Colombia subastó tres bandas del espectro radioeléctrico. ¿Cómo les explicarán a 2.108 localidades que no recibirán soluciones reales de conectividad?
Juan Carlos Garzón Barreto*
La subasta
En 2013, Colombia había llevado a cabo su última subasta de tres bandas del espectro radioeléctrico.
En ese momento, se pactó que el cien por ciento de los 770.000 millones de pesos que ofertaron los operadores Claro, Movistar, Tigo, Avantel y DIRECTV se pagarían el mes siguiente. Además, se establecieron obligaciones para entregar tablets a escuelas públicas y apoyar la migración de las redes de las fuerzas militares.
Durante 2019, el gobierno completó el trío de su paquete normativo para las TIC:
- Adoptó el pacto por la Transformación Digital del Plan de Desarrollo 2018/2022 mediante la Ley 1955;
- Aprobó la Ley 1978 sobre las TIC, y
- Expidió el Decreto 1974 sobre asociaciones público-privadas para proyectos TIC.
Una vez desarrollado este proceso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mediante la Resolución 2752 de 2019, abrió el proceso para la subasta de tres bandas del espectro radioeléctrico.
Pero el proceso tuvo que declararse desierto, ya que solo se presentó el operador Claro. Finalmente, la subasta se llevó a cabo de manera atropellada.
Un asunto central para la democracia
El espectro electromagnético, según Javier Luque “es el conjunto de todas las frecuencias (número de ciclos de la onda por unidad de tiempo) posibles a las que se produce radiación electromagnética”. La Constitución colombiana establece que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible, que hace parte del territorio nacional y está sujeto a la gestión y control del Estado (artículos 75 y 101).
El espectro radioeléctrico es una porción del espectro electromagnético; se define como un recurso para actividades de telecomunicaciones: radio, televisión, telefonía móvil, internet, etc.
¿Cómo les explicarán los parlamentarios regionales a sus electores que tampoco recibirán soluciones reales de conectividad?
Por su importancia para el pluralismo democrático y la competencia económica, el espectro —dividido en bandas de frecuencia medidas en Hertz (Hz)— fue objeto de intensas discusiones y votaciones secretas en la Asamblea Constituyente de 1991. Estas discusiones surgieron a raíz de que el control y regulación de las redes y servicios de telecomunicaciones afectan los derechos a la expresión, la información y la comunicación en tanto garantías esenciales en una sociedad democrática.
Una industria billonaria
Pero ¿qué sentido técnico y económico tiene que se trate de bandas altas o bajas? Mientras más alta sea una frecuencia (por ejemplo, 2.600 MHz), menor será la propagación de la onda emitida, y, en consecuencia, demandará más infraestructura para ampliar el cubrimiento territorial. En cambio, las frecuencias bajas (por ejemplo, 700 MHz) tienen mayor cobertura y penetración, de modo que las antenas y equipos resultan menos costosos.
En 2017, el sector de telecomunicaciones facturó 32,8 billones de pesos en Colombia; el Presupuesto General de la Nación para 2020 será de 271,1 billones de pesos, y el presupuesto de Bogotá, de 21,06 billones. Por lo tanto, el sector de telecomunicaciones facturó en el 2017 el 12 por ciento del actual presupuesto nacional, que equivale al 155 por ciento del presupuesto de Bogotá.
Según dijo la ministra de TIC en 2018, cerrar la brecha digital cuesta 93 billones de pesos. Ahora bien, el Plan de Desarrollo 2018-2022 propone ejecutar aproximadamente veinte billones en TIC, con los cuales se pretende dar conectividad a veinte millones de colombianos.
Foto: Presidencia de la República
En 2013 Colombia ya había subastado el espectro electromagnético.
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Yo por allá no voy…
Sobre la base de estos datos, los congresistas aprobaron la Ley TIC, que construyó el modelo para llevar a cabo la subasta del espectro, en la que 2.108 localidades en diversos departamentos no clasificaron para recibir infraestructura. ¿Cómo les explicarán los parlamentarios regionales a sus electores que tampoco recibirán soluciones reales de conectividad?
El primer gran descalabro de esta política de TIC y su subasta por la conectividad: después de seis años, el MinTIC proyectó que los interesados en el proceso, bajo una lógica de incentivos al mercado, atendieran 5.766 localidades elegibles para cumplir las obligaciones de ampliación de cobertura. En la práctica, estas empresas privadas asumirían responsabilidades estatales.
En el caso de 2.108 localidades, según la distribución del MinTIC, fracasó la subasta del espectro: el mercado de los interesados les dijo al Estado y a las ciudadanías sin conectividad “yo por allá no voy”.
