El nuevo gobierno propone una reforma a la policía basada en el paradigma de la seguridad humana. Qué implica esta redefinición, por qué es necesaria y cuáles son sus riesgos.
Viviana García Pinzón* y Alejandra Ortíz-Ayala**
Una policía civil para la vida y la seguridad humana
La reforma del sector seguridad y defensa es un tema central del programa del presidente electo, Gustavo Petro.
Entre los cambios propuestos se encuentra una ambiciosa reestructuración de la Policía Nacional, incluyendo cambios en la organización, las funciones, el presupuesto y la orientación misional de esta fuerza.
Todo eso con los objetivos de lograr “el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos” y la garantía de “la convivencia y seguridad humanas”.
Una de las medidas principales consiste en sacar la Policía del Ministerio de Defensa. El programa propuso reubicar la Policía en el Ministerio del Interior o en el de Justicia, pero el gobierno entrante anunció la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia y el traspaso de la Policía a dicha institución.
La idea es desligar la Policía de la lógica de la militarización y orientarla hacia la protección de los ciudadanos.
Aunque todavía no se conoce el proyecto completo de la reforma, aquí expondremos algunos interrogantes sobre dichas transformaciones, sus principales retos y dilemas.
Sobre perfiles, papeles y funciones
El nuevo gobierno tiene el desafío de satisfacer las expectativas sobre reformas al sector de seguridad y a la vez mantener una perspectiva realista sobre la capacidad de cambio que tendrán estas instituciones en el corto y mediano plazo.
Por un lado, es necesario reorientar la policía hacia la protección de los ciudadanos, atendiendo a los problemas que afectan su seguridad y bienestar. Esto implica cambiar las mentalidades propias del conflicto armado y abandonar la tendencia a “proteger el orden” a costa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
Por otro lado, los desafíos de seguridad que enfrentan los cuerpos policiales en los territorios exigen pensar bien en los perfiles y funciones más aptos para responder a las necesidades de las comunidades y a la naturaleza de las amenazas de seguridad.
El programa de gobierno de Petro plantea una clara separación entre las funciones de la policía y las de las fuerzas militares. Pero los problemas de seguridad desafían las divisiones tradicionales entre seguridad interna y defensa. Esto implica pensar más allá del dilema policía comunitaria versus policía militarizada.
Uno de los grandes interrogantes se refiere al impacto de las reformas sobre las mentalidades y los comportamientos de los miembros de los cuerpos de seguridad.
Por ejemplo, las operaciones especiales contra organizaciones de crimen organizado con armamento militar podrían requerir de cuerpos híbridos producto de la coordinación entre militares y policías.
Por el contrario, actividades de prevención, control del crimen y resolución de conflictos supondrían un perfil más cercano a una noción de policía comunitaria.
Ahora bien, es necesario coordinar esos cuerpos diferenciados.
Tener claridades sobre las diferencias entre distintas regiones o territorios, los tiempos para ejecutar la reforma y las relaciones entre los cuerpos dentro de la Policía así como con otras agencias será una condición necesaria para el manejo adecuado del traslado de la Policía al nuevo ministerio.
El presupuesto
La propuesta de reforma también habla de revisar el presupuesto del sector y su asignación. Esto es un tema ineludible en el proceso de crear el nuevo Ministerio y trasladar la Policía. ¿Cómo será la distribución de funciones entre fuerzas militares y de policía y cuál va a ser su impacto sobre la asignación presupuestal?
La participación de las Fuerzas Militares en tareas que en principio están fuera de su ámbito, particularmente la política antidrogas, las han hecho receptoras de recursos provenientes del presupuesto nacional y de la cooperación internacional.
En este sentido, nuestro segundo interrogante se refiere al impacto de los recortes en el presupuesto de defensa y a las resistencias dentro de las instituciones a la eventual reforma. Otro elemento a considerar es el impacto de los reajustes presupuestales sobre las operaciones conjuntas o separadas de policías y militares.
Gobernanza, justicia y seguridad
Comparada con procesos anteriores de reforma policial o de las fuerzas militares, lo novedoso de la propuesta actual es no limitarse a mejorar las capacidades de las instituciones mediante la modernización de equipos o la operación de los servicios de seguridad.
