* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