El mercado de los interesados les dijo al Estado y a las ciudadanías sin conectividad “yo por allá no voy”.
Naturalmente, los operadores tienen derecho a hacer empresa y a adoptar las estrategias de negocios que estimen más convenientes. Esta situación demanda la presencia indelegable del Estado, que está en la obligación de llevar soluciones de comunicación a los ciudadanos de las localidades que no alcanzaron a ganarse la lotería de infraestructura privada en la subasta del espectro.
Este desabastecimiento en ciertos sectores es una falla del Estado en el diseño de la política TIC, no de los agentes del mercado.
Por otro lado, las subastas de espectro de los años 2011 y 2013 fueron pujas por dinero; el modelo inaugurado por la nueva Ley TIC señaló que la puja debería ser por el dinero y por la cobertura en las regiones. Ambos modelos fallaron: a pesar de los incentivos, 2.108 localidades sin conectividad no fueron señaladas por la mano invisible del mercado ni llamaron la atención de los concursantes.
Hoy la pregunta es “¿Será que este modelo de incentivos para el mercado es capaz de llevar la conectividad a la Colombia profunda, por sí solo y sin ‘la mano visible’ del Estado?”
Esta situación muestra que Colombia, después de liquidar Telecom y compartirla generosamente con Telefónica, continúa por la senda errática de entregarles a los prestatarios privados la responsabilidad impostergable del Estado de construir la gran red pública nacional de fibra óptica, que garantizaría conectividad a sus ciudadanos.
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Ingresos diferidos para el Estado
En la subasta iniciada mediante la Resolución 3078 de 2019, Telefónica no ofertó y pasó de largo, y Claro y Tigo se comprometieron con inversiones por 1,5 y 2,4 billones de pesos, respectivamente. Para la banda de 1.900 MHz no se recibieron ofertas.
Partners comenzó mal como operador en el mercado colombiano: adquirió bloques de espectro por 1,4 billones de pesos. Además, se le impuso una multa de 42.000 millones de pesos por la inconsistencia de ofertar 1,7 billones de pesos por un bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz y luego retractarse, pues el Estado había fijado un valor de reserva de 160.545 millones de pesos.
Estos hechos merecieron la intervención de la Procuraduría, de manera que el MinTIC, mediante el Acto Administrativo 210 de 2020, intentó resolver la situación. Aunque la puja era por un solo bloque del espectro, hay dudas sobre la transparencia del proceso. A raíz de dichas inconsistencias, Tigo anunció que está estudiando posibles acciones legales.
De esta manera se comportaron los jugadores de un mercado que antes se peleaban por buscar que el Estado declarara la posición dominante de Claro.
En la subasta no todo fracasó. Según el MinTIC, se recaudarán recursos por más de cinco billones de pesos, pero el 60 por ciento no se recibirá en efectivo, sino en la obligación de dar cobertura a 3.658 localidades en un plazo de cinco años: 954 en el primer año, 831 en el segundo, 820 en el tercero, 453 en el cuarto y 500 en el quinto año.
Foto: RTVC
En 2017, el sector de telecomunicaciones facturó 32,8 billones de pesos en Colombia.
El otro 40 por ciento se recibirá en recursos financieros, pero no de contado; los plazos de pago se difirieron a lo largo de los veinte años de concesión del espectro. Estas medidas disminuyen el capital y el flujo de caja del Fondo Único de TIC, que, en consecuencia, dará resultados —por así decirlo— diferidos y en cámara lenta.
Julián Cardona, expresidente de la Asociación de Ingenieros (ACIEM) recordó que la subasta tampoco garantiza una “actualización tecnológica por cambio de radio bases a 4G, sino por el concepto de huella de cobertura, sin obligatoriedad de cambio de equipos de 2G y 3G para 10,4 millones de usuarios, a la velocidad de 4G”.
A los parlamentarios y el gobierno que adoptaron estas políticas se les acabarán sus períodos, y aún no habrán empezado las obras a las que se comprometieron los operadores ni la subasta habrá aportado recursos al Fondo Único de TIC.
El Estado fue generoso con los operadores participantes en la subasta; pero, curiosamente, algunas emisoras indígenas están al borde de la quiebra por los millonarios procesos de cobro que les adelanta el MinTIC por el uso del espectro radioeléctrico en sus propios territorios.
A propósito, ¿Por qué los pueblos indígenas tienen que pagar por el espectro si están cobijados por el Convenio 169 de la OIT y son autoridades con derecho a conectividad y comunicación en sus territorios constitucionales autónomos?
*Abogado especialista en regulación de comunicaciones y medios, estudiante de doctorado en derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesor de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