Las propuestas y anuncios de Petro tocan aspectos más de fondo y políticamente más sensibles. También por eso pueden dar pie a discusiones más complejas sobre asuntos como el control del Congreso o de la sociedad civil sobre las instituciones de seguridad.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la protesta social se ha entendido como un problema de orden público y el Estado ha creado las condiciones para que esta sea criminalizada y se estigmaticen líderes, comunidades y territorios.
El programa también replantea la relación entre la Policía y los sistemas judicial y penitenciario. Expertos en seguridad en contextos de transición argumentan que la consolidación de la paz depende de qué tan efectivos sean esos nuevos sistemas de coordinación: la justicia y las garantías de seguridad juegan un papel crítico porque de ellas depende el restablecimiento de la legitimidad del Estado en contextos de transición.
Lo anterior puede implicar un enfoque no centrado en la defensa de orden público sino en grupos capaces de proveer seguridad y justicia a las comunidades, lo cual implicaría involucrarlas y adelantar con ellas muchas actividades.
Cambiar las mentalidades
Uno de los grandes interrogantes se refiere al impacto de las reformas sobre las mentalidades y los comportamientos de los miembros de los cuerpos de seguridad.
Muchos analistas han señalado la importancia de desmantelar la mirada del enemigo interno a la hora de pensar y caracterizar las amenazas de seguridad. Este elemento también está considerado en el programa del Pacto Histórico.
Lo anterior implica cambiar el modo como se ha entendido la seguridad en Colombia, ya no centrada en mantener el orden público sino en garantizar los derechos de todas las personas.
Por otro lado, las instituciones de seguridad tendrán que repensar algunos aspectos identitarios asociados con los sesgos ideológicos que persisten como efecto del conflicto armado.
Esto tomará tiempo e implica un ejercicio juicioso en las escuelas de formación de la Policía y de las Fuerzas Militares —por ejemplo, el papel de los militares retirados en la formación militar que ha permitido el reciclaje de mentalidades de enemigo interno y la persistencia de lógicas de la guerra fría asociadas con la Escuela de las Américas—.
En otras palabras, hay que democratizar el corazón de las Fuerzas Armadas y liberar al antagonista político de su papel de enemigo, aunque eso suponga muchas dificultades.
El ESMAD
Finalmente, la reforma del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional es una de las más esperadas.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la protesta social se ha entendido como un problema de orden público y el Estado ha creado las condiciones para que esta sea criminalizada y se estigmaticen líderes, comunidades y territorios.
Mientras que el programa de gobierno menciona el desmonte del ESMAD, Petro manifestó que el ESMAD se convirtió en el brazo armado del jefe de Estado y por eso él propondrá rehacer esta organización en otros espacios. Por tanto, aún no es claro si se acabará con el ESMAD o cómo se está imaginado su “rehacer” y cuáles serían sus funciones y su protocolo.
Estudios de reforma a los cuerpos policiales han demostrado que aquellas que se enfocan solo en los cambios institucionales y la sensibilización en derechos humanos pueden ser limitadas a la hora de modificar actitudes y comportamientos. Los miembros de las instituciones pueden negociar y resistir a las reformas en la práctica utilizando sus propias ideas preconcebidas y valores sobre lo que significa la seguridad.
Como hemos discutido previamente, el cambio de paradigmas de seguridad también depende de las expectativas que tiene la comunidad sobre ellas y de cómo ella entienda la protección de su seguridad. Si la sociedad no tiene claridad sobre el respeto a la protesta social y exige respuestas de “mano dura”, es probable que las reformas sean limitadas.
Hacia una nueva fase
Los anuncios del gobierno entrante indican que es inminente una reforma del sector seguridad y defensa.
Aunque falta conocer la letra menuda, las líneas generales sugieren que estamos ad-portas de una de las transformaciones más profundas del sector en las últimas décadas.
De momento, es muy temprano para adelantarse a conclusiones sobre lo que podrían ser los resultados. En particular, porque se trata de un proceso que seguramente tomará años.
Pero, como indica la literatura sobre experiencias de reforma policial e intervenciones en contextos de posguerra, el gobierno entrante puede sentar las bases de la transformación. Sin embargo, el proceso de cambio no sigue una trayectoria lineal y será moldeado por la interacción entre lo planeado y las coyunturales posteriores, las relaciones de poder, las convergencias, los conflictos y las resistencias, así como las cambiantes preferencias del electorado.
